El expresidente de EE.UU. Donald Trump, demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares al considerar que la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca son inconstitucionales y buscaron dañar su reputación.
La demanda del también candidato republicano a la presidencia, que fue presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en inglés), alega que la redada muestra “la clara intencionalidad de persecución política” contra el expresidente (2017-2021), al que se investigó y acusó de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.
Sin embargo, el caso fue desestimado el pasado 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, nominada por Trump cuando fue presidente, y está en proceso de apelación.
La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, por lo que “viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos”.
La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia, que según medios fue presentada la semana pasada, califica este registro de “conducta tortuosa de Estados Unidos contra el presidente Trump”.
La querella se centra en el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en medio de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales por el expresidente.