Abogados afianzan protestas contra proyecto ley cierra acceso a la justicia

 

Montan vigilia y se movilizan en Santo Domingo

 

Por Ignacio GUERRERO.

SANTO DOMINGO. – Con una vigilia y movilizaciones por las calles de Santo Domingo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, afianzó ayer el plan de protestas contra el proyecto d ley orientado a cerrar el acceso a la justicia.

Cientos de miembros de la institución, montaron una vigilia frente al Congreso Nacional, en donde denunciaron que algunos diputados pretenden instaurar por ley el acceso a la Justicia Virtual con la aprobación primera lectura del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales por parte de la Cámara de Diputados, lo que afectaría a los usuarios del sistema.

Miguel Surún Hernández, presidente de la entidad, afirmó que dicho proyecto pretende eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos, mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constara de documentos escaneados, es decir en fotocopia.

A su juicio, esa pieza permitirá abrir las puertas a todo tipo de fraude mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, falsificación de documentos, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopias.

“Nosotros como institución no estamos en contra de la tecnología, de hecho estuvimos de acuerdo, sin las partes por escrito lo acepta con la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, exceptuando la penal, pero nunca con la imposición de una Justicia virtual, donde para su acceso se requiera tener luz, impresora, computadora e internet, lo cual es violatorio de varios artículos de la Constitución de la República”, precisó Surun Hernández.

De acuerdo al máximo dirigente del Colegio de Abogados, se trata de un plan que busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional.

Y agregó “de esa manera se busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna”.

Manifestó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución.