Comprar una vivienda representa para muchas familias dominicanas el resultado de años de trabajo, sacrificios y compromisos económicos. Sin embargo, lo que debería convertirse en una experiencia de satisfacción puede transformarse en una verdadera pesadilla cuando, después de recibir el inmueble, comienzan a aparecer filtraciones, grietas, problemas eléctricos, desperfectos sanitarios y otras deficiencias que ponen en duda la calidad de la construcción.

Una situación que merece mayor atención en nuestro mercado inmobiliario es la responsabilidad que corresponde a constructores, promotores y demás participantes en el desarrollo de un proyecto cuando las viviendas entregadas presentan defectos. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? ¿Durante cuánto tiempo deben responder? ¿Conocen realmente los compradores los derechos que les corresponden y los mecanismos disponibles para exigir su cumplimiento?

En la República Dominicana hemos sido testigos de un importante crecimiento de la actividad inmobiliaria, particularmente en las principales ciudades y zonas turísticas. Se levantan edificios residenciales, complejos habitacionales y proyectos de apartamentos con modernas terminaciones y atractivas amenidades. Pero junto con ese crecimiento debemos preguntarnos si los mecanismos de supervisión, control de calidad y protección al comprador están avanzando al mismo ritmo.

No todos los defectos que aparecen en una vivienda tienen la misma naturaleza ni gravedad. Una pintura deteriorada, una puerta mal instalada o una cerámica desprendida no representan necesariamente el mismo riesgo que una columna defectuosa o una falla estructural. Sin embargo, cualquier deficiencia atribuible a una construcción inadecuada merece atención, porque el comprador tiene derecho a recibir un inmueble con las condiciones de calidad y seguridad contratadas.

Existe una situación que considero particularmente preocupante: la entrega de viviendas sin que el comprador haya realizado una inspección técnica suficientemente rigurosa. Muchas familias reciben sus apartamentos emocionadas por la culminación de un largo proceso de adquisición, pero desconocen aspectos relacionados con las instalaciones eléctricas, los sistemas sanitarios, la impermeabilización, la calidad de los materiales y las condiciones generales de seguridad.

En ocasiones, las dificultades comienzan cuando el propietario presenta una reclamación. Surgen respuestas evasivas, promesas de reparación que se prolongan y discusiones sobre si determinado desperfecto corresponde a un defecto original de construcción o al uso y mantenimiento del inmueble. Mientras tanto, el comprador continúa pagando su financiamiento hipotecario y, en determinados casos, debe asumir gastos adicionales para resolver problemas que considera ajenos a su responsabilidad.

La legislación dominicana contempla mecanismos de protección que los compradores deben conocer. El Código Civil establece responsabilidades para arquitectos y contratistas en determinadas circunstancias relacionadas con defectos graves de construcción. Asimismo, la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, número 358-05, constituye un instrumento importante para defender los intereses de quienes adquieren viviendas en operaciones comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.

Resulta igualmente importante conocer las orientaciones de Pro Consumidor sobre las garantías inmobiliarias. La institución distingue entre elementos estructurales, de habitabilidad y decorativos, con períodos de referencia de diez, tres y un año, respectivamente. Estas distinciones deben examinarse junto con las disposiciones legales y contractuales aplicables a cada operación, porque no todos los defectos tienen el mismo tratamiento ni generan necesariamente idénticas responsabilidades.

Otro aspecto fundamental es la información que recibe el comprador antes de firmar el contrato. Las características de la vivienda, los materiales ofrecidos, las dimensiones, los estacionamientos, las áreas comunes y las amenidades anunciadas deben corresponderse con lo que finalmente se entrega. Una publicidad atractiva no puede convertirse en un mecanismo para crear expectativas que posteriormente no se cumplen, especialmente cuando esas condiciones influyeron en la decisión de compra.

Considero que las empresas constructoras responsables tienen mucho que ganar cuando establecen procedimientos claros para atender las reclamaciones de sus clientes. Una respuesta oportuna, una reparación técnicamente adecuada y el cumplimiento de las garantías fortalecen la confianza del público. La reputación empresarial no se construye solamente mediante publicidad y nuevos proyectos, sino también respondiendo satisfactoriamente cuando surgen dificultades después de una venta.

En este escenario, los asesores inmobiliarios tenemos igualmente una responsabilidad profesional. Nuestra función no debe limitarse a presentar apartamentos, negociar precios y acompañar al cliente hasta la firma del contrato. Debemos procurar que los compradores conozcan las características del proyecto, las condiciones de entrega, las garantías ofrecidas y los mecanismos disponibles para formular reclamaciones, contribuyendo así a decisiones de inversión mejor informadas.

También considero conveniente que las familias incorporen como práctica habitual la contratación de un profesional independiente que inspeccione técnicamente la vivienda antes de recibirla definitivamente. El costo de esa evaluación puede resultar insignificante frente a las consecuencias económicas de descubrir posteriormente defectos importantes. Cualquier observación debe quedar documentada mediante fotografías, informes y comunicaciones escritas, de manera que exista constancia de las condiciones del inmueble al momento de su entrega.

Las autoridades competentes, por su parte, tienen el desafío de fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las normas de construcción. No basta con aprobar proyectos y otorgar permisos. Es necesario promover una cultura de responsabilidad en la cual la seguridad, la calidad y el respeto a los derechos de los adquirientes ocupen un lugar prioritario. Proteger al comprador no significa actuar contra los constructores, sino contribuir a un mercado inmobiliario más confiable, transparente y sostenible.

La vivienda constituye uno de los principales componentes del patrimonio familiar y, para muchos dominicanos, representa la inversión económica más importante de toda su vida. Frente a esta realidad, debemos preguntarnos: ¿Están suficientemente protegidos los compradores? ¿Conocen las familias sus garantías? ¿Responden oportunamente los constructores cuando aparecen defectos? ¿Deberían fortalecerse las inspecciones antes de entregar una vivienda? Invito a constructores, ingenieros, arquitectos, asesores inmobiliarios y propietarios a compartir sus experiencias, comentarios y opiniones sobre este importante tema.

cesarfragoso75@hotmail.com

Por J. Luis Rojas

lrojas50@hotmail.com

Integridad, educación, esfuerzo y responsabilidad convergen en “El valor de elegir bien”, una iniciativa que promueve conductas positivas para la vida en sociedad.

El 24 de julio de 2026, el Banco BHD conmemoró su 54.º aniversario de fundación. Con motivo de tan significativa fecha, la entidad financiera lanzó la campaña institucional “El valor de elegir bien”, una iniciativa que se suma a las diversas campañas orientadas a la promoción de valores que, de manera consistente, ha desarrollado durante las últimas dos décadas.

Esta propuesta comunicacional reafirma el compromiso del banco con la construcción de una sociedad más consciente y responsable, consolidando una trayectoria institucional que trasciende la promoción de productos y servicios financieros para fomentar principios y comportamientos de impacto positivo en la ciudadanía.

Los principios de la Banca Responsable

La campaña “El valor de elegir bien” del BHD puede analizarse desde la perspectiva de la banca responsable, un enfoque que reconoce que las instituciones financieras no solo tienen la misión de generar rentabilidad y facilitar servicios bancarios. También están llamadas a contribuir al desarrollo sostenible, al bienestar social y a la construcción de una ciudadanía cada vez más consciente de sus decisiones y responsabilidades.

Bajo esta visión, los bancos pueden desempeñar un papel que trasciende la intermediación financiera tradicional. Su capacidad de influencia les permite promover comportamientos que generen valor económico, social y humano, alineando sus acciones comerciales con principios y valores de responsabilidad, transparencia y compromiso con el progreso colectivo.

Los Principios de Banca Responsable impulsados por las Naciones Unidas plantean que las entidades financieras deben procurar impactos positivos en la sociedad, fortalecer la relación con sus grupos de interés y fomentar una cultura organizacional sustentada en valores éticos. Estos lineamientos promueven una gestión empresarial orientada al equilibrio entre la rentabilidad, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

En ese contexto, la comunicación corporativa deja de ser un simple instrumento comercial para convertirse en una poderosa herramienta de educación, sensibilización y transformación social. Cuando una institución bancaria destina parte de sus esfuerzos comunicacionales a promover la reflexión ciudadana, la toma de decisiones responsables o la adopción de conductas positivas, está materializando de manera práctica los postulados de la banca responsable.

Es precisamente en ese marco donde adquiere relevancia la iniciativa comunicacional del BHD. Más allá de proyectar atributos de marca o destacar productos y servicios financieros, la campaña “El valor de elegir bien” parece orientarse a estimular una reflexión sobre las decisiones que cada persona adopta en su vida cotidiana y las consecuencias que estas pueden generar tanto en el ámbito individual como en el colectivo.

De esta manera, el BHD trasciende los límites del discurso publicitario convencional para incorporar componentes de valor social que enriquecen el contenido de su comunicación institucional. La campaña fortalece su reputación corporativa y, al mismo tiempo, evidencia una comprensión moderna del papel que pueden desempeñar las entidades financieras como agentes capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más consciente, responsable y comprometida con el bienestar común.

El sentido de oportunidad de “El valor de elegir bien”

La campaña cobra especial relevancia por el momento histórico en que es presentada. En una sociedad dominicana que enfrenta importantes desafíos relacionados con el debilitamiento de valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la convivencia pacífica y el compromiso ciudadano, esta iniciativa del Banco BHD trasciende el ámbito publicitario para convertirse en una invitación a la reflexión colectiva.

Su mensaje adquiere un profundo sentido de oportunidad al recordar que las grandes transformaciones sociales comienzan con decisiones individuales acertadas y conscientes. En un contexto donde con frecuencia se cuestionan las conductas éticas en distintos espacios de la vida pública y privada, la campaña reivindica la importancia de elegir correctamente en cada momento, lugar y acción cotidiana, promoviendo valores que contribuyen al fortalecimiento del tejido social, la confianza ciudadana y la construcción de un mejor país.

La iniciativa de comunicación institucional del Banco BHD está inspirada en la convicción de actuar siempre de manera correcta, aun cuando ello implique asumir mayores responsabilidades o desafíos. La esencia de “El valor de elegir bien” se fundamenta en la firme creencia de que el desarrollo humano sostenible se construye sobre la base de principios y valores que orientan las decisiones individuales y colectivas.

La campaña integra una serie de materiales audiovisuales y gráficos concebidos a partir de los principios y valores corporativos que han guiado la trayectoria institucional del BHD, con especial énfasis en la ética. A través de estos contenidos, la entidad financiera promueve la reflexión sobre la importancia de tomar decisiones responsables, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más íntegra, consciente y orientada al bienestar común.

Sinopsis conceptual de los spots

Las tres piezas que integran la campaña “El valor de elegir bien” tienen como mensaje central promover la ética y los valores positivos como pilares fundamentales para fortalecer el carácter, dotando a las personas de una herramienta esencial para tomar decisiones acertadas ante las distintas circunstancias de la vida.

En uno de los spots se presenta a un joven que enfrenta la disyuntiva de ceder a la presión de su entorno social inmediato o priorizar su formación académica, ilustrando cómo las decisiones cotidianas pueden incidir de manera determinante en la construcción del futuro. La pieza inicia con una mirada a la dinámica de una comunidad urbana, mientras una voz en off (Reynaldo Infante) introduce el permanente desafío que representan las decisiones diarias.

La escena se centra en un estudiante que camina hacia la universidad con su mochila al hombro, cuando es interceptado por un grupo de amigos que intenta persuadirlo para que abandone sus responsabilidades académicas: “Deja eso de la Uni, quédate aquí con nosotros”. Tras un instante de reflexión y conflicto interno, el protagonista decide rechazar la invitación y continuar su camino, reafirmando su compromiso con la superación personal y la consecución de sus metas.

En otra de las piezas publicitarias de “El valor de elegir bien”, se pone de manifiesto la importancia de la integridad en el ámbito empresarial frente a prácticas como la corrupción y el soborno, tanto en los negocios como en los procesos de licitación públicos y privados. El spot plantea el dilema ético que surge cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de aceptar beneficios indebidos a cambio de favorecer intereses particulares.

La pieza comunicacional presenta una reunión en una oficina moderna, donde una mujer, en calidad de suplidora, intenta corromper a un ejecutivo al ofrecerle una compensación oculta a cambio de manipular el resultado de una licitación: «Si tú me das una mano con esta licitación, yo sabré cómo agradecerte». Sin vacilaciones, el protagonista interrumpe la propuesta y rechaza el ofrecimiento con firmeza, estableciendo una clara diferencia entre competir de manera legítima y pretender influir indebidamente en un proceso de decisión: «Una cosa es competir y otra es querer comprar la decisión».

En una sociedad con las características de la dominicana, siempre surgirán personas dispuestas a actuar al margen de los valores y principios éticos, influyendo negativamente en niños, adolescentes y jóvenes que aspiran a construir un futuro mejor. En ese contexto, otro de los comerciales de la campaña “El valor de elegir bien” retrata el momento decisivo en que un atleta pone a prueba sus convicciones, evaluando su compromiso, disciplina y enfoque frente a distracciones y atajos que podrían desviar su camino.

La historia que presenta este spot transcurre en las instalaciones interiores de un campo de entrenamiento o vestuario deportivo, ambientadas con una iluminación cercana y cargada de dramatismo. La voz en off del destacado locutor Reynaldo Infante invita a reflexionar sobre cómo la vida coloca a las personas, cada día, ante decisiones que pueden marcar su destino. En la escena, un joven pelotero con rastas conversa de manera reflexiva con un compañero mientras guarda su equipo, ponderando el valor del esfuerzo, la perseverancia y la dedicación frente a la tentación de aceptar propuestas indebidas que podrían comprometer sus principios y su futuro.

Sin lugar a dudas, merece reconocimiento y felicitación la iniciativa comunicacional “El valor de elegir bien”, impulsada por los directivos y ejecutivos del BHD, en especial por su vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, licenciada Josefina Navarro. A través de esta valiosa propuesta, la entidad financiera demuestra que las empresas, independientemente de su naturaleza o tamaño, no solo están llamadas a generar riqueza y crear valor económico, sino también a actuar como ciudadanos corporativos éticos y socialmente responsables.

Los hechos evidencian que quienes dirigen el Banco BHD comprenden claramente que la razón de ser de una empresa trasciende la mera obtención de beneficios financieros. Además de su función económica, toda organización tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar colectivo, promover valores que fortalezcan la convivencia social y aportar al desarrollo sostenible de la sociedad en la que opera. Ojalá que las demás entidades financieras dominicanas sigan el valioso ejemplo del antiguo Banco Hipotecario Dominicano, hoy Banco BHD, y asuman con igual convicción una visión empresarial que combine rentabilidad, contribución al desarrollo nacional y responsabilidad social, demostrando con hechos y acciones concretas “el valor de elegir bien”.

Hay personas cuya existencia deja huellas que el tiempo jamás podrá borrar.

Seres humanos que, con la sencillez de su saludo, la nobleza de su corazón y la generosidad de sus acciones hacen de este mundo un lugar más hermoso.

Así han escrito Martha Luz y Efrain, de la parroquia Santos Médicos Cosme y Damián, Santiago, a donde asistía la doctora Lily Josefina Rodríguez González, rectora de UTESA, que el pasado 2 de este mes regresó a la Casa del Padre Eterno.

De ella se han dicho palabras hermosas que salen del alma, porque el que pasa por la vida haciendo el bien, siempre encontrará el cariño, respeto y la admiración, aunque se haya marchado al cielo para encontrar la morada definitiva que el Señor de la Vida nos ha preparado.

Desde CAMINO llegue nuestro abrazo solidario y lleno de esperanza para Doña Ingrid González, madre de Lily, y a toda la familia que pasa por este momento de tristeza.

Nos consuela la esperanza de que un día volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos, como nos lo prometió el Señor, amigo fiel que nunca falla.

El denominado «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como un esquema paralelo y altamente lucrativo que desvirtúa el ejercicio periodístico tradicional. Esta práctica, operada tanto por comunicadores empíricos como por plataformas digitales y generadores de contenido, utiliza la difamación y la presión pública organizada para extorsionar a empresarios, funcionarios públicos y figuras políticas a cambio de beneficios económicos, contratos o pautas publicitarias.

Mecánica de la «Empresa del Chantaje»

Diversos líderes de opinión y analistas locales coinciden en que este fenómeno funciona bajo una estructura corporativa de la extorsión:

• Fabricación de campañas: Se estructuran falsas acusaciones, rumores o ataques morales sistemáticos contra la reputación de una persona o institución.

• La oferta de contención: Tras iniciar el asedio digital o radiofónico, los operadores presentan propuestas económicas o contratos de asesoría/publicidad como la única vía para detener los ataques públicos.

• Usurpación de funciones: El auge de las redes sociales y programas de panel independientes ha facilitado que actores sin formación ética ni credenciales profesionales («influencers» o comunicadores denominados popularmente como Pica Pica) asuman roles periodísticos para presionar de forma ilegítima.

Impacto en la sociedad y la democracia

Los principales diarios y gremios del país señalan que este ecosistema afecta múltiples aristas del orden nacional:

1. Inseguridad jurídica y económica: Sectores productivos clave, como el desarrollo hotelero e inmobiliario en polos turísticos (por ejemplo, la zona de Punta Cana-Bávaro), sufren persecuciones mediáticas destinadas a frenar inversiones si no se cede ante extorsiones.

2. Erosión de la credibilidad: Al utilizar los micrófonos y los algoritmos de visualización como herramientas de negociación privada, se desgasta la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación legítimos que sí realizan fiscalización social fundamentada en hechos probados.

3. Daño reputacional permanente: Aunque las tendencias en redes sociales son pasajeras, las campañas de descrédito causan perjuicios prolongados a la honra de individuos y empresas.

Organismos de prensa y analistas jurídicos insisten en que combatir este modelo de negocios no requiere censura ni el silenciamiento de voces disidentes, sino la aplicación estricta de la institucionalidad y el marco legal vigente en materia de difamación, injuria y delitos de alta tecnología, garantizando un debate público basado en la veracidad y la responsabilidad penal del emisor.

Para combatir eficazmente el periodismo de chantaje y el “sicariato mediático” en la República Dominicana, los expertos y gremios coinciden en que no existe una solución única. El mecanismo ideal requiere una estrategia integral y coordinada que combine reformas legales, asfixia financiera, autorregulación y educación ciudadana.

A continuación, se detallan las acciones clave que componen este frente de combate:

1. Marco legal y sanción judicial efectiva

El pilar judicial es el más urgente para acabar con la impunidad de los extorsionadores.

• Modernización de la Ley 6132: Modificar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento para adaptarla a la era digital, tipificando claramente el uso de plataformas web y redes sociales como agravantes en delitos de difamación con fines extorsivos.

• Aplicación rigurosa del Código Penal: Perseguir el chantaje no solo como un delito de prensa, sino como un delito penal de extorsión y asociación de malhechores, lo que conlleva penas de prisión y no solo multas económicas.

• Fiscalías especializadas: Crear unidades en el Ministerio Público dedicadas exclusivamente a Delitos de Alta Tecnología (DICAT) con capacidad técnica para rastrear campañas de descrédito coordinadas (redes de bots y cuentas falsas).

2. “Asfixia financiera” por parte del sector público y privado

El chantaje prospera porque genera dinero. Cortar el flujo de recursos de estas plataformas es el mecanismo más rápido para desmantelarlas.

• Depuración de la pauta estatal: El Gobierno dominicano debe aplicar criterios estrictos de idoneidad, alcance real y ética profesional al asignar publicidad oficial, vetando a programas dedicados a la difamación.

• Políticas corporativas éticas: Las empresas privadas deben comprometerse a no ceder al chantaje. Pagar por el silencio financia futuros ataques. El sector empresarial debe canalizar sus denuncias por la vía legal y retirar publicidad de medios que utilicen malas prácticas.

3. Fortalecimiento gremial y colegiación

Las organizaciones que agrupan a los profesionales de la comunicación juegan un rol de arbitraje y depuración.

• Tribunales disciplinarios activos: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben aplicar sanciones públicas, suspensiones y expulsiones a miembros que violen el código de ética.

• Certificación y deslinde: Crear mecanismos públicos de verificación para que la ciudadanía y los anunciantes puedan distinguir entre un periodista profesional o medio legítimo y un “enganchado” digital o extorsionador.

4. Educación y responsabilidad de las audiencias

El público general alimenta el negocio al consumir y replicar el contenido sensacionalista.

• Alfabetización mediática: Fomentar en la ciudadanía la capacidad de verificar fuentes y dudar de informaciones escandalosas sin sustento.

• Cultura de la denuncia en redes: Incentivar el reporte masivo y la denuncia en plataformas como YouTube, Facebook o X de aquellas cuentas que violen las políticas comunitarias de acoso, difamación y extorsión, logrando la desmonetización o el cierre de sus canales.

*  El autor es periodista, municipalista y político

Para combatir eficazmente el periodismo de chantaje en la República Dominicana sin caer en la censura previa o el silenciamiento de la prensa libre, el consenso de juristas, gremios de prensa y expertos apunta a un mecanismo integral basado en la reforma legal civil, la persecución penal de la extorsión digital y la asfixia financiera de los extorsionadores.

El equilibrio óptimo consiste en diferenciar jurídicamente la legítima crítica periodística (que debe estar protegida) de la extorsión pura y dura camuflada de información.

1. Despenalización de los delitos de opinión y fortalecimiento de la vía civil

La legislación tradicional dominicana (la obsoleta Ley 61-32 de 1962) contempla penas de prisión para la difamación, lo que suele ser usado por el poder para intimidar a periodistas serios. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y juristas proponen cambiar el enfoque:

• Eliminar la cárcel para la difamación ordinaria: Evita que se creen «leyes mordaza» que limiten el debate público.

• Establecer sanciones civiles severas y proporcionales: El mecanismo idóneo es el castigo económico. Indemnizaciones multimillonarias indexadas al daño reputacional real provocado a empresas o individuos desincentivan el negocio del chantaje, volviéndolo financieramente inviable.

2. Tipificación precisa del «Chantaje Extorsivo» en el Código Penal

Para frenar a los extorsionadores mediáticos, instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han señalado que el mecanismo penal debe enfocarse estrictamente en la coacción.

• El detonante económico: No se debe penalizar la publicación de una denuncia o rumor, sino el acto de solicitar dinero, contratos o pautas publicitarias a cambio de retirar o no publicar dicha información.

• Si se demuestra el flujo o la solicitud de un beneficio económico bajo amenaza de difusión, el acto deja de ser un delito de prensa y se convierte en un delito ordinario de extorsión (con penas severas, como las contempladas en las reformas del Código Penal).

Sociólogo – Comunicador Dominicano

Triffolio@gmail.com

Uno de los ceremoniales más hermosos con que todavía cuenta el campo dominicano, aunque no con tanta acentuación como en décadas atrás, lo representa el canto de trabajo conocido como La Paloma.

Se trata de un canto en grupos, sustentado en coros, que vocalizan los recolectores de café, en muchas de nuestras lomas, mientras realizan su labor agrícola.

Son tonadas de contenido tan diverso como la vida misma de los pobladores del área rural dominicana, que tiene como base literal la composición picaresca y popular por excelencia reconocida como La Décima.

De una manera simple pero precisa y categórica, los hombres y mujeres del campo de la República Dominicana afirman que “toda décima que se canta, en grupo, al momento de recoger los granos en los cafetales, es una Paloma”.

En este tipo de junta o convite participan personas de ambos sexos y de diferentes edades, entre las cuales se observan algunas que, de manera espontánea y en tiempos diferentes, van asumiendo la voz de mando o guía del conjunto mientras los demás participantes empiezan a responder a coro, asumiendo un volumen bastante acentuado.

En la misma medida en que la voz de mando o guía es asumida por una persona diferente, generalmente, cambia la temática del canto conforme a sus sentimientos, vivencias y expectativas, imprimiendo una riqueza de contenido extraordinaria a La Paloma.

Resulta curioso destacar que el canto de La Paloma es una de las pocas manifestaciones artísticas campesinas, por no asegurar la única, en donde no aparece como elemento acompañante algún recurso que haga las veces de un instrumento musical o algo semejante.

Con el discurrir del tiempo y en la medida en que penetraron nuevas técnicas e instrumentos de producción al área rural del país, el canto de La paloma, tal como ha sucedido con otras manifestaciones folclóricas campesinas, ha ido paulatinamente desapareciendo, teniendo mucho que ver en esta transformación la presencia del radio de baterías, el cual hizo que muchos de nuestros campesinos echaran a un lado las tonadas y por tanto, pasaran a ser entes receptivos de los mensajes que proyectan las bachatas y los merengues conocidos como “de tierra adentro” difundidos por los programas radiales.

En la Audiencia General de cada miércoles en la Plaza de San Pedro, celebrada el pasado 4 de noviembre, el Papa León XIV basó su reflexión en los capítulos tercero y cuarto de la Constitución Gaudium et spes, Gozo y Esperanza, dedicada a la vida económica y a la comunidad política.

Señalaba el Sucesor de Pedro, recordando a los padres conciliares del Vaticano II, el peligro que representa para la paz mundial, los desequilibrios derivados de un desarrollo económico que no es equilibrado ni respeta la Creación.

¿Qué ha pasado en el país, y otras naciones latinoamericanas con relación al desarrollo económico?

Vemos que el crecimiento no llega a todos, mientras nos presentan cifras que llenan de orgullo y satisfacción a los gobiernos cuando las comparan con otras naciones, pero ese crecimiento no llega a los sectores más necesitados, y éstos siguen llevando sobre sus hombros la carga de pobreza que les impide vivir y caminar con dignidad.

Esas desigualdades generan violencia, que va creciendo en la misma medida en que no se le dan respuestas satisfactorias a las necesidades más urgentes de nuestra gente. Recordemos siempre al Papa Pablo VI cuando proclamó: Si quieres la paz, trabaja por la justicia.

El pasado día 3 de noviembre, Estados Unidos de Norteamérica concluyó un gran evento democrático con indiscutible orden y una alta participación electoral; hablamos de las elecciones de medio término. Asistimos a una consulta muy ordenada, donde los activistas partidarios fuera de los recintos, auspiciaban a votar por sus candidatos, sin ser molestos ni agresivos.

El elector norteamericano tuvo la oportunidad de mostrar su frustración o su satisfacción por la forma en que es gobernado. Mirando los resultados del día después, tenemos que concluir que, la decisión mayoritaria de las masas electoras fue contra las políticas del gobierno central, encabezado por el presidente Donald Trump.

La política contra los inmigrantes que lleva a cabo el Ejecutivo norteamericano, fue rechazada ampliamente en estados como Nueva York, California y Texas, donde las autoridades republicanas fueron barridas por un tsunami azul; y en varios casos los demócratas encabezados por candidaturas hispanas, como son los casos de las gobernaciones de Texas y California.

Bueno, pero ¿cómo es posible que siendo los inmigrantes nacionalizados minorías, el oficialismo republicano sea despojado de la mayoría en ambas cámaras legislativas? _Pues, porque no ha sido solamente la política anti-inmigrante lo que ha incidido en su derrota; el alto costo de los alimentos y de los combustibles que a diario golpean los ingresos de los ciudadanos, fue el mayor incentivo para el voto opositor.

Además, creemos que el presidente Donald Trump, acaba de enterarse de una manera muy dolorosa de la impopularidad de sus guerras; a dos años de su vuelta a la Casa Blanca, guerras que prometió resolver en 24 horas, las ha hecho suya, como es el caso de la guerra de Ucrania; sin olvidarnos que la denunció como la guerra de Joe Biden en la que EEUU perdía US $ 360 mil millones de dólares, según sus propias palabras.

La guerra contra los persas que fue iniciada en febrero pasado y supuestamente duraría un par de semanas, porque Irán se desplomaría y se rendiría ante los ataques de EEUU e Israel, se encamina a sus 8 meses de duración, los ataques se suceden sin obtener ningún resultado tangible sobre el terreno; ahora vemos al presidente Trump con las manos desbordadas con un conflicto, para el cual no tiene solución.

Bajo estas premisas la victoria opositora, deja al presidente Donald Trump en una imagen figurativa del “pato cojo político” gobernando sin el apoyo del poder legislativo.

La primera reacción del Presidente ante la debacle electoral fue amenazar con convertirse en el señor “Veto”, suponemos que con esto quiso decir que vetará todas las iniciativas congresuales que no le favorezcan; para nuestra humilde observación, creemos que sería un error político pasar dos años obstaculizando las funciones de uno de los poderes del Estado.

La amenaza del indictment presidencial

El fanatismo en las filas opositoras, especula sobre un indictment presidencial contra el Presidente. Un indictment contra el Presidente, sería una acusación de un Gran Jurado que buscaría terminar el mandato antes de culminar el período constitucional, por irregularidades cometidas por el Mandatario.

No creemos que la plataforma pensante que dirige la oposición demócrata, cometa el error político de inhabilitar a Donald Trump; si eso sucediera, el partido Republicano tendría la oportunidad de reinventarse, y gobernar los próximos dos años con una figura fresca y diferente a la del Presidente actual, dígase el vicepresidente J D Vance.

De suceder esto, entonces los demócratas no tendrían la oportunidad de aprovechar el desgaste político de Trump a su favor. Ahora bien, la situación puede ser más complicada, si la iniciativa del indictment viene del ala republicana que adversa al presidente Trump; en ese caso la dirigencia demócrata no tendría excusas para no apoyar ese tipo de iniciativa.

La situación política norteamericana abre capítulos por venir de extraordinaria importancia; partiendo del contexto de que las decisiones en la dirección de la hegemonía más poderosa del globo, inciden directamente y con gran impacto en la geopolítica global.

Esperamos sabiduría en unas decisiones, que sean garantes de la paz de la familia norteamericana y que aseguren salidas decorosas en esos conflictos mundiales.

Durante el último año, dirigentes y sectores vinculados al partido Fuerza del Pueblo han sostenido reiteradamente, en distintos medios comunicación, que las obras que ejecuta el Gobierno del presidente Luis Abinader en la provincia de Santiago no fueron solicitadas por la ciudadanía. Este planteamiento se ha convertido en uno de los principales argumentos de su discurso opositor y ha sido utilizado incluso por supuestos dirigentes comunitarios para cuestionar las inversiones que se realizan en la provincia.

Sin embargo, una reciente declaración de su propio líder político, Leonel Fernández, durante una visita a Santiago, introduce una contradicción que merece ser analizada. Al presentar como una de sus propuestas la extensión del monorriel hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, Fernández reconoce implícitamente la importancia de esta infraestructura para la movilidad urbana y el desarrollo de la ciudad.

Ante esta posición, cabe plantear una pregunta a quienes han cuestionado reiteradamente estas inversiones: ¿el monorriel y el teleférico responden a necesidades reales de Santiago, colectivizan y tecnifican el transporte o no, como se han querido presentar desde algunos sectores, obras concebidas por capricho del actual Gobierno? Si ahora se propone ampliar el monorriel, resulta necesario revisar el discurso que durante meses ha intentado descalificar su construcción.

La discusión, sin embargo, va más allá de una contradicción política. Santiago ha reclamado durante años inversiones públicas acordes con su peso económico y su contribución al desarrollo nacional. En ese contexto, iniciativas del conglomerado Compromiso Santiago, compuesta por más de 50 organizaciones, han desempeñado un papel importante al articular las demandas de distintos sectores. Desde 2010, esta plataforma ha reunido a organizaciones empresariales, sociales y profesionales para impulsar una agenda de desarrollo y reclamar que las necesidades de la provincia sean incorporadas en los planes de los distintos gobiernos. Lo que ha venido pasando desde el Consejo de Gobierno del 2020 realizado en Apedi en Santiago por el presidente Luis Abinader.

Representantes del sector productivo han reiterado que importantes proyectos de saneamiento e infraestructura que actualmente se ejecutan fueron discutidos y consensuados con sectores organizados de Santiago. Entre las voces que han abordado este proceso figuran Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES); Saúl Abreu, director ejecutivo de Apedi, y Sandy Filpo, expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), entre otros representantes empresariales.

También desde otros sectores políticos se han escuchado reconocimientos a las inversiones y transformaciones que experimenta la ciudad, aunque con distintos niveles de énfasis. Este escenario obliga a la oposición a revisar sus planteamientos y a formular cuestionamientos sustentados en propuestas concretas, más allá de la descalificación generalizada de las obras públicas.

Durante su visita a Santiago, Fernández también cuestionó los anuncios sobre los plazos de conclusión del monorriel. Ese señalamiento abre un debate legítimo sobre el cronograma, la ejecución de la obra. No obstante, resulta significativo que, al mismo tiempo, su propuesta contemple extender el propio sistema de transporte que ha sido objeto de críticas desde sectores de su organización.

En política, las contradicciones no pasan inadvertidas. Si una obra no responde a ninguna necesidad, ¿por qué proponer su ampliación? Y si se reconoce que Santiago necesita ese sistema de transporte, corresponde debatir con seriedad sus alcances, costos, plazos y beneficios, en lugar de reducir la discusión a consignas partidarias.

La oposición tiene el legítimo deber de fiscalizar y cuestionar la gestión gubernamental. Pero también tiene la responsabilidad de hacerlo con coherencia. Santiago necesita menos discursos contradictorios y más propuestas que respondan a sus necesidades. Porque, al final, las obras públicas no deben medirse por quién las anuncia o quién las ejecuta, sino por su capacidad de mejorar la vida de la gente.

Y cuando el propio discurso termina contradiciendo los argumentos que durante meses se han repetido, la pregunta es inevitable: ¿quién se quedó sin argumentos?

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La competencia de la CPI para enjuiciar a un individuo que haya sido sujeto de un proceso fraudulento de un tribunal nacional, es técnicamente una excepción al principio de derecho penal que establece que nadie podrá ser procesado dos veces por el mismo delito (ne bis in idem). El artículo 20 del Estatuto de Roma permite que la CPI enjuicie a una persona por un delito establecido en el Estatuto, aun si ya este fue objeto de un caso en un tribunal nacional si:

a) El proceso obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional; o

b) El proceso no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

La justicia penal se transgrede entonces, solo cuando esta se ha violado de conformidad con el debido proceso y otros estándares internacionales. El primer ejemplo se refiere a la situación en que un Estado acuse al responsable de genocidio por el delito de asalto.

Tal proceso, aunque respete los principios de imparcialidad, obedecerá al principio de sustraer a la persona de la responsabilidad por un delito extremadamente grave.

El segundo ejemplo cubre un amplio margen de situaciones. No significa, sin embargo, que la CPI tendrá la potestad de intervenir en cada caso en que considere se esta violando una garantía procesal en un juicio llevado a cabo por una autoridad nacional.

Para que la CPI pueda iniciar un nuevo proceso, la violación a las garantías procesal debe de haberse cometido con el propósito de sustraer a una persona para que no comparezca ante la justicia.

El principio de ne bis in ídem se encuentra regulado en la mayoría de los códigos penales nacionales, en algunas constituciones, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, sería recomendable que la legislación nacional que implemente el Estatuto de la Corte Penal Internacional mencionara las excepciones a este principio que se estipula en el Estatuto .

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Por Melany Marmolejos Pérez.

Desde nuestros primeros años de vida, aprendemos que obedecer es una virtud. Se nos enseña a respetar a nuestros mayores, acatar las reglas y seguir las instrucciones de quienes tienen autoridad sobre nosotros. Crecemos con la idea de que cuestionar una decisión puede ser una muestra de rebeldía, que contradecir a un superior es una falta de respeto y que, muchas veces, lo correcto es simplemente aceptar las cosas tal como son. Pero ¿en qué momento aprendimos a confundir el respeto con la obediencia absoluta?

La obediencia es necesaria para convivir, pero eso no significa que debamos aceptar todo sin cuestionarlo. Existe una diferencia fundamental entre respetar y obedecer: respetar implica reconocer la dignidad y los derechos de los demás, mientras que obedecer significa acatar una instrucción o norma. Podemos respetar a nuestros padres, educadores e instituciones sin asumir que sus decisiones son siempre correctas. Reconocer la autoridad de alguien no significa renunciar a nuestro derecho a cuestionarla.

Ninguna persona debería estar exenta de críticas por ocupar una posición de poder, ni deberíamos tener que guardar silencio para demostrar respeto. Cuestionar una decisión no nos convierte en irrespetuosos; por el contrario, puede ser una expresión de pensamiento crítico y responsabilidad. Como expresó Salvador Allende en su discurso ante los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en 1972: «Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica».

Sin embargo, parece que hemos ido perdiendo precisamente esa capacidad de cuestionar. Nos hemos acostumbrado a señalar los problemas, expresar nuestras inconformidades en internet y quejarnos de las injusticias, pero no siempre estamos dispuestos a involucrarnos para cambiarlas. En ocasiones, asumimos que no hay nada que hacer cuando una figura de autoridad ha tomado una decisión, incluso si esta resulta poco ética o perjudicial. Así, poco a poco, terminamos aceptando como normal aquello que deberíamos estar cuestionando.

Pero ¿podemos responsabilizar únicamente a los jóvenes? Sería injusto ignorar el entorno en el que crecemos. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos a estructuras que ya tienen sus propias reglas y jerarquías, sin preguntarnos necesariamente si todas tienen sentido. Y cuando alguien se atreve a hacerlo, su inconformidad suele interpretarse como inmadurez, rebeldía o falta de respeto. El mismo entorno que espera que los jóvenes construyan el futuro puede ser el primero en desanimarlos cuando intentan cambiar el presente.

Ahora bien, ser revolucionario tampoco significa oponerse a todo, promover el caos o irrespetar las normas básicas de convivencia. No se trata de destruir por destruir, sino de desarrollar la capacidad de pensar más allá de lo establecido, reconocer cuándo algo es injusto y proponer alternativas. Porque no todo lo que existe está mal, pero tampoco todo lo que ha existido durante generaciones está necesariamente bien. Una costumbre no se vuelve correcta por ser antigua, ni una forma de pensar deja de ser perjudicial simplemente porque la mayoría la haya normalizado. Ser revolucionario es comprender que las cosas pueden hacerse de otra manera, siempre que existan razones que justifiquen ese cambio.

El problema también está en cómo reaccionan quienes tienen el poder. Con frecuencia, los cuestionamientos de las nuevas generaciones se interpretan como una amenaza, un intento de descontrol o incluso como una conducta extremista. Se desacredita a quienes protestan, se ignoran sus exigencias y se confunde la inconformidad con la violencia. Pareciera que a algunos les afecta más ver un monumento derribado que reconocer las injusticias que llevaron a las personas a manifestarse. Sin embargo, cuestionar una decisión, exigir derechos y protestar pacíficamente no es terrorismo. Las autoridades también deben entender que mantener el orden no significa impedir que las cosas cambien.

Y si algo demuestra la historia es que los jóvenes no siempre han permanecido en silencio. En septiembre de 2025, en Nepal, miles de jóvenes de la Generación Z se movilizaron contra la corrupción, el nepotismo y las restricciones a las redes sociales. Sus protestas desencadenaron una crisis política que terminó con la renuncia del primer ministro. En Francia, durante 2026, las movilizaciones estudiantiles también han llegado a las calles de distintas ciudades, demostrando que las nuevas generaciones siguen teniendo motivos para exigir cambios.

Nuestra propia historia tampoco está exenta de estos ejemplos. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, jóvenes dominicanos participaron en movimientos de resistencia que desafiaron un régimen que parecía imposible de derribar. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, liderado por Manolo Tavárez Justo, constituye uno de los ejemplos más significativos de aquella juventud que se negó a aceptar la represión como una realidad permanente. De igual manera, durante la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, el movimiento estudiantil tuvo una participación importante en los acontecimientos que condujeron a la Revolución de 1959. Estos episodios, aunque distintos en sus circunstancias, demuestran que los jóvenes también han sido protagonistas de la historia y no simples espectadores de ella.

No se trata de romantizar el sacrificio ni de pensar que todo cambio debe conseguirse mediante la violencia. Lo importante es comprender que ninguna transformación comienza necesariamente cuando todos están de acuerdo, sino cuando alguien se atreve a cuestionar aquello que los demás han aceptado durante años. A veces, basta con que una persona alce la voz para que otras descubran que tampoco están de acuerdo con lo que sucede. Lo que comienza como una inconformidad individual puede convertirse en una exigencia colectiva capaz de cambiar el rumbo de una sociedad.

Mientras hayan jóvenes dispuestos a defender sus ideales y a luchar por una realidad diferente, hay esperanzas.. El problema es que, muchos, cuando sienten que están solos frente a un sistema entero, cuando sus exigencias son ignoradas y nadie parece dispuesto a acompañarlos, es fácil perder la esperanza. Poco a poco, ese fuego que alguna vez impulsó a una generación comienza a apagarse. Y cuando quienes vienen detrás encuentran las mismas barreras, las mismas críticas y las mismas razones para guardar silencio, se corre el riesgo de transmitir esa resignación de generación en generación.

Por eso, la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los jóvenes. Nosotros debemos dejar de conformarnos con señalar los problemas y empezar a involucrarnos en sus soluciones, pero las instituciones y quienes tienen autoridad también deben aprender a escuchar, aceptar las críticas y reconocer cuándo necesitan cambiar. No podemos exigirles a las nuevas generaciones que construyan un futuro diferente mientras les enseñamos que cuestionar el presente está mal.

Al final, una sociedad que no permite ser cuestionada termina repitiendo sus propios errores. Y una juventud que no se atreve a cuestionarlos corre el riesgo de heredarlos.

Sociólogo – Comunicador Dominicano

Triffolio@gmail.com

La junta campesina es considerada como una de las instituciones de ayuda mutua más comunes, aunque en extinción, en el área rural de la República Dominicana y de otros países de América Latina.

En la mayoría de las comunidades campesinas del país también recibe el nombre de convite y constituye una agrupación voluntaria de labriegos que se reúnen con el propósito de colaborar en las faenas agrícolas de diferente índole.

Este grupo de voluntarios que prestan desinteresadamente sus brazos y esfuerzos para cualquier tipo de trabajo agrícola puede estar integrado por parientes y amigos de la persona convocante, pero muy comúnmente lo componen individuos pertenecientes a una misma comunidad rural.

Los miembros de la Junta, según explica Carlos Esteban Deive, en un artículo publicado en la desaparecida Revista ¡Ahora!, No. 726, del 10 de octubre, 1977, página 34, “suelen acudir al llamado del necesitado cuando éste requiere de la labor común de aquellos para cumplir con un trabajo que, por sí sólo, no podría realizar o le llevaría mucho tiempo”

De igual modo, destaca el acucioso investigador que los integrantes de la Junta “están comprometidos moralmente a prestar sus servicios a los demás, sin que el intercambio de días de labor esté fijado rigurosamente por normas previamente establecidas”.

Tanto el suministro del agua o bebidas como de la alimentación requerida por los participantes en la junta corresponden al convocante suministrar cuantas veces sea necesario.

Como depósito del agua potable resalta la presencia de un higüero de forma alargada, atado a una cuerda y teniendo como tapón un pedazo de tuza de maíz o trozo de tela, al cual denominaban Morro o Calabaza, el cual luce ser la expresión más rudimentaria de la conocida Bota Española, confeccionada en cuero de animales y utilizada para disfrutar del vino.

Conforme a las características que refleja la junta existen diversos estudiosos del folclore que afirman, categóricamente, que es “una institución genuinamente africana”.

En ese tenor se inscribe, Carlos Estaban Deive, cuando expresa que por “su estructura y funciones” la junta observada en muchos de las comunidades rurales del país, presenta “rasgos comunes a las instituciones de ayuda mutua de África Occidental” y que también, “son compartidos, además, por instituciones similares de numerosos países afroamericanos”.

En procura de avalar lo antes manifestado, el reconocido investigador subraya que “Una típica institución africana de ayuda mutua y de carácter rural es la llamada dokpwe de los fon de Dahomey, descrito en detalles por Herskovits”.

Recuerda que Dokpwe existe en prácticamente todas las aldeas  dahomeyanas y está dirigido por un jefe anciano de la comunidad, quien convoca a sus compañeros para realizar un trabajo agrícola cualquiera y los demás miembros se presentan al lugar, el día y la hora estipulado con todos los instrumentos necesarios.

Tanto en la junta como en la institución africana especificada, la faena empieza “al rayar el alba, y durante todo el tiempo que dura la misma, el ritmo de los tambores y los cantos de los trabajadores ayudan a coordinar el trabajo, a estimularlos y a hacer menos fatigosa la labor”.

En el transcurso de la jornada, el convocante al trabajo colectivo tiene la obligación, que jamás rehúye, de suministrar la comida y bebidas a quienes laboran junto a él.

El convocante, quien es el dueño del campo donde se ha trabajado, al concluir la tarea agrícola, generalmente, ofrece una fiesta en su casa, en que se come y se baila al son de los tambores.

Todos participantes en la actividad se comprometen, solemnemente, reciprocar la ayuda prestada, que no sólo se limita a asuntos agrícolas, sino que puede extenderse, por ejemplo, a la construcción de una casa, el apaleo de unas habichuelas, el derribo de algunos árboles, recolección de café u otros granos, el entierro de un compañero, el “majao de café” a pilón, la construcción de una cerca o lindero, la cobija de una vivienda o la apertura de un camino vecinal, entre otras actividades colectivas.

Con todo lo anteriormente expuesto no se pretende ocultar o invalidar la existencia del trabajo cooperativo o de ayuda mutua en numerosas sociedades campesinas tradicionales de Europa, eso sí, con rasgos que se asemejan a las africanas, por lo que según revela Roger Bastide, tal realidad, con razón o sin ella, “lleva a uno a dudar si esta forma de trabajo es procede de África o tal vez tiene sus orígenes en la propia Europa”.

Vale también expresar que la junta campesina dominicana también tiene su equivalente en Haití y allí tiene como combite o convite haitiano, el cual presenta diversas modalidades según la duración del trabajo y la hora en que comienza el mismo.

Entre las variantes más comunes de la referida expresión de la ayuda mutua en el referido país se destacan: El Ron o Rondé, El Devant Jour, La Corvée y El Gran Combite.

En el caso de Trinidad la institución rural en cuestión recibe el nombre de Grayap y tiene las mismas características que combite haitiano.

En la Martinica se registra el denominado Coup de Main, conformado por íntimos y familiares.

Otra expresión similar a la junta dominicana se destaca en algunas zonas de Venezuela donde es denominada como La Cayapa y es representada, esencialmente, por negros y mulatos de costa, donde la colaboración casi siempre se reduce a la construcción de ranchos.

En el caso de los negros de la costa ecuatoriana, es notoria la existencia de una institución de ayuda mutua conocida como La Minga, dirigida por un jefe y su convocatoria se dirige, principalmente, al corte y transporte de madera para los aserraderos vecinos.

En torno a los cambios que de manera paulatina se vienen produciendo tanto en la junta campesina dominicana como en las demás instituciones afroamericanas, no debe olvidarse como razones causales la introducción de relaciones de producción capitalistas en el área rural y la presencia de nuevas tecnologías agrícolas.

En esa línea de percepción y valoración se enmarca Carlos Esteban Deive, cuando resalta que “En muchas partes el toque de los tambores ha dejado ya de ser parte integrante y principalísima de las faenas agrícolas, y el trabajo gratuito, que se recompensa con el intercambio, ha sido sustituido por pago en dinero o en productos del campo”.

Recuerda el renombrado investigador que, al parecer, permanece inmutable “el acompañamiento de las canciones y la obligación por parte del dueño de la obra de brindar comida y bebida, así como el ofrecer una fiesta al final del trabajo”.

Finalmente, y a manera de recordatorio, es importante tener presente, tal como lo refiere el ya citado antropólogo, que el vocablo Junta, en la República Dominicana, designa a una institución de ayuda mutua, tendente a la desaparición, que implican “agrupamiento o reunión de individuos que participan voluntariamente en las labores agrícolas”.

Sin embargo, como advertencia, también es válido subrayar que, con igual término, durante la época de la colonial, se nombraba otra realidad un tanto diferente, integrada por las reuniones de esclavos negros que acudían a los bailes o las ceremonias religiosas.

Londres, 2 de noviembre de 2026

Muy buenos días, señoras y señores.

Es un gran placer darles la bienvenida a este foro empresarial, en nombre del Banco Popular Dominicano.

Muchas gracias por acompañarnos y por su interés en explorar las oportunidades de inversión que ofrece la República Dominicana.

Nos complace estar nuevamente aquí en Londres, participando en la Semana Dominicana en el Reino Unido, un evento que, sin lugar a duda, refleja los crecientes vínculos entre nuestras dos naciones en materia de comercio, inversión y turismo.

Esta visita también nos brinda una excelente oportunidad para estrechar nuestras relaciones con la comunidad empresarial británica.

Sé que la embajadora Hernández de Grullón ha hecho de este objetivo una de sus principales prioridades, y esperamos continuar apoyando sus esfuerzos.

Señoras y señores, la República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más dinámicas, resilientes y estables de América Latina y el Caribe.

Nuestro país cuenta con importantes fortalezas:

Un crecimiento económico sostenido, con una expansión promedio anual del producto interno bruto cercana al 5% durante las últimas dos décadas.

Y esperamos que esta trayectoria continúe. Para este año, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 4.6%, aproximadamente el doble del promedio previsto para la región.

Un clima favorable para los negocios, respaldado por un diálogo abierto y una estrecha colaboración entre los sectores público y privado en los distintos ámbitos de nuestra economía.

Estabilidad política y social, que constituye una de nuestras principales ventajas competitivas en la región.

Vale la pena destacar que el nivel de pobreza se ha reducido del 30% en 2021 al 13.8% este año.

Una moneda estable. Durante los últimos diez años, el peso dominicano ha registrado una depreciación promedio anual frente al dólar estadounidense inferior al 3%. Y durante las últimas dos décadas, esa depreciación ha sido inferior al 4% anual. De hecho, en lo que va de este año, nuestra moneda se ha apreciado un 3.8%.

Y, finalmente, contamos con un sólido marco institucional, que brinda confianza y seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Esta combinación de crecimiento sostenido y estabilidad ha contribuido a que la República Dominicana alcance niveles récord de inversión extranjera directa durante los últimos cuatro años.

Y confiamos en que esta tendencia continúe en 2026.

Sin lugar a duda, la República Dominicana ofrece importantes oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.

El turismo continúa siendo uno de los principales motores de nuestra economía. Representa aproximadamente el 9.5% del producto interno bruto y se estima que este año generará alrededor de US$12,000 millones para nuestra economía, un incremento del 13% con respecto a 2025.

Y seguimos ampliando y diversificando nuestra oferta turística. Continuamos desarrollando destinos como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto y Miches, así como nuevos polos turísticos, entre ellos Cabo Rojo.

Esta mañana nos acompaña Frank Rainieri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Puntacana. También está con nosotros Encarna Piñero, CEO global del Grupo Piñero, que cuenta con más de 9,000 habitaciones hoteleras en la República Dominicana. Su familia realizó sus primeras inversiones en nuestro país a finales de la década de los noventa.

La energía es otro sector que experimenta una rápida expansión. Representa aproximadamente el 27% de toda la inversión extranjera directa que recibe la República Dominicana.

Actualmente, desde el Banco Popular estamos apoyando proyectos que incorporarán más de 1,200 megavatios de capacidad de generación durante los próximos años, con una inversión total superior a los US$2,000 millones.

La manufactura, particularmente a través de nuestras zonas francas, continúa atrayendo empresas internacionales. En este sector contamos con dos grandes fortalezas: el trabajador dominicano, capacitado, disciplinado y resiliente; y nuestra ubicación geográfica estratégica, que nos permite un fácil acceso a los mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Asimismo, vemos importantes oportunidades de inversión en los sectores de logística, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

En el Banco Popular hemos tenido el privilegio de contribuir a esta transformación durante más de seis décadas. Para nosotros, invertir en la República Dominicana representa mucho más que una decisión económica.

Es un compromiso con el progreso de nuestra nación, un voto de confianza en su futuro y la convicción de que juntos podemos crear nuevas y mejores oportunidades.

Nuestro papel va más allá de ofrecer servicios financieros. También consiste en construir relaciones de largo plazo, compartir conocimientos y experiencias, y ayudar a los inversionistas a identificar y desarrollar oportunidades de negocios con confianza.

¡Y esa es precisamente la razón por la que estamos aquí hoy!

Queremos compartir nuestra visión sobre el país, conversar sobre las oportunidades existentes y, sobre todo, escuchar sus intereses y explorar cómo podemos trabajar juntos.

Quiero agradecer muy especialmente a la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido, a nuestra embajadora Rosa Hernández de Grullón, y a la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, presidida por Ryan Polanco, por su esfuerzo y compromiso en la organización de esta Semana Dominicana.

Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos esta mañana.

Espero que disfruten las presentaciones y conversaciones que tendremos durante este encuentro.

Confío en que será una jornada de intercambio productivo de ideas y nuevas oportunidades de colaboración.

Sean todos bienvenidos y muchas gracias.