Por: J. Luis Rojas
El 25 de enero de 2012, el entonces presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández promulgó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Luego, el 9 de abril de 2014, el expresidente Lic. Danilo Medina, emitió el Decreto 134-14 que establece el Reglamento de Aplicación de dicha ley. La Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido concebida como un medio para avanzar hacia el establecimiento de un país desarrollado y una sociedad cohesionada en los próximos años.
Detrás de la Estrategia Nacional de Desarrollo existe una visión de país para el año 2030, la cual establece que: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
A propósito de la iniciativa emprendida por el Poder Ejecutivo, con relación a una reforma fiscal, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en el capítulo X y en su artículo 36 aborda lo relativo a la reforma fiscal de la siguiente manera: “Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.
Para los que tienen o fingen tener una memoria selectiva, los pasados presidentes de RD: Leonel Antonio Fernández Reyna, Rafael Hipólito Mejía Domínguez y Danilo Medina Sánchez, se negaron a pagar el costo político de una reforma fiscal como la que se plantea en Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El presidente actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha tenido la valentía y responsabilidad de proponer un Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, lo que otros presidentes no quisieron hacer. La verdad es que por más vueltas que se le dé a la reforma fiscal, tarde o temprano alguien tendrá que hacerlo. En esta ocasión, el presidente Abinader lo ha intentado.
En el marco de la reforma fiscal actual, han salido a flote muchas cosas. Por ejemplo: el carácter asistencialista del Estado dominicano, ausencia de cultura innovadora en un segmento importante de los sectores productivos, incremento del cinismo y el oportunismo por parte de la oposición política, falta de creatividad del equipo gubernamental que elaboró la propuesta de reforma fiscal, se obvió el concepto de pacto fiscal planteado en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Además, este proceso de reforma ha dejado bien claro que RD es el país de los intereses, ya que cada sector defiende lo suyo (cinematográfico, turismo, comercio, industria, minería, zonas francas, transporte, etcétera, etcétera, etcétera).
Hoy más que ayer, la mayoría de los dominicanos crítica el histórico déficit fiscal que arrastra el sector gubernamental, se opone al aumento de la deuda pública, exige más y mejores inversiones públicas, desea un sistema de transporte público colectivo más eficiente, se resiste a pagar el precio real de los combustibles, anhela educación de calidad, mejora significativa al sistema de salud pública, seguridad social digna, energía eléctrica 24/7 a bajo costo y seguridad ciudadana oportuna y eficaz. Los incrédulos están conscientes de que para satisfacer cada una de estas necesidades, el gobierno necesita dinero, pero, en cambio, nadie quiere aportar.
Sin duda, el gobierno no inició el proceso de reforma fiscal de la mejor manera. Por ejemplo, faltó un dialogo mejor planificado, más participativo, más consensuado, mejor comunicado. En fin, pudo introducirlo a través del Consejo Económico y Social (CES). Pese a las fallas elementales señañdas, todavía es posible llevar a cabo un pacto fiscal por el bien común y la vida digna de los dominicanos, tal y como lo han sugerido diversas entidades sociales, tales como: Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento por las pensiones de los servidores públicos (MOPESEP), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID), Red Urbano Popular, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y el Consejo Socio-Comunitario Tú Decides por la Comunidad-(CSOCDECON). Pudo se más viable que el gobierno s
Otras organizaciones que reclaman al Poder Ejecutivo una gestión más integral y de consenso en torno a la reforma fiscal, son: Instituto de Desarrollo y Salud Integral INDESUI, Comité de Salud de Villas Agrícolas, Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), Federación Sindical Mundial (FSM), Fundación Expresiones Artes, Salud y Genero (FEARSAGE), Fundación Arcoíris, Confederación Unitaria de Trabajadores ( CUT), Alianza Femenina por la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad” (AFEDIS), Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO), Movimiento Médico Dr. Tejada Florentino, Corriente Magisterial Juan Pablo, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, (IDEAC), Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF), Asociación Latinoamericana de Medicina Social( ALAMES), Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) y la Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD)
En este contexto, el referido conglomerado de organizaciones ha planteado la posibilidad de que, mediante un pacto fiscal, es posible desarrollar una reforma que genere suficientes ingresos para que el Estado cumpla con sus deberes sociales de manera justa, aumentando la eficiencia en la recaudación y combatiendo la evasión y elusión fiscal. La entidades proponentes sugieren al Poder Ejecutivo las siguientes propuestas:
- Aumentar la lista de bienes exentos de impuestos, incluyendo productos básicos como cereales, legumbres, frutas, vegetales y carnes.
- Ajustar la tasa de impuesto sobre dividendos al 27% para igualarla con otras rentas, lo que podría generar RD$27,486 millones.
- Requerir a todas las personas físicas declarar rentas de dividendos del capital, acciones y a las empresas informar a la DGII sobre las mismas.
- Establecer un sistema de transparencia sobre los ingresos que se generarán por la eliminación de exenciones fiscales a sectores productivos.
- Establecer exenciones en el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) hasta RD$7 millones, con tasas escalonadas a partir de esa cifra.
- Fijar el impuesto del marbete en función del valor del vehículo, haciéndolo progresivo.
- Implementar un impuesto sobre el consumo de bienes de lujo como yates, vehículos de alta gama y joyas.
- Aumentar el impuesto sobre herencias, donaciones y sucesiones.
- Eximir a los asalariados con ingresos anuales hasta RD$624,330 de la obligación de declarar.
- Defender los salarios y bonificaciones de trabajadores de servicios públicos esenciales (salud, educación, policía, defensa, bomberos, entre otros) y los ingresos de pensionados.
- Revisar exenciones fiscales a sectores que no justifican eficiencia o equidad, como el caso del combustible a zonas francas, cadenas hoteleras y empresas mineras.
- Aumentar los salarios y bonos asistenciales en el sector público y privado.
- Actualizar las pensiones no contributivas al nuevo salario mínimo del sector público.
- Realizar una auditoría integral para revisar y repactar la deuda externa e interna del Estado, especialmente con bonistas privados nacionales y extranjeros, bancos comerciales y AFP.
- Modificar el sistema de seguridad social para reducir el subsidio a intermediarios y prestadores privados, que están absorbiendo y privatizando enormes recursos públicos en desmedro de los servicios del Estado.
- Reenfocar los recursos del sistema de salud y seguridad social, que están desviándose a
la prestación de servicios privados y a la intermediación financiera, producto del modelo
privatizador que precariza y limita el acceso de la población a medicamentos y atención
suficiente y de calidad, para garantizar ganancias rentistas.
- Suprimir pensiones de lujo y regular salarios excesivos en el gobierno y el congreso.
- Eliminar y evitar nuevas pensiones especiales y eliminar asignaciones presupuestarias no justificadas.
- Cumplir con la promesa de evitar el arancel 0 al arroz importado bajo el DR-CAFTA y revisar otros cambios arancelarios que afecten la industria local y erosionen los ingresos del Estado.
- Crear un plan claro de contención del gasto, asegurando que se prioricen los gastos de alto interés social.
Más allá de los débiles y esporádicos cacerolazos, inducidos por determinadas organizaciones políticas opositoras, el lloriqueo repentino proveniente de sectores empresariales adictos al asistencialismo gubernamental, a la ausencia de actividades comunicacionales gubernamentales oportunas para explicar con claridad a los ciudadanos los motivos reales de la reforma, la falta de creatividad y cálculos básicos de parte del talento humano que elaboró y presentó el Proyecto de Modernización Fiscal, así como obviar los lineamientos relacionados con el pacto fiscal, que estable la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, todos los sectores de la sociedad dominicana, más temprano que tarde, deberán sentarse en la misma mesa a elaborar y consensuar una agenda creíble y sostenible de reformas.
El Estado dominicano necesita recaudar más y mejor, con la finalidad de reducir el déficit fiscal, detener el crecimiento de la deuda pública, establecer un sistema de transporte colectivo moderno, eficientizar los servicios de salud, garantizar la seguridad ciudadana, facilitar que haya energía electica 24/7, entre otros servicios que inciden en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Los estrategas del gobierno permitieron que la oposición política construyera y posicionara una narrativa de miedo con respecto al Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Lo cierto es que la comunicación gubernamental estuvo ausente durante todo el proceso de la reforma fiscal, la que inteligentemente ha sido retirada del Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader.
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