Por ROMMEL SANTOS DIAZ

En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.

De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.

Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.

Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.

Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.

Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Cada día, las carreteras dominicanas dejan de ser simples vías de comunicación para convertirse en escenarios de tragedias que enlutan a decenas de familias. Lo más preocupante es que muchas de estas pérdidas pudieron evitarse.

Con frecuencia se responsabiliza únicamente a las autoridades, pero la realidad es que la seguridad vial también depende de las decisiones individuales. Conducir a exceso de velocidad, ignorar una luz roja, utilizar el teléfono mientras se maneja o ponerse al volante bajo los efectos del alcohol no son simples infracciones; son actos de irresponsabilidad que pueden costar vidas.

Es cierto que el Estado debe fortalecer la fiscalización, mejorar las carreteras y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, ninguna medida será suficiente si como ciudadanos no entendemos que el respeto por las normas de tránsito es, ante todo, un acto de respeto por la vida.

No podemos seguir normalizando que cada fin de semana las estadísticas de accidentes ocupen los titulares de los medios de comunicación. Detrás de cada número hay un nombre, una familia y un proyecto de vida que quedó truncado.

La verdadera pregunta no es cuántas campañas más hacen falta, sino cuándo decidiremos cambiar nuestra manera de conducir. Porque las leyes pueden imponer sanciones, pero solo la conciencia puede evitar una tragedia.

Por: Porfirio Martinez
Lic, en Derecho.

El reciente terremoto ocurrido en Venezuela, que alcanzó una magnitud de 7.5, provocó daños materiales, interrupción de servicios y pérdidas humanas, recordándonos la fuerza de la naturaleza y la importancia de la prevención
Más allá de sus fronteras, este hecho debe servir de reflexión para República Dominicana, un país ubicado en una zona sísmica activa que no puede depender de la improvisación ante una eventual emergencia.

El llamado para República Dominicana
Nuestro territorio enfrenta riesgos sísmicos reales debido a su ubicación geográfica. Un terremoto de gran magnitud podría afectar infraestructuras, servicios esenciales y miles de familias, especialmente en zonas vulnerables.
Aunque se han realizado avances importantes, como la actualización de normas de construcción, simulacros, programas educativos y monitoreo sísmico, aún existen desafíos relacionados con la inversión, la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

La preparación es responsabilidad de todos
La prevención no es tarea exclusiva del gobierno. Instituciones, sector privado y ciudadanía debemos asumir un compromiso permanente con la educación, la planificación y la reducción de riesgos.

Reflexión final
El terremoto de Venezuela debe ser una alerta para actuar antes de que ocurra una tragedia en nuestro país. La diferencia entre el desastre y la resiliencia está en el nivel de preparación que tengamos.
La pregunta no es si volverá a temblar, sino cuándo.
Prevenir no es un gasto; es la inversión más inteligente para proteger vidas, comunidades y el futuro de nuestra nación.

Crónica de un péndulo efímero que sustituye el conocimiento por la apariencia y que ya comienza a mostrar grietas

Cuando una persona padece de neumonía, lo lógico es que busque a un neumólogo. No porque el médico general no tenga valor, sino porque entiende que hay problemas que requieren experiencia, conocimiento y años de estudio.

Imaginemos este escenario: aparece alguien que no tiene experiencia comprobada en pulmones, habla con ciertos códigos verbales de moda, posee miles de seguidores en redes sociales y asegura poder resolver el pecho apretao’ que nadie ha podido eliminar. Entonces surge la pregunta: ¿a quién acudimos? ¿Al especialista que lleva años estudiando el problema o al que promete una solución rápida con una cámara, un micrófono y un ejército de seguidores?

Bajo un relato similar nace el “outsider”.

La balanza del especialista comienza a ser más pesada, cargando con una mayor responsabilidad: explicar procesos, pedir paciencia, analizar pruebas, descartar posibilidades y reconocer que la ciencia, como la vida misma, no siempre tiene respuestas inmediatas. El paciente espera, se desespera, cambia de médico, busca una segunda opinión y, en ocasiones, termina saltando de una solución a otra. Algunas veces mejora un poco; otras, empeora.

Y es precisamente en ese cansancio colectivo donde aparece el mago.

Con una capa brillante, humo por doquier y una sonrisa de espectáculo, abre la caja y dice: “Si quiere eliminar para siempre el pecho apretao’, venga donde mí”. No necesita explicar mucho el proceso; necesita simplemente convencer. No vende necesariamente conocimiento, vende certeza.

El fenómeno del outsider nace muchas veces de una mezcla peligrosa: el agotamiento de la gente con los procesos lentos, la frustración ante instituciones que no siempre comunican bien y una época donde la visibilidad parece competir con la preparación. El algoritmo premia la seguridad con la que alguien afirma algo, aunque la realidad sea mucho más compleja.

En este tema confluye también el choque generacional. Pasamos de una cultura que confiaba en los procesos, en la experiencia acumulada y en la construcción paciente de soluciones, a una época dominada por la inmediatez y lo práctico: aquello que promete resultados rápidos, aunque para lograrlo tenga que saltarse algunos pasos.

Otro elemento en esta historia que pocas veces se observa: el monstruo que viene de afuera e incentiva el fuego.

Un monstruo que no necesita entrar destruyendo puertas; le basta con encontrar ventanas abiertas. Observa las frustraciones, identifica las grietas, entiende los cansancios acumulados y aprende dónde tocar para que una sociedad comience a desconfiar de aquello que antes consideraba una referencia.

No siempre crea el problema, muchas veces simplemente alimenta narrativas, fortalece figuras, amplifica mensajes y convierte el desencanto en una oportunidad. Su interés no necesariamente está en construir un mejor sistema, sino en garantizar que el tablero permanezca acomodado de una manera conveniente para sus propios intereses.

Así nos va en el mundo de la geopolítica, donde los vacíos de poder rara vez quedan abandonados. Cuando una sociedad pierde confianza en sus instituciones o en sus especialistas, alguien más observa la oportunidad. Y como en cualquier partida de ajedrez, cada jugador mueve sus piezas buscando ventaja: unos defienden sus ideales; otros protegen sus intereses.

Sin embargo, los magos también enfrentan un problema que rara vez aparece durante el espectáculo: gobernar no es lo mismo que prometer.

Mientras dura la función, los aplausos suelen ocultar las limitaciones. Pero cuando las soluciones simples chocan con los problemas complejos, la realidad comienza a pasar factura. Entonces aparecen las contradicciones, las improvisaciones y, en algunos casos, las incapacidades que antes quedaban escondidas detrás del carisma.

Es ahí cuando una parte importante de la sociedad empieza a expresar su inconformidad. Las protestas, las desaprobaciones y el desencanto dejan de ser episodios aislados para convertirse en señales de que el truco ya no está produciendo el mismo asombro. Sin embargo, para muchos seguidores, admitir que el mago no tenía los poderes prometidos resulta más difícil que seguir creyendo en el espectáculo.

El problema no es que aparezcan nuevos actores. La historia está llena de personas que desafiaron lo establecido y lograron transformar el mundo. Tampoco es un pecado cuestionar a los especialistas cuando estos dejan de ofrecer respuestas convincentes o parecen haberse desconectado de la realidad que dicen comprender.

El verdadero riesgo aparece cuando confundimos rebeldía con preparación, popularidad con autoridad y velocidad con dirección. Cuando el cansancio nos lleva a valorar más la promesa que la evidencia, el espectáculo que el conocimiento o la certeza que la prudencia.

Porque los outsiders no solo gobiernan; también inspiran imitadores. Cuando uno de ellos logra alcanzar el escenario principal, se convierte en un espejismo para otros. Desde lejos parece haber encontrado una fórmula mágica para vencer a los especialistas, romper las reglas del juego y conquistar el poder mediante el pragmatismo puro.

Entonces aparecen nuevos aspirantes que compran la misma capa, ensayan los mismos gestos y repiten el mismo libreto. Aspiran a reproducir el éxito visible sin comprender necesariamente las circunstancias que lo hicieron posible.

Ven el aplauso, pero no el costo; observan la llegada, pero no el destino.

Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com

La República Dominicana se ha convertido en un país donde la juventud estudia, se esfuerza, se gradúa… y aun así termina chocando contra un muro. Un muro hecho de desigualdad, indiferencia institucional, corrupción, impunidad y un mercado laboral que parece diseñado para excluir a quienes no nacieron con privilegios.

Los datos lo confirman. Más del 58 % de los jóvenes trabaja en la informalidad, según ENHOGAR 2023. Y aunque miles completan estudios universitarios, solo entre el 35 % y el 45 % logra un empleo formal en los primeros tres años tras graduarse. El resto queda atrapado en trabajos precarios, subpagados o en la eterna espera de una oportunidad que nunca llega.

La educación superior, que debería ser el gran motor de movilidad social, está fallando. Solo el 22 % de los jóvenes de hogares pobres logra completar la universidad. Y aun así, el título no garantiza nada. El país produce profesionales, pero no produce oportunidades para ellos.

Cuando el país no ofrece caminos, los jóvenes buscan atajos

Muchos jóvenes de clase baja y media han llegado a una conclusión dolorosa:
en la República Dominicana, la movilidad social no depende del mérito, sino del azar o del riesgo.

Por eso, miles de jóvenes se enfocan en tres rutas —peligrosas, inciertas o extremadamente competitivas— que, para ellos, representan sus únicas posibilidades reales de ascenso social:

• La política, convertida en un espacio donde algunos buscan lo que el mercado laboral les niega: estabilidad, ingresos y estatus.

• El narcotráfico, que seduce a jóvenes sin oportunidades con la promesa de dinero rápido en un país donde el trabajo honesto no garantiza ni siquiera cubrir la canasta básica.

• El béisbol, una industria donde solo el 1 % llega a firmar, pero donde miles apuestan su futuro porque no ven alternativas.

Cuando un país empuja a su juventud a estas rutas, no es la juventud la que está fallando.
Es el país.

Un mercado laboral que castiga al que no tiene padrinos

El sector empresarial dominicano sigue operando bajo una lógica excluyente: exige experiencia previa a quienes nunca han tenido la oportunidad de adquirirla, ofrece pasantías no remuneradas que solo pueden aceptar los privilegiados y mantiene prácticas de contratación que favorecen contactos, apellidos y universidades específicas.

Tal y como dice el diccionario de la lengua española, la meritocracia es un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. En cambio, en la sociedad dominicana la meritocracia no es la regla. Es la excepción.

Universidades que gradúan, pero no acompañan

Las universidades dominicanas han convertido la graduación en un acto simbólico, pero no en una puerta de entrada al desarrollo. Forman profesionales, sí, pero no garantizan empleabilidad. Sus programas de emprendimiento tienen baja efectividad, sus vínculos con el sector productivo son débiles y la orientación vocacional es prácticamente inexistente para jóvenes de primera generación universitaria.

Para un joven de clase baja o media, graduarse es un sacrificio familiar enorme. Pero ese sacrificio no siempre se traduce en movilidad social.

Resistencia al relevo generacional: un país donde nadie suelta el poder

En múltiples sectores —política, gremios, universidades, medios de comunicación, cultura, salud— existe una resistencia feroz al relevo generacional. Personas que ya cumplieron su ciclo profesional se aferran a posiciones de poder, bloqueando la entrada de talento joven.

No se trata de edad. Se trata de actitud. Se trata de quienes, pese a sus limitaciones físicas, cognitivas o de actualización profesional, se niegan a ceder espacios.

En pocas palabras, se trata de estructuras que prefieren la comodidad del pasado antes que la innovación del futuro. Esta resistencia no solo frena la movilidad social. Impacta de manera negativa el desarrollo del país.

El punto más oscuro: corrupción e impunidad en las residencias médicas

Aquí está una de las vergüenzas institucionales más graves del país. El sistema que regula el acceso a residencias médicas y especialidades ha sido permeado por la corrupción. Es decir, está contaminado por:

• Falta total de transparencia en los criterios de selección

• Denuncias constantes de favoritismo y tráfico de influencias

• Manipulación de listas y decisiones tomadas en comités cerrados

• Ausencia de un sistema auditable, meritocrático y supervisado externamente

Pero la pregunta clave que hay que hacerles a los responsables de garantizar transparencia, credibilidad y respeto al proceso de evaluación para las especialidades médicas, es la siguiente:

¿Quién les responde a los jóvenes de clase baja y media que, con sacrificio extremo, obtuvieron excelentes índices académicos y buenas calificaciones en los exámenes de residencia, pero fueron desplazados por otros con menos méritos, pero con más conexiones, más dinero o más “tigueraje”?

Otras preguntas que aún esperan respuestas creíbles y oportunas, especialmente frente a quienes han corrompido el proceso de ingreso a las especialidades médicas, son inevitables y dolorosas: ¿Quién les devuelve a esos jóvenes los años de estudio sacrificados? ¿Quién les devuelve las noches sin dormir, la disciplina, la renuncia a la vida social, la esperanza depositada en un sistema que prometía meritocracia?

También surge una inquietud mayor, que afecta la confianza pública: ¿Podrá la ciudadanía confiar plenamente en especialistas de distintas áreas médicas cuando algunos de ellos fueron capaces de comprar un examen para acceder a una de las limitadas plazas disponibles? La pregunta no es menor, porque la salud es un bien público y la sociedad deposita en los médicos un nivel de confianza que no admite fisuras éticas.

Frente a este escenario, el país merece una explicación clara y contundente. ¿Qué se le dirá a la sociedad dominicana sobre la conducta ilícita de quienes compraron y vendieron exámenes para ingresar a una especialidad médica? ¿Cómo se justificará que, mientras jóvenes de clase baja y media estudiaban con sacrificio y honestidad, otros utilizaron dinero, influencias o conexiones para obtener un resultado fraudulento?

Este episodio no solo hiere a los afectados directos; erosiona la credibilidad de las instituciones, profundiza la desigualdad y envía un mensaje devastador a toda una generación: que el esfuerzo no basta, que el mérito puede ser desplazado por la corrupción, y que la justicia es un privilegio, no un derecho.

La corrupción en la asignación de especialidades no es un detalle técnico. Es un mecanismo que bloquea la movilidad social, reproduce élites cerradas y obliga a muchos jóvenes médicos a emigrar para completar su formación. Un país que tolera esta mala práctica está renunciando a su propio futuro e institucionalidad.

Políticas públicas que no cambian la realidad

El Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Trabajo y el MESCyT han lanzado programas valiosos: becas, formación en TIC, primer empleo, formación dual. Pero la verdad es que:

• La cobertura es mínima

• La articulación entre instituciones es débil

• Los presupuestos son insuficientes

• Los programas no llegan a los barrios donde más se necesitan

En definitiva, la juventud dominicana proveniente de los estratos bajo y medio no necesita más anuncios vacíos ni promesas demagógicas. Lo que realmente requiere es que los sectores gubernamental, empresarial y político asuman su responsabilidad histórica e implementen políticas públicas creíbles, sostenibles y verificables que garanticen movilidad social real y acceso a empleos dignos.

Los jóvenes dominicanos no deberían verse obligados a emigrar para encontrar oportunidades ni mucho menos sentirse empujados hacia actividades ilícitas como única vía para progresar. La sociedad dominicana no puede seguir normalizando que el talento se desperdicie, que el mérito se castigue y que la desigualdad se convierta en destino.

La juventud demanda acciones concretas, no discursos; resultados, no excusas; instituciones que funcionen, no estructuras que reproduzcan privilegios. Solo así se podrá reconstruir la confianza y ofrecer a las nuevas generaciones un país donde valga la pena quedarse, crecer y aportar. Ojalá que quienes dirigen el Ministerio de la Juventud diseñen e implementen más y mejores iniciativas realmente orientadas a las necesidades de los jóvenes de la República Dominicana.

La migración: la decisión que muchos ven como única salida

A juzgar por los hechos, el dato proporcionado por la firma encuestadora Gallup en 2024 —según el cual el 52 % de los jóvenes dominicanos preferiría emigrar si pudiera— continúa sin variación significativa. La mayoría de los jóvenes de las clases baja y media no emigra por falta de patriotismo; el motivo esencial que los impulsa a abandonar su país es, sin duda, la ausencia de oportunidades reales para desarrollarse y construir un futuro digno.

Cuando un país no garantiza movilidad social, cuando la corrupción bloquea el mérito, cuando el mercado laboral no valora el talento y cuando las instituciones no protegen a los jóvenes, la migración se convierte en un acto de supervivencia.

La República Dominicana no puede seguir expulsando a su juventud. No puede seguir perdiendo talento, sacrificio y esperanza. Por eso, es necesario formular un llamado directo y urgente a quienes tienen la capacidad de transformar la realidad que hoy limita la movilidad social de una juventud sana, con deseos e ideas para vivir en una sociedad que no les niegue la oportunidad de alcanzar el desarrollo mental, cognitivo, emocional, físico, social, profesional, financiero y espiritual que todo ser humano requiere:

• Al Ministerio de la Juventud: dejen de administrar programas simbólicos. Conviértanse en una institución que transforme vidas, que llegue a los barrios, que acompañe a los jóvenes sin padrinos políticos y que exija transparencia en todos los procesos que afectan a la juventud.

• A las universidades: basta de graduar jóvenes sin acompañarlos. Articulen empleabilidad, alianzas productivas, orientación vocacional y seguimiento real. La formación sin oportunidades es una estafa social.

• Al sector empresarial: entiendan que un país no avanza excluyendo. Abran puertas, remuneren pasantías, apuesten por el talento joven y rompan con la cultura del “¿a quién tú conoces?”.

• A los gremios, instituciones y líderes que bloquean el relevo generacional: su tiempo ya pasó. El país necesita nuevas ideas, nuevas energías y capacidades. Ceder espacios no es perder poder; es garantizar futuro.

• A las entidades públicas y privadas que integran el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM): dejen de frustrar a médicos jóvenes éticos y empoderados que se esfuerzan por ingresar de manera licita a una especialidad médica. No permitan que pelafustanes carentes de valores y principios vendan los exámenes a los menos talentosos y a los más adinerados para que sean ellos los especialistas del mañana. ¿Qué pasará con el estado emocional y aspiracional de los jóvenes que se graduaron de medicina general en una determinada universidad, alcanzando en ella un excelente índice académico y obteniendo luego una buena calificación en el Examen Nacional Único para Residencias Médicas (ENURM)?

Es, sin duda alguna, una vergüenza nacional que la Oficina de Residencias Médicas de la UASD, el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (ADOFEM) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) toleren, como si fuera algo normal, la corrupción y la impunidad que rodean el Examen Nacional Único para las Residencias Médicas.

La juventud dominicana de clases baja y media no pide privilegios. Pide instituciones que funcionen, reglas claras, oportunidades reales y un país que no la obligue a irse para poder vivir con dignidad.

El liderazgo político, empresarial, académico y social de la República Dominicana no puede quedarse de brazos cruzados frente a una juventud que, poco a poco, ha ido perdiendo la esperanza en la educación como vía para alcanzar movilidad social y que, de manera errada, comienza a creer que el narcotráfico, la política sin ética o el sueño de convertirse en beisbolista de Grandes Ligas son opciones viables para obtener prosperidad sana y sostenible. Es vital construir un país donde los jóvenes crean que vale la pena quedarse y dar la batalla.

En 1916 las tropas norteamericanas encontraron un país destruido por las guerras civiles. Los militares de EE.UU. organizaron las finanzas públicas y construyeron una red carreteras, hospitales, escuelas.

«¡La verdad es hija de Dios y tiene que ser dicha!». Desconozco el autor de esa frase, pero una verdad difícil de negar es que, a la llegada de las tropas norteamericanas en 1916, el Estado dominicano apenas existía como una estructura capaz de ejercer autoridad efectiva en todo el territorio nacional. El gobierno existía de nombre, no en la práctica.

Desde el asesinato del presidente Ulises Heureaux (Lilís), el 26 de julio de 1899, hasta la ocupación militar estadounidense, el país vivió una prolongada etapa de inestabilidad política, violencia y enfrentamientos entre caudillos regionales.

Incluso el presidente Ramón Cáceres (Mon), quien intentó impulsar un gobierno estable y organizado, terminó siendo víctima de un asesinato el 19 de noviembre de 1911. Los caudillos militares provinciales, como Desiderio Arias, hacían la vida imposible a los gobiernos de turno. La República Dominicana era un país pequeño, pero fragmentado en múltiples centros de poder armados, siempre dispuestos a desafiar la autoridad del gobierno central.

Ante aquel panorama desolador, Estados Unidos observaba con preocupación que el país acumulaba deudas con empresarios norteamericanos y con el propio gobierno de EE. UU. Era evidente que, por los golpes de Estado, asesinatos de presidente, guerras civiles, el gobierno dominicano no podía pagar deudas a los empresarios estadounidenses o de cualquier otra nación. Existía el temor de que otra potencia extranjera intentara intervenir el país. En ese contexto se produjo la intervención de 1916, que dio inicio a un proceso de reorganización institucional del Estado dominicano.

Uno de los primeros pasos de las autoridades de ocupación fue el desarme de la población. Se prohibió la posesión de armas sin autorización, con el propósito de poner fin a las constantes guerras civiles, levantamientos y enfrentamientos entre caudillos que habían caracterizado gran parte de la vida política nacional.

Se creó la Guardia Nacional Dominicana, una fuerza militar profesional destinada a sustituir los ejércitos regionales y garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Se organizaron las finanzas públicas, fortaleciendo la recaudación de impuestos y el control de las aduanas para estabilizar la economía y asegurar el pago de la deuda externa.

En una conferencia celebrada en la Academia Dominicana de la Historia, pregunté al historiador Wenceslao Vega cuál consideraba la principal enseñanza que había dejado la intervención norteamericana de 1916. Su respuesta fue breve: «No desorganizarnos para que nadie nos tenga que venir a organizar».

Las tropas estadounidenses construyeron las principales carreteras que comunican la capital con el Cibao, la Línea Noroeste y la frontera con Haití. También desarrollaron importantes vías de comunicación hacia las regiones Sur y Este del país.

Como explicó el expresidente Juan Bosch en uno de sus ensayos: «El país no estaba comunicado y, por tanto, no era un país, sino un conjunto, no precisamente homogéneo, de varios países pequeñísimos que se distinguían hasta en la forma de hablar la lengua española».

Bosch agrega que el Estado existía de nombre, pero no en la práctica. Según su interpretación, fueron los infantes de marina norteamericanos quienes organizaron gran parte de la estructura administrativa del gobierno y promovieron legislaciones cuyos efectos aún se reflejan en la institucionalidad dominicana.

Estados Unidos declaró oficialmente ocupado el país el 29 de noviembre de 1916, cuando el capitán H. S. Knapp publicó una proclama mediante la cual anunció que la República Dominicana quedaba «en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al Gobierno Militar y al ejercicio de la Ley Militar, aplicable a tal ocupación».

El oficial estadounidense advirtió, además, que solo permanecerían vigentes aquellas leyes dominicanas que no entraran en conflicto con las disposiciones del Gobierno Militar de Ocupación.

Referencias

Bosch, J. (1982). Artículo sobre la ocupación militar estadounidense y la formación del Estado dominicano. Listín Diario.

Knapp, H. S. (1916). Proclama de ocupación militar de la República Dominicana (29 de noviembre de 1916). Archivo General de la Nación (AGN), República Dominicana.

Editorial periódico Camino

Cada día crece la preocupación de la ciudadanía por los constantes hechos de violencia, crímenes, robos, y atracos que estánocurriendo. La gente se siente huérfana de protección. Ante esta realidad algunos ciudadanos permanecen indiferentes, otros quieren

hacer justicia por sus propias manos, y algunos hasta justifican cuando algunos miembros de la policía le quitan la vida a un ser humano alegando un intercambio de disparos, unas veces reales, y otros que

no resisten una investigación transparente que avale esa afirmación.

Estemos claros, por esa vía jamás terminaremos con la delincuencia. Además, aquí no está permitida la pena de muerte.

El aumento de la violencia y la descomposición social tienen varias causas. Entre ellas encontramos:

• El deterioro de la familia

• El mal ejemplo de muchos políticos que cuando administran fondos públicos, caen en la trampa de la corrupción convirtiendo esta conducta delictiva en un estímulo para aquellos que desean acumular fortuna de forma fácil y rápida.

• La falta de políticas sociales que permitan a los jóvenes crecer sanos.

• La falta de oportunidades para que ellos hagan realidad sus justas aspiraciones, de hacer una carrera encontrando un espacio en la administración pública o privada que les permita poner en práctica

los conocimientos adquiridos en politécnicos y universidades.

• Es hora de trabajar cada vez más en la construcción de una nación más equitativa.

• Hacer realidad la cultura del encuentro y la solidaridad.

Derribar todos los muros que impidan llegar al país en donde no exista la complicidad con el crimen, la impunidad y la falta de consecuencia para aquellos que con sus actuaciones retrasan un futuro mejor.

Comprendamos, como dice la canción que tantas veces hemos cantado en nuestros templos: Si yo no cubro al desnudo, y al ladrón lo quiero muerto, si al que peca lo repudio y al hambriento no alimento: No soy digno de ti, Señor.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.

Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.

El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.

Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.

Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

rommelsantosdiaz@gmail.com

Pocos saben que Luperón impulsó, junto al presidente haitiano Fabré Geffrard, un proyecto de unión política entre ambos países.

El historiador Emilio Cordero Michel publicó en la revista Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia, un ensayo titulado “Luperón y Haití”, en el que aporta datos poco conocidos sobre este prócer dominicano. Destaca que Luperón poseía una visión política adelantada a su tiempo, al promover y dedicar grandes esfuerzos a la creación de una federación insular encabezada por las 4 naciones más importantes del Caribe: Cuba, Puerto Rico, Haití y la República Dominicana.

Luperón, al igual que Eugenio María de Hostos, entendía que las Antillas ocupaban una posición estratégica extraordinaria en el Caribe. Consideraba que, unidas, podían convertirse en un puente del comercio entre América del Norte y América del Sur, así como en un factor de equilibrio regional capaz de negociar en mejores condiciones con cualquier potencia extranjera.

Luperón concebía esta unión como una de las principales garantías para enfrentar con éxito los planes expansionistas de Estados Unidos sobre los territorios caribeños.

Cordero Michel (1995) sostiene, además, que el líder restaurador desarrolló el ideal antillanista —la creación de una federación de las Antillas— antes que los pensadores puertorriqueños como Hostos y Ramón Emeterio Betances, así como el cubano José Martí.

Luperón, en alianza con un sector haitiano encabezado por el presidente Fabré Geffrard, impulsó la idea de una unión política entre Haití y la República Dominicana, bajo la dirección de un presidente haitiano o dominicano, para luego integrar una confederación más amplia junto a Cuba y Puerto Rico.

En una de sus reflexiones sobre las relaciones entre ambos pueblos, Luperón expresó: “Nuestros pueblos han sido colocados por el Altísimo (Dios) tan cerca uno al lado del otro, para que se traten como amigos, y favorezcan a la sombra de la paz sus mutuos intereses” (Luperón, citado en Cordero Michel, 1995, p. 96).

Cordero Michel (1995) plantea que existe una tendencia, tanto en sectores de las élites dominicanas como haitianas, a mutilar u ocultar estos episodios históricos, lo que ha contribuido a desconocer el pensamiento antillanista y antiimperialista de Luperón.

El historiador afirma: “Esta proposición de confederación política dominico-haitiana podría parecer una herejía para muchos compatriotas. Sin embargo, los documentos son fehacientes y se encuentran depositados en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid” (Cordero Michel, 1995, p. 94).

Añade que tales documentos fueron confirmados por el mariscal José de la Gándara y Navarro, último capitán general y gobernador de la colonia española de Santo Domingo.

Según De la Gándara y Navarro, se contemplaba la posibilidad de que Haití y la República Dominicana constituyeran una sola república para, posteriormente, conformar junto a Cuba y Puerto Rico una confederación antillana.

El 5 de agosto de 1868, cuando el presidente Buenaventura Báez se disponía a vender la bahía de Samaná a Estados Unidos, por un millón de dólares en efectivo, 100.000 dólares en armamentos y busques de guerra para apoyar su gobierno, Luperón publicó su célebre proclama titulada “Ante el mundo”. En ella advertía que el establecimiento de empresas y una base militar estadounidense en Samaná representaba un peligro para Haití, la República Dominicana y las demás naciones caribeñas. A partir de entonces intensificó su campaña en favor de una confederación integrada por Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, con el propósito de frenar la expansión de Estados Unidos en el Caribe.

La propuesta evidencia que Luperón no solo fue un líder militar y político de la Guerra de la Restauración, sino también un visionario de la integración regional, convencido de que la unidad de las Antillas constituía la mejor defensa frente a las ambiciones de las grandes potencias.

Referencia bibliográfica

Cordero Michel, E. (1995). Gregorio Luperón y Haití. Clío, 64(152), 91-137. Academia Dominicana de la Historia. Tomado de:  https://es.slideshare.net/slideshow/gregorio-lupern-y-hait-academia-de-historia-dominicana-clio-no-152/110909337

Por J. Luis Rojas

lrojas50@hotmail.com

En la República Dominicana, el debate sobre la reforma de la Ley 87‑01 ha adquirido una urgencia ineludible. En un país marcado por profundas desigualdades y una crisis creciente en el acceso a servicios de salud, resulta legítimo esperar que las instituciones que administran recursos pertenecientes a los trabajadores —como las AFP y las ARS— asuman un rol activo en la construcción del bienestar colectivo. Sin embargo, la naturaleza rentista de estos modelos de negocio ha limitado cualquier compromiso real con la responsabilidad social, mientras sus gremios —ADAFP y ADARS— se mantienen ajenos a las necesidades de una población que enfrenta barreras sistemáticas para ejercer su derecho fundamental a la salud.

En este contexto, el estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, elaborado por Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Fundación Juan Bosch, Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa y MOPESEP, aporta evidencia contundente sobre la estructura de poder que sostiene el actual modelo de aseguramiento. Sus hallazgos deberían ser referencia obligada para las entidades públicas y privadas que afirman trabajar en la impostergable reforma de la Ley 87‑01.

Un preámbulo necesario: el “no le cubre” como mecanismo estructural

Desde la economía política, los autores plantean que la reiterada experiencia del afiliado frente al permanente “no le cubre” no es una falla accidental, sino un mecanismo estructural de contención del gasto y maximización de rentas. La fragmentación del catálogo de prestaciones, las exclusiones explícitas e implícitas, las glosas y la burocratización del acceso funcionan como instrumentos de disciplinamiento de la demanda, trasladando el riesgo financiero y sanitario desde las ARS hacia las personas y sus familias.

En este esquema, el afiliado deja de ser sujeto de derecho y se convierte en un portador de riesgo, obligado a internalizar los costos del sistema cada vez que debe pagar de su bolsillo, desistir de una atención, organizar colectas, recurrir a la caridad pública o judicializar su derecho a la salud.

Dicho diseño reproduce una asimetría radical de poder: las ARS y los grandes prestadores privados controlan la información, los contratos y los flujos financieros, mientras el afiliado enfrenta un mercado opaco, con reglas móviles y altos costos de transacción para hacer valer sus derechos. La restricción de coberturas no es un problema técnico, sino una condición necesaria para sostener la rentabilidad de la intermediación privada bajo un esquema de capitación.

Cinco conclusiones que revelan la arquitectura del modelo 

Tras este marco conceptual, Tavárez y Bosch presentan cinco conclusiones que describen con precisión el control casi absoluto que ejercen las ARS sobre los servicios sanitarios dirigidos a la población.

1. Convergencia de intereses entre ARS e industria privada de servicios de salud

El Seguro Familiar de Salud no opera como un mercado competitivo, sino como un espacio de convergencia estructural de intereses entre las ARS privadas y una creciente industria de servicios de salud. Sus incentivos se alinean en torno a la contención del gasto público, la absorción de recursos sociales mediante contratos y la expansión del mercado privado.

Incluso SENASA, especialmente en el Régimen Subsidiado, se convierte en el fondo a capturar, al garantizar volúmenes estables de pago que alimentan la red privada.

Mientras tanto, el sector público queda relegado a un rol residual, obligado a asumir la atención de mayor complejidad social y sanitaria sin el financiamiento correspondiente. Se consolida así una duplicación del sistema: rentabilidad asegurada para el capital privado y precarización crónica para los servicios públicos.

2. El trasvase de fondos públicos como privatización encubierta

El uso creciente de recursos del Régimen Subsidiado para pagar servicios privados constituye un trasvase estructural de fondos públicos hacia intereses particulares, operando como una forma de privatización encubierta.

Este mecanismo contradice la Ley 87‑01, que establece la primacía de los prestadores públicos y el rol central de SENASA, y vulnera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reafirma el carácter público del aseguramiento en el Régimen Subsidiado.

La normalización de estas prácticas —amparada en reglamentos y resoluciones secundarias— evidencia la captura regulatoria del sistema y la reinterpretación de la legalidad para adecuarla a las necesidades del mercado, no a los derechos de la población.

3. Conflicto legal y erosión del Estado Social de Derecho

La contradicción entre la Ley 87‑01, la jurisprudencia constitucional y las prácticas reales del SFS revela un proceso de erosión del estado social de derecho. No se trata de incumplimientos aislados, sino de una reconfiguración del orden normativo en favor de actores privados con alta capacidad de incidencia política y económica.

El conflicto de fondo es claro: la salud como derecho fundamental versus la salud como mercancía y fuente de rentas.

4. El Seguro Familiar de Salud como mercado político

El SFS no es un esquema técnico neutral, sino un dispositivo neoliberal diseñado para asegurar la rentabilidad de un mercado atravesado por cuotas de poder, disputas distributivas y captura institucional.

La capitación, el catálogo, las contrataciones y las discusiones sobre sostenibilidad financiera encubren una pregunta esencial:

¿Quién se apropia del excedente social generado por las cotizaciones obligatorias y los recursos públicos?

Mientras esta pregunta permanezca fuera del debate, el sistema seguirá reproduciendo un patrón de acumulación rentista y deterioro crónico de los servicios públicos.

5. La reforma necesaria

La reforma debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley 01‑12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, asegurar la inversión del 5% del PIB en salud, recuperar y transformar SENASA y fortalecer los servicios públicos.

La elevación de cotizaciones y la mercantilización radical solo conducirán a la deshumanización, la crisis social y el colapso de lo público.

Las cotizaciones sociales y los recursos provenientes de impuestos no pueden seguir siendo capturados y privatizados a través de la intermediación de las ARS ni de contrataciones privilegiadas.

El rescate de SENASA como seguro universal y la reunificación del MISPAS y el SNS como garantes efectivos de la salud individual y colectiva son pasos esenciales hacia un estado social y democrático de derecho.

Las ARS: por encima de la Ley

Los hallazgos de Tavárez y Bosch revelan un sistema donde la legalidad ha sido desplazada por la discrecionalidad. Muchas de las decisiones arbitrarias que aplican las ARS —desde restricciones de cobertura hasta criterios de autorización y glosas— no están contempladas en la Ley 87‑01, ni en su reglamento, ni en la Constitución. Son, más bien, el resultado de resoluciones complacientes emitidas por los representantes del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), un órgano donde confluyen intereses corporativos con capacidad de incidir en la orientación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Esta práctica ha permitido que normas secundarias —resoluciones, circulares, acuerdos administrativos— terminen imponiéndose por encima del marco legal, profundizando la captura institucional y debilitando la protección de los derechos de los afiliados.

Por ello, la reforma integral y participativa de la Ley 87‑01 no puede limitarse a ajustes técnicos ni a negociaciones entre actores con intereses contrapuestos. Se requiere una decisión política firme que restituya la supremacía de la ley, recupere el sentido público de la seguridad social y coloque en el centro el derecho fundamental a la salud. Solo así será posible construir un sistema de seguridad social que responda al interés general y no a la rentabilidad de unos pocos.

En este escenario, resulta inaceptable y ridículo que el senador Rafael Barón Duluc Rijo, representante de La Altagracia, concentre su agenda legislativa en un proyecto que pretende despojar al INFOTEP de su misión institucional, en vez de enfrentar la crisis estructural del Seguro Familiar de Salud. Mientras el estudio de Tavárez y Bosch demuestra cómo las ARS capturan recursos públicos, distorsionan la legalidad y profundizan la desigualdad, el legislador decide invertir tiempo y capital político en una iniciativa que debilita una institución pública que sí cumple con su mandato de ley y que sostiene la formación técnica del país. Esa desconexión con las urgencias nacionales no solo es un error político: es una renuncia explícita al deber de legislar para el bienestar colectivo.

Lo que el senador Barón Duluc debería estar haciendo —si realmente le importara el interés público— es motivar a sus colegas a reformar de manera integral la Ley 87‑01, enfrentar la arquitectura rentista que asfixia a los afiliados y detener el drenaje de fondos públicos hacia intereses privados. En vez de intentar desnaturalizar instituciones gubernamentales que funcionan, debería asumir la responsabilidad histórica de impulsar los cambios que el sistema de salud exige con urgencia. Porque mientras el país reclama una reforma que garantice derechos, él insiste en proyectos que desvían la atención y debilitan lo público. Esa es la verdadera incoherencia que la sociedad dominicana no puede seguir tolerando.

Editorial periódico Camino.

El viaje apostólico a España realizado por el Papa León XIV, del 6 al 12 de este mes, quedará marcado en la historia con letras llenas de esperanza. Es que el Sucesor de Pedro tocó el corazón de miles de hombres y mujeres sedientos de Dios, y que necesitaban palabras de aliento que les hicieran reencontrarse con sus raíces cristianas.

El lema de este viaje, Alzad la mirada, se ha quedado en lo más profundo en el interior de tantas personas que ahora ven el presente con ilusión, y están dispuestos a transformar su entorno social desde el camino de la fe, y dejando atrás el secularismo que provoca el vacío existencial que sufren tantos seres humanos.

El Papa León, en estos días que pasó en España, tocó varias realidades que deben ser transformadas.

Nos habló de que hay momentos de oscuridad y sufrimiento que nuestra sociedad hace callar, porque precisamente algunos modelos culturales nos quieren siempre vencedores y perfectos, y por eso el límite, la fragilidad deben ser eliminados y confinados al silencio ensordecedor de la sociedad o incluso de la vergüenza…

Nos pidió que “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Que optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles”.

Una Vez más ha insistido en su lucha por la paz, diciéndonos: “La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos, que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo”.

También nos habló de que “Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. dije que quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para ‘desarmar el lenguaje’. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”.

Esperamos que estas verdades dichas en este viaje apostolico nos conduzcan a la fraternidad, iluminando la faz de la tierra. Así tendremos un mundo en donde la hermandad será el sello de nuestra identidad.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La Corte Penal Internacional teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo 1 del Estatuto de Roma, resolverá la admisibilidad de un asunto atendiendo a una serie de circunstancias que se analizaran en este artículo.

Cuando el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que este no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo.

La otra circunstancia es cuando el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre el y este haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo

Otra situación resulta si la persona de que se trate haya sido enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia y la Corte Penal Internacional no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto de Roma.

También cuando el asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional.

A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte Penal Internacional examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, según el artículo 5 del Estatuto de Roma;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

Finalmente, a fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado la Corte Penal Internacional examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no esta por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Rommelsantosdiaz@gmailcom