El conflicto estalló con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

“Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38,000 millones de dólares”, señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2,000 y 3,000 millones de dólares o más si la guerra continúa.

Las cifras reflejan el costo de reemplazar las municiones gastadas y el equipo perdido en combate, así como el aumento de los precios de combustible para las fuerzas armadas, entre otros factores, señaló el informe.

El costo de reemplazar la munición utilizada hasta el 1 de agosto se estimó en 21,700 millones de dólares, y la CBO señaló que esos reemplazos fueron el componente individual más grande de los costos asumidos por el Departamento de Defensa en el conflicto.

La comparación entre los gastos reportados en interceptores de defensa antimisiles y el número total adquirido por el departamento sugiere que Estados Unidos “probablemente ha utilizado entre la mitad y dos tercios de su inventario de esa munición desde junio de 2025”, advirtió la CBO.

El análisis se elaboró tras una solicitud de información que hicieron varios legisladores demócratas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en julio que la guerra con Irán había costado 37,500 millones de dólares.

La CBO estimó el martes que el principal efecto económico del conflicto con Irán tiene que ver con las presiones inflacionarias debido a las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural.

Irán respondió a la ofensiva con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los costos.

El CBO estima ahora que la inflación en el primer trimestre del próximo año será 0.5 puntos porcentuales más alta de lo que había proyectado en febrero, en referencia al índice de precios de los gastos de consumo personal.

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La aeronave partió de la localidad selvática de Condoto, en el departamento del Chocó, hacia Bogotá y perdió el contacto a los pocos minutos de su despegue el domingo.

A bordo iban el piloto y cuatro miembros de una brigada médica de la Patrulla Aérea Civil (PAC), una organización privada que brinda servicios de salud en zonas remotas del país.

“Confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó (…) Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, escribió en la red X el mandatario De la Espriella.

La búsqueda de supervivientes se realizaba “en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura”, informó más temprano la Fuerza Aeroespacial de Colombia en X.

“Es una parte de la cordillera occidental del país, donde el ángulo de la pendiente es muy alto”, dijo a primera hora del miércoles el general Luis Miguel Díaz, comandante del mando aéreo encargado de las labores de búsqueda en la zona.

Además, “la vegetación es virgen, los árboles son altos”, lo que hace “difícil el desplazamiento” de los rescatistas, indicó en una entrevista con Caracol Radio.

Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve y las condiciones climáticas tropicales del país.

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Estados Unidos confirmó por primera vez que ha desplegado armas en el espacio, una revelación notable tras advertencias previas sobre países como Rusia, que posiblemente estén convirtiendo la inteligencia artificial en arma en una frontera global que, durante mucho tiempo, los tratados han acordado que se utilice solo con fines pacíficos.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, manifestó en la Conferencia de Ciberseguridad Aérea y Espacial en Maryland el lunes que Estados Unidos ha desplegado “armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”.

Meink no detalló cuáles eran las armas, cómo funcionan ni si estaban apuntando a otros objetos en el espacio o en la Tierra. Estados Unidos había advertido hace dos años que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite basada en el espacio, aunque la Casa Blanca indicó entonces que el peligro no era inminente.

Pero los reportes sobre el arma antisatélite reflejaron preocupaciones de larga data sobre amenazas espaciales de Rusia y China, dado que gran parte de la infraestructura estadounidense depende de las comunicaciones satelitales. Estados Unidos también ha demostrado anteriormente su propia capacidad para derribar satélites desde la Tierra.

Meink también señaló que la Fuerza Aérea estaba incorporando más sistemas autónomos a sus capacidades y pronosticó que el servicio se verá “radicalmente diferente” para 2032. Por ejemplo, prevé que drones de ataque de un solo uso reemplazarán a la artillería como el “principal instrumento letal”.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes”, afirmó.

La revelación se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump pone un énfasis creciente en el espacio.

En 2019, durante su primer mandato, Trump creó la Fuerza Espacial como una rama militar separada. En su segundo mandato, anunció el sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”, que incluye planes para colocar armas de Estados Unidos en el espacio.

Trump dijo el año pasado que esperaba que el sistema estuviera “plenamente operativo antes del final” de su mandato, que termina en enero de 2029, y que tuviera la capacidad de interceptar misiles “incluso si son lanzados desde el espacio”.

El mandatario también ha ordenado al Pentágono avanzar con los interceptores basados en el espacio, mediante una orden ejecutiva durante la primera semana de su presidencia.

Alto costo

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542,000 millones de dólares durante los próximos 20 años.

El gobierno del entonces presidente Joe Biden anunció en 2024 que Rusia estaba desarrollando un arma nuclear basada en el espacio que podría permanecer en el espacio durante largos periodos y luego liberar una descarga que destruiría los satélites a su alrededor.

Eso desencadenó un debate renovado en las Naciones Unidas sobre la idea de armas en el espacio.

En abril de 2024, Rusia vetó una resolución conjunta de Estados Unidos y Japón que habría instado a todos los países a no desarrollar ni desplegar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en el espacio, tal como lo prohíbe un tratado internacional de 1967 que incluía a Washington y Moscú.

El tratado también declaró que el espacio ultraterrestre era un bien común global que solo podía utilizarse con fines pacíficos.

La delegación rusa calificó la resolución de hipócrita y de aplicar un doble rasero y, en su lugar, propuso una resolución rival para prohibir todas las armas en el espacio “para siempre”. Al final fracasó.

Rusia argumentó que Estados Unidos y sus aliados se oponían a una prohibición de todas las armas en el espacio ultraterrestre porque planeaban desplegar armas allí.

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“La zona es tan extensa que resulta difícil hablar de una única epidemia; son muchos brotes en muchos lugares, y tenemos que lograr que la respuesta sea adecuada en cada uno de ellos”, analizó este miércoles en su rueda de prensa semanal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El jefe de la agencia sanitaria de la ONU señaló que hay ciertos avances en la provincia más afectada, Ituri (este de la RDC), con signos que apuntan a una reducción de la transmisión, pero reconoció que las cifras allí siguen siendo elevadas, con 300 nuevos casos y 160 muertes la semana pasada, la mitad del total nacional.

Por otro lado, más de 1.700 personas se han recuperado en la RDC, y después de cuatro meses la epidemia se ha contenido principalmente en el noreste del país centroafricano, con excepción de un pequeño brote inicial en la vecina Uganda que ya fue detenido.

“Pero no nos equivoquemos, la epidemia sigue creciendo y sigue causando muertes”, advirtió, recordando que se han notificado más de 7.200 casos y 3.500 muertes en siete provincias de la RDC.

Tedros alertó por otro lado del rápido aumento de casos en otra provincia del este de la RDC, Kivu del Norte, donde en las últimas dos semanas los casos semanales se han duplicado desde un centenar a más de 200.

El director general insistió en las dificultades para contener el brote en una región en conflicto, con amplios movimientos de población y donde las comunicaciones no son siempre sencillas: “En muchas zonas las carreteras son apenas transitables y a menudo resulta difícil llegar hasta la población por vía aérea”.

Tedros añadió que “aunque la mayoría de los congoleños apoyan la respuesta, una pequeña minoría ha atacado a trabajadores humanitarios y centros sanitarios, lo que hace que una tarea que ya de por sí es muy exigente sea todavía más difícil”.

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó en su cuenta en X que los cuatro funcionarios fueron preparados previamente como instructores y que esta semana tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos adquiridos a un nuevo grupo de profesionales haitianos. El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) es el organismo de la OEA encargado de fomentar la cooperación para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en las Américas.

La iniciativa aplica un modelo de “formación de formadores”, con el que se procura que las capacidades desarrolladas mediante la cooperación internacional permanezcan dentro de las instituciones haitianas y puedan reproducirse sin depender permanentemente de instructores externos.

De alumnos a formadores

“La semana pasada eran participantes. Esta semana, ellos dictan la capacitación”, destacó la OEA al anunciar el inicio de la segunda fase del entrenamiento.

Durante esta semana, los cuatro nuevos instructores podrán aplicar en condiciones prácticas las técnicas y metodologías aprendidas, mientras capacitan a los diez funcionarios que se incorporan al programa.

El esquema busca crear un efecto multiplicador: quienes reciben una formación especializada adquieren posteriormente capacidad para preparar a otros funcionarios y ampliar progresivamente el número de profesionales entrenados en Haití.

Seguridad de las cargas

La capacitación se concentra en la inspección de carga y de contenedores utilizados en distintos medios de transporte, un área relacionada con el control fronterizo y la lucha contra el tráfico ilícito.

El programa de Seguridad de Carga y Contenedores de la OEA está orientado precisamente a fortalecer los mecanismos de seguridad de las mercancías y sus medios de transporte, incluidos los procedimientos aduaneros, el control, la inspección y la interdicción de cargas que atraviesan fronteras.

La formación en Bahamas forma parte del proyecto “Securing Marine and Land-Based Trade and Commercial Cargo in Latin America and the Caribbean”, ejecutado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA.

Un proyecto regional

Documentos de la OEA indican que el proyecto busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales para garantizar la seguridad de la carga lícita que cruza las fronteras marítimas y terrestres de América Latina y el Caribe. Entre sus acciones figuran evaluaciones técnicas, capacitación de funcionarios de aduanas y seguridad fronteriza, actualización de programas nacionales de formación y promoción del intercambio de información y la cooperación.

El programa comenzó en marzo de 2024 y cuenta con financiamiento canadiense. La hoja de ruta de la OEA para Haití registra una asignación de 4 millones de dólares canadienses para el proyecto y señala entre sus antecedentes una evaluación técnica con funcionarios fronterizos haitianos.

La actividad que se desarrolla esta semana cuenta además con la colaboración del Gobierno de Bahamas y el respaldo financiero del Gobierno de Canadá, según la información divulgada por la OEA.

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“Es evidente que también hay que encontrar una solución con carácter de urgencia, y en este sentido nuestra prioridad es clara. Todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos”, dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, en la Eurocámara.

El debate alimenta la elaboración de una resolución del Parlamento Europeo sobre este episodio, que se negociará entre la tarde del martes y el miércoles y para el que populares y socialdemócratas parten de posiciones separadas, pero intentarán llegar a un consenso.

Críticas y acusaciones

En el intercambio posterior de los eurodiputados, el popular neerlandés Jeroen Lenaers acusó al Gobierno español de “fracasar en su respuesta” a la crisis en Ceuta y consideró “increíble” que el Ejecutivo tardase semanas en solicitar la ayuda que la Comisión Europea había ofrecido desde el principio de la crisis.

“La soberanía, la integridad territorial de los Estados miembros y las fronteras no son negociables, el orden tiene que restaurarse para que los ciudadanos de Ceuta puedan volver a sus vidas”, dijo Lenaers, que consideró el episodio “un reto para la seguridad europea”.

También la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, tildó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de “cómplice y culpable” de la entrada de migrantes en Ceuta y aseguró también que “Marruecos es responsable por acción u omisión”.

“Como socio europeo, debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad”, añadió.

Por su parte, la líder del grupo socialdemócrata europeo, Iratxe García, criticó al Partido Popular Europeo por “llevar más de un mes manoseando Ceuta con el único objetivo de atacar al Gobierno de España”.

“¿Qué lecciones puede dar la señora (primera ministra italiana, Giorgia) Meloni sobre gestión de fronteras y humanidad después de que Europa se volcara con Italia en la crisis de Lampedusa? La solidaridad europea no puede depender de quién gobierna ni de qué país sufre la crisis”, incidió García.

Asimismo, García pidió a Vox y PP que participen en el reparto de menores donde gobiernan “si de verdad les importa Ceuta”.

Delegación de Vox

El primer diputado en mencionar a Marruecos fue el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, que urgió a la Unión Europea a “condenar la invasión de Ceuta y las ilegítimas reivindicaciones de Marruecos”, considerarlo un acto genuino de guerra híbrida, suspender el acuerdo de asociación con este país y frenar pagos pendientes y la expedición de visados o permisos de residencia a sus nacionales.

“Si ustedes aceptan como normal que un Estado que se presenta como amigo y socio reivindique y trate de usurpar partes integrantes del territorio español, ustedes también son ya parte del problema y el pueblo español les despreciará para siempre”, dijo Buxadé.

Desde la bancada ultraconservadora, Diego Solier (independiente) señaló que los ceutíes se sienten igual de solos que los valencianos tras la dana y pidió más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España y una mayor inversión estratégica en Ceuta y Melilla.

Por parte de la Izquierda, Estrella Galán (Sumar) aseguró que la crisis en Ceuta ha sido una “jugosa oportunidad para muchos que tenían ganas de ajustar cuentas con la España progresista” y acusó a Marruecos, EE. UU. e Israel de generar “una crisis humanitaria con más de 150 muertos sólo por intereses geopolíticos”.

“Esta crisis demuestra que, cuando Europa externaliza sus fronteras, alquila su soberanía”, afirmó.

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“No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!”, dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El alto funcionario también pidió no dejarse distraer por “las señales contradictorias del presidente de EE. UU., que pasa de decir ´no habrá negociaciones´ a afirmar que ´estamos dispuestos a negociar´”.

Así reaccionó Rezaei a las afirmaciones de Trump el lunes en la red social Truth Social de que “la decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos”.

Compromisos de EE. UU.

El domingo, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que EE. UU. debe regresar a sus “compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington bajo mediación de Pakistán, para que Irán proceda a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero pasado, aunque no habló de nuevas negociaciones.

El Memorando de Islamabad fue un acuerdo provisional que contemplaba principalmente el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, además del levantamiento de las sanciones petroleras impuestas al país persa y la liberación de sus fondos congelados en el extranjero.

Sin embargo, Washington dio por terminado el acuerdo en julio tras ataques iraníes contra petroleros y buques en el estrecho de Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Irán y Estados Unidos durante los más de seis meses de guerra.

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La medida incorpora nuevos productos canadienses a la lista de mercancías que incurren en un recargo aduanero del 50 % de su valor como algunos vehículos de pasajeros de pequeño tamaño, lanchas a motor, muebles de bambú, ratán y plástico laminado o reforzado, colchones, pieles y cueros, tubos y cañerías de aluminio o quesos y otros alimentos.

Trump llama a empresas canadienses a mudarse a EE. UU. para evitar los aranceles
Esta ampliación fue incluida en una proclamación que el pasado 8 de septiembre firmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a unos aranceles de represalia que Ottawa activó ese mismo día.

Esos aranceles canadienses del 8 de septiembre eran una respuesta a la medida original decretada por Trump, que, ante la ruptura de las negociaciones entre ambos países, impuso aranceles del 50 % a unos 20,000 millones de dólares de importaciones canadienses.

El Gobierno canadiense ha acusado a Washington de exigir durante esas negociaciones restricciones sobre la capacidad de Ottawa para proteger y promover la lengua francesa o sobre futuros acuerdos comerciales canadienses y también de querer debilitar progresivamente sectores claves de la economía canadiense, como los del motor, el acero o la madera.

A su vez, está previsto que el próximo 29 de septiembre entren en vigor más represalias estadounidenses, en este caso vetos a la importación sobre bienes canadienses como bebidas alcohólicas, lácteos o motocicletas.

Este mismo fin de semana Trump aseguró que prevé un acuerdo que elimine este intercambio de golpes a nivel comercial “bastante pronto”, ya que consideró que “Canadá tiene muchísimas ganas de cerrar un acuerdo”.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, parece haber acelerado su acercamiento a otras grandes economías como la Unión Europea (UE), aprovechando el amplio respaldo que le están brindando sus conciudadanos en las encuestas.

El martes Carney inicia un viaje a Europa que lo llevará primero a Estrasburgo, donde el jueves pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo y mantendrá reuniones con reprentantes comunitarios.

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León XIV firmó un ‘motu propio’, documento papal, que fue publicado este lunes por el Vaticano, en el que se explica que las medidas de contención salarial adoptadas por Francisco en marzo de 2021 para afrontar “el desafío excepcional de la pandemia”, ahora pueden considerarse superadas.

Asegura que se tiene “la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diversos instrumentos, en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”.

Francisco había determinado que debido al covid, que provocó importantes problemas en las arcas vaticanas, se rebajaba un 10 % el salario de los purpurados que trabajan en el gobierno vaticano, un 8 % el de los jefes y secretarios de dicasterios, y un 3 % el de los clérigos y religiosos.

También se bloquearon los aumentos de remuneración por antigüedad para todos los empleados de nivel 4 del escalafón en adelante hasta 2023.

Según recordó el portal del Vaticano, ‘Vatican news’ dejan de aplicarse los recortes del 10 % a los cardenales y del 8 % a los superiores de los niveles C y C1, es decir los dirigentes.

La reducción del 3 % para clérigos y religiosos ya había sido eliminada en junio de 2025.

Asimismo, en el documento de León XIV se especifica que no se devolverán las cantidades descontadas ni se reconocerán atrasos y tampoco se recuperarán los aumentos bienales por antigüedad suspendidos entre 2021 y 2023 a los empleados

Según se leía en la decisión del papa argentino’, la decisión papal fue motivada por el “déficit que desde hace varios años marca la gestión económica de la Santa Sede” y sobre todo por la situación generada por la pandemia, “que ha afectado negativamente a todas las fuentes de ingresos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.

En las últimas cuentas publicadas por el Vaticano, relativas a 2024, se comunicó un superávit de 1,6 millones de euros en 2024, frente al déficit de 51,2 millones registrado en 2023, gracias, sobre todo, al aumento de las donaciones y a los mejores resultados financieros.

El déficit estructural, que no incluye los resultados financieros, se redujo casi un 50 %, al pasar de 83,5 millones de euros en 2023 a 44,4 millones en 2024.

Según el informe de la Secretaría de Economía, se observa una tendencia claramente positiva en las cuentas de la Santa Sede, aunque “la plena sostenibilidad financiera es un objetivo a largo plazo, ya que la principal mejora se ha producido por el aumento de las donaciones”.

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La aeronave, un Boeing 767-300 construido en 1994 y operado por un contratista de Amazon, atravesó el 6 de septiembre una valla perimetral del aeropuerto, embistió a dos vehículos y dejó cinco personas muertas.

“La seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad, tanto en nuestras propias operaciones como cuando trabajamos con socios”, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en un comunicado.

“Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias que lo rodean, y hemos decidido suspender nuestras operaciones con 21 Air”, apuntó Nantel.

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“Seguiremos trabajando para apoyar la investigación y a todos los afectados”, agregó.

Los pilotos sobrevivieron
Los dos pilotos del avión de carga que resultaron lesionados fueron dados de alta del hospital.

La jefa de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, dijo el martes que las autoridades revisaban los datos de vuelo y las grabaciones de la caja negra de voz de la cabina del avión.

Los datos de vuelo difundidos por los investigadores el martes sugieren que el avión intentó abortar un aterrizaje antes de atravesar una valla perimetral y chocar contra dos.

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El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, abogó por una ralentización del desarrollo de la IA para evaluar mejor los riesgos derivados de sus nuevas capacidades.

Amodei recibió el apoyo público inmediato de su par de OpenAI, Sam Altman, así como de otro magnate del sector, Elon Musk.

El domingo, Trump criticó a las “fuerzas negativas” que operan en la comunidad de la IA, acusándolas de hablar de “cosas que no sucederán”.

Amodei se refirió específicamente a una IA “capaz de controlar toda internet” en un plazo de 6 a 12 meses.

“Creemos sinceramente que la IA podría acabar con la humanidad”, escribió en X el martes último Evan Hubinger, uno de los jefes de seguridad de Anthropic, replicando una advertencia emitida ese mismo día por Jacob Coxon, experto que renunció a Anthropic, empresa que considera, al igual que a OpenAI, demasiado permisiva en este tema.

“Si el Congreso se apresura a convocar una sesión extraordinaria para intentar regular la IA, perderemos la carrera (de la inteligencia artificial) con China”, declaró este domingo a CNN Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

El dirigente republicano se refería a la solicitud de varios legisladores demócratas de posponer el receso previsto para octubre en el Congreso para centrarse en la legislación relativa a la seguridad de la IA.

El tema está en el debate nacional desde julio, tras la revelación de un incidente en el que las IA de OpenAI abandonaron espontáneamente su entorno controlado para acceder a internet y atacar la plataforma Hugging Face.

Desde entonces, OpenAI y su principal competidor, Anthropic, han reportado incidentes similares, de los que estas empresas solo tuvieron conocimiento días, o incluso meses después.

El gobierno de Trump ha expresado repetidamente su hostilidad hacia la regulación del sector.

A principios de agosto, se estableció un mecanismo para que la administración revisara los nuevos modelos de vanguardia de IA, pero la participación es voluntaria y no se han revelado los detalles.

“Actuar con urgencia”

“Debemos asegurarnos de actuar con responsabilidad para no frenar la innovación estadounidense”, dijo Mike Johnson.

“Se trata de garantizar nuestra seguridad, pero también de evitar que un actor malintencionado desarrolle una IA más potente que la nuestra para crear armas biológicas o de otro tipo”, añadió Kevin Hassett, principal asesor económico de Donald Trump.

“El gobierno y la ciudadanía deben participar” en la evolución de la IA, afirmó Dario Amodei en una entrevista emitida el domingo por CBS. “Por eso apoyamos la regulación de esta tecnología”.

La oposición demócrata criticó la inacción de los republicanos en lo que considera un asunto fundamental.

“Necesitamos actuar con urgencia para abordar estos problemas y, lamentablemente, los republicanos han eludido sus responsabilidades”, declaró el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en ABC, el domingo.

“Amodei no es suficiente”, afirmó a su vez el representante demócrata Ro Khanna en X. “Necesitamos suspender (el desarrollo autónomo) de la IA y establecer responsabilidad civil y penal para la IA en caso de daño” causado a los seres humanos, propuso.

La controversia se ha intensificado a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Ausente de la discusión pública hace apenas un año, la inteligencia artificial ocupa ahora un lugar central en la campaña electoral.

Un número creciente de candidatos, tanto republicanos como demócratas, se han hecho eco de la resistencia de muchas comunidades a la construcción desenfrenada de centros de datos, la materialización de la revolución de la IA.

La mayoría de los estadounidenses tiene una visión negativa de los efectos de la IA en su vida diaria.

Según una encuesta publicada el domingo por CBS, el 64% de los consultados considera que la inteligencia artificial afectará negativamente el empleo.

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“La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó el mandatario en una alocución transmitida en sus redes sociales.

Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.

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La Policía, agregó, será la “primera autoridad operativa” para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

Dice busca proteger a estudiantes

De la Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.

El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios para “el conocimiento, las ideas y el debate” y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.

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