A partir del 2025, la exportación de productos agrícolas hacia la Unión Europea se verá reforzada, con la entrada en vigor del reglamento 2023/1115 sobre la libre deforestación para productos como el café y el cacao, y la exigencia de certificaciones independientes a los agricultores de productos orgánicos con más de cinco hectáreas, como lo ordena el reglamento 2018/848.
Para el ministro de Agricultura, Limber Cruz, tanto los agricultores como los operadores tienen la responsabilidad de actualizar sus prácticas agrícolas a los nuevos requerimientos de los países compradores. “Es el mercado quien pone las reglas (…), no puedes producir lo que el mercado no quiere”, enfatizó a Diario Libre.
Al ser cuestionado sobre si hay preocupación por parte del gobierno de que esto afecte el ritmo de exportaciones agrícolas hacia el conglomerado europeo, Cruz indicó que el Ministerio de Agricultura ha realizado inversiones para apoyar tanto al sector bananero como cacaotero, dos de los rubros a quienes más les impactan estas normativas.
No obstante, reconoció que los productores deberán enfrentar costos adicionales para ponerse al día, y que “hay formas” de sortearlos de querer seguir exportando, como la división de las grandes asociaciones de productores orgánicos en gremios más pequeños, para cumplir con el mandato del reglamento 2018/848 de que estas tengan un máximo de 2,000 miembros para ser certificados como grupo.
“El mundo va evolucionando hacia el cuidado de la trazabilidad, de la inocuidad y de la sanidad de los alimentos. En ese sentido, no es una decisión nuestra, la decisión es si tú quieres seguir perteneciendo y aumentando tus exportaciones hacia los grandes mercados”, acotó.
Las inversiones
El ministro indicó que se han destinado recursos desde la institución que maneja, para que los productores compensen el impacto de estas normativas.
Citó que el sector bananero ha recibido alrededor de 300 millones de pesos –una parte en insumos agrícolas y la otra en efectivo– “para que se vayan adaptando”, a la vez que lo invierten en renovar las plantaciones bananeras e incentivar una mayor productividad del fruto.
“Tenemos un plan a cuatro años de renovación de toda la zona bananera”, aseguró.
En lo que respecta al cacao, recordó el lanzamiento del proyecto piloto Cacao Trace, que busca ser el primero en garantizar prácticas de deforestación cero en el país, y que involucra a 700 productores de Monte Plata, quienes serían beneficiados con asesoría técnica y capacitaciones.
El gobierno también ha invertido en el tabaco, el tercer rubro agrícola que más exporta el país hacia la Unión Europea, con la compra de semillas y plántulas de tabaco certificadas, así como la ampliación de casas de curado y la preparación de tierras para su siembra.
La semana pasada, el director agrícola del Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco), Isidro Tavárez, detalló a Diario Libre que el país ha dado pasos significativos en disminuir los residuos químicos presentes en los cigarros, como parte de las medidas para elevar la calidad del producto de cara al mercado europeo.
Por demás, el ministro de Agricultura recordó que la institución ejecuta el Registro Nacional de Productores y Unidades de Producción Agropecuaria Referenciado (Renagro), una plataforma que busca levantar toda la información relacionada con las unidades de producción que hay en el país: desde quiénes son sus productores, qué cultivos siembran, su georreferenciación y qué tipo de tecnología interviene en cada finca.
Modernizar la producción
La adopción de estas nuevas reglas representaría una oportunidad para que los productores cuenten con fincas más modernas y sostenibles, según el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, quien concuerda con Cruz en que hay que cumplir con las normativas porque “el mercado es el que pone las reglas”.
En el marco del lanzamiento de Cacao Trace, celebrado en la sede de la JAD hace tres semanas, Benítez aseveró que los agricultores no deben preocuparse por los cambios que plantean reglamentos como el 2023/1115, que busca detener la práctica de deforestar los bosques para la siembra de cultivos como el cacao y el café.
“La mayor parte de nuestros proyectos (de cacao) tienen más de 20 años, que esa es una de las grandes debilidades que tenemos, que tenemos plantaciones de más de 50 años que hay que renovar”, manifestó.
Resaltó que, tradicionalmente, el rubro se siembra en áreas de sombra, lo que representa una ventaja para los productores, que pueden demostrar con imágenes satelitales que el cacao dominicano no ha sido deforestado en los últimos cuatro años, que es el período de tiempo que se toma en cuenta en el reglamento.