Treinta y dos delegaciones de los miembros activos de la OEA acudieron en esta jornada a la ciudad paraguaya de Luque para la primera sesión de deliberaciones, que arrancó con la elección de la Presidencia de la Asamblea, que recayó en el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez.
“En las Américas no hay espacio para el autoritarismo bajo ninguna excusa, tampoco debemos pretender un desarrollo efectivo sin garantías de seguridad”, dijo Ramírez en su discurso de apertura.
“Vivimos en una región de paz”, agregó el jefe de la diplomacia paraguaya, quien destacó que, a pesar de ello, existen “grandes desafíos” debido a la acción del crimen organizado transnacional.
De la sesión inaugural también participó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien señaló en su intervención que “América no necesita uniformidad ni modelos únicos” sino “diálogo, respeto y tolerancia para construir consensos”.
La Asamblea General de la OEA condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado y denunció cualquier “intento de desestabilizar las instituciones democráticas” en ese país.
En una resolución incluida de forma extraordinaria y aprobada por aclamación, las delegaciones del continente expresan su “grave preocupación” por lo ocurrido el miércoles.
La sublevación militar, agrega el texto, “constituye una amenaza al régimen constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y una flagrante insubordinación a las órdenes expresadas públicamente por el presidente constitucional, Luis Arce Catacora”.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, agradeció la aprobación del documento y dijo que el intento de sublevación militar fracasó, entre otros motivos, por la “fuerte condena internacional en cuestión de minutos”.
“Este hecho nos recuerda que el reto más importante para nuestros sistemas políticos es sin duda garantizar la preservación de la democracia representativa y encontrar la fórmula para que las interrupciones violentas a las democracias, sea por vía de golpes violentos o por vía de golpes oficiales de otra naturaleza, finalmente sean desterrados de nuestros países”, añadió Arce.
El pronunciamiento fue promovido ante el plenario por Chile e incluyó una “nota al pie” de El Salvador.
La resolución fue planteada por Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, con el copatrocinio de las delegaciones de Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Surinam.
