Por: J. Luis Rojas
El 9 de mayo de 2001 fue promulgada la Ley 87-01, la cual crea el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social. Previo a la promulgación de dicha ley, en República Dominicana, al igual que la mayoría de los países de América Latina, la seguridad social de los ciudadanos, provenía del Sistema de Reparto, el cual consiste en un gran fondo común, gestionado por el Estado, al que todos los ciudadanos contribuyen en la medida de sus ingresos, con el que se sustentan las pensiones y las necesidades de salud de los ciudadanos.
La entrada en vigor de la Ley 87-01 se produjo el 1 de junio de 2003. Es decir, desde su promulgación a su aplicación, han transcurrido más de veinte años. Sin ninguna duda, para prevenir los posibles efectos negativos derivados de una decisión de esta magnitud, era imprescindible diseñar, implementar y controlar estrategias y actividades creíbles e integrales de comunicación. Siempre se ha dicho que antes, durante y después de la toma de decisiones de alto impacto, es necesario desarrollar acciones comunicacionales.
Más allá de las causas objetivas y subjetivas que incidieron para que el antiguo sistema de seguridad social dominicano no lograra alcanzar un buen desempeño, lo cierto es que el actual no ha podido satisfacer las necesidades básicas de los afiliados. Por ejemplo, pensiones dignas y servicios de salud con calidad, así como un manejo humano y eficiente de los riesgos laborales. Hoy, en República Dominicana, la seguridad social se gestiona desde la lógica del capitalismo salvaje.
Aunque algunos defensores radicales del presente sistema de seguridad social, emprendan de manera deliberada diversos esfuerzos mediáticos, con la finalidad de desacreditar el antiguo Régimen de Reparto, es innegable que era más humano, social y solidario, que el que hoy manejan a su antojo los dueños de las AFP y ARS. Entiéndase, los empresarios y banqueros. ¿Por qué si la seguridad social es un derecho fundamental, el Estado dominicano ha entregado en bandeja de plata esta responsabilidad al sector privado local y foráneo, para que hagan más y mejores negocios?
Son muchos y variados los enojos, la ira, las insatisfacciones y frustraciones que tienen los ciudadanos con respecto a la calidad, cantidad y pertinencia de los servicios que reciben de parte del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social. En gran medida, detrás de la rabia que rodean a los afiliados, subyace la ausencia de estrategias y acciones comunicacionales creíbles, creativas y bien intencionadas. En el ámbito de la seguridad social dominicana, la historia se repite una y otra vez, ya que siempre han existido personajes que asumen el rol de evitar que la comunicación sea empleada como medio para educar, orientar, informar y concienciar a las audiencias, para que éstas puedan tomar buenas decisiones y hagan lo correcto.
Pese a que la dirección, regulación, administración y la toma de decisiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se rigen supuestamente por la lógica de la cooperación tripartita. Sin embargo, todo parece indicar que los intereses de los representantes del sector empresarial en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), tienen más fuerza y poder que el de los dos sectores restantes: el gubernamental y el laboral. ¿Por qué y quiénes han facilitado que la comunicación institucional haya estado ausente antes, durante y después de la entrada en vigor de la Ley 87-01?
El déficit comunicacional que existe alrededor del Sistema Dominicano de Seguridad Social es enorme. Son muchos los ciudadanos dominicanos que ignoran sus derechos y deberes en torno a la seguridad social. A juzgar por los hechos, parece que la comunicación asertiva y la satisfacción plena, no figuran entre las prioridades y el quehacer cotidiano de las entidades que dirigen, regulan y administraran cada uno de los servicios que tiene que ofrecer la seguridad social a sus afiliados.
Como dice el refrán: “la falta de voluntad quita las ganas de rezar”. Una de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), es la de: “Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación sobre seguridad social y asumir la defensa de 1os afiliados en representación del Estado Dominicano”. (Art. 22, literal c. Ley 87-01).
Es innegable, en los ámbitos técnicos, operativos y administrativos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, nunca ha existido preocupación por conocer la satisfacción de los afiliados, así como su nivel de conocimiento acerca del portafolio de servicios que poseen las entidades que conforman la seguridad social. Por ejemplo, una de las responsabilidades de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) es: “Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de 1os servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud (SNS) y las ARS, y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado”. (Art. 29, literal d. Ley 87-01).
Desde el 9 de mayo de 2001, hasta hoy, la implementación de estrategias y actividades de comunicación, por parte de los directivos y ejecutivos de las AFP, ARS y de los Proveedores de Servicios de Salud (PSS), ha sido tímida, mediocre y fríamente calculada. Sus esfuerzos comunicacionales se han limitado a: contratar promotores de pensiones para que oferten sus servicios e inscriban a sus afiliados, a persuadir con costos regalos a los encargados de gestión humana de entidades públicas y de empresas privadas, a comprar a periodistas, comunicadores, abogados y economistas para que transmitan mentiras a las audiencias, así como elaborar campañas mediáticas con comediantes sin credibilidad.
La ausencia de estrategias creativas, efectivas, continuas e integrales de comunicación, alrededor de las decisiones y actuaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), han traído como consecuencia que miles de afiliados al sistema de seguridad, hayan tomado decisiones que perjudican y vulneran sus derechos. Por ejemplo, los servidores públicos que antes de entrar en vigor la Ley 87-01, laboraban en una institución pública, y hoy los representantes del sector empresarial en el CNSS, insisten en negarles el derecho a recibir una pensión digna del Estado, según disposiciones establecidas en las Leyes 379-81 y 87-01.
Es verdad, los que manejan la seguridad social desde la lógica rentista, no les interesa que los afiliados estén debidamente informados. En pocas palabras, mientras más mediocre sea la comunicación, más seguro y próspero serán los negocios que operan en las proximidades de la seguridad social actual. La mala gestión de la comunicación, en los entornos de la seguridad social dominicana, ha facilitado que miles de ciudadanos que han sido favorecidos con pensiones solidarias y especiales, emitidas por el presidente Luis Abinader Corona, al cabo e varios años no puedan disfrutar de ellas, debido a que los funcionarios de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) no tienen creatividad para establecer una plataforma comunicacional masiva, que permita a los ciudadanos acceder a su merecida pensión.
¿Por qué a los directivos y gerentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se les hace tan difícil emplear la comunicación para contactar y entregar los fondos a los familiares de aquellos afiliados que han fallecidos? En este sentido, según el artículo 92 de la Ley 87-01, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN): “velara porque las informaciones proporcionadas por las AFP sean precisas y no induzcan a confusión o equívocos sobre 1os fines y fundamentos del sistema previsional, o sobre la situación institucional de la AFP correspondiente o sobre 1os costos reales de 1os servicios. En tal sentido, establecerá la información mínima que deberán incluir las AFP en sus actividades de promoción y publicidad”.
Ojalá que en estos días navideños, al talento humano responsable de planificar, gestionar y controlar la comunicación interna y externa en cada una de las entidades que interactúan en las inmediaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se le encienda los bombillitos de la creatividad y proactividad, en procura de que se logre una gestión más sistémica, integral, estratégica y efectiva de las estrategias y acciones comunicacionales, que han brillado por su ausencia antes, durante y después de la entrada en vigor del actuar SDSS. Además, la deseada y necesaria iniciativa tiene que involucrar al personal de comunicación de las AFP, ARS y de los PSS. Para que los afiliados recuperen un poco su tranquilidad emocional, es urgente que alguien asuma el reto de crear el gabinete de comunicación de la seguridad social.
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