Durante más de tres años, la reforma laboral es el tema central del diálogo tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores) que se discute sin obtener avances concretos.
De manera especial, la modificación a la cesantía ha generado controversia entre las partes involucradas donde los trabajadores mantienen una posición de rechazo, los empleadores insisten a modificarla y el Estado mantiene con firmeza no tocar este derecho laboral.
Para Angelo Viró, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) resulta de suma importancia realizar los cambios necesarios a la cesantía para proteger los empleos actuales, garantizar la creación de nuevas oportunidades, fortalecer los sectores productivos y reducir la informalidad laboral.
“Todo el sector empresarial entendemos que hay que tocarlo y hay que modificarlo” sostuvo durante una rueda de prensa a los medios.
Recordó que la globalización, transformación digital y los cambios en el mercado laboral obligan a actualizar la legislación para que esta sea funcional y equilibrada.
Propuestas
Pese al tranque que la cesantía mantiene en las mesas de debate para la reforma al código laboral, pendiente a ser revisado en esta nueva legislatura, ANEIH plantea tres propuestas que considerar deben tomarse en cuenta con este nuevo código.
La primera es que la cesantía debe de tener para los trabajadores contratados un tope máximo de seis años de antigüedad en el cálculo de sus indemnizaciones por despido.
Aclaró que esta modificación solo se aplicaría para los nuevos empleados que entren en función luego de aprobada la reforma y se basa en el contexto de rotación de personal donde no prevalecen las relaciones de trabajo de larga duración.
La segunda iniciativa es que las empresas puedan pagar la cesantía de manera fraccionada, hasta en 90 días, en lugar de hacerlo en un máximo de 10 días como establece la actual ley.
La tercera responde a extender el período de prueba de un empleado de tres meses a seis meses para que los empleadores obtengan más tiempo en evaluar si el empleado es apto o no para el puesto.
Viró consideró que este plazo es mucho más razonable para muchas empresas del sector para comprobar si las aptitudes y actitudes del empleado responden en conjunto con los valores de la organización.
Expuestos los puntos, hizo una invitación a los sectores de oposición a dejar de lados posturas “rígidas” y mediante el diálogo puedan llegar a una conclusión que beneficie a los actores principales.
“El sector empresarial lo que quiere hoy es que el país progrese y que se cree riqueza, que el empleado sea altamente productivo y se beneficie”, manifestó.
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