Comisión del Senado dice manifestaciones sindicales por cesantía son innecesarias: “Deben ser más tolerantes”

El presidente de la comisión especial del Senado, Rafael Duluc, informó que la aprobación de la reforma a la Ley 16-92 del Código de Trabajo será postergada para la siguiente legislatura, que inicia a partir del 27 de febrero, ya que restan tan solo cuatro días antes de que finalice la actual, resultando insuficiente los legisladores.

La comisión especial del Senado reaccionó a las constantes manifestaciones  realizadas por los representantes de las centrales sindicales para proteger a la cesantía en la reforma laboral venidera, calificándola de innecesarias.

Así lo afirmó ayer el presidente de la comisión, senador Rafael Duluc, quien pidió a las agrupaciones de trabajadores ser más tolerantes, recordando que todas las observaciones en beneficio de los asalariados dominicanos continúan siendo escuchadas.

“Ese es un derecho que ellos tienen, lo único que lo hemos encontrado es innecesario, porque ellos fueron los primeros que se escucharon y se están  escuchando todos los sectores”, expresó el legislador.

Duluc aseguró que la cámara alta ha garantizado el balance al escuchar a las partes interesadas ante lo que sería la nueva reforma a la Ley 16-92 del  Código de Trabajo, sin dar prioridades.

“Yo creo que deben de ser un poco más tolerantes también, porque hasta ahora hemos tratado de mantener el equilibrio y no ha habido nada por la cual ninguno de los sectores tenga que sentirse perjudicado, porque estamos escuchando a todo el mundo”, dijo.

Por último, el congresista precisó que el contenido final de la pieza legislativa es una competencia del Congreso Nacional, el cual está siendo llevado, según afirmó, ante el escrutinio del país.

“Hay que dejar que todo el mundo haga su trabajo, el Senado está haciendo su trabajo, el Congreso va a hacer su trabajo y al final es una decisión del Congreso de la República”, resaltó.

Advertencias y propuestas

Mientras tanto, el vicepresidente de la Confederación de Unidad Sindical, Esfanislao Castillo, le colocó un “ultimátum” el pasado 3 de diciembre, durante un acto en las afueras del Congreso Nacional a los legisladores, asegurando que están en disposición de paralizar el país.

“Nosotros, la clase trabajadora, vamos a paralizar el país. No va a haber ningún tipo de garantía social en nuestro país”, manifestó.

Por otro lado, más de 11 agrupaciones corporativas, representadas por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), entienden que se debe colocar un tope de seis años máximo al pago de las prestaciones laborales que deben pagarles a los empleados por desahucio.

Además, proponen establecer en el nuevo régimen que, “mantendría la cesantía como un derecho”.

“Este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho, con un doble tope aplicable: un límite de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios, entre otras opciones”, explicaron los empresarios.

El presidente del Conep, Celso Marranzini, reiteró el pasado 4 de diciembre al ser recibido por la comisión legislativa que la intención de las grandes empresas no es eliminar la cesantía, sino, más bien, una profunda revisión que les permita mejorar los salarios de los empleados dominicanos.

Próxima legislatura

Con la reanudación de los trabajos en el Poder Legislativo, luego del receso por el asueto de las fiestas navideñas, ambas cámaras trabajan de manera acelerada para aprobar algunos proyectos importantes antes de que finalice la legislatura el próximo 12 de enero.

Sin embargo, este periodo no es tiempo suficiente para culminar el estudio y la discusión de los documentos legislativos pendientes, por lo que muchos, al igual que la modernización del Código de Trabajo, quedarán postergados para la siguiente legislatura ordinaria, programada a iniciar el 27 de febrero, día de la Independencia de República Dominicana.

“Yo lo veo muy difícil, eso ya va a ser para la próxima legislatura que comience en febrero, pero realmente no vamos a parar el trabajo hasta que sea aprobado de manera definitiva”, confirmó Duluc.

No obstante, adelantó que los miembros de la comisión están preparando la agenda de encuentros que desarrollarán con las demás asociaciones y autoridades interesadas en presentar observaciones a la propuesta depositada el pasado 10 de octubre por el Poder Ejecutivo. El siguiente en la lista es el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de acuerdo con lo informado.

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