Finjus advierte sobre riesgos del proyecto de ley de modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), expresó preocupaciones sustantivas sobre el Proyecto de Ley que busca modificar la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus advirtió que, si bien reconoce la necesidad de robustecer el régimen jurídico en esta materia, el enfoque de la propuesta podría comprometer los avances en sostenibilidad ambiental, afectar la equidad económica, la participación plural y la gobernanza democrática.

A través de un documento de prensa, resaltó que la arquitectura normativa sugerida podría propiciar una concentración indebida del mercado, lo que limitaría la competencia leal y restringiría la incorporación de actores esenciales.

“Esto incluye a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), gestores comunitarios y empresas independientes que ya operan bajo estándares reconocidos de sostenibilidad. Esta situación podría vulnerar el principio de libertad de empresa (artículo 50 de la Constitución) y contradecir el pluralismo económico”, indicó.

Manifestó que una preocupación particular es el esquema centralizado de valorización de residuos propuesto.

“Finjus considera que esta medida podría convertirse en una barrera normativa para iniciativas descentralizadas e innovadoras, especialmente en sectores como el hotelero y turístico, que ya han invertido significativamente en infraestructura para la gestión responsable de sus residuos. Esto podría perjudicar mecanismos de financiamiento verde esenciales para el desarrollo sostenible”, destacó.

Además, sostuvo que en un contexto económico desafiante, la falta de armonización del nuevo sistema de contribuciones económicas propuesto podría resultar en una carga fiscal desproporcionada y sin justificación técnica. Esto afectaría la viabilidad operativa de sectores clave y promovería la informalidad.

Necesidad de Equilibrio y Transparencia

Finjus reconoció que la iniciativa responde a una necesidad impostergable de modernizar el sistema nacional de gestión de residuos, avanzar hacia una economía circular y fortalecer la protección ambiental. Asimismo, subrayó que el rol del Estado como garante y regulador en esta materia es legítimo y necesario.

Sin embargo, la Fundación enfatizó que la eficacia de esta función pública exige un diseño institucional equilibrado, fundamentado en principios de razonabilidad, proporcionalidad e inclusión. “Cualquier reforma tan transversal como la de residuos sólidos debe armonizar los fines ambientales con la sostenibilidad económica y la participación equitativa de todos los actores involucrados”.

La entidad adviertió sobre los riesgos institucionales de concentrar decisiones estratégicas en un número reducido de actores, lo que podría debilitar la innovación, comprometer la calidad del servicio y afectar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a un medioambiente sano.

De igual forma, subrayó que todo régimen de contribuciones debe guiarse por criterios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria, diferenciando según el tipo, volumen y tratamiento de los residuos generados.

Propuestas de Finjus para una reforma sostenible

“Con el objetivo de garantizar un equilibrio real entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica de los sectores productivos, Finjus propone que el texto sea sometido a un proceso amplio deliberación técnica, evaluaciones de impacto, mecanismos de consulta pública que aseguren la participación de todos los actores clave”, manifestó.

En tanto que, concluyó que una reforma legítima, eficaz y sostenible debe alinearse con los principios rectores del Estado Social y Democrático de Derecho: legalidad, participación, transparencia, inclusión y promoción del interés general.

“Aunque es crucial generar condiciones normativas para una transformación profunda en el coprocesamiento de residuos, este proceso debe estar guiado por una visión integradora, basada en el respeto a los principios constitucionales y en la articulación de voluntades públicas, privadas y comunitarias para fortalecer la institucionalidad democrática y ambiental del país”, apuntó.

 

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