Durante mucho tiempo, una de las principales quejas de los ciudadanos ha sido la sensación de que el delincuente anda en las calles con más libertad que quien intenta vivir de manera honesta. Atracos, robos, asaltos y hechos violentos han generado un reclamo constante de mayor presencia y firmeza por parte de las autoridades.

En los últimos días, sin embargo, el mensaje de la Policía Nacional ha cambiado de tono: si quienes tienen órdenes de arresto no se entregan, las autoridades irán por ellos.

Y esa frase, aunque puede sonar contundente, refleja algo que durante años una parte importante de la sociedad ha reclamado: que el Estado recupere el control de las calles y que quien delinque entienda que sus acciones tendrán consecuencias.

Los números recientes muestran una ofensiva policial mucho más intensa. La Policía informó que, hasta el 25 de septiembre, había ejecutado 1,351 de las 1,551 órdenes de arresto emitidas durante el mes, además de realizar cientos de allanamientos y ocupar armas de fuego. También reportó una reducción de 40.5 % en los robos respecto al mismo período de 2025.

Pero hay otro dato que inevitablemente genera debate y es que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, cuestionó los llamados “intercambios de disparos” y afirmó que esa práctica “nunca ha sido efectiva para combatir la delincuencia”. También planteó que el problema requiere políticas públicas de seguridad y no simplemente este tipo de respuesta policial.

Mientras tanto, la Policía está defendiendo una línea mucho más firme. Su director general de la policia  Ernesto Rodríguez García, ha dicho que quienes tengan asuntos pendientes con la justicia deben entregarse y que, de no hacerlo, continuarán siendo perseguidos; además, sostiene que la institución actuará respetando los derechos humanos y los protocolos de uso proporcional de la fuerza.

En el argot de la calle, cuando un delincuente muere durante un supuesto enfrentamiento con agentes, se habla de que fue puesto “en 29”. Y en septiembre esta expresión ha vuelto a ocupar titulares, después de que varios hombres señalados por las autoridades como presuntos delincuentes murieran durante operaciones policiales. Solo en menos de 24 horas, siete personas murieron en hechos que la Policía describió como enfrentamientos.

Aquí es donde el debate debe hacerse con responsabilidad.

Una cosa es exigirle a la Policía que persiga al delincuente, que enfrente a quienes disparan contra agentes y que no permita que personas con órdenes de arresto continúen haciendo vida normal en las calles. Y otra muy distinta sería entender que la llamada “mano dura” significa que cualquier actuación policial queda automáticamente justificada.

La autoridad tiene que ser firme, pero también tiene que estar sometida a la ley.

Porque el ciudadano quiere seguridad, pero también quiere tener la certeza de que la fuerza pública actuará con profesionalidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso. De hecho, el debate ya ha provocado pronunciamientos de sectores que cuestionan las circunstancias de algunas de estas muertes y reclaman investigaciones sobre los denominados intercambios de disparos.

El desafío, entonces, no consiste simplemente en poner más personas “en 29”. El verdadero desafío es conseguir que el delincuente entienda que el estado tiene la capacidad de encontrarlo, apresarlo y llevarlo ante la Justicia antes de que vuelva a hacer daño.

Porque una sociedad segura no se construye solamente con policías persiguiendo delincuentes después de que cometen un crimen. Se construye con inteligencia policial, prevención, investigación, órdenes de arresto ejecutadas, justicia funcionando y una Policía suficientemente equipada y preparada para enfrentar a quienes desafían la autoridad.

La ciudadanía quiere una Policía que se haga respetar. Quiere agentes que no retrocedan ante quienes utilizan armas para sembrar el miedo. Quiere que el ciudadano trabajador pueda salir de su casa sin sentir que está a merced de cualquiera que decida asaltarlo.

Pero también quiere algo fundamental: que esa autoridad esté acompañada de reglas claras.

El mensaje tiene que ser claro: quien delinque será perseguido y llevado ante la Justicia. Y si enfrenta a los agentes con violencia, la respuesta policial tendrá que ajustarse a las circunstancias y a la ley.

Porque recuperar la autoridad en las calles es necesario. Pero recuperar la confianza de la ciudadanía también lo es.

Al final, el verdadero triunfo no debería medirse por cuántos terminaron “en 29”, sino por cuántos ciudadanos dejaron de tener miedo de salir a la calle.

Por J. Luis Rojas

lrojas50@hotmail.com

La indiferencia pastoral alimenta la descomposición social y el analfabetismo espiritual.

La Iglesia Católica en República Dominicana ha sido, desde la colonia, un referente moral y social. Su estructura jerárquica —encabezada por la Arquidiócesis de Santo Domingo, la Primada de América, y coordinada por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED)— le otorga un rol de guía espiritual y de orientación ética para la nación. Sin embargo, en la actualidad, esa jerarquía luce debilitada, distante y poco influyente frente a los graves problemas que golpean a la sociedad: delincuencia creciente, corrupción institucionalizada y descomposición de las familias.

La estructura de la Iglesia dominicana

La Iglesia está organizada en dos arquidiócesis (Santo Domingo y Santiago de los Caballeros) y varias diócesis sufragáneas (La Vega, San Juan, Higüey, Baní, San Francisco de Macorís, Mao, Puerto Plata, Barahona, entre otras). Todas ellas se articulan a través de la CED, que reúne a los obispos del país y emite cartas pastorales y mensajes colectivos. En teoría, esta estructura debería garantizar unidad, presencia pública y orientación ética. En la práctica, sin embargo, luce burocrática y distante, con escasa comunicación hacia la sociedad.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) es la institución que agrupa a los obispos de la República Dominicana, quienes se reúnen periódicamente para tratar asuntos de interés común y coordinar las acciones pastorales en el país. Su misión principal es promover la unidad entre las diferentes diócesis y fortalecer la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad dominicana.

No obstante, el tono de las voces y la contundencia de los mensajes emitidos por los obispos ya no tienen el mismo impacto mediático ni social que en épocas pasadas. Los pronunciamientos de la CED, antes eran capaces de marcar agenda y orientar el debate público, hoy se perciben débiles, genéricos y poco influyentes. Esta pérdida de fuerza comunicativa refleja una jerarquía eclesiástica que, en lugar de ejercer un liderazgo profético y cercano a la realidad nacional, parece replegada a lo litúrgico y a lo institucional, dejando vacíos en el terreno de la orientación ética y social que la sociedad dominicana demanda.

Ante la actitud pasiva e indiferente que caracteriza a la mayoría de los obispos de la República Dominicana, cabe destacar que una de las pocas voces que, con cierta frecuencia, se hace escuchar es la de Mons. Jesús Castro Marte. El 10 de julio de 2020 fue nombrado por el Papa Francisco como obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, en sucesión a Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez.

Durante su gestión como rector de la Universidad Católica Santo Domingo (2012-2020), Mons. Jesús Castro Marte se distinguió por emitir opiniones sobre temas de interés nacional, difundidas con regularidad a través de distintos medios de comunicación. Su estilo directo y crítico le permitió mantener presencia pública y proyectarse como una voz distinta dentro de una jerarquía eclesiástica que, en gran medida, permanece en silencio frente a los problemas sociales que afectan al país.

En esta misma línea, pero en el marco de la eucaristía celebrada con motivo del día de la Virgen de las Mercedes, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, lanzó advertencias sobre el deterioro de la convivencia social en la República Dominicana, subrayando la necesidad de una acción más firme y comprometida de la Iglesia frente a los desafíos que enfrenta la sociedad.

Liderazgos contrastados

El actual arzobispo de Santo Domingo, Mons. Francisco Ozoria Acosta, ha optado por un estilo discreto, casi invisible, que contrasta con el liderazgo firme y confrontativo de Nicolás de Jesús López Rodríguez, o con la capacidad de mediación de Agripino Núñez Collado. Mientras aquellos marcaban agenda y se enfrentaban al poder político, Ozoria parece replegado al silencio. La última carta de la CED, emitida en septiembre de 2026, se limitó a exhortaciones genéricas de unidad y esperanza, sin denunciar la corrupción ni la violencia que desangran al país. Los obispos lucen como si estuviesen ciegos, sordos y mudos.

El mensaje de septiembre de 2026 fue publicado en el marco de la Jornada Nacional de Oración y Acción de Gracias, convocada junto a la Presidencia de la República. El contexto era delicado: el país enfrentaba un repunte de la violencia urbana, escándalos de corrupción en instituciones públicas y creciente desconfianza hacia las autoridades. En ese escenario, la Iglesia tenía la oportunidad de pronunciarse con firmeza y orientar a la nación. Sin embargo, la carta se limitó a un tono litúrgico y celebratorio, sin abordar de manera directa los problemas sociales que agobian a los dominicanos. La omisión fue evidente y dejó la impresión de una jerarquía desconectada de la realidad.

A juzgar por los hechos, parecería que la jerarquía de la Iglesia Católica dominicana se encuentra instalada en una cómoda zona de confort. Los contenidos de su narrativa no abordan los grandes problemas que afectan a los ciudadanos, sin importar su condición social o económica. La ausencia de un liderazgo firme y cuestionador dentro del contexto eclesiástico no solo se evidencia en el ámbito dominicano, también se refleja en el Vaticano.

El activismo y las prédicas del papa León XIV no han logrado frenar las conductas irracionales ni las guerras promovidas por líderes como Donald Trump, Vladímir Putin, Volodímir Zelenski, Benjamín Netanyahu, Masoud Pezeshkian y Ahmed al-Charaa, ni tampoco contener las acciones violentas protagonizadas por las bandas delincuenciales en Haití.

La voz de la Iglesia, que en otros tiempos fue orientadora, crítica y capaz de incidir en la agenda pública nacional, regional e internacional, hoy se percibe apagada y distante. La jerarquía católica parece más preocupada por preservar la rentabilidad de algunas de sus instituciones que por asumir el rol profético que la sociedad espera en medio de crisis globales y locales.

Comunicación deficiente y prioridades equivocadas

La jerarquía eclesiástica mantiene una comunicación pobre y escasa con la sociedad dominicana. Sus mensajes carecen de contundencia y no logran conectar con las necesidades reales de las comunidades. En cambio, su liderazgo es más evidente en la gestión de instituciones lucrativas —colegios privados, universidades, fundaciones con fines económicos— que en las de carácter social, donde la presencia pastoral es mínima. Esta incoherencia erosiona la credibilidad de la Iglesia y la distancia de su misión esencial.

En momentos como los actuales, en los que la delincuencia mantiene arrodillada la seguridad ciudadana, los antivalores destrozan las familias, los opinadores públicos producen y difunden a diestra y siniestra contenidos tóxicos que influyen negativamente en las actitudes de las audiencias, y se sienten los efectos nocivos derivados de la privatización de los servicios de salud y de las pensiones de los trabajadores, es cuando más deberían los obispos de la Iglesia Católica dominicana utilizar su plataforma mediática para orientar, educar e informar de manera continua y efectiva a la sociedad.

La ausencia de un liderazgo firme y de una comunicación clara y constante ha dejado un vacío que otros actores sociales —influencers, opinadores y movimientos políticos— han ocupado con discursos muchas veces superficiales o dañinos. En este contexto, la Iglesia Católica dominicana tiene la responsabilidad histórica de recuperar su voz profética y convertirse nuevamente en referente ético y moral frente a las crisis que afectan al país.

Sinergia con el liderazgo global

La pasividad de los obispos dominicanos refleja, en cierta medida, el estilo del papa actual, León XIV (Robert Francis Prevost). En un mundo marcado por guerras, crisis migratorias y desigualdades, su voz se percibe apagada. Sus prédicas no son escuchadas por los líderes políticos que hoy se enfrentan en conflictos bélicos. En comparación, el papa Francisco ejerció un liderazgo más visible, crítico y cuestionador, capaz de incidir en debates globales. Hoy, tanto en República Dominicana como en otros países, la Iglesia Católica ha perdido su capacidad de ser referente moral y orientador.

Tal como afirmaba el papa Francisco, la Iglesia debe ser una voz profética frente a los conflictos y las injusticias. Sus mensajes subrayaban que la paz verdadera exige justicia social y respeto por la creación.

Sin duda, la calidad espiritual, la fuerza moral y la visión humanista del ya ausente físicamente papa Francisco resultan necesarias en los momentos actuales que vive el mundo. Su liderazgo, marcado por la defensa de los más vulnerables y por la denuncia de la desigualdad y el deterioro ambiental, dejó un vacío que hoy se siente con mayor intensidad en medio de las crisis sociales, políticas y ecológicas que afectan a la humanidad.

Por ejemplo, en el Foro de París sobre la Paz (2023), el papa Francisco advirtió que la multiplicación de conflictos armados genera sufrimientos, injusticias y daños irreversibles tanto para la humanidad como para la “Casa Común”. Subrayó que la paz no puede construirse con discursos vacíos, sino a partir del reconocimiento y respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la paz.

Francisco denunció además que millones de personas continúan privadas de agua potable, alimentación adecuada, educación y trabajo digno, lo que refleja una persistente desigualdad social y económica que alimenta nuevas formas de violencia. Para él, la paz verdadera exige justicia social y un compromiso real con la equidad, pues sin estas condiciones cualquier intento de pacificación resulta frágil y superficial.

¿Y el liderazgo de la Iglesia Católica dominicana, para cuándo?

La Iglesia Católica dominicana no puede seguir indiferente. Su misión trasciende lo espiritual: debe ser voz profética frente a la injusticia, guía moral frente a la corrupción y defensora de la familia frente a la descomposición social. El país necesita una jerarquía eclesiástica activa, valiente y comprometida. De lo contrario, corre el riesgo de perder su relevancia histórica y dejar a la sociedad sin un referente ético en tiempos de oscuridad.

La jerarquía de la Iglesia Católica debe reenfocarse en sus funciones misionales: ser voz profética frente a la injusticia, guía moral frente a la corrupción y defensora de la familia frente a la descomposición social. La falta de entusiasmo, entrega y solidaridad, sumada a la sordoceguera que caracteriza a una parte significativa de los obispos dominicanos, está generando un preocupante fenómeno: el crecimiento constante de los llamados analfabetos espirituales en la sociedad dominicana. Esta indiferencia pastoral no solo debilita la misión evangelizadora de la Iglesia, sino que también contribuye a la pérdida de valores esenciales en un contexto marcado por la crisis social, moral y ética que atraviesa RD.

Las comunidades cristianas católicas deben exigir una mayor vinculación social de los obispos dominicanos, reclamando presencia activa y liderazgo real. Dicho en otras palabras, es necesario que dejen de comportarse como simples burócratas y actúen como líderes transformacionales cercanos a las necesidades y expectativas de la gente.

Sin más demora ni excusas triviales, la jerarquía eclesiástica necesita mantener una comunicación, una presencia y un acompañamiento más directos, claros y constantes con la sociedad dominicana, a fin de recuperar credibilidad y relevancia en tiempos de crisis. Solo así podrá responder a las demandas de un pueblo que espera orientación ética y compromiso pastoral frente a los desafíos actuales.

Es casi seguro que la mayoría de los feligreses anhela que los obispos de las distintas diócesis de la República Dominicana se pronuncien públicamente sobre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y su forma inhumana de gestionar los servicios de salud que deberían recibir los ciudadanos. Asimismo, esperan que se refieran a la complicidad perversa entre la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades que administran el dinero de los trabajadores para favorecer a la élite empresarial, poniendo en evidente riesgo los ahorros destinados a las pensiones.

En definitiva, los obispos de la Iglesia Católica dominicana tienen múltiples temas de gran trascendencia social sobre los cuales deberían pronunciarse con mayor frecuencia y contundencia, asumiendo un rol profético y crítico frente a las injusticias y al irrespeto de la institucionalidad que socavan la convivencia sana y la prosperidad de la población.

No todas las formas de violencia dejan huellas visibles. Algunas se expresan mediante palabras, silencios, amenazas, humillaciones o mecanismos de control que, con el tiempo, pueden deteriorar profundamente la autoestima y la salud mental. La violencia emocional suele desarrollarse de manera silenciosa y, precisamente por no producir lesiones físicas evidentes, puede permanecer oculta durante mucho tiempo.

La violencia emocional, también denominada violencia psicológica o maltrato emocional, comprende un conjunto de comportamientos destinados a controlar, intimidar, desvalorizar, humillar, aislar o generar miedo y dependencia. Puede presentarse en las relaciones de pareja, dentro de la familia, en los centros educativos y laborales, así como en otros espacios de convivencia.

Entre sus manifestaciones se encuentran los insultos, las descalificaciones constantes, las amenazas, la ridiculización de los sentimientos y el intento de hacer sentir a la persona inútil, incapaz o inferior. También puede expresarse mediante el control de sus amistades, comunicaciones, actividades y decisiones, el aislamiento progresivo de familiares y amigos, o la utilización de los hijos como instrumento de presión.

Una conducta especialmente perjudicial consiste en negar acontecimientos que realmente ocurrieron o hacer que la persona dude de sus propios recuerdos y percepciones. De igual manera, recurrir sistemáticamente al miedo, la culpa o la dependencia económica para mantener el control constituye una forma de sometimiento que puede afectar seriamente la autonomía individual.

Es necesario distinguir la violencia emocional de los conflictos normales que pueden surgir en cualquier relación. Una discusión ocasional, una diferencia de opiniones o un desacuerdo no constituyen necesariamente maltrato. El problema aparece cuando existe un patrón reiterado de intimidación, humillación, control o sometimiento que limita la libertad y deteriora progresivamente la autoestima.

Las consecuencias pueden ser profundas. La exposición prolongada a este tipo de violencia puede favorecer la aparición de ansiedad, miedo persistente, tristeza, desesperanza, sentimientos de culpa y aislamiento social. También pueden presentarse alteraciones del sueño, síntomas físicos relacionados con el estrés y dificultades para establecer vínculos saludables. En determinadas circunstancias, las experiencias traumáticas pueden asociarse con síntomas de estrés postraumático.

La situación adquiere especial importancia cuando ocurre durante la infancia. Un niño sometido de manera constante a miedo, humillaciones, restricciones excesivas o descalificaciones puede desarrollar inseguridad, dificultades para expresar sus emociones y problemas de concentración, aprendizaje o interacción social. Esto no significa que necesariamente desarrollará una discapacidad cognitiva, pero un ambiente adverso y carente de afecto y estimulación puede interferir con su desarrollo.

Uno de los mayores desafíos es reconocer el problema. Muchas víctimas continúan realizando sus actividades cotidianas mientras experimentan internamente temor, culpa, inseguridad y pérdida de confianza en sí mismas. Por eso, no basta con preguntar: « ¿Te golpea?». También debemos preguntarnos: ¿Esta relación está afectando tu libertad, tu autoestima, tu tranquilidad y tu capacidad para tomar decisiones?

La violencia emocional no debe confundirse con amor, disciplina, carácter fuerte ni con las diferencias normales de la convivencia. Una relación saludable permite expresar opiniones, establecer límites, conservar la autonomía y sentirse seguro.

Reconocer las señales, hablar sobre ellas y buscar apoyo constituye un paso fundamental para romper el silencio. Proteger la salud mental también significa comprender que una herida invisible puede ser tan profunda como una lesión física y que ninguna relación debería construirse sobre el miedo, la humillación o el sometimiento.

Por Freddy Angel Castro Díaz

Uno de los principales hallazgos del informe es que la democracia global atraviesa una fase prolongada de estancamiento y regresión. Durante once años consecutivos, el número de países con deterioro democrático ha sido superior al de aquellos que han experimentado mejoras. A ello se suma que más del 80% de los países evaluados no registró cambios significativos en su desempeño democrático.

La Ciencia Política ha identificado diversos mecanismos de erosión democrática. Entre ellos se encuentran: La concentración del poder en el Poder Ejecutivo, el debilitamiento de los órganos de control y fiscalización, la pérdida de independencia del poder judicial, la criminalización o estigmatización de la oposición política, la reducción de garantías para la prensa y la libertad de expresión, el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo y la polarización extrema y la deslegitimación de los adversarios.

Estos procesos no siempre ocurren mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales abiertas. Con frecuencia, se producen de manera gradual, utilizando procedimientos legales, reformas institucionales, decisiones administrativas, control de recursos públicos o narrativas políticas que presentan a los controles democráticos como obstáculos para la gobernabilidad.

El informe de IDEA internacional identifica al Estado de derecho como una de las dimensiones más vulnerables de la democracia contemporánea. Esta tendencia es particularmente relevante porque el Estado de derecho constituye la base institucional que limita el ejercicio arbitrario del poder y garantiza que las normas se apliquen de manera general, imparcial y previsible.

Un Estado democrático no se define únicamente porque sus autoridades hayan sido elegidas. También exige que esas autoridades actúen dentro de límites constitucionales, respeten la separación de poderes, rindan cuentas por sus decisiones y se sometan al control judicial y ciudadano.

El debilitamiento del Estado de derecho puede manifestarse mediante diversas prácticas, interferencia política en la selección, permanencia o remoción de jueces, falta de autonomía del ministerio público y de los órganos de persecución penal, impunidad frente a casos de corrupción pública, aplicación selectiva de la ley contra opositores o sectores críticos, debilitamiento de organismos electorales, tribunales constitucionales y entidades fiscalizadoras, uso de leyes de emergencia, seguridad o información para restringir derechos y limitada capacidad estatal para garantizar servicios, seguridad y justicia.

La relación entre democracia y conflicto constituye el eje central del informe. En términos generales, la teoría de la paz democrática sostiene que las democracias consolidadas rara vez entran en guerra entre sí. Esta proposición se basa en la idea de que los gobiernos democráticos poseen mecanismos institucionales de control, deliberación pública, transparencia, rendición de cuentas y resolución pacífica de controversias.

La democracia puede contribuir a la paz mediante varios mecanismos: Facilita la resolución institucional de conflictos sociales y políticos, permite la alternancia en el poder sin recurrir a la violencia, reconoce la legitimidad de la oposición y del disenso, crea canales de representación para grupos sociales diversos, establece límites jurídicos al poder estatal, favorece la transparencia, la negociación y la rendición de cuentas, reduce los incentivos para la violencia como mecanismo de acceso o permanencia en el poder.

No obstante, el informe incorpora una precisión relevante: los países con mayor riesgo de conflicto interno o internacional no son necesariamente las autocracias plenamente consolidadas ni las democracias institucionalmente fuertes. El mayor riesgo se concentra en los sistemas ubicados en una zona intermedia: regímenes híbridos, democracias frágiles, transiciones incompletas o procesos de deterioro democrático.

Estos sistemas presentan una combinación particularmente peligrosa de elementos: existe competencia por el poder, pero las reglas no son plenamente confiables; hay elecciones, pero también desconfianza; existen instituciones, pero son débiles o están capturadas; se reconocen derechos formalmente, pero su protección es desigual. En consecuencia, los conflictos políticos pueden dejar de procesarse mediante instituciones y trasladarse a la calle, a la violencia, a la desobediencia institucional o a la confrontación entre grupos sociales.

La calidad de la democracia depende de la existencia de una ciudadanía que perciba que su participación tiene efectos reales sobre las decisiones públicas. Cuando la población considera que el voto no transforma las condiciones de vida, que los partidos no representan sus intereses o que las instituciones operan en favor de grupos privilegiados, aumenta el distanciamiento entre ciudadanía y sistema político.

La crisis de representación puede expresarse de distintas maneras: Abstención electoral. Volatilidad del voto, Rechazo a los partidos tradicionales, Aparición de liderazgos antisistema, Aumento de discursos populistas o autoritarios, Protestas sociales y movilización no institucional, Pérdida de confianza en el Congreso, los partidos, la justicia y los órganos electorales y Mayor receptividad a soluciones de fuerza o discursos de mano dura.

En este sentido, el deterioro de la participación no debe interpretarse solo como desinterés ciudadano. Puede expresar una respuesta racional o emocional de la ciudadanía frente a instituciones que considera lejanas, ineficaces, corruptas o incapaces de atender sus demandas.

La abstención, la desconfianza y la apatía política representan señales que deben ser analizadas por los órganos electorales, los partidos políticos, la academia y la sociedad civil. Una democracia saludable no se limita a contar votos; debe crear condiciones para que la ciudadanía se sienta representada, protegida y capaz de incidir en la vida pública.

El Informe sobre el Estado Global de la Democracia 2026 evidencia que la democracia mundial enfrenta un proceso prolongado de debilitamiento. La tendencia de retroceso durante once años consecutivos revela que la crisis democrática no constituye un fenómeno temporal ni exclusivo de una región determinada, sino una dinámica global que afecta a democracias consolidadas, regímenes en transición y sistemas institucionalmente frágiles.

Los hechos de violencia que están ocurriendo en el país, nos hablan claramente de una sociedad enferma. Los signos son evidentes.

La situación de un deterioro cada vez más acelerado, crece los fines de semana, en donde encontramos personas que dan rienda suelta a los más primitivos instintos del ser humano.

En estos tres días aumentan el consumo de alcohol, drogas, y la falta de respeto a las normas establecidas para vivir en comunidad.

Entre el viernes y el domingo, se incrementan las muertes por accidentes de tránsito, la violencia intrafamiliar se hace presente de manera espantosa, los conflictos interpersonales llegan al extremo de tragedias.

La paz social en nuestro país está siendo gravemente amenazada, y lo peor que nos puede ocurrir es aceptar esta realidad, con un manto de indiferencia que nos llevará al abismo.

Es hora de reaccionar. No perdamos más tiempo para actuar.

Hagamos un esfuerzo nacional para encaminar el país por el sendero de la armonía, el encuentro fraterno, y el desarrollo que llegue a todos.

Buscar soluciones aisladas no es la forma de reencontrarnos como un pueblo que busca un mejor destino.

Trabajemos para que tengamos fines de semana libres de maldad, crímenes y otras manifestaciones de dolor.

Recordemos lo que nos dice el Papa León XIV: La violencia, cualquier violencia, es la frontera que separa la civilización de la barbarie.

En 2020, en la República Dominicana se llevaron a cabo dos elecciones, una municipal que fue aparatosamente suspendida el 16 febrero de ese año, para luego ser celebrada un mes después el 15 de marzo, y las elecciones generales presidenciales y congresuales, celebradas el 5 de julio del mismo año.

Esos dos eventos electorales fueron de suma importancia, para los hechos políticos que se desarrollarían en el futuro. En esas elecciones, los estrategas del Partido Revolucionario Moderno (antiguo PRD) aprendieron cómo imponerse como minoría en los certámenes electorales del futuro dominicano.

Dando una mirada retrospectiva de los hechos y las cifras, tenemos que el fracaso de la JCE el 16 de febrero, provocó sin lugar a dudas, una desmotivación en los votantes que, dejaron de asistir el 15 de marzo y que tampoco participaron en las presidenciales y congresuales de julio del 2020; esta es una razón que, unida a la pandemia y a la división del PLD, justifica el alto porcentaje de abstención de esos eventos.

Cuando decimos que el PRM sale ganancioso siendo minoría, lo hacemos por los siguientes números; en las presidenciales del 2020, la asistencia a las urnas fue de 55.29%, mientras que el padrón general era de 7 millones 529 mil 932 votantes; el 55.29% son solo 4 millones 103 mil 362; ahora, veamos ¿Qué porcentaje con respecto al padrón general sacó el candidato ganador?

El presidente Abinader fue el ganador y obtuvo el 52.52% de esos votos válidos, o sea 2 millones 154 mil 876 votos; y esa cifra como porcentaje del patrón general registrado con derecho a voto, no es más que el 28.61% de los dominicanos registrados para votar; y así, podemos extender la misma perspectiva, para todos los funcionarios elegidos en esas elecciones.

Pero, antes de continuar con el aprendizaje de los estrategas del PRM sobre la conveniencia de la abstención, debemos comparar las cifras de la elección presidencial anterior con esta del 2020, o sea la del 2016; ¿Cómo hablar de niveles continuos de abstención? cuando en el 2016, la participación electoral, con una proyección de un candidato muy por encima de sus oponentes fue de un 69.60%.

Así fue, con un padrón de registrados para votar de 6 millones 765 mil 245; el gobernante Danilo Medina obtuvo el 61.74% de los votos emitidos, o sea 2 millones 847 mil 438 votos; o sea que mientras en el 2016, el país eligió un presidente con casi 3 millones de votos, en el 2020, nos pasó a gobernar Luis Rodolfo Abinader con 2 millones y un pico de “cotorra” (154 mil 876 votos) parlanchina.

Luego de analizar los resultados del año 2020, con un asesor electoral sumamente experimentado en esas lides; los estrategas del PRM decidieron jugar sus cartas a una abstención inducida; para ese propósito, necesitaban una red de comunicación que, alimentara minuto a minuto la idea en el electorado de una alta valoración del presidente Abinader; llegado el tiempo preciso, se orquestó la maquinaria de encuestas.

Y es así que, antes de finalizar el año 2022 la percepción de una segura reelección presidencial, ya estaba fabricada; faltaba por apuntalar la invencibilidad del Presidente; y para ello se llegaron a publicar encuestas que suponían hasta un 80% de favorabilidad para el primer Ejecutivo de la Nación.

¿Qué pasó realmente en el 2024? _Pues, con una oposición dividida, y una percepción creada de que el presidente Luis Abinader era imbatible, las masas de votantes del partido más grande y más exitoso electoralmente del país, el PLD, ahora dividido entre Fuerza del Pueblo y su fuente original, por segunda vez, como en el 2020 se quedaron en sus casas y no fueron a las urnas, pues según las encuestas Abinader estaba ganado.

Las cifras del 2024, sin pandemia, sin lluvias, en un día domingo, sin ningún obstáculo que impidiera la participación, demuestran lo que acabamos de establecer; el presidente Abinader es reelecto, con todo el aparato del Estado trabajando a su favor con solo el 30.78% del electorado general, o sea que, en 4 años de gobierno, solo pudo lograr aumentar alrededor de un 2% a su favor de todos los electores.

Las cifras de participación en las elecciones generales dominicanas, solo decaen en los años 2020 y 2024, y las razones son más que obvias, por nuestras explicaciones anteriores; en el 2028, donde las circunstancias serán, salvo hechos imprevisibles, completamente diferentes a las actuales, nos veremos frente a la convocatoria de los grandes líderes y las pasiones disímiles de un electorado que, puede llegar hasta a la violencia y el paroxismo.

En el 2028, debe haber un duelo de titanes; de un lado el Dr. Leonel Fernández y su partido que ya viste pantalones largos; y de otro lado el PRM, con quien elija de candidato, con una parte del Estado empujando a su favor; una parte del Estado, porque no todos los perremeistas quieren sentarse en el banquillo de los acusados.

El 2028 desintegrará la mitificación de la abstención electoral dominicana.

Por Nicolás Arias.

El presidente Luis Abinader agotó una intensa agenda en Nueva York, donde participó esta semana en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y presentó las principales posiciones de la República Dominicana sobre la crisis haitiana, la reducción de la pobreza monetaria y hambre cero, el cambio climático y las prioridades del país ante la comunidad internacional, reuniones con la diáspora dominicana en Brooklyn; así como con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

También, recibió reconocimientos por su gestión al frente de la nación caribeña, entre ellos la Insignia de Oro de Americas Society y la Medalla Presidencial de William Paterson University. Más allá de las valoraciones sobre su participación en el escenario internacional, considero oportuno analizar su reciente permanencia de tres días en Santiago desde una perspectiva distinta: no solamente desde la política partidaria, sino desde la dimensión institucional del Estado.

Previo al viaje a Estado Unidos, el mandatario permaneció tres días en Santiago, dejando de ser simplemente una ciudad visitada por el presidente y pasó a convertirse temporalmente en sede de la Presidencia de la República, mediante el Decreto 642-26. Abinader estableció allí su despacho y sostuvo encuentros con sectores empresariales, productivos y sociales, además de autoridades locales y representantes de distintas áreas del Gobierno. Aprocovici, Amaprosan y Compromiso Santiago, entre otros, formaron parte de una agenda que permitió al mandatario escuchar directamente las necesidades de la región y dar seguimiento a proyectos estratégicos como acostumbra desde el inicio del primer mandato.

Por eso, decir que fue “más de lo mismo” no parece suficiente para explicar lo ocurrido. Un presidente puede llegar a una provincia, inaugurar una obra, pronunciar un discurso y marcharse; otra cosa es trasladar temporalmente el centro de operaciones del Gobierno hacia una ciudad. La metodología aplicada en Santiago combinó reuniones, supervisión y toma de decisiones. Esa es, precisamente, una de las funciones esenciales de la gestión pública: acercar el Estado al territorio y convertir las necesidades planteadas por los sectores sociales y productivos en prioridades gubernamentales.

Los resultados también deben analizarse desde las decisiones anunciadas. El Gobierno informó una inversión aproximada de RD1,700 millones para intervenir centros hospitalarios de Santiago y se anunció la ampliación a cuatro carriles de la carretera de acceso a Licey al Medio, construcción del local de la Policía Nacional. Abinader también supervisó el alcantarillado sanitario de Licey y la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, una inversión privada estratégica para la región.

En cuanto al Partido Revolucionario Moderno ,(PRM), la ausencia de una agenda partidaria visible también merece una lectura institucional. Abinader estuvo en Santiago como presidente de la República y no como presidente del partido. Mezclar ambas funciones habría significado confundir deliberadamente la agenda del Estado con la dinámica interna de una organización política.

La participación de Rosa Santos, Andrés Cueto, Ulises Rodríguez, Daniel Rivera y otros dirigentes en sus respectivas funciones institucionales es compatible con una agenda gubernamental. En este caso, la separación entre Gobierno y partido no debe interpretarse necesariamente como distancia política, sino también como respeto a la institucionalidad.

Santiago se convirtió temporalmente en centro de operaciones del Gobierno, desde donde se discutieron, supervisaron y anunciaron decisiones de alcance provincial, regional y nacional. Naturalmente, los proyectos en ejecución deberán mostrar sus resultados en el futuro inmediato, mientras que los nuevos tendrán que materializarse en obras y soluciones concretas para poder ser evaluados.

Sin embargo, afirmar que el impacto fue nulo porque no hubo una agenda partidaria visible o inauguraciones supone reducir una acción de Estado a la simple lógica política. Durante esos tres días, Abinader no llegó a la capital del Cibao para felicitar a la dirigencia de la organización oficialista por la unidad y fortaleza demostradas en el reciente proceso interno; llegó a ejercer la Presidencia de la República desde el Cibao, convirtiendo la provincia en el epicentro de decisiones con potencial impacto a corto, mediano y largo plazo para la región.

Durante todo este año he venido trabajando en una serie de temas que mantienen un hilo conductor, a través de los cuales he venido hablando acerca de los cambios, las transiciones personales y profesionales, el poder de la visión y la importancia de aprender a autoliderarnos mientras atravesamos esos procesos.

Este mes quiero continuar desarrollando lo que significa tener la capacidad de reinventarse, considerándolo como una parte importante del crecimiento de los seres humanos.

La vida es cíclica, los cambios tocan a nuestra puerta constantemente, nada es estático y, con esos cambios, también llegará la necesidad de reinventarnos: en nuestros roles, en nuestras formas de pensar, de proceder y de liderar.

Reinventarse comprende esa capacidad de incorporar mejoras, de buscar nuevas formas, de evolucionar y de adaptarnos a nuevas realidades y posibilidades que antes quizás no habíamos considerado.

Tanto las empresas, organizaciones, líderes e individuos, en sentido general, necesitamos estar dispuestos a aprender, a flexibilizar criterios y conductas, de modo que podamos enfrentar de la mejor manera los cambios que pueda requerir una reinvención personal, familiar u organizacional.

A lo largo de los años he visto cómo personas han tenido que reinventarse porque quizás ya no funcionan los métodos, o simplemente las prioridades van cambiando y eso conlleva encontrar nuevas maneras de adaptarse a las realidades y crear espacios que acompañen tu nueva forma de vida y tus prioridades en el momento.

Reinventarse no siempre significa comenzar desde cero. Muchas veces significa tomar todo lo aprendido, reconocer lo que ya no funciona, conservar aquello que sigue teniendo valor y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.

También implica darnos permiso para cambiar de opinión, de estrategia, de rol o de dirección sin asumir que eso significa que hemos fracasado. Crecer también implica revisar quiénes somos, qué necesitamos y qué requiere de nosotros la etapa que estamos viviendo.

Reinventarse es reconocer que no tenemos que permanecer iguales para demostrar coherencia con quienes fuimos. Podemos evolucionar, ajustar nuestro camino y construir nuevas formas de vivir, trabajar, liderar y relacionarnos con las diferentes etapas que nos presenta la vida.

¿Hay algún aspecto de tu vida en el que sientas que necesitas Reinventarte? Quiero leerte.

Por: Cándido E. Almánzar

En noviembre de 2020, durante la crisis de la COVID-19, publicamos en este periódico el artículo “Educación a distancia en República Dominicana: currículo simplificado versus currículo sintetizado”. Sosteníamos que reducir contenidos no significaba transformar el currículo.

Seis años después, el desafío ya no es el cierre de las aulas, sino la expansión de la inteligencia artificial. Esta realidad obliga a replantear qué enseñar, cómo hacerlo y para qué sociedad formamos a nuestros estudiantes.

Agregar asignaturas, dispositivos o plataformas inteligentes no basta. Sustituir libros por pantallas o explicaciones docentes por respuestas automáticas tampoco transforma la educación. Digitalizar prácticas tradicionales no equivale a transformar la educación.

Un currículo pertinente debe responder a las necesidades dominicanas, dialogar con los avances mundiales y organizar mejor los aprendizajes. Simplificar no significa empobrecer, sino superar la fragmentación, eliminar repeticiones y establecer prioridades formativas claras.

La Lengua Española y la Matemática deben conservar un lugar central. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el razonamiento lógico y la resolución de problemas permiten acceder a la información, evaluarla y convertirla en conocimiento. Esto no implica abandonar las ciencias, las artes, la educación física, la historia, la ciudadanía, los valores ni el medioambiente, sino integrarlos mediante proyectos y situaciones concretas.

El país necesita reducir los aprendizajes superficiales y avanzar de la memorización a la comprensión, de la repetición a la investigación y de la acumulación de datos a la solución creativa de problemas.

En este marco, la incorporación del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras competencias digitales es necesaria, siempre que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y no se convierta en un fin.

La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, apoyar al docente y personalizar experiencias de aprendizaje. Pero también puede debilitarlo si se usa sin orientación. No basta con aprender a utilizarla: hay que comprenderla, cuestionarla y emplearla responsablemente. Una respuesta bien redactada no es necesariamente verdadera, y ninguna herramienta debe sustituir el juicio, la creatividad ni la responsabilidad humana.

El docente sigue siendo esencial

La inteligencia artificial no reduce la importancia del docente; la hace más evidente. Cuando las respuestas son instantáneas, se necesita quien oriente, contextualice, formule preguntas y acompañe el desarrollo intelectual y emocional del estudiante.

El maestro no debe competir con la máquina en velocidad, sino despertar la curiosidad, fomentar valores, estimular el pensamiento independiente e identificar las capacidades y dificultades de cada alumno.

Por eso, ninguna reforma curricular tendrá éxito sin formación y dignificación docente. No basta con entregar equipos o habilitar plataformas. Los educadores necesitan criterios para integrar críticamente la tecnología y decidir cuándo y cómo utilizarla.

También deben revisarse las evaluaciones. Si una plataforma puede redactar un ensayo o responder un cuestionario, la escuela debe valorar el proceso: cómo investigó el estudiante, qué fuentes consultó, cómo verificó la información y cómo defendió sus conclusiones.

Tecnología con sentido humano

La transformación digital también plantea un desafío de equidad. No todos los estudiantes dominicanos tienen conectividad, dispositivos adecuados o acompañamiento. Ignorar estas diferencias podría profundizar las desigualdades.

La alfabetización actual incluye buscar información, evaluar fuentes, distinguir hechos de opiniones, reconocer contenidos manipulados y actuar responsablemente en entornos digitales.

Esta formación debe sostenerse en una educación humanista. Cuanto más poderosas sean las máquinas, mayor será la importancia de la empatía, la solidaridad, la honestidad, la dignidad humana y el compromiso comunitario.

En 2020 afirmamos que la educación dominicana necesitaba un modelo propio, diseñado por dominicanos para responder a sus necesidades. Esa convicción permanece. Hoy debemos añadir que ese modelo debe dialogar responsablemente con la inteligencia artificial.

La escuela no debe recibir estos cambios con fascinación ingenua ni rechazo temeroso, sino con una duda metódica, no paranoica: explorar posibilidades, reconocer riesgos y establecer límites guiados por la ética y el bien común.

El currículo no será moderno por mencionar la inteligencia artificial, sino por preparar a los estudiantes para pensar por sí mismos en un mundo donde las máquinas también producen respuestas.

La tecnología puede acompañar este camino, pero no debe decidir el destino.

El autor es gestor universitario, educador y defensor de una pedagogía humanista y transformadora.

lrojas50@hotmail.com

Romper con el clientelismo y dignificar al ciudadano son claves para recuperar la legitimidad del Estado.

En República Dominicana, el servicio público sigue siendo uno de los mayores desafíos de la administración estatal. Aunque la Constitución, en su Artículo 147, establece que los servicios públicos deben satisfacer necesidades de interés colectivo bajo principios de continuidad, igualdad y adaptabilidad, la práctica cotidiana revela una realidad distinta: largas filas, trámites engorrosos, plataformas digitales incompletas y una burocracia que, más que facilitar, entorpece el acceso ciudadano.

La distancia entre el discurso oficial y la experiencia real de los usuarios refleja una gestión pública marcada por la ineficiencia y la falta de pertinencia en la prestación de servicios básicos como salud, educación, agua potable y seguridad. Esta contradicción erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad institucional, convirtiendo el servicio público en un espacio de frustración más que de garantía de derechos.

La experiencia ciudadana: entre la ventanilla y la frustración

Visitar una institución pública en República Dominicana es, para muchos ciudadanos, un ejercicio de paciencia y resignación. La insatisfacción es doble: primero, porque en demasiadas ocasiones el servicio solicitado no está disponible; segundo, porque el trato recibido es descortés, indiferente y hasta humillante. El ciudadano que acude en busca de soluciones termina sintiéndose despojado de dignidad, como si pedir un servicio fuera un favor y no un derecho.

La experiencia cotidiana en las ventanillas estatales revela una cultura institucional que ha normalizado la mala atención. El “vuelva mañana” y el “eso no se puede” se han convertido en frases emblemáticas de una Administración Pública que parece olvidar que su razón de ser es servir. Esta insatisfacción ciudadana no es un asunto menor: erosiona la confianza en las instituciones y proyecta una imagen negativa del gobierno de turno.

Perfil psicosocial del servidor público sin vocación

El problema no es únicamente la burocracia, sino la colonización política de la Administración Pública. Los puestos se reparten como premios partidistas, sin importar la capacidad ni la vocación de servicio. El resultado es un ejército de servidores que conciben su trabajo como un simple salario, sin compromiso con la misión institucional ni con el bienestar colectivo.

El perfil psicosocial de muchos servidores refleja una preocupante realidad: individuos que carecen de empatía, que muestran resistencia al cambio y que se refugian en la apatía. La ausencia de proactividad es evidente: en lugar de buscar soluciones, se limitan a repetir excusas y a trasladar la carga al ciudadano. Esta actitud no solo afecta la calidad del servicio, sino que perpetúa una cultura de indiferencia que degrada la relación entre Estado y sociedad.

En el buen sentido de la palabra, un verdadero servidor público se guía por valores y principios éticos que garantizan la calidad, la transparencia, la integridad y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Cada interacción con los ciudadanos debe estar marcada por la empatía, la cortesía y el compromiso de servir, entendiendo que la atención al público no es un favor, sino un deber inherente a la misión institucional del Estado.

El servidor público que actúa bajo estos principios no solo fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también contribuye a proyectar una imagen pública gubernamental coherente, responsable y orientada al bienestar colectivo. La ética, la vocación de servicio y la sensibilidad social son, por tanto, pilares indispensables para asegurar que la gestión pública se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo y dignidad para la sociedad.

La política partidista como obstáculo estructural

La presencia de lo político partidista afecta de manera directa la calidad del servicio público. El clientelismo convierte las instituciones en botines de guerra electoral, donde los puestos se reparten como recompensas y no como responsabilidades. Esta práctica erosiona la profesionalización, debilita la meritocracia y perpetúa una cultura de mediocridad.

La consecuencia es clara: un Estado incapaz de garantizar servicios eficientes, atrapado en la lógica de la lealtad partidaria. La imagen del gobierno de turno se deteriora en la percepción ciudadana, porque cada mala experiencia en ventanilla se traduce en desconfianza hacia las autoridades.

El rol ausente del MAP y la evaluación de desempeño

El Ministerio de Administración Pública (MAP), llamado a ser garante de calidad y buen desempeño, ha quedado atrapado en esa misma lógica clientelista. Su rol se ha reducido a un ejercicio burocrático sin capacidad de transformar la cultura institucional. La evaluación del desempeño es un formalismo vacío, incapaz de sancionar la ineficiencia ni de premiar la excelencia.

La ausencia de controles efectivos y de programas de formación continua ha permitido que la mediocridad se instale como norma. El MAP, en lugar de liderar una transformación, se ha convertido en un espectador pasivo de la crisis del servicio público. ¿Dónde ha dejado el MAP la mejora continua del servicio público?

En otras palabras, la Administración Pública no puede convertirse en refugio de holgazanes, indisciplinados, resentidos, egocéntricos, apáticos ni rebeldes sin causa. Por el contrario, constituye un ecosistema donde se exige rigor, disciplina y vocación de servicio en todo momento y circunstancia.

El ejercicio de la función pública demanda servidores comprometidos con la misión institucional, conscientes de que su labor impacta directamente en la confianza ciudadana y en la legitimidad del Estado. La responsabilidad, la ética y la orientación al servicio deben ser principios rectores que guíen cada acción, garantizando que la Administración Pública sea un espacio de eficiencia, respeto y vienestar colectivo.

Causas raíz de la pésima calidad del servicio público en RD

La pésima calidad del servicio público en la República Dominicana no es fruto del azar ni de errores aislados. Es el resultado de causas raíz que se han enquistado en la cultura institucional y que, lejos de corregirse, se reproducen con cada cambio de gobierno.

La burocracia excesiva convierte cualquier trámite en un calvario para el ciudadano, mientras la politización del empleo público asegura que la lealtad partidaria pese más que la competencia profesional. El resultado es un aparato estatal plagado de improvisación y mediocridad.

A esto se suma la ausencia de meritocracia, que expulsa a los más capacitados y premia la obediencia ciega. La fragmentación institucional multiplica funciones y genera duplicidades, mientras la resistencia a la modernización tecnológica mantiene al Estado anclado en prácticas obsoletas.

El ciudadano, atrapado en este círculo vicioso, recibe servicios deficientes, tardíos y poco confiables. La consecuencia es un Estado que no cumple su rol de garante de derechos, sino que se convierte en un obstáculo para el desarrollo y la equidad.

No obstante, sería injusto generalizar. Existen agencias públicas que sí ofrecen servicios con calidad, demostrando que cuando se apuesta por liderazgo, compromiso, vocación de servicio y profesionalización, el ciudadano recibe atención digna y eficiente. Estas excepciones son prueba de que las necesidades y satisfacción de los ciudadanos si importan.

La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿hasta cuándo se tolerará que el servicio público siga siendo rehén de la mediocridad y el clientelismo político?

Hacia un servicio público digno

La transformación del servicio público exige romper con la lógica del clientelismo. El Estado debe dejar de ser un botín político y convertirse en una institución al servicio de la ciudadanía. Para ello, se requieren medidas concretas, creíbles y eficaces:

• Concursos públicos transparentes, donde la selección se base en méritos y competencias.

• Programas de formación continua, que fortalezcan la vocación de servicio, la empatía y la proactividad.

• Evaluaciones de desempeño vinculantes, con consecuencias claras para quienes incumplen y estímulos para quienes se destacan.

• Cultura institucional centrada en el ciudadano, donde cada servidor entienda que su función es servir y no simplemente ocupar un puesto.

La calidad del servicio público no puede seguir siendo rehén de la política partidista. Solo con un cambio profundo en la forma de reclutar, capacitar y evaluar a los servidores públicos será posible construir una Administración que inspire confianza, dignifique al ciudadano y proyecte una imagen gubernamental coherente y consistente con las aspiraciones de desarrollo del país.

El servicio público no está destinado a quienes buscan comodidad o acumular riqueza material, sino a aquellos que asumen con responsabilidad la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos de manera permanente. Ser servidor público implica disponibilidad y compromiso continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la convicción de que la función estatal es un deber que trasciende intereses personales y exige vocación de servicio inquebrantable.

La verdadera esencia del servicio público radica en la entrega, la responsabilidad y la sensibilidad social, valores que garantizan que cada acción institucional responda al bienestar colectivo y fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones.

Sugerencias de mejora a los actores clave del servicio público

El reto es grande, pero no imposible. La ciudadanía merece un Estado que la respete, que la atienda con dignidad y que convierta cada trámite en un acto de confianza y legitimidad. La República Dominicana no puede seguir atrapada en la mediocridad: es hora de transformar la ventanilla del servicio público en un espacio de calidad, respeto, cortesía, amabilidad, empatía y satisfacción.

En este contexto, resulta pertinente proponer a los actores clave del servicio público las siguientes sugerencias de mejora:

Al Ministerio de Administración Pública (MAP): Asumir un rol activo en la transformación cultural de la Administración Pública, implementando evaluaciones de desempeño vinculantes y programas de formación continua que fortalezcan la vocación de servicio y la empatía. No se debe permitir que los funcionarios conviertan la atención ciudadana en un “ping‑pong” burocrático que desgaste a los trabajadores del Estado que cumplen con su deber.

A los políticos: Romper definitivamente con el clientelismo y garantizar concursos públicos transparentes, basados en méritos, competencias y experticia. La Administración Pública no puede seguir siendo tratada como un botín electoral.

A los ciudadanos: Exigir calidad y respeto en la prestación de los servicios, denunciar la indiferencia y participar activamente en los procesos de control social. La transformación del servicio público requiere una ciudadanía vigilante, comprometida y consciente de su rol en la construcción de instituciones legítimas.

El servidor público debe recordar siempre que su verdadera militancia es con el ciudadano. Más allá de banderas políticas o intereses partidarios, su compromiso esencial es garantizar un servicio eficiente, amable y cargado de buen humor, porque cada persona que acude a una agencia estatal lo hace buscando satisfacer una necesidad legítima. Ser servidor público implica ser agente del buen servicio y garante de la satisfacción plena de quienes confían en las instituciones. Solo así la Administración Pública podrá convertirse en un espacio de respeto, dignidad y confianza, donde el ciudadano encuentre soluciones y no obstáculos.

Más allá de la presencia activa y persistente del clientelismo político, la sociedad dominicana aspira a que sus servidores públicos sean profesionales capaces de demostrar aprecio y respeto hacia todos los ciudadanos, sin distinción de estatus socioeconómico, preferencia política o creencias religiosas.

Un servidor público carente de integridad, valores y principios éticos no solo compromete la eficiencia institucional, sino que también pone en riesgo de manera constante el estado emocional de los ciudadanos, debilitando la confianza en las instituciones y erosionando la legitimidad del Estado.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

De acuerdo con el Estatuto de Roma el Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio , de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Luego  la Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de a

En otro orden, a menos que la  Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida  o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación, a fin de que pueda ser oída.

Todas las medidas señaladas de referencias en el Estatuto de Roma podrán consistir en lo siguiente:

a)      Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse;

b)      Ordenar que quede constancia de las actuaciones,

c)       Nombrar un experto para que preste asistencia;

Siguiendo ese mismo procedimiento podrá autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la CPI en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido  esa detención  o comparecencia  o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa.

Otra de las recomendaciones del Estatuto de Roma consiste en encomendar a uno de sus miembros  o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares  o a la Sección de Primera Instancia  que formule recomendaciones  o dicte ordenanza respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas.

También se recomienda  adoptar  todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.

La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas  en este contexto  que,  a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justifica no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.

Por otro lado, el Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.

En definitiva, la admisibilidad o la forma en que quedara constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Por Freddy Angel Castro Díaz

Introducción

El presente artículo analiza, desde el enfoque de la ciencia política, la relación entre la calidad democrática, el Estado de derecho y la conflictividad internacional, a partir del Informe sobre El Estado Global de la Democracia 2026: la relación entre democracia y conflicto(Casas-Zamora, K. 2026). ,delInstituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El estudio examina 173 países mediante cuatro dimensiones centrales: representación, derechos, Estado de derecho y participación. Sus hallazgos muestran una tendencia persistente de deterioro y estancamiento democrático, particularmente visible en el debilitamiento de las instituciones jurídicas y de las garantías de libertad de expresión.

El trabajo sostiene que los regímenes híbridos o democracias incompletas constituyen espacios de mayor vulnerabilidad frente al conflicto, debido a la combinación de competencia política, fragilidad institucional, baja capacidad estatal y desconfianza ciudadana. Se concluye que la consolidación democrática, más que la mera realización periódica de elecciones, constituye una condición relevante para la paz, la estabilidad política y la prevención de conflictos.

La democracia contemporánea enfrenta una paradoja fundamental: aunque un número significativo de Estados mantiene instituciones electorales, constituciones formalmente democráticas y mecanismos de representación política, la calidad efectiva de la democracia muestra signos de debilitamiento en distintas regiones del mundo. El Informe IDEA Internacional, advierte que, por undécimo año consecutivo, los países que registran retrocesos en su desempeño democrático superan a aquellos que experimentan avances.

Esta situación no debe interpretarse únicamente como una disminución de indicadores institucionales. Desde la ciencia política, representa una transformación más profunda de las relaciones entre ciudadanía, instituciones, élites políticas, sistema de partidos, administración pública y Estado de derecho. El deterioro democrático afecta la legitimidad de los gobiernos, la confianza ciudadana, la capacidad de resolver conflictos por vías pacíficas y la eficacia de las instituciones para garantizar derechos.

El objetivo de este artículo es examinar la relación entre democracia y conflicto desde una perspectiva politológica, utilizando como referencia conceptual los resultados generales del informe de IDEA Internacional. Se argumenta que la erosión democrática no solo afecta la calidad de la representación y la protección de derechos, sino que también crea condiciones favorables para la polarización, la violencia política, la inestabilidad institucional y los conflictos sociales.

Enfoque metodológico del Informe 

La evaluación se organiza en cuatro dimensiones :Representación calidad de las elecciones, pluralismo político, competencia partidaria, funcionamiento de los órganos representativos y capacidad de la ciudadanía para elegir y controlar a sus gobernantes. El derechosa la protección de libertades civiles, libertad de expresión, igualdad política, derechos fundamentales y garantías para la actuación de la sociedad civil. Elestado de derecho independencia judicial, control de la corrupción, aplicación imparcial de la ley, límites al poder público y seguridad jurídica y participación la intervención ciudadana en asuntos públicos, participación electoral, inclusión política, movilización social y vinculación entre ciudadanía e instituciones.

Un elemento metodológico relevante consiste en que el informe evita reducir la democracia a una clasificación única o a un índice general. En su lugar, analiza cada dimensión por separado. Esta decisión permite reconocer que un país puede celebrar elecciones competitivas y, al mismo tiempo, presentar graves problemas de corrupción, restricciones a la prensa, deterioro de la independencia judicial o bajos niveles de participación ciudadana.

Desde la ciencia política, esta aproximación es pertinente porque la democracia no es un fenómeno unidimensional. No basta con la existencia de elecciones para afirmar que un sistema político funciona democráticamente. La democracia requiere, además, derechos efectivos, instituciones responsables, controles al poder, acceso equitativo a la justicia y canales de participación social.

Estancamiento y retroceso democrático

Uno de los principales hallazgos del informe es que la democracia global atraviesa una fase prolongada de estancamiento y regresión. Durante once años consecutivos, el número de países con deterioro democrático ha sido superior al de aquellos que han experimentado mejoras. A ello se suma que más del 80% de los países evaluados no registró cambios significativos en su desempeño democrático.

Este estancamiento no debe confundirse con estabilidad democrática. En términos políticos, un sistema puede permanecer formalmente estable mientras deteriora progresivamente la calidad de sus instituciones. Por ejemplo, pueden mantenerse las elecciones periódicas, pero con una disminución de la competencia efectiva o baja participación política; pueden existir tribunales, pero con menor independencia; o pueden conservarse libertades constitucionales, aunque su ejercicio se vea limitado por presiones políticas, económicas o mediáticas.

El análisis ha identificado diversos mecanismos de erosión democrática. Entre ellos se encuentran:La concentración del poder en el Poder Ejecutivo, el debilitamiento de los órganos de control y fiscalización, la captura partidaria de la administración pública, la pérdida de independencia del poder judicial, la criminalización o estigmatización de la oposición política, la reducción de garantías para la prensa y la libertad de expresión, el uso discrecional de recursos estatales con fines electorales, el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo, la polarización extrema y la deslegitimación de los adversarios.

Estos procesos no siempre ocurren mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales abiertas. Con frecuencia, se producen de manera gradual, utilizando procedimientos legales, reformas institucionales, decisiones administrativas, control de recursos públicos o narrativas políticas que presentan a los controles democráticos como obstáculos para la gobernabilidad.