El lunes 23 de octubre del presente año 2017 entró en vigencia la decisión unilateral de los chóferes del transporte de pasajeros de aumentar el precio del pasaje, alza que ellos mismos fundamentan en los frecuentes incrementos en el precio de los combustibles, pero basicamente del Gas Licuado de Petróleo.
Los obreros del volante alegan que cuando el barril de petróleo superaba los 140 dólares en el mercado de Texas en Estados Unidos, mercado que es tomado como referencia por República Dominicana para aplicar el precio de los carburantes, el costo del denominado GLP rondaba los 80 pesos por galón, y la tasa de cambio oscilaba entre el 38 y el 40 por uno con relación a la moneda criolla.
De igual modo, los transportistas de pasajeros argumentan que a la escala alcista de los combustibles se suman los elevados precios de las piezas, el aceite y los neumáticos para vehículos, al igual que el incumplimiento del gobierno a la entrega del beneficio conocido como Bonogas, programa este que alegadamente fue distorsionado para beneficiar a miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Al margen de los alegatos de los chóferes, intentando justificar su decisión, la población esta pagando un aumento de cinco (5) pesos en el precio del concho, es decir, en lugar de 20, el pasajero tiene que erogar 25 pesos para poder abordar un vehiculo que le permita llegar a su centro de trabajo, institución de estudios o a cualquier otro lugar.
Al día siguiente de materializarse el reajuste en el costo del pasaje, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Transito y Transporte, se limitó a informar que no autorizó el aumento. No obstante, los chóferes hicieron caso omiso a la aclaración oficial, lo que pone de manifiesto la falta de autoridad de la presente gestión encabezada por el licenciado Danilo Medina.
La población, pero sobre-todo la población de menos ingresos económicos de la sociedad, no participa en ningún momento de los debates, negociaciones y enfrentamientos entre las autoridades y los transportistas, pero es la población quien tiene que asumir las consecuencias de la decisión final.
En nuestra sociedad la práctica nos ha enseñado que los ministros, los diplomáticos, directores de instituciones oficiales, legisladores y sus hijos no sufren las consecuencias de la lucha de intereses entre el gobierno y los empresarios del transporte, ya que tienen ese servicio garantizado y de muy buena calidad.
Lo más común, y quizás lo peor de todo, es que si el gobierno decide aumentar el Bonogas o crear un nuevo programa de subsidio a favor de la clase chóferil, para sustentar esa iniciativa de inmediato recurre a la creacion de nuevos impuestos en contra de la ciudadanía, pero si se mantiene al margen, los hombres del volante no hacen otra cosa que cobrar el alza de los hidrocarburos a la población.
El prolongado conflicto puede ser interpretado como un juego entre dos, pero donde siempre pierde un tercero que no juega ni apuesta, pierde la población indefensa, la cual no tiene ningún tipo de protección por los altos niveles de insensibilidad del gobierno peledesita.
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