Pepca dice que procede el envío a juicio de fondo de Gonzalo Castillo y Luis Miguel Piccirillo

Responde a defensas de acusados y afirma que sí hay “pruebas suficientes” contra los dos exfuncionarios

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó en sus argumentos de réplica de este miércoles que procede el envío a juicio de fondo del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, “pues la acusación es más que suficiente” para probar que se “asoció” con otros exfuncionarios acusados de corrupción y a empresarios  que pagaron sobornos para financiar su campaña como candidato presidencial en el 2020.

La Pepca también dijo que ha sometido las pruebas de los hechos que detalla en su acusación contra el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo (2019-2020) a quien imputa la recepción de 58 millones de pesos por parte de otros implicados en la supuesta red que afirma estafó al Estado en los libramientos de pagos por terrenos declarados de utilidad pública.

Acusación contra Gonzalo Castillo

Al refutar los planteamientos de la defensa del también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020, la fiscal Elvira Rodríguez rechazó que se hayan vulnerado garantías procesales o que el proceso penal haya excedido los plazos establecidos por la ley.

Rodríguez reiteró que a Castillo se le imputan los delitos de soborno, asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la representante de la Pepca, durante el proceso electoral de 2020, el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, por instrucciones del exministro de Haciendas, Donald Guerrero Ortiz, habría entregado a Gonzalo Castillo la suma de 3,812,000,000.00 de pesos.

Esos fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, provenían de pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y reconocimientos de deudas administrativas.

El órgano persecutor sostiene que dichos recursos evidencian la participación de Castillo en una supuesta estructura de corrupción que desviaba fondos públicos para el financiamiento ilícito de campañas políticas y para uso personal.

Asimismo, la Pepca indicó que el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, cuyas empresas habrían sido beneficiadas con libramientos desde el Ministerio de Hacienda por más de  2,185 millones de pesos bajo el concepto de deuda administrativa, habría entregado a la estructura de corrupción 1,231,993,188.00 de pesos.

Ventura Rodríguez ha sido vinculado a varios casos de corrupción de alto perfil, aunque no figura como acusado en el proceso seguido contra los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros exfuncionarios.

Por su parte, Jiménez Collie suscribió un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual se le otorgó un criterio de oportunidad tras comprometerse a devolver al Estado 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.

Acusación contra el exdirector del CEA

En cuanto a Luis Miguel Piccirillo, la fiscal Elvira Rodríguez rechazó el alegato de su defensa de que los hechos no existieron y de que no hay pruebas en su contra.

Afirmó que existen evidencias sobre irregularidades en los procedimientos de pago de deuda pública y señaló que, en algunos casos, Piccirilo habría actuado simultáneamente como director del CEA y comprador de terrenos.

Según el Ministerio Público, varios procesos se realizaron sin informes de agrimensores ni tasaciones formales, y sin observaciones del Departamento de Reconocimiento de Deuda. Algunos documentos, agregó, eran redactados por la asistente del empresario y acusado Fernando Crisóstomo Herrera, presuntamente asesorado por Ángel Lockward. Crisóstomo Herrera también alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público.

Receso de la audiencia

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce el juicio preliminar, dispuso un receso de la audiencia hasta el viernes 6 de marzo.

La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público concluyera sus réplicas a los argumentos de las defensas del exdirector de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y del excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana.

En el caso de Gerbasi Fernández, el Ministerio Público presentó imágenes de un presunto soborno, lo que motivó un llamado de atención por parte de la magistrada Ramírez, quien recordó que en esta etapa procesal no corresponde exhibir íntegramente los elementos probatorios ni realizar interrogatorios.

Respecto a Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, el Ministerio Público sostuvo que, en su condición de excontralor general de la República, habría facilitado y aprobado libramientos de pago sustentados en documentos fraudulentos relacionados con cesiones de crédito y reconocimientos de deuda.