Por Alexis Rodríguez

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS

En Mateo 7:15-20 está contenida la enseñanza bíblica de Jesús “POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS” que establece que la verdadera naturaleza, identidad y característica de una persona está revelada por sus acciones y no por lo que dice con palabras.

Muchos hablan muy bonito, se autoproyectan positivamente, se autoelogian, CITAN LA BIBLIA desde Génesis hasta Apocalipsis, y hasta logran persuadir a sus oyentes. Pero una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. La incoherencia en lo que se predica y lo que se practica es lo que llevó a Jesús a expresar “Por sus frutos los conoceréis”.

Jesús nos advierte sobre falsos maestros y falsos profetas que parecen inofensivos pero son LOBOS VESTIDOS DE OVEJAS. Estos “ministros” obstentan títulos de manera deshonrosa. En su diario vivir se caracterizan por ser hipócritas, irresponsables, tramposos, mentirosos, injustos, por hacer malos negocios, abusadores de la confianza que se le ha depositado, fantamosos, bulteros. De éstos habló y nos alertó el apóstol Pablo cuando dijo “TENDRÁN APARIENCIA DE PIEDAD PERO NEGARÁN LA EFICACIA DE ELLA” 2 Timoteo 3:5

¡Qué pena!

!Lánzate…lánzate… lánzate!

Por Pelegrín Castillo Semán.

Muchos amigos y simpatizantes me preguntan porque no lanzo una candidatura presidencial: les respondo que estoy reuniéndome en consulta con fuerzas vitales del país nacional y del país político, explicando que en estos momentos urge construir una Nueva República para salvar la Nación Dominicana.

Para renovar a fondo el sistema político, partidario y electoral, maleado y maleante, actualmente en su fase terminal del ciclo histórico, para que se deje de repartir como favores lo que debe garantizarse como derechos y libertades.

Para crear una economía realmente productora de riquezas y prosperidad para todos, de capitalismo popular, de amplia base, rompiendo con los esquemas de alta concentración y cartelizacion, extractivos de rentas o de prácticas canallas.

Y sobre todo, lo más importante, para evitar que el techo y las columnas -agrietadas, socavadas, corrompidas-, de la República se derrumben… y que se extinga la obra de Duarte, Los Trinitarios, los restauradores, los soberanistas…

Son muchos y complejos nuestros retos y peligros, que las poderes hegemónicos-y no me refiero solo al partido en el gobierno-, lejos de enfrentarlos como se debe, los estimulan con su posiciónes ambiguas, medrosas, miopes, irresponsables…débiles, electoreras, sumisas, interesadas.

Dependerá entonces del entendimiento y voluntad del pueblo en general, y de los ciudadanos más conscientes y dispuestos, que nos unifiquemos más allá de los partidos, las ideologías y los intereses corporativos…

Ese mensaje patriótico de lucha nacional será predicado a todos, y si es acogido, entonces será…pues yo no quiero ser el administrador de “una Finca con Pasaporte RD de unos pocos dueños”…ni tampoco volver a participar en procesos donde los grandes y poderosos “electores en la sombra” son los que realmente deciden, mientras los dominicanos son anulados o disminuidos en su condición de ciudadanos…; o peor aún, desplazados y suplantados por la implantación del esquema del estado mercado insular binacional, que es el crimen más perverso y sofisticado que se viene ejecutando en nuestra América….

Muchos amigos y simpatizantes me preguntan porque no lanzo una candidatura presidencial: les respondo que estoy reuniéndome en consulta con fuerzas vitales del país nacional y del país político, explicando que en estos momentos urge construir una Nueva República para salvar la Nación Dominicana.

Para renovar a fondo el sistema político, partidario y electoral, maleado y maleante, actualmente en su fase terminal del ciclo histórico, para que se deje de repartir como favores lo que debe garantizarse como derechos y libertades.

Para crear una economía realmente productora de riquezas y prosperidad para todos, de capitalismo popular, de amplia base, rompiendo con los esquemas de alta concentración y cartelizacion, extractivos de rentas o de prácticas canallas.

Y sobre todo, lo más importante, para evitar que el techo y las columnas -agrietadas, socavadas, corrompidas-, de la República se derrumben… y que se extinga la obra de Duarte, Los Trinitarios, los restauradores, los soberanistas…

Sociólogo – Comunicador Dominicana

triffolio@gmail.com

Desde muy temprana edad tuvo Joseíto Mateo, quien tiempo más tarde lograra extraordinaria notoriedad como El Rey del Merengue, una vida tortuosa, polifacética, cargada de incontables anécdotas.

De sus humildes orígenes se destaca que realizó diversos oficios callejeros, además de ser picapedrero bajo el ardiente sol, teniendo siempre el ejemplo de abnegación y laboriosidad de su madre quien, en procura de producir el sustento de la familia, además de realizar los quehaceres domésticos, dedicó una gran parte de su existencia al lavado y planchado de ropas a personas pudientes que confiaban en su seriedad y cumplimiento.

El hoy inmortal del canto popular dominicano, nació un 6 de abril de 1920, en Juana Brava, una aldea pobre de San Isidro, ubicada al Este de la capital, teniendo como progenitores a Paulino Tamárez y Altagracia Mateo, naturales de San Cristóbal.

A manera de evocación, cuenta su biógrafo, el connotado escritor y humorista José Jáquez, en su obra titulada El merengue tiene un Rey, que el primer grupo organizado en el cual participó Joseíto Mateo como cantante se llamó Cuarteto Alma Criolla, en donde imitaba las canciones de popular Cuarteto Machín de origen cubano.

 Para entonces, 1935 hasta 1937, Alma Criolla estuvo integrado por Luis Ortíz, quien tocaba el tres; Hachi Benitez, la guitarra y un joven sólo conocido como Panchito, ejecutante de la clave, además de cantar a dúo con Joseíto en la emisora HI8Q.

De igual modo, el brillante cultor de gregarias, hijo de Sajoma, en la Sierra de Santiago de los Caballeros, puntualiza que, en 1938, a la edad de 18 años, Joseíto fue a cantar a un cabaret llamado El Tocón, en San Cristóbal, a orillas del río Nigua, entonces caudaloso.

En aquel establecimiento de esparcimiento, sus propietarios le asignaron una pequeña habitación donde su madre lo acompañaba al entonces nobel vocalista.

Un año después de su permanencia en El Tocón, el extrovertido Joseíto Mateo, junto a un afinado sexteto y en procura de vivir una nueva aventura, decidió trasladarse a la ciudad de Barahona, donde esperaba alcanzar un mayor nivel de popularidad y mejoría económica.

Para entonces, la llamada Perla del Sur era una ciudad próspera con un ingenio azucarero pujante, minas de sal y yeso y con un gran movimiento portuario, en donde la circulación de dinero lucía acentuada.

No obstante, la realidad pareció hacerle una mala jugada al talentoso y carismático cantante y bailador dominicano.

A finales de los años treinta del siglo pasado, concretamente “en 1939, llegó al país la vellonera, aquella máquina con luces multicolores reproductora de disco de 78 revoluciones por minuto”, denominada, tiempo después como “tumba musico”.

La aparición de la mencionada caja sonora hizo que el dueño del negocio de “diversión” donde laboraba Joseíto y sus amigos quedaran sin trabajo y no les quedara otra opción que todos regresar a su lar nativo.

En cambio, dado las facilidades y el costo que implica oír música de la vellonera, aumentó la asistencia de público al cabaret mencionada y por tanto, el cúmulo de ganancia económica para su propietario.

En pocas palabras, tal como refiere el inolvidable José Jáquez, en sus interesantes y apretadas narraciones, “La llegada de la vellonera a Barahona determinó que los músicos que no eran nativos de esa ciudad o entorno retornaran a sus sitios de origen” y en el caso concreto de Joseíto Mateo apunta que  “Las mujeres del cabaret donde cantaba… tuvieron que hacer una colecta para poder pagar cuatro pesos por el pasaje de retorno en una goleta, que se llamaba La Julia y que transportaba pasajeros desde Barahona a Santo Domingo”, dado que era más fácil que viajar por tierra, por “una horrorosa carretera que dilataba los viajes”.

Contrario a lo ocurrido con el cantante merenguero en cuestión y sus músicos acompañantes, “la llegada de la vellonera favoreció a los “cueros”, pues había mayor afluencia de clientes atraídos por la novedad del aparato” y lógicamente, resultaba de beneficio para “los dueños de negocios, que se ahorraban así lo que tenían que pagar a los músicos”.

En definitiva, con la incorporación del recurso sonoro aludido no tuvo Joseíto Mateo otra alternativa que llegar a la capital del país en donde necesariamente tuvo que asumir otra ocupación diferente al arte de cantar.

A partir de ese momento, fundamentalmente, tuvo que comenzar a trabajar como pulidor de muebles, puertas y ventana en La Caobera, “…en donde tenía que sacar el aserrín que caía en las sierras eléctricas al trabajar los enormes troncos de caoba, generalmente procedentes de las montañas de Jarabacoa y San José de Las Matas, donde funcionaban los aserraderos” que por supuesto, eran propiedad de Trujillo o de algunos de sus testaferros.

Discurrido el tiempo y siempre motivado por la aspiración de convertirse en una estrella del canto popular criollo de inmensa dimensión, con su talento, carisma, persistencia y dedicación, el versátil artista logró enrolarse a la radio nacional con el espaldarazo de Paco Escribano, Frank Hatton y José Arismendy Trujillo Molina (Petán), en La Voz del Yuna, luego Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, y por consiguiente con su extensa pléyade de artistas y comunicadores, hasta abrazarse, en el presente, con la inmortalidad, siendo distinguido y coronado como El Rey del Merengue por y para siempre.

Lo demás es sacrificio, dedicación, perseverancia y porque no, historia de un cultor del canto y el baile comprometido con la alegría y la identidad cultural en un país donde, a pesar de los pesares, ¡¡se puede…!!

lrojas50@hotmail.com

Un país que no garantiza una vejez digna es un país que renuncia a su humanidad. Los jubilados dominicanos merecen justicia, no limosnas.

En República Dominicana, jubilarse no es el cierre digno de una vida laboral. Es, para la mayoría, el inicio de un proceso de empobrecimiento, exclusión y pérdida de derechos. La jubilación —que en cualquier sociedad mínimamente justa debería representar seguridad, descanso y reconocimiento— aquí se ha convertido en un mecanismo que expulsa a las personas del sistema productivo y las condena a sobrevivir con ingresos insuficientes, seguros de salud precarios y un trato institucional que raya en el desprecio.

¿Qué significa jubilarse en la realidad dominicana?

Desde la experiencia dominicana, jubilarse significa perder calidad de vida. Significa pasar de ser un trabajador activo, útil y necesario, a convertirse en un sujeto invisible para las instituciones públicas y empresas privadas. Significa que, después de entregar décadas de servicio, el Estado y las empresas se desentienden de quienes sostuvieron sus estructuras. Significa que la vejez, en vez de ser una etapa protegida, se convierte en un riesgo social.

La jubilación, que en cualquier sociedad debería constituir un derecho humano irrenunciable y uno de los pilares de la seguridad social, en nuestro país opera como un castigo silencioso. Muy pocas instituciones públicas y privadas mantienen mecanismos reales para conservar algún tipo de vínculo con sus jubilados, como si la experiencia acumulada durante décadas se volviera irrelevante en el momento del retiro.

Sin embargo, los conocimientos, habilidades y aprendizajes que atesoran los pensionados del sector público y privado representan activos de altísimo valor estratégico. Son capital humano formado con recursos del Estado y de las empresas, cuya transferencia al personal de nuevo ingreso podría fortalecer capacidades, acelerar procesos de aprendizaje y elevar la calidad institucional.

Ignorar ese potencial no es solo una falla administrativa: es una pérdida deliberada de valor y una muestra más de cómo concebimos la jubilación no como una etapa de dignidad y reconocimiento, sino como una desconexión abrupta que empobrece a las organizaciones y a la sociedad.

Dos sistemas, un mismo problema: anacronismo e indignidad

En el país coexisten dos sistemas de jubilación:

• El sistema público, amparado en la Ley 379-81, que permite jubilarse a los 60 años con 30 de servicio, o con 35 años de trabajo sin importar la edad.

• El sistema privado, establecido por la Ley 87-01 y gestionado por las mal llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que establece 60 años de edad y 30 de cotización.

Ambos sistemas comparten un rasgo común: son anacrónicos, injustos e indignos. No responden a la realidad económica actual, no garantizan ingresos suficientes y no protegen la salud ni la estabilidad de quienes se retiran. Reformarlos no es una opción técnica; es una urgencia ética.

El cálculo incorrecto de las pensiones públicas: una injusticia institucionalizada

Uno de los mayores atropellos que enfrentan los jubilados del Estado es el método de cálculo aplicado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP). En lugar de utilizar como referencia el salario mínimo nacional —que ronda los RD$23,223 en el sector privado no sectorizado— la DGJP continúa empleando el salario mínimo del sector público, fijado en apenas RD$10,000, una cifra que no se actualiza desde principios de 2019. Mientras tanto, los salarios mínimos del sector privado han recibido seis aumentos consecutivos en ese mismo período.

Esta decisión —que diversos analistas describen como una determinación administrativa con efectos profundamente regresivos— reduce de manera drástica los montos de las pensiones y empuja a miles de jubilados del sector público hacia condiciones de vulnerabilidad económica. Además, contradice el principio de proporcionalidad que debe regir todo sistema de seguridad social y se aleja de la promesa constitucional de garantizar un retiro digno.

El uso de una base salarial desactualizada también entra en tensión con los mandatos establecidos en las Leyes 379‑81 y 87‑01, que exigen criterios de cálculo coherentes con la realidad salarial del país y con la protección efectiva de los derechos adquiridos por los trabajadores. Mantener un salario mínimo público congelado como referencia para las pensiones no solo distorsiona el sistema, sino que profundiza la brecha entre los ingresos de los trabajadores activos y los de quienes ya cumplieron con su ciclo laboral al servicio del Estado.

La exclusión institucional: el jubilado como ciudadano de segunda

Tras su retiro, muchos servidores públicos descubren que las instituciones para las que trabajaron durante décadas ya no los reconocen. Son olvidados, marginados y excluidos. No se les consulta, no se les integra, no se les reconoce su experiencia acumulada.

Lo mismo ocurre en el sector privado: una vez jubilados, los trabajadores dejan de ser parte del ecosistema productivo y pasan a ser un costo que nadie quiere asumir.

La exclusión no es solo económica; es humana. Es la negación del valor humano y profesional de quienes sostuvieron el país con su trabajo.

Las instituciones públicas y las empresas privadas pueden mantener una sinergia real con sus jubilados mediante iniciativas como programas de voluntariado, espacios formales de transferencia de conocimientos y experiencias, mentorías intergeneracionales, consejos consultivos de jubilados, contrataciones temporales por proyectos, redes comunitarias de excolaboradores y actividades de actualización y bienestar, mecanismos que no solo dignifican la etapa del retiro, sino que también preservan la memoria institucional y fortalecen la calidad del talento humano activo. 

El deterioro de la calidad de vida: salud, ingresos y miedo

En la República Dominicana, jubilarse implica, para miles de personas, perder el acceso a un seguro de salud adecuado. Las ARS, amparadas en criterios de riesgo y rentabilidad, niegan seguros complementarios a quienes superan los 65 años o padecen enfermedades crónicas, dejándolos expuestos a gastos médicos que simplemente no pueden asumir. En términos llanos, esta práctica condena a muchos jubilados a enfrentar su vejez sin protección sanitaria real. Un Estado que aspire a proteger a sus ciudadanos en todas las etapas de su vida no puede permitir que los pilares esenciales de la seguridad social se privaticen hasta el punto de excluir precisamente a quienes más los necesitan.

A esto se suma que las pensiones —públicas y privadas— son insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos, vivienda y transporte. Por eso, miles de trabajadores prefieren prolongar su vida laboral hasta el límite, no por vocación y entrega, sino por miedo: miedo a la indigencia, miedo a la enfermedad, miedo a la desprotección.

Como dice el refrán: “Lo que está a la vista no necesita espejuelos”. En la República Dominicana, jubilarse es un salto al vacío; es volver a una condición de mayor vulnerabilidad económica que aquella con la que se ingresa por primera vez al mercado laboral. Lejos de representar una etapa de estabilidad y reconocimiento, el retiro se convierte en un retroceso que empobrece y desprotege a quienes ya entregaron sus mejores años al país.

La experiencia desperdiciada: un capital humano que nadie aprovecha

La mayoría de los jubilados dominicanos posee una vasta experiencia laboral. Ese conocimiento debería ser un puente entre el mundo del trabajo y la vida del jubilado: mentorías, asesorías, programas de transición, participación en comités técnicos, acompañamiento a nuevas generaciones, entre otras actividades de mucha utilidad.

Pero en nuestro país ocurre lo contrario: la experiencia se desecha. El país pierde un capital humano invaluable y los jubilados pierden oportunidades de mantenerse activos, útiles y vinculados a la sociedad. La psicología es clara al respecto: la felicidad en esta etapa no depende de cuán ocupado esté el jubilado, sino de su capacidad para identificar y realizar aquellas actividades que realmente le aportan sentido y propósito. Ignorar ese principio no solo empobrece la vida de los retirados, sino que también priva a las instituciones de un recurso humano que podría seguir generando valor.

La situación de los jubilados no es un problema aislado; es el síntoma visible de un sistema de seguridad social que requiere una reforma profunda e integral. Por eso es imprescindible interpelar directamente a las instituciones y actores que inciden en la calidad de vida de la población retirada: la Comisión Bicameral encargada de la reforma a la Ley 87‑01, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), entre otros actores sociales y políticos. Todos ellos tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que la jubilación sea una etapa de dignidad y no una condena a la precariedad.

Jubilarse no debe ser un acto de valentía

En República Dominicana, jubilarse es un acto de riesgo. Es enfrentarse a un sistema que no protege, que no acompaña y que no reconoce. Pero esta realidad puede cambiar si quienes toman decisiones asumen su responsabilidad histórica.

Los trabajadores dominicanos no deberían temer a la vejez. No deberían prolongar su vida laboral por miedo a la pobreza. No deberían sentir que jubilarse es sinónimo de exclusión. La jubilación debe ser un derecho humano, no un privilegio. Y un país que no garantiza una vejez digna es un país que falla en lo esencial. En fin, jubilarse en la sociedad dominicana exige coraje. Coraje para enfrentar un sistema que no protege. Coraje para sobrevivir con ingresos insuficientes. Coraje para envejecer sin garantías.

Un referente de buena práctica en la gestión de los jubilados en la República Dominicana es el modelo que actualmente implementa la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Allí, el jubilado no se siente descartado ni relegado: siente que valió la pena haber dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo a una institución que reconoce su trayectoria y mantiene un vínculo de respeto con quienes la hicieron posible y útil.

La reforma de los sistemas de pensiones no es un debate técnico ni financiero: es un imperativo moral. Es una deuda histórica. Y es una prueba de si realmente se cree en la dignidad humana. Los jubilados dominicanos no piden privilegios; piden justicia. Piden respeto. Piden vivir sus últimos años con la misma dignidad con la que trabajaron toda su vida.

Un hombre mató a otro porque lo miró mal; uno mató a otro por la mitad de un pan

Los datos ofrecidos por la procuradora Yeni Berenice Reynoso en el foro organizado por el Listín Diario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo producen escalofríos. Se podía presumir que la situación era grave, pero no en la dimensión expuesta. La Procuraduría tuvo la particularidad de presentar el problema en toda su extensión: causas, consecuencias y, sobre todo, posibles soluciones a un fenómeno que se reproduce de manera sostenida.

Entre esas soluciones, se plantea un pacto entre todas las fuerzas vivas de la Nación. Un acuerdo que, según expresó textualmente, debe realizarse sin importar quién ocupe la Presidencia de la República —«aunque sea Pedro Picapiedra»—. Es decir, una visión de Estado que trascienda el gobierno de turno y coloque por encima de todo una agenda país, dejando de lado intereses particulares por el bien común. De lo contrario, la delincuencia terminará frenando el desarrollo nacional, afectando incluso sectores clave como el turismo.

A partir de ahí, comenzó el desglose de los datos. Históricamente, se ha cometido el error de concentrar la seguridad en fiscales, jueces, abogados, militares y policías. Sin embargo, la procuradora explicó que sus conclusiones no solo se basan en estudios, indicadores, investigaciones y encuestas, sino también en su experiencia personal, iniciada a los 17 años como paralegal en Santiago de los Caballeros.

La delincuencia y la violencia han mutado en el país. Hoy, la violencia está insertada en el tejido social. Solo en 2025, el Ministerio Público recibió más de 273 mil casos, de los cuales cerca de 26 mil correspondieron a conflictos originados en la convivencia cotidiana.

El 90 % de estos casos no responde a criminalidad estructurada, sino a conflictos sociales. Ahí entra el rol de las academias: formar no solo profesionales, sino ciudadanos con valores, capaces de cumplir el contrato social que garantiza la convivencia y el respeto a los derechos ajenos, sin legitimar la violencia.

Más del 80 % de las personas involucradas en hechos violentos tiene menos de 35 años. No se trata, por tanto, de una generación de salida, sino de una que impacta el presente y el futuro del país. De ahí la urgencia de intervenir en los factores que generan esa violencia.

El enfoque, según Yeni Berenice, debe centrarse en la prevención. El sistema punitivo actúa cuando el hecho ya ha ocurrido, cuando el contrato social se ha roto. Por eso, el mejor sistema de seguridad es el preventivo, complementado —no sustituido— por un régimen de consecuencias. Como advierte Zaffaroni, muchas personas no delinquen por temor a las sanciones.

En 2025, de los más de 273 mil casos recibidos, unos 76 mil correspondieron a violencia de género, intrafamiliar y sexual. El 34 % ocurre en el seno familiar. Es imposible que altos niveles de violencia en la familia no se reflejen en la sociedad. La familia es el primer núcleo de formación, seguida del sistema educativo y el entorno social.

Desde 2004-2006 hasta la fecha, el uso de armas de fuego ha aumentado, evidenciando un cambio de patrón. A esto se suma una alta incidencia de armas blancas en hechos criminales. El tipo de arma revela el grado de violencia: múltiples heridas con machetes o cuchillos reflejan niveles extremos de agresividad.

De cada diez homicidios, cinco son causados por conflictos sociales. Situaciones aparentemente triviales —música alta, discusiones deportivas, roces vehiculares, disputas por parqueos o problemas entre vecinos— pueden escalar hasta consecuencias fatales.

Casos absurdos lo confirman: un hombre mató a otro porque dejó una mitad de un pan en un locker y fue a comprar un refresco; al cruzar la calle, al regresar, la otra persona se había comido el pan y se originó una discusión que tuvo como consecuencia un muerto y un herido. En otro caso, un hombre gritó: «¡Lo maté porque me miró mal!». En Santiago, una discusión por un parqueo terminó con tres muertos y cuatro heridos. La pregunta de fondo es qué ocurre en la anatomía social para que un simple roce desemboque en tal nivel de violencia.

Las motocicletas: este vehículo incide en tres variables críticas: el 73 % de las muertes por accidentes de tránsito involucra motocicletas; más del 80 % de los atracos se comete utilizándolas; y más del 92 % de los vehículos robados son motocicletas. Se trata de mercados criminales estructurados, con destinos definidos y beneficios económicos.

El teléfono celular es el bien más sustraído en la República Dominicana. El 98 % de las estafas se realiza con teléfonos robados, que también se utilizan para narcotráfico y ciberdelincuencia. De ahí el llamado a que el Indotel inhabilite estos dispositivos, atacando la demanda que alimenta este mercado.

Aunque el país no lidera en robos de celulares, sí presenta altos niveles de violencia asociada a estos delitos. La desproporción en el uso de la fuerza es evidente: en muchos casos, se mata por un teléfono.

El robo de metales es otro problema crítico. Un contador eléctrico puede costar al Estado 400 dólares y ser vendido como chatarra por apenas 75 pesos. Más que perseguir al ladrón, el enfoque debe dirigirse a las estructuras que compran y exportan estos materiales, desarticulando el mercado criminal.

En el ámbito del narcotráfico, el 98 % de los involucrados son hombres, con edades entre 18 y 44 años. En los feminicidios, las víctimas suelen tener entre 18 y 29 años, mientras que los agresores se ubican entre 30 y 44 años. Nuevamente, se trata de una población joven.

El domingo es el día con mayor conflictividad social y también con mayor incidencia de feminicidios, generalmente asociados al consumo de alcohol y a espacios conocidos como «teteos».

Finalmente, el narcotráfico ha cambiado su geografía. Hace una década se concentraba en grandes ciudades como Santiago y Santo Domingo; hoy se ha desplazado hacia provincias y zonas costeras como Pedernales, Baní y Bayahíbe, donde se registran importantes decomisos. Esto obliga a analizar su relación con la conflictividad social, el tráfico de armas, el mercado negro y la corrupción en puntos de entrada como las aduanas.

El diagnóstico está sobre la mesa. La pregunta es si el país está dispuesto a asumirlo con la seriedad que exige.

🎥 Para ampliar este análisis:
Quienes deseen profundizar en el diagnóstico presentado por la procuradora, con todas sus cifras y detalles, pueden ver la exposición completa en el canal Casos Sin Resolver con El Fiero.

👉 Si le interesa escuchar la intervención íntegra en el foro, aquí puede acceder al video:
https://youtu.be/izyg8QVJQC4

Editorial periódico Camino.

El Papa León XIV concluyó su viaje apostólico al continente africano. En cada pueblo visitado dejó un mensaje de esperanza y paz, tan necesario para la humanidad.

En Guinea Ecuatorial nos invitó a no tener miedo de anunciar el Evangelio, convertirnos en apóstoles de la caridad. Ser constructores de un futuro de esperanza, de paz y reconciliación.

En Argelia habló también de la paz, diciendo que no es solo ausencia de conflictos, sino expresión de justicia y dignidad que solo es posible con el perdón.

También dijo que el futuro corresponde a los hombres y mujeres de paz. Al final la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.

Desde este hermoso pueblo ubicado en el Caribe, nos unimos a estos justos anhelos del Papa, a la vez que nos comprometemos a seguir trabajando por la paz, que es el oxígeno necesario para habitar en nuestra casa común.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

El crimen de agresión plantea una amenaza singular al entorno natural no solo porque la fuerza militar que toma parte en el acto de agresión normalmente causa daños ambientales, sino también porque los actos de agresión a menudo desencadenan conflictos armados que causen nuevos daños al medio ambiente.

El articulo 8 bis, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen la agresión que tiene lugar cuando se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

En el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define como acto de agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En este mismo artículo se enumeran como ejemplos de actos de agresión la invasión, la ocupación militar y el bombardeo.

Casi todos los actos de agresión enumerados en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden dirigirse contra el medio ambiente o causar daños a este. Por ejemplo el bombardeo del territorio de un Estado causará a menudo la muerte de animales y destruye y contamina campos, bosques y masas de agua, contamina el aire y afectará a la seguridad del clima. Análogamente, la invasión de un Estado puede conducir a la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, así como anexión formal.

El hecho de que un acto constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas se determinara en fucion de sus características, gravedad y escala.

Al evaluar esos factores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, entre otras cosas, el daño sufrido por el medio ambiente como consecuencia del acto de agresión, el número y el tipo de víctimas humanas y no humanas del acto y si el daño ambiental es, potencialmente irreversible.

Finalmente, la Fiscalía considera que la destrucción y el daño intencionales del medio ambiente en un Estado ajeno constituyen una forma de uso de la fuerza especialmente grave, pues el entorno natural no debe instrumentalizar en el marco de las relaciones internacionales.

Rommelsantosdiaz@mail.com

Por Editorial periódico Camino.

Los últimos hechos de violencia ocurridos en el país nos deben llevar a una profunda reflexión. El crimen y la barbarie están encontrando espacio en la cotidianidad, y lo peor que le puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a ver estos actos crueles como algo normal.

Permanecer indiferentes dando cabida a la insensibilidad, conduce al abismo social, haciendo insoportable la convivencia humana.

La sociedad dominicana está dando señales evidentes de una enfermedad que se agrava cada día. Estamos presenciando escenas criminales a plena luz del día, con espectadores que parecieran estar viendo una película de terror.

En la medida que se van enterrando los valores, así mismo irá desapareciendo el respeto a la vida.

Es hora de trabajar por la fraternidad, el diálogo, y la comprensión, y que nunca olvidemos el mandato divino de No Matarás.

Revisando viejos papeles de familia, encontré una carta que leí con emoción: le escribía a mi papá, -con mi caligrafía peculiar, siendo un niño de 8 años- quien se encontraba, entonces, en situación de clandestinidad desde que se frustró…

Por Pelegrín Castillo.

Por J. Luis Rojas

lrojas50@hotmail.com

Por qué la incoherencia corporativa ya no pasa desapercibida y cómo la sociedad está cambiando las reglas del juego.

En el mundo empresarial contemporáneo, la palabra responsabilidad se ha convertido en un recurso publicitario. Las compañías hablan de ética, sostenibilidad, transparencia y compromiso social como si fueran parte natural de su ADN. Sin embargo, cuando se examinan sus prácticas reales, la distancia entre lo que predican y lo que hacen es tan profunda que ya no puede ocultarse detrás de campañas de marketing ni informes de responsabilidad social cuidadosamente maquillados.

Esa incoherencia no es un hecho aislado; es la manifestación visible de un patrón estructural que se repite en distintos países y sectores. En la República Dominicana, donde la regulación arrastra una debilidad crónica y la supervisión suele confundirse con cortesía institucional, esta contradicción deja de ser un matiz y se convierte en una evidencia difícil de ignorar. Es el síntoma de un ecosistema donde las reglas existen, pero rara vez se hacen sentir.

Conviene decirlo sin rodeos: una parte significativa del empresariado ha normalizado la brecha entre su discurso y su conducta. Mientras celebran la ética y la transparencia, sus acciones revelan prioridades que avanzan en dirección contraria. Esa brecha no es un descuido: es un mecanismo funcional que permite sostener narrativas aspiracionales mientras se preservan prácticas que contradicen abiertamente esos valores. El resultado es un deterioro progresivo de la credibilidad, del capital reputacional y de la confianza pública, un recurso estratégico en un país con instituciones frágiles.

Cuando la salud del consumidor se sacrifica en nombre de la rentabilidad

Las empresas que producen frutas, vegetales y otros productos perecederos para exportación aplican preservantes, ceras industriales y sustancias químicas que prolongan artificialmente la vida útil de sus productos. Lo hacen para cumplir con exigencias logísticas, pero también sabiendo que algunos de estos compuestos pueden resultar perjudiciales para la salud humana.

Aquí emerge la pregunta ética central: ¿puede una empresa proclamarse “ética y socialmente responsable” cuando coloca la rentabilidad por encima de la salud del consumidor? La respuesta es evidente, pero la práctica persiste.

El lenguaje oculto de los códigos: desinformación como estrategia

Los productos llegan al mercado con códigos, siglas y numeraciones que solo un especialista puede interpretar. Esta complejidad no es accidental: es una estrategia para impedir que el consumidor comprenda qué está comprando y qué riesgos asume.

Como señala el texto original, “la ética y la transparencia empresarial, en cualquier parte del mundo, exigen claridad, no confusión”. Etiquetas deliberadamente opacas no solo incumplen el deber de informar: facilitan que los consumidores adquieran productos que pueden dañar su salud e incluso poner en riesgo su vida.

Cuando la regulación es débil, los riesgos se multiplican

En la República Dominicana, la regulación sobre etiquetado, inocuidad alimentaria y trazabilidad es insuficiente o se aplica de manera irregular. Esta fragilidad permite que empresas locales e internacionales operen sin controles estrictos, sin auditorías independientes y sin consecuencias reales cuando ocultan información o incumplen estándares.

La falta de regulación no es solo un problema técnico: es un problema moral. Un Estado que no protege al consumidor permite, por omisión, que la salud pública quede subordinada a intereses privados rentistas.

La mayor hipocresía de la “banca responsable”

Pocas industrias han sabido apropiarse del discurso ético con tanta habilidad —y tan poca coherencia— como el sector financiero dominicano. La llamada banca responsable se presenta como un modelo de integridad y compromiso social, pero muchos de sus comportamientos contradicen los principios que dicen defender.

Los seis Principios de Banca Responsable del PNUMA buscan alinear las decisiones financieras con el bienestar colectivo. Sin embargo, las mismas entidades que los promueven participan activamente en la creación y gestión de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), configurando un conflicto de intereses evidente.

El documento lo expresa con claridad: “la doble condición de estas entidades —ser juez y parte en un sistema que administran y del cual obtienen beneficios— configura un conflicto de intereses innegable”.

Ese conflicto genera distorsiones en la toma de decisiones, riesgos de captura regulatoria, débil protección al consumidor, concentración de poder económico y erosión de la legitimidad del sistema.

Instituciones públicas: del discurso a la acción

ProConsumidor, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y los organismos reguladores del sistema financiero deben asumir un rol más firme. La responsabilidad social del Estado exige regulaciones claras, auditorías públicas, sanciones ejemplares, transparencia y protección efectiva del consumidor.

Los valores y principios éticos institucionales no se demuestran con declaraciones, sino con acciones coherentes y sostenidas. Como siempre ha sido: los hechos valen más que mil palabras.

El consumidor: de víctima pasiva a actor político

Los consumidores dominicanos no son simples compradores: son ciudadanos con poder económico, social y político. Ese poder puede transformar mercados enteros y obligar al sector empresarial a cumplir con la ley.

Un consumidor informado puede rechazar productos con información incompleta, exigir transparencia, denunciar abusos, apoyar a empresas éticas, visibilizar malas prácticas y boicotear a quienes incumplen estándares.

Hoy, la responsabilidad social no es solo empresarial; también es ciudadana. El poder activo de la ciudadanía se ha convertido en una especie de tribunal social capaz de juzgar y presionar a quienes incurren en prácticas ilícitas o contrarias al interés público.

Empresas irresponsables pagan un precio alto

En la era digital, ya no hay refugio para la incoherencia. Las empresas que predican ética mientras practican abuso terminan expuestas, señaladas y castigadas por una ciudadanía que dejó de tragar discursos vacíos. Hoy, la transparencia no es una opción: es una obligación. Y quien no la cumple, cae.

El Estado tampoco queda fuera de este escrutinio. Cuando permite la opacidad, cuando tolera conflictos de intereses, cuando mira hacia otro lado, se convierte en parte del problema. Un Estado que no protege a su gente pierde autoridad moral y política. Y la ciudadanía lo sabe.

Porque la gente ya no es un público pasivo. Es un actor vigilante, incómodo, persistente. Observa, denuncia, presiona y exige. Y cuando decide actuar, ninguna empresa ni institución puede esconderse detrás de campañas de imagen o discursos bien redactados.

En este nuevo escenario, quienes no actúan con integridad terminan perdiendo lo único que no se compra ni se recupera: la confianza pública. Y una sociedad que despierta no perdona fácilmente a quienes la traicionan.

Por la singularidad —esa mezcla de rareza, disciplina y entereza— de este periodista, considero que, al igual que muchos buenísimos reporteros de su generación, ha debido —y debe— ser reconocido, ya sea por el CDP u otra institución. Nunca he logrado entender cómo Milcíades —con acento en la “í”, como él mismo puntualizaba— podía sostener el intenso ritmo del reporterismo radial en tiempos en que los noticiarios dominaban la opinión pública, eran los más escuchados del país.

Y, sin embargo, al caer la noche… ¡se transformaba! Milcíades Guerrero se iba a cantar en hoteles capitaleños o en cualquier pueblo del país. Era —y es— uno de los mejores cantantes de son que ha dado esta tierra. Lo recuerdo en el “Grupo Lodo” y luego en el “Grupo Maniel”.

De día, reportero incansable. De noche, artista. Como buen músico, disfrutaba su trago, y al día siguiente… ¡de vuelta a la faena periodística! ¿Cómo lo hacía? Esa sigue siendo una pregunta sin respuesta.

Lo conocí de una manera peculiar. Yo trabajaba en el departamento de prensa del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia. Una tarde, durante una rueda de prensa, me correspondía llevar el control de los periodistas asistentes. De pronto, llega Milcíades Guerrero, cuando la actividad ya había comenzado.

Entró caminando despacio, pero con paso firme. Delgado, ojos de un color extraño, impecablemente vestido, perfectamente planchado. En su mano izquierda lucía un guillo que delataba su calidad; su camisa de marca; su perfume, inconfundible. Había llegado el artista.

Le pregunté:
—Señor, ¿para qué medio usted trabaja?

Sin detenerse, sin siquiera mirarme, respondió con naturalidad:
—Al medio tiempo.

Mi amigo, el fotógrafo Francisco Fortunato, estalló en carcajadas. Yo quedé confundido… Pensé: ¡Era el mismo que había estado cantando en el programa más popular del país, El Show del Mediodía¡

¿Un cantante que también era reportero? En aquel momento, me parecía algo insólito.

A partir de ahí, nació entre nosotros una amistad para toda la vida. Y Fortunato aún recuerda —entre risas— aquella respuesta genial del “medio tiempo”.

Son innumerables las anécdotas, pero hay una que retrata su carácter. En la fuente de Justicia o en el Congreso, Milcíades llegaba siempre elegante, con corbatas impecables. Nosotros, fascinados, nos acercábamos y —como buenos dominicanos— no resistimos la tentación de tocarlas.

¡Error!

Con firmeza, pero con cariño, nos corregía: debíamos abandonar la costumbre de “hablar con las manos”. Nos hablaba de modales, de respeto, de presentación. Su preocupación era que repitiéramos ese gesto con otras personas. Y advertía, medio en serio, medio en broma:
—Si se ensucian, estas corbatas no se lavan… ¡ni se planchan!

Lo decía con un afecto fraternal que aún hoy resuena.

También recuerdo algo curioso: durante el día entrevistaba a políticos… y en la noche, ¡esos mismos políticos bailaban con él! Entre los mejores bailarines estaban los fallecidos Roberto Rodríguez y Reinaldo Pared Pérez. Ellos se sentían orgullosos de decir que Milcíades cantaba bien… ¡y que ellos sabían bailar son!

En una ocasión, en Punta Cana, durante una actividad, el entonces presidente Leonel Fernández —gran bailarín— se acercó, acompañado de su séquito, hasta donde estábamos los reporteros. Fue directamente a saludar a Milcíades. Comentó que el grupo al que pertenecía estaba entre los mejores de la región… ¡y que podía compararse con cualquier agrupación cubana!

Ese es Milcíades Guerrero: un hombre que rompe esquemas. Un artista con alma de periodista… y un periodista con alma de artista.

¡Un amigo extraordinario!
¡Un talento irrepetible!
¡Un ejemplo que merece ser reconocido!

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

Cabe destacar por otro lado que el Estatuto de Roma tipifica como crimen en un contexto de conflicto armado internacional y no internacional, respectivamente, saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto.

La tipificación del saqueo protege los bienes tanto privados como públicos, la apropiación de componentes del entorno natural sujetos a posesión, por ejemplo tierras o recursos naturales poseídos por un gobierno, una comunidad o un particular, puede reunir las condiciones para considerarse saqueo mientras la apropiación estuviera destinada a su uso privado o personal.

En consecuencia, los funcionarios públicos, los agentes empresariales o los particulares pueden cometer el crimen de guerra consistente en saqueo, por ejemplo practicando la explotación ilegal de recursos naturales o la confiscación ilegal de tierras.

El el artículo 8 Estatuto de Roma tipifica también tipifica como crimen en un contexto de conflicto armado internacional hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluso el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949.

El artículo 8, párrafo 2 b) del Estatuto de Roma tipifica como crimen esos mismos actos en un contexto de conflicto no internacional a raíz de una enmienda aprobada en 2019.Entre los bienes indispensables para la supervivencia figuran los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable, y las obras de riego.

En consecuencia, los daños ambientales, la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras con intención de hacer padecer hambre a civiles pueden constituir el crimen de guerra de hambruna si esos actos privan a los civiles de bienes indispensables para su supervivencia.

Vale la pena señalar que no se exige que la privación tenga como resultado efectivo hacer padecer hambre; basta que exista una intención al respecto para exigir una responsabilidad criminal.

La relevancia del artículo 8 del Estatuto de Roma se establece al tipificar como crimen en un contexto de conflicto armado internacional y no internacional, respectivamente, dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares.

Tal como se afirma en la Política de la Fiscalía relativa al patrimonio cultural, la tipificación de estos crímenes de guerra protege contra los ataques al patrimonio cultural y espiritual de los pueblos , lo cual incluye los emplazamientos naturales de valor cultural, entre ellos paisajes naturales o cultivados y formaciones físicas, biológicas o geológicas.

Los crímenes pueden cometerse mediante ataques debidamente definidos, dirigidos contra emplazamientos naturales y emplazamientos naturales y culturales de carácter mixto que tengan significados importantes para un grupo humano, como los Pueblos Indígenas, aunque no se trate de edificios o monumentos en el sentido tradicional de esos términos.

Finalmente, al determinar los emplazamientos naturales protegidos contra ataques de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de Roma, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se servirá , entre otras cosas, de los criterios de la UNESCO para la inclusión en la lista de sitios del Patrimonio Cultural, así como la propia Lista del Patrimonio Cultural.

Rommelsantosdiaz@gmail.com