Diversos sectores representativos de la sociedad dominicana han cerrado filas en torno a la propuesta de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, para suscribir un Pacto de Estado contra la Violencia.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES) coinciden en que el fenómeno de la criminalidad ha desbordado la capacidad de las instituciones aisladas y requiere un abordaje integral, sistémico y participativo.
FINJUS: Integración e inclusión de las iglesias
El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaño Guzmán, calificó como “importantísima” la propuesta de Reynoso, tras señalar que la mayor debilidad de la República Dominicana en la lucha contra la criminalidad no ha sido la falta de capacidad técnica, sino la incapacidad de integración entre las instituciones y la sociedad.
El jurista reflexionó sobre el funcionamiento actual de las entidades gubernamentales, indicando que el Estado suele operar como un conjunto de instituciones aisladas en lugar de un sistema cohesionado. “Muchas veces el Estado no funciona como un sistema, sino como un conjunto de instituciones que operan parcialmente desconectadas de la ciudadanía”, afirmó.
Para Castaño Guzmán, el éxito de este pacto depende de su inclusividad. Hizo un énfasis especial en que no se puede dejar fuera a las instituciones religiosas: “Es fundamental involucrar a todas las iglesias”, sostuvo, resaltando que estos sectores son clave para conectar con la base de la sociedad y generar un cambio real en el comportamiento ciudadano.
CARD: Diagnóstico y blindaje contra narcotráfico
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, saludó la propuesta de la magistrada y subrayó que la criminalidad requiere un “abordaje integral” que trascienda la labor policial.
Afirmó que el combate a la delincuencia organizada demanda un esfuerzo colectivo y que el CARD, como asesor del Estado en materia legislativa, está listo para aportar soluciones técnicas.
Para Potentini, el éxito del pacto dependerá de la capacidad de identificar las causas raíz de manera específica. Propuso que el diagnóstico no sea general, sino segmentado por provincias y localidades para aplicar correctivos diseñados a la medida de cada zona.
Asimismo, identificó factores que agravan la situación actual, como la desigualdad social —siendo la brecha económica un parámetro determinante en el auge delictivo— y el impacto económico derivado de los conflictos en Medio Oriente. Advirtió, además, que el narcotráfico ha penetrado “hasta los tuétanos” la capacidad decisoria en el ámbito político dominicano.
Reforma política como blindaje El presidente del gremio de abogados enfatizó que la lucha contra la violencia debe tocar el sistema político y abogó por fortalecer las leyes, especialmente la de Partidos Políticos, para evitar que el crimen organizado siga permeando las estructuras de poder. “Saludamos, nos sumamos y estaremos prestos para dar seguimiento a esta propuesta”, concluyó.
CNDH: Apoyo con enfoque crítico
En tanto, el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes Medina, manifestó su total respaldo a la propuesta, calificando el llamamiento como “justo y atinado”. Aseguró que su organización está lista para integrarse formalmente a las mesas de trabajo y contribuir en la búsqueda de soluciones frente al auge de la violencia.
El activista destacó que la CNDH espera que los distintos sectores sociales correspondan con la misma voluntad a la iniciativa de la Procuraduría. Sin embargo, adelantó que su participación no será solo de acompañamiento, sino también de análisis crítico.
“Aprovecharemos el escenario para proponer y discutir las verdaderas causas que generan el incremento de la violencia”, afirmó Mercedes Medina.
A pesar de su apoyo al pacto, el presidente de la CNDH fue enfático al señalar que el origen del problema radica en las estructuras del poder, considerando que el Estado dominicano actúa como un “promotor” de la violencia debido a la aplicación de políticas excluyentes.
Mientras que el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES) y expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la vida nacional para enfrentar la creciente ola de violencia en la República Dominicana mediante una propuesta articulada y, sobre todo, con inversión real.
Lorenzo Merán calificó como “acertada y pertinente” la propuesta de la procuradora Berenice Reynoso, sin embargo, el líder religioso advirtió que esta iniciativa no puede quedarse en una simple declaración de buenas intenciones.
El expresidente del CODUE lamentó que la sociedad dominicana se esté acostumbrando a vivir “como chivos sin ley”, donde los conflictos en el hogar, el trabajo y la comunidad terminan en luto y tragedia.
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