Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La criminalidad organizada actualmente constituye un fenómeno global con elementos tradicionalmente no identificados con la delincuencia particular, lo cual representa una amenaza para el estado de la región latinoamericana.

Según los expertos en seguridad, latinoamérica se ha convertido en la región con mayores índices de violencia en el mundo.. Las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, y otros crímenes de naturaleza transnacional han alcanzado una dimensión regional y han escapado al control de las instituciones nacionales.

Frente al escenario anterior, los Estados se encuentran en una situación de dificultad, cuando no de imposibilidad, de desarrollar una política criminal adecuada para combatir este fenómeno tan extendido en la región de latinoamérica.

El hecho de que las organizaciones criminales operen más allá de las fronteras nacionales, ámbito dentro del cual el Estado puede desplegar su facultad de imperio, sumado a las limitaciones de recursos para desarrollar las mencionadas políticas, se convierte en una ventaja para el crimen transnacional organizado.

La convivencia de las organizaciones criminales con actores que operan en los diversos niveles de intervención en la prevención y sanción del delito ( control de fronteras, cuerpo de policía, sistema judicial, sistema penitenciario, etc.) Redunda en que la política criminal que se adopte al efecto se convierte en meramente simbólica.

Lamentablemente los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica supranacional que deja obsoletas las fronteras nacionales son los delincuentes.

Las redes de pro de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones que operan globalmente, intercambio globalizado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y en el mundo son solo algunas de las estrategias que dejan reducidos a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.

La impotencia de las policías, fiscalías y juzgados nacionales, y la progresiva cooptación de la justicia y de los organismos políticos por parte de estas mafias está disminuyendo las capacidades democráticas de los países de la región, disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones republicanas y promoviendo la aparición de grupos políticos autoritarios.

Si Latinoamérica pudiese dar una respuesta adecuada a desafíos regionales de esta magnitud significa, a la vez, un paso adelante en la autonomía de la región, una valiosa demostración de su capacidad de integración y una solución a problemas concretos que sufren la mayoría de los ciudadanos, especialmente los sectores más vulnerables.

Finalmente, ante esta situación la respuesta no puede ser local, la política criminal que se desarrolle al efecto debe abarcar la misma dimensión del fenómeno que se trata de prevenir; el fenómeno criminológico es regional, la respuesta debe tener dicho alcance.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Una curul no es una herencia.

Y mi respuesta es no.

En meses anteriores he venido hablando acerca de las transiciones, las crisis, los momentos de inflexión y de cómo estas circunstancias, aunque muchas veces llegan sin ser invitadas, también pueden convertirse en un impulso para alcanzar nuevas metas y abrir nuevos horizontes.

Sin embargo, no todas las personas responden de la misma manera ante una situación difícil. Incluso frente a un mismo escenario, algunos logran avanzar, adaptarse y tomar decisiones, mientras otros permanecen paralizados, esperando que las circunstancias cambien o terminan hundiéndose en su pesar.

¿Qué marca la diferencia?

Uno de los elementos fundamentales es la responsabilidad personal: la capacidad de reconocer que, aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, sí podemos decidir desde dónde enfrentamos lo que nos sucede.

Podemos asumir el papel de víctima de nuestras circunstancias o podemos reconocernos como responsables de nuestras decisiones, nuestros actos y de la manera en que gestionamos nuestras heridas y respondemos ante aquello que no podemos controlar.

Y esto nos lleva a una dimensión del liderazgo de la que hablamos menos, pero que resulta esencial: el autoliderazgo, porque antes de dirigir a otros, necesitamos aprender a dirigirnos a nosotros mismos.

En todos los entornos familiares, laborales y sociales nos encontramos con situaciones que requieren tomar decisiones, gestionar emociones, enfrentar cambios, resolver conflictos o guiar a otros en momentos de incertidumbre.

Por eso, liderar no consiste únicamente en tener un cargo, dar instrucciones o alcanzar resultados. El verdadero liderazgo comienza en la capacidad de autodirigirse; por eso la importancia de atravesar las crisis y fortalecernos en medio de ellas.

Hay personas con excelentes competencias técnicas, grandes capacidades para dirigir equipos y facilidad para influir en otros, pero que tienen dificultades para gestionar sus propias emociones, organizar sus prioridades, manejar la presión o responder adecuadamente ante los cambios. Esto puede poner en duda su liderazgo cuando el discurso no está respaldado por el ejemplo.

Un colaborador puede ser extraordinario desde el punto de vista técnico y, al mismo tiempo, necesitar desarrollar herramientas para manejar la presión, comunicarse mejor, gestionar sus emociones o adaptarse a nuevas circunstancias. Autoliderarse en las diferentes esferas de nuestra vida implica también poner límites, asumir responsabilidades y tomar decisiones incluso cuando no tenemos todas las respuestas.

Quiero concluir dejando algunas preguntas para reflexionar:

¿Cómo me estoy liderando a mí mismo?

¿Cómo respondo cuando las cosas no salen como esperaba?

¿Qué hago con aquello que no puedo controlar?

¿Soy capaz de reconocer cuando necesito ayuda y solicitarla?

¿Mis acciones son coherentes con aquello que espero de los demás?

Antes de liderar un equipo, una organización o incluso una familia, necesitamos aprender a liderarnos a nosotros mismos, ya que el liderazgo que no comienza en el interior difícilmente podrá sostenerse hacia afuera.

Hasta una próxima entrega.

Por: J. Luis Rojas

lrojas50@hotmail.com

Desde hace varios años, en la sociedad dominicana muchas cosas marchan manga por hombro. Una de ellas, sin duda, es la distorsión salarial en las agencias públicas, entidades y organismos especializados centralizados, descentralizados y autónomos. Dicho de otra manera, el Ministerio de Administración Pública (MAP) no ha dado pie con bola respecto a su misión, visión, objetivos y funciones.

Según establecen los documentos oficiales, el MAP es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública (41-08), del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.

Incongruencia entre el concepto y la práctica

Entre sus funciones primordiales —las cuales, en la práctica, se cumplen de manera tímida— figuran:

• Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos.

• Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento institucional, proponiendo reformas de las estructuras orgánica y funcional.

• Propiciar y garantizar la efectividad, calidad y eficiencia de la función pública, implantando modelos de gestión de calidad y promoviendo la evaluación del desempeño institucional.

Las funciones que el MAP declara en su documentación oficial lucen muy bien en el papel, pero distan de su desempeño cotidiano. Para muestra, basta comparar su misión institucional con las declaraciones públicas incongruentes y las decisiones irracionales protagonizadas por su ministro, Sigmund Freund: “Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la transformación, digitalización y profesionalización de la Administración Pública…”. La forma y el contenido de esta misión se asemejan más a la verborrea que a una guía estratégica real.

La gerencia moderna sostiene que la misión, la visión y los objetivos constituyen componentes estratégicos que orientan el ser y el hacer de cualquier organización. Sin embargo, estos postulados parecen no tener cabida en el quehacer ordinario del MAP. Su visión, por ejemplo, roza la poesía: “Ser un referente nacional e internacional por la articulación de un modelo de Administración Pública centrada en el bienestar de las personas…”. Una declaración hermosa, sin duda, pero distante de la realidad.

¿Habrá imaginado Sigmund Freud que las pensiones que reciben los servidores públicos dominicanos terminarían diluyéndose entre promesas demagógicas y realidades de precariedad? La brecha entre el discurso institucional y las condiciones materiales de quienes sostienen el aparato público revela que la visión del MAP, más que un horizonte estratégico, parece un ejercicio retórico sin impacto en la vida cotidiana de los trabajadores.

Brechas entre el ser, el parecer y el hacer

Del dicho al hecho hay mucho trecho. La falta de sinergia entre los siete objetivos misionales del MAP y sus acciones reales es evidente:

• El objetivo dos plantea prohibir el soborno y promover una cultura de integridad. Si esto se cumpliera, no habría tantos servidores públicos —especialmente de alta jerarquía— defendiéndose en los tribunales por incurrir en malas prácticas y en corrupción.

• El objetivo tres habla de gestionar procesos institucionales con pensamiento basado en riesgos y cumplimiento normativo. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario.

• El objetivo cuatro promete canales efectivos y confidenciales para denuncias de buena fe. Pero los incumbentes del MAP interactúan poco con los ciudadanos y menos aún con servidores públicos de menor jerarquía. Permanecen cómodos en su zona de confort.

• Aunque el objetivo cinco del MAP plantea aplicar un régimen de consecuencias ante casos de soborno, resulta inevitable cuestionar su efectividad cuando escándalos como el desfalco en SeNaSa ocurrieron sin una supervisión visible, y cuando diez senadores fungieron como proveedores del Estado en violación de la Ley 47-25. Estas situaciones evidencian una brecha entre el discurso institucional y la práctica real, y obligan a preguntarse cuál es la responsabilidad del Ministerio de Administración Pública en garantizar la ética, el cumplimiento normativo y la integridad dentro del aparato estatal.

Las distorsiones salariales en el sector público

El ministro Sigmund Freund y su equipo han sido incapaces de diseñar y aplicar mecanismos efectivos para corregir las distorsiones salariales que proliferan en la Administración Pública. Es inconcebible que el órgano rector del empleo público carezca de una política que homogenice los salarios de ministros, viceministros, directores y subdirectores generales, así como los de otros incumbentes de organismos especializados. En este archipiélago salarial, ¿dónde quedan la misión, los objetivos y las funciones del MAP?

La brecha salarial en el sector público dominicano es profunda y estructural. Mientras el gobernador del Banco Central percibe más de RD$1.9 millones mensuales, y los superintendentes entre RD$800,000 y RD$1.1 millones, el salario mínimo público permanece en RD$10,000. Esto significa que algunos altos cargos ganan entre 80 y 190 veces más que un empleado en el nivel más bajo.

Esta disparidad no solo responde a diferencias funcionales o técnicas, sino también a regímenes privilegiados amparados por la Ley 105-13. Desde la perspectiva de equidad, esta distancia limita la movilidad social, reduce las pensiones calculadas bajo la Ley 379-81 y afecta la moral institucional. En un país donde el costo de vida supera ampliamente los RD$10,000, esta brecha es un indicador crítico de desigualdad estatal.

En la práctica, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) no guardan correspondencia con su misión, visión ni con los objetivos estratégicos que le han sido asignados. En otras palabras, el ministro Sigmund Freund no está concentrando su gestión en las responsabilidades esenciales de la institución.

Si el MAP estuviera cumpliendo con las funciones que le corresponden, la prestación de los servicios públicos sería más oportuna, eficiente y de mayor calidad. La ciudadanía percibiría avances concretos en la profesionalización del Estado, la mejora de los procesos administrativos y la consolidación de una gestión pública orientada a resultados.

Más perdido que el hijo de Lindbergh

La política institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP) plantea como propósito mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la transformación, digitalización y profesionalización de la Administración Pública. Sin embargo, esta aspiración dista de la realidad que enfrentan los usuarios en numerosas agencias estatales.

En muchos de estos espacios persisten prácticas caracterizadas por la burocracia excesiva, la apatía y una marcada falta de vocación de servicio. Estas deficiencias no solo contradicen los lineamientos estratégicos del MAP, sino que también limitan la capacidad del Estado para ofrecer servicios oportunos, eficientes y centrados en las necesidades de la población.

El Estado dominicano no opera como un sistema abierto. Los subsistemas que lo integran carecen de sinergia e interconexión, lo que obliga a los ciudadanos a realizar esfuerzos innecesarios para obtener documentos oficiales. Esta situación evidencia una burocracia improductiva y la presencia de servidores públicos que, en muchos casos, accedieron a la Administración Pública por su militancia y activismo político, más que por méritos profesionales.

La modernización y digitalización del aparato gubernamental, reiteradamente promovidas en las declaraciones públicas del ministro, aún no se reflejan de manera tangible en los servicios que recibe la población. La brecha entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de los usuarios evidencia la necesidad urgente de transformar la gestión pública para garantizar eficiencia, transparencia y una auténtica orientación al ciudadano.

Los obstáculos que caracterizan los procesos de permisología —trámites, licencias, registros y autorizaciones necesarios para concretar proyectos de inversión, abrir un negocio o ejecutar una obra, entre otras iniciativas— constituyen indicadores claros de la ineficiencia que persiste en la Administración Pública dominicana. Superar estas barreras es indispensable para fortalecer la competitividad del país, mejorar la confianza en las instituciones y asegurar que la ciudadanía perciba de manera real los beneficios de la modernización estatal.

Resulta paradójico que el ministro no pueda indicar con precisión cuántos servidores públicos figuran en la nómina estatal. Si cumpliera sus funciones, existiría un clima laboral más próspero para los trabajadores del sector público. ¿Sabrá el ministro que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones calcula las pensiones tomando como referencia el salario mínimo público (RD$10,000) en lugar del salario mínimo nacional (RD$23,223)?

La urgencia de indexar las pensiones

En un contexto económico marcado por la volatilidad y el incremento sostenido del costo de la vida, es impostergable que el MAP impulse un mecanismo legal que obligue a todas las instituciones del Estado a aplicar la indexación salarial por inflación a las pírricas pensiones que reciben los servidores públicos jubilados. No es solo una medida técnica: es un acto de justicia social.

Garantizar que quienes dedicaron décadas de servicio no vean erosionado su poder adquisitivo es una responsabilidad ineludible del Estado. El MAP debe liderar esta transformación normativa. Es indigno que las pensiones permanezcan estáticas mientras el costo de la vida se mueve y sube como las olas del mar.

Ojalá que el poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ilumine al ministro de la Administración Pública, señor Sigmund Freund, así como a todo su equipo de trabajo, para que actúen en plena coherencia con la misión, visión, valores, objetivos, funciones y la política de calidad que conforman el marco estratégico del Ministerio de Administración Pública (MAP).

La conducción institucional del MAP exige un compromiso real con estos principios rectores, pues solo a través de su aplicación rigurosa es posible garantizar una gestión pública moderna, eficiente y orientada al ciudadano. La alineación entre la acción gubernamental y el marco estratégico no es únicamente un requisito administrativo: es la base para fortalecer la confianza pública, elevar los estándares de servicio y consolidar una administración estatal que responda de manera efectiva a las necesidades y expectativas de la población.

La violencia constituye uno de los problemas más complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Durante mucho tiempo fue considerada exclusivamente un asunto policial o judicial; sin embargo, hoy existe un amplio consenso en reconocer que también representa un grave problema de salud pública, con profundas repercusiones sobre el bienestar de las personas, la estabilidad de las familias y el desarrollo de las naciones.

 Detrás de cada hecho violento hay víctimas, comunidades afectadas y un elevado costo humano, social y económico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, con una alta probabilidad de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o la muerte.

Esta definición permite comprender que sus consecuencias trascienden las agresiones físicas e incluyen el sufrimiento emocional, el miedo, la pérdida de oportunidades y el deterioro de la convivencia.

Las cifras confirman la magnitud del problema. Según la OMS, cada año más de 1.6 millones de personas fallecen en el mundo como consecuencia de distintas formas de violencia. A esta realidad se suman millones de víctimas que sobreviven con secuelas físicas, psicológicas y sociales.

La violencia afecta de manera especial a niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en una de las principales amenazas para el desarrollo humano.

En la República Dominicana, al igual que en otros países de América Latina, la violencia continúa representando un importante desafío. Los homicidios, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el abuso infantil, las agresiones sexuales, el acoso escolar y la delincuencia generan preocupación permanente.

A ello se añaden formas menos visibles, como la violencia psicológica, la violencia digital y la violencia estructural, que también producen graves consecuencias sobre la salud mental y la calidad de vida.

Diversas investigaciones han demostrado que la violencia no responde a una única causa. Se trata de un fenómeno multifactorial en el que interactúan la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, el consumo de alcohol y drogas, la desintegración familiar, las experiencias traumáticas durante la infancia, la exclusión social, la disponibilidad de armas y la debilidad institucional.

También influyen determinados factores psicológicos, culturales y educativos que favorecen la resolución de conflictos mediante la agresión en lugar del diálogo.

Las consecuencias son devastadoras. Las víctimas pueden desarrollar depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, abuso de sustancias, dificultades para establecer relaciones saludables y pérdida del proyecto de vida.

En los niños, la exposición temprana a ambientes violentos incrementa el riesgo de problemas emocionales, fracaso escolar y reproducción de conductas agresivas en la vida adulta. La violencia deja cicatrices que muchas veces permanecen durante años y afectan a varias generaciones.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de las sanciones penales. La prevención requiere políticas públicas integrales que fortalezcan la educación, reduzcan las desigualdades, promuevan la salud mental, apoyen a las familias y generen oportunidades para la juventud.

Resulta igualmente indispensable desarrollar programas de prevención de la violencia en las escuelas, ampliar el acceso a servicios de atención psicológica y fomentar una cultura de respeto, tolerancia y solución pacífica de los conflictos.

La violencia no es un fenómeno inevitable. Puede prevenirse cuando existe voluntad política, instituciones sólidas y una ciudadanía comprometida con la convivencia. Construir una sociedad más segura implica invertir no solo en seguridad, sino también en educación, salud, justicia y desarrollo social.

En definitiva, prevenir la violencia significa proteger la vida, fortalecer la dignidad humana y garantizar un futuro donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la agresión.

El Cardenal Pietro Parolin estuvo en Guatemala el pasado 3 de agosto, con motivo de celebrarse el 90 aniversario de Relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y ese hermano pueblo centroamericano.

En la homilía de la misa presidida por él, en la Catedral, el Secretario de Estado del Vaticano expresó: la Buena Nueva del Evangelio le lleva a abrazar a toda la humanidad y a no cerrar ningún camino que pueda llevar a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria, rompiendo las dinámicas del desprecio, de la indiferencia y de las injusticias provocadas por las desigualdades y la corrupción.

Al tratar el tema de la corrupción, el Cardenal Parolin puso el dedo sobre una llaga que lastima el cuerpo de nuestros pueblos latinoamericanos, y otras partes del mundo.

Erradicar la corrupción en la administración pública es una tarea pendiente de la clase política, pero resulta que muchas veces se convierte en cómplice de este cáncer social al no tomar los correctivos necesarios para evitarlo. También por la falta de consecuencias para aquellos que hacen del erario un botín.

Estemos claros, la honestidad y la transparencia tienen que ser la ruta a seguir para llegar a tener una sociedad en donde el Estado sea el celoso guardián de los bienes que permitan a las personas vivir con dignidad.

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Por: Agustín Perozo Barinas

Aribaldes se dirigió a una paradisíaca playa solitaria, en una costa apartada del litoral sur dominicano, remolcando un kayak para ejercitar cuerpo, mente y alma, mar adentro.

Mientras preparaba el equipo en la arena sintió la presencia de una aparición, algo como un viento borrascoso que vino, golpeó y se fue… como un Alba María.

Se recuperó de aquella impresión tan extraña y empujó el kayak entre las rompientes olas en la orilla. El cielo y el mar, a lo lejos, borraban el horizonte, eran ambos en uno. Serían las diez de la mañana… pocas nubes de algodón, suspendidas como si estuvieron fijas.

Ya en la mar, dominio de pescadores y poetas, empezó a remar, así como reman los que dominan este movimiento en medio de una soledad que se confundía con otras soledades que las olas le iban trayendo, una tras otra, hasta sentir una nostalgia única, inmensa, infinita, que le dio paz… pero no la paz de los muertos.

Buscaba ese nivel de aislamiento, para reflexionar y meditar, como una misa en salud. Pero no pudo escapar de la realidad. Entre muros de agua remó con vigor hasta un lugar donde el oleaje era suave, apenas un vaivén. Desde allí vio lo que ya conocía, montones de basura plástica entre los acantilados, lo que no se veía desde tierra adentro.

El daño ambiental es más que evidente en todo el mundo. Solo quienes tienen el privilegio de vivir en burbujas no ven el real estado de las cosas. Nuestro planeta, único hogar posible para nuestra supervivencia, tiene límites en la biósfera. Agua, tierra y aire nos gritan y seguimos de oídos sordos.

La carrera del crecimiento ilimitado y la supermasiva deuda (que triplica el tamaño de la economía mundial) que lo sostiene es una trampa. La tecnología es un cuchillo de doble filo, útil y peligroso al mismo tiempo. Estamos ciegos, consumiendo las narrativas de las élites dominantes globales y de los sistemas políticos vasallos con estructuras en las que los gobiernos mantienen una independencia formal pero obedecen a esas potencias, a esas élites.

Los conflictos se intensifican por el control hegemónico sobre las estructuras financieras, las materias primas, las rutas marítimas, los hidrocarburos, las tierras raras, los fertilizantes, el agua dulce, los mercados, la tecnología, incluso el espacio… esto apenas comienza. Las guerras serán cada vez más tecnológicas y mortales. La ley y la justicia están siendo moldeadas como camisas de fuerza. Los medios y el entretenimiento cumpliendo cabalmente su tarea. Hasta la línea entre lo real y lo irreal se está desdibujando. Y seguimos ciegos…

Aribaldes, un ser quijotesco, tenía más de cuatro décadas advirtiendo sobre esta degradación del hombre y de sus entornos naturales… en su lucha, agotado, hasta su Dulcinea lo abandonó y quedó, como Penélope, esperando lo que nunca más regresaría…

Permaneció allí por varias horas bajo un sol inclemente mirando las gaviotas surcar los cielos y junto al kayak bancos de pequeños peces plateados zigzagueando a gran velocidad.

En su mente cruzaba la imagen de su pueblo donde lo más visible siempre fue el campanario, de tonos ocres y paredes de mampostería. No tenía nada de extraordinario que no fuese la importancia que le daba la comunidad. Simbolizaba para la gente del pueblo una identidad, una comunión de todos, entre todos, por todos y para todos. Parte de su cultura, su religión y sus raíces.

Aún no se sabe qué pasó realmente aquella noche tormentosa… muchos ladridos, truenos y lluvia torrencial. Un calor sofocante y aires muy húmedos fueron el único aviso previo, tarde en la tarde, cuando la gente se recoge de sus diarios afanes. Temprano en la mañana siguiente no se escucharon los habituales campanazos, algo que nunca había sucedido. Curiosos, muchos fueron a la plaza en el centro del pueblo.

El campanario estaba casi totalmente destruido, las campanas entre los escombros en la parte superior. En todo el pueblo no había daños excepto ramas caídas y mucha hojarasca sobre las calles adoquinadas. Se comentó que fue un rayo. Los viejos del pueblo lo descartaron. Los jóvenes opinaron que era un armazón viejo y debilitado y cedió ya a los años. Quizás…

Aribaldes regresó de su recorrido y pensó que otros pueblos también podrían ver algún día su campanario destruido… como él también vio su mundo derrumbarse.

Sus compueblanos organizaron un comité con los miembros más respetados de todo el pueblo para una sola tarea: cómo reconstruir el campanario, símbolo de todos. Y así lo hicieron.

En la ruta a su hogar Aribaldes escuchó una canción de raíces isleñas que le traía amargos recuerdos: https://youtu.be/rUg1kbI3Zqs?si=LVKORLXnyKukX9CC

Y murmuró para sí mismo: “Un día te prometí que te iba a querer pase lo que pase y aquí estoy sin ti, solo, pero cumpliendo mi promesa”. Pero algo lo contentó: el campanario ya no estará en ruinas.

Autor de los libros sociopolíticos “La Tríada II” y “Érase una vez un edén en el Caribe”.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.

De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:

a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;

b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o

c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.

El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas.

La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.

En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.

Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.

Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:

a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del artículo 18 del Estatuto de Roma;

b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y

c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.

La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.

Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.

Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.

Rommelsantosdiaz@gmailcom

Por: Leydi Vasquez

Agosto no es un mes cualquiera para nosotros los

dominicanos. Es un tiempo que nos invita a mirar hacia nuestra historia y recordar el sacrificio de aquellos hombres y mujeres que, el 16 de agosto de 1863, decidieron levantarse para devolverle la libertad a una nación que se negaba a perder su identidad.

La Guerra de la Restauración fue mucho más que un enfrentamiento armado. Fue una lección de dignidad, valentía y amor por la República Dominicana. Nuestros restauradores entendieron que la soberanía no tiene precio y que ningún interés extranjero podía estar por encima del derecho de un pueblo a decidir su propio destino.

Sin embargo, el verdadero reto de esta generación no es empuñar las armas, sino defender la patria con acciones. Se defiende siendo ciudadanos honestos, respetando las leyes, rechazando la corrupción, cuidando nuestros recursos naturales y trabajando con responsabilidad por el desarrollo del país.

Hoy, más de 160 años después de aquella gesta histórica, la pregunta es inevitable: ¿estamos honrando el sacrificio de nuestros héroes? La mejor forma de hacerlo es restaurando los valores que parecen debilitarse con el paso del tiempo: el respeto, la educación, la solidaridad y el compromiso con el bien común.

Este mes de agosto debe servir para despertar el orgullo de ser dominicanos, pero también para reflexionar sobre el país que estamos construyendo. La historia nos enseña que cuando un pueblo permanece unido y pone el interés nacional por encima de las diferencias, es capaz de superar cualquier desafío.

Que el espíritu de la Restauración inspire a cada dominicano a amar más su tierra, a valorar su libertad y a trabajar cada día por una nación más fuerte, más justa y más digna. Porque la patria no solo se defiende en los campos de batalla; también se construye con nuestras decisiones, nuestro trabajo y nuestro compromiso con las futuras generaciones.

Honrar la Restauración es recordar el pasado, valorar el presente y asumir con responsabilidad el futuro de la República Dominicana.

Calma la mente y el alma hablará, decía la defensora de los derechos humanos Ma Jaya Sati Bhagavati. Ella viene a mi mente al  analizar que vivir cada día cultivando el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, puede ser una labor difícil, sin embargo,  sabemos que el Dador de vida paga y paga bien,  su recompensa va más allá de la sanación. Favorece que transitemos con bienestar, sin guardar rencor, aprendiendo y ejercitando el perdón. Siendo misericordiosos con nuestros semejantes, incluso con nosotros mismos, al fortalecer valores universales  y ofrecer apoyo desde cada uno de ellos.

Todo esto nos hace mejor personas, comprometidas a actuar con benignidad, cultivar la paciencia y con ella asistir a quien necesita nuestra mano amiga. Es la muestra más sincera de amor, y este es el único camino hacia la anhelada salvación del alma humana, que solo la ofrece el Divino. Una emoción y sentimiento que como bien dice Corintios, siempre es desinteresada “…Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladarse los montes, y no tengo amor, nada soy.  Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve…”.

En ese orden, preciso es repetirnos que para conseguimos la salvación del alma, no basta con expresar benignidad, para obtener esta meta debemos actuar cada día y sin desmayo, en constante limpieza interna y acciones externas que representan nuestro discipulado, es decir,  cómo emulamos las enseñanzas de Jesús, quien ofreció muestras palpables de amor en toda su magnitud. Estas líneas no hacen alusión a religiosidad, por el contrario, aluden a la búsqueda personal e interna que propicien convertirnos en mejores seres humanos.

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.  Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta…”.

Por eso, luego de agradecer cada mañana al Padre Creador por las bendiciones que entrega a nuestras vidas, y pensar en cuáles acciones ejecutaremos para el bienestar generalizado, entonces enrumbarnos en actividades, conscientes de que será un día a la vez que ejercitaremos hábitos atómicos, siempre basados en los lenguajes del amor que ofrecen tanto bienestar mental, físico, emocional y alivio al dolor.

Cuando tenemos la capacidad de identificar en nuestra mente y corazón el  citado fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y al mismo tiempo exhibir acciones que lo representen, estamos cercanos a la salvación del alma. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida?, reza Mateo en su capítulo 16, versículo 26. Mientras, Jeremías 29:13, afirma “Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón”. Estoy consecuente de que esta meta puedo iniciarla con acciones tan bellas y a la vez simples, como regalar sonrisas, mostrar respeto a las normas, ser obediente y paciente ante los designios del Creador…

Hasta la próxima entrega.

La autora reside en Santo Domingo

Es educadora, periodista, abogada y locutora.

santosemili@gmail.com

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Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com

La contaminación sonora como vulneración constitucional y amenaza a la salud mental.

La convivencia en los espacios residenciales de la República Dominicana atraviesa una transformación profunda y preocupante. El auge de los alquileres de corta duración mediante plataformas digitales como Airbnb, Booking.com y Vrbo ha generado tensiones que trascienden lo social y lo comunitario, penetrando directamente en el ámbito jurídico y en la protección de derechos fundamentales. Lo que se promociona como una alternativa turística moderna se ha convertido, en la práctica, en un foco de conflictos que afecta la tranquilidad, la seguridad y la salud de miles de familias.

Impactos negativos en la convivencia y la seguridad residencial

En la República Dominicana, los alquileres de corta duración se han convertido en una actividad económica que beneficia principalmente a un reducido grupo de propietarios de villas, residencias y apartamentos. Esta concentración de beneficios, sin una adecuada regulación, ha generado riesgos significativos para la salud mental y la tranquilidad de numerosas comunidades.

Los efectos adversos de esta modalidad de alquiler son cada vez más evidentes. La proliferación de espacios destinados al ocio descontrolado, el flujo constante de visitantes y el uso intensivo de las propiedades han provocado alteraciones en la convivencia, incremento del ruido, deterioro del entorno y tensiones sociales que afectan directamente la calidad de vida de los residentes permanentes.

Los problemas descritos trascienden lo meramente administrativo: constituyen perturbaciones jurídicas que afectan derechos protegidos tanto por la Constitución como por diversas leyes especiales. La situación se asemeja, en términos prácticos, a la dinámica de una selva, donde predomina la incertidumbre y la ausencia de normas. Un alquiler de renta corta sin reglas claras por parte del arrendatario reproduce ese escenario: genera desorden, vulnera garantías básicas y coloca al propietario en una posición de indefensión.

Competencia desleal e informalidad tributaria

Mientras los establecimientos formales deben cumplir con el Código Tributario (Ley 11-92), regulaciones municipales y normas del Ministerio de Turismo, miles de propietarios operan en absoluta informalidad, evadiendo impuestos y obligaciones legales. Esta situación genera una competencia desleal que distorsiona el mercado y debilita la institucionalidad.

El Estado ha mostrado resistencia a regular este sector por razones políticas, económicas y operativas: presión de grupos interesados, temor a afectar a pequeños propietarios, limitada capacidad de fiscalización digital y vínculos entre actores del sector inmobiliario y funcionarios. Sin embargo, la ausencia de regulación no elimina la responsabilidad jurídica de quienes alquilan, ni la protección legal de quienes sufren las consecuencias.

Herramientas legales disponibles para los ciudadanos

La ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado ha profundizado las afectaciones que generan estas prácticas de alquiler; sin embargo, los residentes aún pueden recurrir a diversos mecanismos jurídicos para salvaguardar sus derechos y promover acciones correctivas.

Ley 5038 sobre Condominios

La Asamblea de Condóminos puede, conforme a los Artículos 12, 15 y 19, prohibir los alquileres de corta duración, imponer sanciones, regular el acceso de visitantes y accionar judicialmente contra propietarios que violen el reglamento interno. Estas decisiones son obligatorias y ejecutables ante los tribunales.

Código Civil Dominicano

El Artículo 1133 establece que el derecho de propiedad no puede ejercerse causando perjuicio a terceros. El Artículo 1146 permite acciones civiles por perturbación, incluyendo ruidos, actividades ilícitas y afectación de la tranquilidad.

Ley 90-19 Antirruido

Prohíbe la emisión de sonidos por encima de los decibeles permitidos y faculta sanciones administrativas. El Artículo 8 permite la intervención del Ministerio Público cuando el ruido afecta la salud, amparado en el Artículo 42 de la Constitución, que garantiza la integridad física y mental.

Constitución de la República

La Constitución de la República Dominicana establece un marco de protección integral para la persona y su entorno. El Artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado la obligación de preservar los recursos naturales y garantizar condiciones ambientales adecuadas para la vida.

El Artículo 38 consagra la dignidad humana como fundamento esencial del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos. Esta dignidad, considerada sagrada e inviolable, exige que el Estado asegure la protección efectiva de los derechos fundamentales y promueva condiciones que permitan el desarrollo pleno de cada individuo.

Asimismo, el Artículo 42 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a vivir libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

En este marco constitucional, la contaminación sonora y la inseguridad residencial constituyen vulneraciones directas a estos principios. El ruido excesivo afecta la salud física y mental, deteriora la calidad de vida y altera el equilibrio ambiental, contrariando lo dispuesto en el Artículo 15. A su vez, la exposición constante a situaciones de inseguridad compromete la integridad personal y genera afectaciones psicológicas que lesionan la dignidad humana y el derecho a vivir sin violencia, protegidos por los Artículos 38 y 42.

En consecuencia, la protección frente a la contaminación sonora y la inseguridad no solo es una demanda social legítima, sino una obligación constitucional que debe orientar la actuación de las autoridades y las políticas públicas.

La ineficiencia de la Unidad Antirruido

Aunque el Ministerio de Interior y Policía promueve canales de denuncia, la respuesta institucional es deficiente. Las llamadas no se atienden, las denuncias digitales no generan acción y las patrullas no intervienen. Esta brecha entre discurso y realidad debilita la confianza ciudadana y deja a los residentes en estado de indefensión.

El Ministerio de Interior y Policía ha reiterado que “el ruido afecta la salud, el aprendizaje y aumenta el estrés”, razón por la cual, junto a la Policía Nacional, “ha convertido la unidad antirruidos en una dirección especializada, con más recursos y personal, para responder mejor a las infracciones”. Asimismo, la institución señala que se están “controlando los locales nocturnos para que cumplan los horarios y el volumen adecuado, protegiendo así la tranquilidad y seguridad de las comunidades”, e invita a la ciudadanía a “reportar excesos de ruido al 911, para fomentar una cultura de respeto”. En definitiva, del dicho al hecho hay un largo trecho.

Perfil psicosocial y jurídico de los propietarios que alquilan sin control

Muchos propietarios que utilizan plataformas digitales para alquilar sus villas, residencias y apartamentos exhiben patrones de conducta que combinan un individualismo extremo, una desconexión de la vida comunitaria, un desprecio por las normas de convivencia y una violación sistemática de los mecanismos legales destinados a proteger los derechos ciudadanos y garantizar relaciones sociales saludables.

Desde una perspectiva jurídica, este comportamiento constituye una negligencia consciente, en tanto los propietarios ignoran deliberadamente los efectos que su actividad genera sobre terceros y desatienden las obligaciones inherentes al uso responsable de sus inmuebles. Esta omisión voluntaria no solo afecta la armonía comunitaria, sino que también vulnera disposiciones legales diseñadas para asegurar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los habitantes de una comunidad.

El derecho dominicano reconoce que la propiedad implica obligaciones. El Artículo 51 de la Constitución establece que el uso de la propiedad debe cumplir una función social. Alquilar sin filtros, sin controles y sin responsabilidad viola este principio y abre la puerta a sanciones civiles y administrativas.

La contaminación sonora es un agente de riesgo reconocido por el Ministerio de Salud Pública. El ruido excesivo provoca insomnio, estrés, hipertensión, deterioro cognitivo y afectación emocional. En entornos residenciales, estos efectos se multiplican, afectando especialmente a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Déficit de educación ciudadana en materia de ruido

La falta de educación cívica sobre el ruido responde a factores culturales, históricos y estructurales: normalización del ruido como símbolo de celebración, ausencia de sanciones reales, debilidad de la formación escolar y desigualdad social. Esta combinación ha generado una ciudadanía que no reconoce el ruido como un problema jurídico y de salud pública.

En la República Dominicana, los alquileres de corta duración a través de plataformas digitales han experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. Este fenómeno, impulsado por la expansión del turismo interno y por la búsqueda de ingresos adicionales por parte de algunos propietarios, ha generado transformaciones profundas en comunidades residenciales que originalmente fueron concebidas para la tranquilidad, el descanso y la vida familiar. La ausencia de una regulación clara, la débil institucionalidad y la falta de mecanismos efectivos de supervisión han permitido que esta práctica se extienda sin control, provocando tensiones sociales y afectaciones directas a la calidad de vida de quienes residen de manera permanente en estos espacios.

La historia de Desiderio ilustra con precisión esta problemática.

Desiderio es un profesional de clase media que, junto a su esposa —también profesional de clase media— decidió, después de más de treinta y tres años de trabajo en el sector público y en diversas universidades privadas, adquirir una porción de tierra de 1,117 metros cuadrados en un proyecto ecológico denominado Estancia Río de Yuboa, ubicado en Piedra Blanca, Bonao. Su aspiración era legítima y profundamente humana: construir una residencia campestre para disfrutar la jubilación en armonía con la naturaleza, en un entorno seguro, silencioso y propicio para compartir con hijos, nietos y amigos.

El proyecto, desarrollado por DEPROINSA, se promocionó como una comunidad residencial ecológica, con acceso al río Yuboa, flora y fauna abundante, cerros, cañadas y una atmósfera de serenidad que constituía su principal atractivo. No era un complejo turístico ni un espacio para actividades comerciales. De hecho, el artículo 5 de los Estatutos de DEPROINSA establece claramente que los lotes solo pueden destinarse a la construcción de casas campestres para uso familiar, prohibiendo expresamente cualquier otro tipo de explotación.

Sin embargo, como suele ocurrir en la sociedad dominicana —donde la débil institucionalidad, el irrespeto al derecho ajeno y la cultura del sálvese quien pueda se combinan con prácticas rentistas— un grupo de ocho adquirientes decidió transformar sus propiedades en lujosas villas destinadas al alquiler de corta duración. Estas villas se promocionan cada fin de semana en plataformas digitales formales e informales, atrayendo grupos de visitantes que, en franca violación de las normas de convivencia y de las disposiciones sobre contaminación sónica, reproducen música a niveles de decibeles no permitidos, a cualquier hora del día, la tarde o la noche.

El resultado ha sido la desnaturalización de la esencia de Estancia Río de Yuboa. Lo que debía ser un espacio de paz y contacto con la naturaleza se ha convertido, en determinados momentos, en un escenario de ruido, irrespeto y deterioro ambiental. Desiderio, como muchos otros propietarios que invirtieron buscando calidad de vida, se siente defraudado y vulnerado.

Frente a esta situación, Desiderio ha expresado su determinación de utilizar todos los mecanismos legales disponibles para impedir que un pequeño grupo —más comprometido con el dinero que con la convivencia sana— convierta el proyecto en tierra de nadie, donde solo prevalezcan los más ruidosos e irrespetuosos. Su historia no es aislada: es el reflejo de un fenómeno nacional que exige regulación, supervisión y responsabilidad colectiva.

¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

La convivencia no puede quedar supeditada a intereses particulares ni a la lógica del mercado descontrolado. La institucionalidad debe garantizar que los proyectos residenciales mantengan su naturaleza y que los derechos de quienes buscan vivir en paz no sean atropellados por quienes ven en cada espacio una oportunidad de negocio sin límites. La experiencia de Desiderio, y de tantos otros ciudadanos, evidencia la urgencia de establecer normas claras que regulen los alquileres de corta duración, protejan la tranquilidad de las comunidades y aseguren el respeto al derecho ajeno.

La República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo de convivencia donde la libertad económica no implique la destrucción de la vida comunitaria. La historia de Desiderio es, en esencia, un llamado a la responsabilidad, a la institucionalidad y al respeto mutuo.

La convivencia ciudadana en la República Dominicana enfrenta un desafío urgente: la expansión descontrolada de los alquileres de corta duración y la incapacidad estatal para regular el ruido y proteger la vida residencial. Los ciudadanos deben recurrir a los mecanismos legales disponibles para defender su derecho al descanso, a la seguridad y a la salud, amparados en la Constitución, la Ley 5038 sobre Condominios, el Código Civil y la Ley Antirruido.

Asimismo, es necesario llamar la atención de aquellos propietarios que han convertido los alquileres de corta duración en una actividad puramente mercantil, ignorando la tranquilidad y la convivencia de sus vecinos. El Artículo 1133 del Código Civil establece que el ejercicio del derecho de propiedad no puede causar perjuicio a terceros, y el Artículo 1146 permite acciones civiles contra quienes perturban la tranquilidad ajena. La rentabilidad económica no puede colocarse por encima del derecho constitucional al descanso, a la integridad física y a la vida comunitaria. La convivencia exige límites, y la ética ciudadana —respaldada por el marco legal vigente— demanda que cada propietario asuma su rol en la preservación del orden y la armonía residencial.

Dicho en otra palabra, en la República Dominicana, los alquileres de corta duración a través de plataformas digitales han experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. Este fenómeno, impulsado por la expansión del turismo interno y por la búsqueda de ingresos adicionales por parte de algunos propietarios, ha generado transformaciones profundas en comunidades residenciales que originalmente fueron concebidas para la tranquilidad, el descanso y la vida familiar.

La ausencia de una regulación clara, la debilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos de supervisión han permitido que esta práctica se consolide sin control, generando tensiones sociales y afectando la calidad de vida de los residentes permanentes. En este contexto, la alusión a un Zeus dispuesto a sancionar severamente a quienes violan las normas no es más que un reflejo de la frustración colectiva ante la inacción estatal. No se trata de invocar deidades, sino de exigir que las instituciones asuman plenamente sus responsabilidades: regular, supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes para proteger el bienestar común y asegurar una convivencia ordenada, justa y sana.