El gobierno de Estados Unidos prohibió el martes la entrada al país de los miembros del gobierno de Nicaragua “encabezados por el presidente Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidenta Rosario Murillo”, por considerar que sus acciones “socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia” en el país centroamericano.
La disposición consta en una declaración firmada por el presidente Joe Biden, en la cual fustigó “la represión del gobierno de Ortega contra los líderes de la oposición, los líderes de la sociedad civil y los periodistas” previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre pasado.
“Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a los Estados Unidos a actuar”, señaló Biden en el documento, tras indicar que toma estas medidas en vista de “la importancia para los Estados Unidos de fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua” y “dada la supresión de los derechos humanos y la democracia” en esa nación.
Entre los nicaragüenses que no podrán entrar a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, figuran todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos (del partido sandinista) que participaron en “graves abusos o violaciones de los derechos humanos”, además de funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional, de grupos parapoliciales y paramilitares, y del sistema penitenciario.
Tampoco podrán ingresar los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales y los profesores de educación pública superior, entre otros. La medida afecta también a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas, según se indicó.
Por su parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en su testimonio ante el Congreso el martes abogó por retirar el financiamiento externo al gobierno de Ortega, en el marco la ley RENACER firmada por Biden la semana pasada. “Como parte de la ley RENACER, deberíamos buscar formas de evitar que Nicaragua obtenga recursos de las instituciones financieras internacionales, fondos que inevitablemente irían a su gobierno corrupto”, afirmó Nichols.
La Ley RENACER permite imponer sanciones al gobierno de Ortega, para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y “atacar la corrupción del régimen”.
Poco antes, desde Managua, el Parlamento dominado por el gobernante Frente Sandinista instó a Ortega a que denuncie (declare inválida) la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que daría inicio a un proceso para retirar al país del organismo hemisférico. En una declaración aprobada en plenario por una amplia mayoría de 83 votos, el Congreso unicameral solicitó a Ortega “que denuncie la Carta de la OEA, siguiendo el mecanismo estipulado en el Artículo 143 de instrumento”.
Los diputados nicaragüenses reaccionaron así a una resolución aprobada por la OEA la semana pasada, en la cual 25 países desconocieron los resultados de las pasadas elecciones. El Parlamento calificó la resolución como “irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios” bajo los cuales se constituyó la OEA, entre ellos “el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
“Estamos contentos, celebrando esta declaración que ratifica nuestra soberanía”, dijo minutos después Murillo a la televisión estatal. Agregó que el texto del Parlamento “insta a denunciar la Carta de la OEA y a renunciar, en consecuencia, a la permanencia en una organización que no respeta ni sus propios instrumentos fundacionales y solo sirve a los intereses del imperio norteamericano”.
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