Las autoridades regionales de las islas españolas de Canarias (Atlántico) pidieron este lunes a las ONG que gestionan sus centros de acogida de menores migrantes que no acepten a ninguno más, pues están desbordados, y consideran que los debe atender el Estado.
El gobierno regional defenderá a partir de ahora que los niños y adolescentes que llegan a sus costas en embarcaciones precarias desde África estén bajo custodia policial del Ejecutivo español, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado.
El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), precisó hoy que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis migratoria y humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de “auxiliar” al Estado.
El gobernante regional explicó que la Policía denunció a la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la isla de El Hierro durante los últimos días.
De tal manera, se comunicará a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta región atlántica, salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades locales competentes.
En declaraciones a la prensa, Clavijo argumentó que se ha cansado de oír hablar durante meses de este asunto “como un problema exclusivamente de Canarias”, cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado.
Según datos oficiales, Canarias tiene una capacidad de acogida de 4,339 menores migrantes, si bien hay actualmente 5,283.
La fuerte presión migratoria que padece Canarias desde el continente africano aumentó en julio y agosto con la llegada irregular por mar de 6,267 personas, unas 2,000 más que en los mismos meses de 2023.
Entre enero y agosto, entraron en el archipiélago 25,524 personas, un 123 % más que el igual periodo del año pasado.