Alcalde de Puñal sugiere descentralizar las políticas públicas en el país

 

 

Doctor José Enrique Romero revela ayuntamientos son despejados de atribuciones jurídico-constitucionales

 

Ignacio GUERRRO

 

SANTIAGO. –  El doctor José Enrique Romero, alcalde de Puñal y coordinador del Consejo de Alcaldes de los municipios de la provincia de Santiago, entiende que en República Dominicana se debe adquirir conciencia de la necesidad de descentralizar las políticas públicas, con la finalidad de afianzar la municipalidad y de ese modo garantizar que los gobiernos locales ejecuten programas eficaces a favor de la población.

Romero reveló que los ayuntamientos han sido despojados de atribuciones jurídico-constitucionales, lo que afecta la autonomía, las finanzas, la estabilidad financiera y limita la ejecución de programas orientados a responder las necesidades básica de la gente.

Romero afirmó que se dice mucho sobre las políticas públicas centralizadas y su impacto en el territorio nacional e indicó que se puede gobernar desde lejos, pero solo administrando el Presupuesto General de la Nación y el Producto Interno Bruto (PIB) bien de cerca de los ciudadanos.

“Muchas veces, -precisó- la incidencia de las políticas públicas concentradas se convierten en un enunciado que cae en el vacío, porque cuando se va a la práctica, los ayuntamientos se basan en gestiones descentralizadas de acuerdo a la Constitución y la Ley 176-07, en la medida se trabaja de manera directa con el pueblo y se dan respuestas satisfactorias a las necesidades apremiantes de la gente”.

“Tanto la Carta Magna como la jurisprudencia especializada en asuntos municipales le confieren personería jurídica a las corporaciones edilicias, debido a que se otorga independencia legislativa, económica y de administración, por consiguiente el Poder Municipal es un sólido soporte de la democracia representativa y participativa”, enfatizó Romero.

“Desde la Corte Neoliberal del año 1996 a la fecha, los gobiernos locales han sido despojados de calidades y competencias en la administración de sus territorios y limitaciones en el ejercicio administrativo tales como recortes importantes de arbitrios, normalizaciones de sus políticas de operaciones, en fin tal es el hecho de que la creación de la Dirección Nacional de Transporte le quitó la competencia a los cabildos para la regulación del tránsito perdiendo la capacidad de ordenamiento del mismo y la normativa de rutas urbanas e interurbanas”, puntualizó-

“Además, se quejó Romero- a través del Ministerio de Deportes, los ayuntamientos perdieron los ingresos que representan las galleras y lidia de gallos y la Ley de Minería que tiene mandato de un 5 % de retorno a los territorios donde impactan no se cumplen en las mayorías de los municipios de la nación”.

“Otra situación preocupante es la Ley de Registro Inmobiliario, la cual debe aportar el 3 % a los territorios municipales, pero nunca se ha cumplido con ese mandato legal y legítimo y las gestiones de medio ambiente producen grandes pasivos ambientales y muchas riquezas, sin embargo, nada aportan a los municipios y esto es desacertado”, comentó.

“También, -narró- las operaciones aeroportuarias en ningún caso aportan en ningunos de los 17 municipios que impactan, a pesar de tener altas rentabilidad con ganancias de más de 300 mil millones de pesos en sus operaciones, tal es el caso de los puertos de cruceros en las regiones y municipalidades que impactan, pero no ponga ni un solo centavo de dólar por cada turista que pisa su suelo a disfruta de sus riquezas, bellezas y recursos naturales”.

“De igual modo se incentiva el comercio, pero nos dejan grandes cantidades de desechos sólidos y luego los ayuntamientos tienen que retirar sin recibir los arbitrios que les corresponden”,

“Con relación a la iluminación pública, la seguridad en parques y plazas públicas, lo que tienen un costo, los cabildos reciben migajas y las autoridades locales deben asumir con responsabilidad los desafíos para garantizar la debida protección y el bienestar de la colectividad”, planteó el alcalde y secretario general del PRM, en Santiago.

“Nuestra misión es trabajar para asegurar servicios eficientes y nos vemos limitados porque la centralización de las políticas públicas perjudica a los gobiernos locales, en la medida crean serias dificultades para su autogestión financiera y así se lacera la calidad y la capacidad de mantener servicios con calidad en nuestros territorios”, subrayó.

“Esta realidad, -advirtió- debe someterse a una evaluación jurídico-constitucional para elaborar un diagnóstico y plasmar las alternativas en la consecución de descentralizar las políticas públicas, elevar las asignaciones a los ayuntamientos, respetar la autonomía y facilitar una asistencia económica estable, porque gobernar es un asunto de recursos”.