De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas.

 

 

El documento que cuenta con 304 páginas, detalla que la participación de Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.

 

“Es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros, y es el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación”, explica el escrito.

 

Frank Rafael Atilano Díaz Warden

Otro de los implicados en la supuesta red de crimen organizado es Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Participó activamente en la adjudicación irregular de contratos.

 

Según el órgano acusador, Díaz Warden aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. “Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones

que beneficiaron a los investigados. Es también coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros”.

 

Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda

A la lista del MP, también se sumó Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda, director de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), quien de acuerdo con el expediente como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude.

 

“Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas del entramado”.

 

Además, supuestamente falsificó el contenido de tema certificación en donde declaraba que INTRANT había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam S.R.L., esto a los fines de que le desembolsaran el pago.

 

Saquero Sepúlveda presuntamente participó en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos. Baquero Sepúlveda es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, entre otros.

 

Juan Francisco Álvarez Carbuccia

 

Álvarez Carbuccia se desempeñó como director Administrativo y Financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Según el expediente, emitió una certificación falsa que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar un proceso de licitación. Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 y no se recibieron hasta julio, lo que evidencia que el proceso se inició sin la debida apropiación de recursos, demostrando así la falsedad de su declaración.

 

Además, se le señala como responsable de desviar fondos a través de una nómina de supuestos “jornaleros”, una línea de investigación que actualmente está bajo auditoría. De acuerdo con el Ministerio Público, “Álvarez Carbuccia es coautor de delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, entre otros”.

 

José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)

 

Jochi Gómez es identificado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y propietario de la empresa Aurix S.A.S., además de ser el beneficiario económico principal del esquema corrupto. A través de su empresa, Gómez Canaán controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia. Asimismo, utilizó las empresas Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos, según el expediente.

 

También se le atribuye ser el responsable del sabotaje a la red semafórica que ocurrió a finales de agosto de 2024 en el Gran Santo Domingo, así como de actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano. Es investigado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros delitos.

 

Pedro Vinicio Padovani Báez

 

El exencargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es socio de Gómez Canaán y jugó un papel crucial en la supervisión del centro de control de tráfico. Según el Ministerio Público, tras renunciar a su cargo, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L. El expediente señala que tuvo una participación directa en el fraude relacionado con la Licitación Pública Nacional núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.

 

“Padovani Báez contribuyó a la implementación de esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica y en actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano”, establece la imputación. Se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios, entre otros delitos.

 

Carlos José Peguero Vargas

 

Carlos José Peguero Vargas es señalado como socio en la red de lavado de activos. Según el expediente, junto a Gómez Canaán, fue responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero destinado a Transcore Latam S.R.L. Además, se ocupó de los aspectos técnicos e informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de Gómez Canaán y contribuyó a la creación de la estructura financiera ilícita de este.

 

Se le imputan delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica y actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano.

 

El Caribe