Un sistema que reproduce desigualdad y debilita la cohesión social.
Por J. Luis Rojas
Con el auspicio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD y la Fundación Juan Bosch, los investigadores Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro acaban de poner sobre la mesa un dato que debería incomodar a cualquiera que se preocupe por la equidad fiscal en la República Dominicana. Su estudio crítico sobre fiscalidad, desigualdad y Estado revela que, solo en 2025, el país dejó de recaudar RD$383,566 millones en beneficios tributarios. Y el panorama histórico es aún más contundente: entre 2008 y 2025, las exenciones otorgadas ascienden a 1,295 millones de millones de pesos.
Lo más inquietante no es únicamente la magnitud de estas cifras, sino su destino. La mayor parte de estos incentivos se concentra en sectores privados como zonas francas, generadores eléctricos, turismo y contratistas del Estado. Todo ello sin evaluaciones de resultados ni análisis de costo-beneficio actualizados que permitan justificar —o cuestionar— la pertinencia de tales privilegios fiscales.
En un país donde la desigualdad sigue siendo una herida abierta, este tipo de hallazgos obliga a preguntarse a quién está realmente sirviendo el sistema tributario y qué tipo de Estado estamos financiando —o dejando de financiar— con estas decisiones.
Los investigadores señalan que el análisis del gasto tributario en la República Dominicana entre 2008 y 2025 revela un sistema fiscal profundamente regresivo y estructuralmente desigual. Según sus hallazgos, los beneficios fiscales —concentrados en sectores como zonas francas, generación eléctrica y turismo— han implicado un costo social desproporcionado, al sacrificar en promedio el 40% de la recaudación potencial. El resultado es la consolidación de privilegios que distorsionan la equidad tributaria y perpetúan un modelo que beneficia a pocos mientras limita la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la mayoría.
Esta dinámica no solo limita la capacidad recaudatoria del Estado, sino que desplaza la carga impositiva hacia los contribuyentes de menores ingresos, con menos poder y menor capacidad de organización, especialmente los asalariados y las micro y pequeñas empresas. El resultado es una profundización de la injusticia fiscal, política y social. La falta de transparencia y de evaluaciones rigurosas sobre estos gastos tributarios perpetúa un esquema de subsidio indirecto al capital, sin que existan garantías de contraprestaciones suficientes en términos de empleo de calidad, desarrollo regional o mejoras salariales.
El Estado ha normalizado una transferencia masiva de recursos públicos hacia grupos económicos organizados, mientras descuida inversiones esenciales en infraestructura, salud, educación y servicios básicos, indispensables para superar el subdesarrollo.
Desde la economía política, Tavárez y Bosch sostienen que este régimen fiscal es expresión de una captura institucional ejercida por élites económicas capaces de externalizar los costos de la tributación y moldear las normas a su favor. El gasto tributario opera como una forma de mayor remuneración al capital, que incrementa la concentración de riqueza y alimenta procesos de acumulación improductiva.
La persistencia de exenciones rígidas y la ausencia de mecanismos de revisión y rendición de cuentas revelan un contrato fiscal profundamente desigual, en el que el interés público queda subordinado a los intereses de grupos de poder. Se configura así una suerte de clientelismo fiscal, donde se intercambian beneficios tributarios y espacios privilegiados de acumulación —como la deuda pública o la provisión privatizada de bienes y servicios— por relaciones de colaboración y apoyo político por parte de dichos grupos.
La reducción de la base imponible para las grandes empresas conduce a la fragmentación y captura institucional, generando múltiples regímenes especiales que dificultan la administración tributaria y fomentan la evasión y la elusión. Estos factores, sumados a la erosión de la legitimidad del sistema fiscal, alimentan una percepción generalizada de injusticia que afecta tanto al sistema tributario como a la organización social en su conjunto.
Solo mediante un pacto fiscal democrático, inclusivo y orientado al bien común, la República Dominicana podrá revertir la regresividad actual, ampliar las oportunidades de emprendimiento y producción con empleos dignos, fortalecer su capacidad recaudatoria de manera justa y financiar el desarrollo sostenible que su población merece.
Tavárez y Bosch afirman que la acción social y política organizada es fundamental para exigir y construir un sistema tributario que sirva al conjunto de la sociedad, y no a los privilegios de unos pocos.
Los docentes universitarios Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro alertan que el actual modelo fiscal dominicano impide al Estado recaudar los recursos necesarios para garantizar derechos sociales y servicios básicos. Según su investigación, esta falta de ingresos se compensa con medidas regresivas: más impuestos al consumo, ausencia de indexación del impuesto sobre los salarios, privatización de actividades públicas y un endeudamiento que ya bordea el 47% del PIB.
Los investigadores señalan que este esquema beneficia a una minoría que no depende de los servicios estatales. De acuerdo con sus datos, el 10% más rico concentra el 59.5% del PIB, mientras que el 1% más acaudalado recibe el 24.9%. En contraste, la mitad de la población apenas accede al 4.6% de la riqueza nacional, una brecha que, afirman, profundiza la desigualdad.
Ante este panorama, Tavárez y Bosch consideran impostergable una reforma fiscal integral y justa. Proponen que el sistema recaude según la riqueza y capacidad de pago, que se liberen de impuestos los salarios y los bienes esenciales, y que se reduzca la dependencia de una deuda pública que —según advierten— termina favoreciendo a bonistas privados, bancos y AFP.
Conclusiones principales del estudio
El análisis evidencia que el Estado ha consolidado como práctica habitual la transferencia masiva de recursos públicos hacia grupos económicos organizados, mientras posterga inversiones esenciales en infraestructura, salud, educación y servicios básicos indispensables para superar el subdesarrollo.
La permanencia de exenciones rígidas, junto con la ausencia de mecanismos efectivos de revisión y rendición de cuentas, confirma la existencia de un contrato fiscal profundamente desigual, en el que el interés público queda subordinado a los intereses de grupos de poder.
La reducción sistemática de la base imponible para grandes empresas ha derivado en una fragmentación normativa y en la captura institucional, expresada en la proliferación de regímenes especiales que dificultan la administración tributaria y facilitan la evasión y la elusión. Este escenario, sumado a la pérdida de legitimidad del sistema fiscal, alimenta una percepción generalizada de injusticia que erosiona tanto la confianza ciudadana como la cohesión social.
En contravención a los principios constitucionales, el Estado dominicano no está aplicando una política fiscal y tributaria justa, equitativa ni orientada a garantizar los recursos necesarios para asegurar derechos y promover el desarrollo integral de la población. Esta situación se corresponde con los persistentes niveles de desigualdad que reflejan las estadísticas y que la propia política tributaria reproduce y profundiza.
El estudio concluye que solo un pacto fiscal democrático, inclusivo y orientado al bien común permitirá revertir la regresividad actual, ampliar las oportunidades de emprendimiento y producción con empleos dignos, fortalecer la capacidad recaudatoria de manera justa y financiar un desarrollo sostenible acorde con las necesidades y aspiraciones de la sociedad dominicana.
En este sentido, resulta imprescindible que las autoridades responsables de la conducción de la política fiscal examinen con atención los hallazgos presentados por Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro en su investigación Fiscalidad para la desigualdad y el Estado mínimo: un estudio crítico de los gastos tributarios en República Dominicana 2008-2025, a fin de impulsar transformaciones que fortalezcan la justicia fiscal y el rol del Estado en el desarrollo nacional.
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