Derechos humanos en retrocesoLa jubilación dominicana: el fracaso más cruel de nuestra democracia

Por J. Luis Rojas

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Un país que no garantiza una vejez digna es un país que renuncia a su humanidad. Los jubilados dominicanos merecen justicia, no limosnas.

En República Dominicana, jubilarse no es el cierre digno de una vida laboral. Es, para la mayoría, el inicio de un proceso de empobrecimiento, exclusión y pérdida de derechos. La jubilación —que en cualquier sociedad mínimamente justa debería representar seguridad, descanso y reconocimiento— aquí se ha convertido en un mecanismo que expulsa a las personas del sistema productivo y las condena a sobrevivir con ingresos insuficientes, seguros de salud precarios y un trato institucional que raya en el desprecio.

¿Qué significa jubilarse en la realidad dominicana?

Desde la experiencia dominicana, jubilarse significa perder calidad de vida. Significa pasar de ser un trabajador activo, útil y necesario, a convertirse en un sujeto invisible para las instituciones públicas y empresas privadas. Significa que, después de entregar décadas de servicio, el Estado y las empresas se desentienden de quienes sostuvieron sus estructuras. Significa que la vejez, en vez de ser una etapa protegida, se convierte en un riesgo social.

La jubilación, que en cualquier sociedad debería constituir un derecho humano irrenunciable y uno de los pilares de la seguridad social, en nuestro país opera como un castigo silencioso. Muy pocas instituciones públicas y privadas mantienen mecanismos reales para conservar algún tipo de vínculo con sus jubilados, como si la experiencia acumulada durante décadas se volviera irrelevante en el momento del retiro.

Sin embargo, los conocimientos, habilidades y aprendizajes que atesoran los pensionados del sector público y privado representan activos de altísimo valor estratégico. Son capital humano formado con recursos del Estado y de las empresas, cuya transferencia al personal de nuevo ingreso podría fortalecer capacidades, acelerar procesos de aprendizaje y elevar la calidad institucional.

Ignorar ese potencial no es solo una falla administrativa: es una pérdida deliberada de valor y una muestra más de cómo concebimos la jubilación no como una etapa de dignidad y reconocimiento, sino como una desconexión abrupta que empobrece a las organizaciones y a la sociedad.

Dos sistemas, un mismo problema: anacronismo e indignidad

En el país coexisten dos sistemas de jubilación:

• El sistema público, amparado en la Ley 379-81, que permite jubilarse a los 60 años con 30 de servicio, o con 35 años de trabajo sin importar la edad.

 

• El sistema privado, establecido por la Ley 87-01 y gestionado por las mal llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que establece 60 años de edad y 30 de cotización.

 

Ambos sistemas comparten un rasgo común: son anacrónicos, injustos e indignos. No responden a la realidad económica actual, no garantizan ingresos suficientes y no protegen la salud ni la estabilidad de quienes se retiran. Reformarlos no es una opción técnica; es una urgencia ética.

El cálculo incorrecto de las pensiones públicas: una injusticia institucionalizada

Uno de los mayores atropellos que enfrentan los jubilados del Estado es el método de cálculo aplicado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP). En lugar de utilizar como referencia el salario mínimo nacional —que ronda los RD$23,223 en el sector privado no sectorizado— la DGJP continúa empleando el salario mínimo del sector público, fijado en apenas RD$10,000, una cifra que no se actualiza desde principios de 2019. Mientras tanto, los salarios mínimos del sector privado han recibido seis aumentos consecutivos en ese mismo período.

Esta decisión —que diversos analistas describen como una determinación administrativa con efectos profundamente regresivos— reduce de manera drástica los montos de las pensiones y empuja a miles de jubilados del sector público hacia condiciones de vulnerabilidad económica. Además, contradice el principio de proporcionalidad que debe regir todo sistema de seguridad social y se aleja de la promesa constitucional de garantizar un retiro digno.

El uso de una base salarial desactualizada también entra en tensión con los mandatos establecidos en las Leyes 379‑81 y 87‑01, que exigen criterios de cálculo coherentes con la realidad salarial del país y con la protección efectiva de los derechos adquiridos por los trabajadores. Mantener un salario mínimo público congelado como referencia para las pensiones no solo distorsiona el sistema, sino que profundiza la brecha entre los ingresos de los trabajadores activos y los de quienes ya cumplieron con su ciclo laboral al servicio del Estado.

La exclusión institucional: el jubilado como ciudadano de segunda

Tras su retiro, muchos servidores públicos descubren que las instituciones para las que trabajaron durante décadas ya no los reconocen. Son olvidados, marginados y excluidos. No se les consulta, no se les integra, no se les reconoce su experiencia acumulada.

Lo mismo ocurre en el sector privado: una vez jubilados, los trabajadores dejan de ser parte del ecosistema productivo y pasan a ser un costo que nadie quiere asumir.

La exclusión no es solo económica; es humana. Es la negación del valor humano y profesional de quienes sostuvieron el país con su trabajo.

Las instituciones públicas y las empresas privadas pueden mantener una sinergia real con sus jubilados mediante iniciativas como programas de voluntariado, espacios formales de transferencia de conocimientos y experiencias, mentorías intergeneracionales, consejos consultivos de jubilados, contrataciones temporales por proyectos, redes comunitarias de excolaboradores y actividades de actualización y bienestar, mecanismos que no solo dignifican la etapa del retiro, sino que también preservan la memoria institucional y fortalecen la calidad del talento humano activo. 

El deterioro de la calidad de vida: salud, ingresos y miedo

En la República Dominicana, jubilarse implica, para miles de personas, perder el acceso a un seguro de salud adecuado. Las ARS, amparadas en criterios de riesgo y rentabilidad, niegan seguros complementarios a quienes superan los 65 años o padecen enfermedades crónicas, dejándolos expuestos a gastos médicos que simplemente no pueden asumir. En términos llanos, esta práctica condena a muchos jubilados a enfrentar su vejez sin protección sanitaria real. Un Estado que aspire a proteger a sus ciudadanos en todas las etapas de su vida no puede permitir que los pilares esenciales de la seguridad social se privaticen hasta el punto de excluir precisamente a quienes más los necesitan.

A esto se suma que las pensiones —públicas y privadas— son insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos, vivienda y transporte. Por eso, miles de trabajadores prefieren prolongar su vida laboral hasta el límite, no por vocación y entrega, sino por miedo: miedo a la indigencia, miedo a la enfermedad, miedo a la desprotección.

Como dice el refrán: “Lo que está a la vista no necesita espejuelos”. En la República Dominicana, jubilarse es un salto al vacío; es volver a una condición de mayor vulnerabilidad económica que aquella con la que se ingresa por primera vez al mercado laboral. Lejos de representar una etapa de estabilidad y reconocimiento, el retiro se convierte en un retroceso que empobrece y desprotege a quienes ya entregaron sus mejores años al país.

La experiencia desperdiciada: un capital humano que nadie aprovecha

La mayoría de los jubilados dominicanos posee una vasta experiencia laboral. Ese conocimiento debería ser un puente entre el mundo del trabajo y la vida del jubilado: mentorías, asesorías, programas de transición, participación en comités técnicos, acompañamiento a nuevas generaciones, entre otras actividades de mucha utilidad.

Pero en nuestro país ocurre lo contrario: la experiencia se desecha. El país pierde un capital humano invaluable y los jubilados pierden oportunidades de mantenerse activos, útiles y vinculados a la sociedad. La psicología es clara al respecto: la felicidad en esta etapa no depende de cuán ocupado esté el jubilado, sino de su capacidad para identificar y realizar aquellas actividades que realmente le aportan sentido y propósito. Ignorar ese principio no solo empobrece la vida de los retirados, sino que también priva a las instituciones de un recurso humano que podría seguir generando valor.

La situación de los jubilados no es un problema aislado; es el síntoma visible de un sistema de seguridad social que requiere una reforma profunda e integral. Por eso es imprescindible interpelar directamente a las instituciones y actores que inciden en la calidad de vida de la población retirada: la Comisión Bicameral encargada de la reforma a la Ley 87‑01, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), entre otros actores sociales y políticos. Todos ellos tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que la jubilación sea una etapa de dignidad y no una condena a la precariedad.

Jubilarse no debe ser un acto de valentía

En República Dominicana, jubilarse es un acto de riesgo. Es enfrentarse a un sistema que no protege, que no acompaña y que no reconoce. Pero esta realidad puede cambiar si quienes toman decisiones asumen su responsabilidad histórica.

Los trabajadores dominicanos no deberían temer a la vejez. No deberían prolongar su vida laboral por miedo a la pobreza. No deberían sentir que jubilarse es sinónimo de exclusión. La jubilación debe ser un derecho humano, no un privilegio. Y un país que no garantiza una vejez digna es un país que falla en lo esencial. En fin, jubilarse en la sociedad dominicana exige coraje. Coraje para enfrentar un sistema que no protege. Coraje para sobrevivir con ingresos insuficientes. Coraje para envejecer sin garantías.

Un referente de buena práctica en la gestión de los jubilados en la República Dominicana es el modelo que actualmente implementa la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Allí, el jubilado no se siente descartado ni relegado: siente que valió la pena haber dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo a una institución que reconoce su trayectoria y mantiene un vínculo de respeto con quienes la hicieron posible y útil.

La reforma de los sistemas de pensiones no es un debate técnico ni financiero: es un imperativo moral. Es una deuda histórica. Y es una prueba de si realmente se cree en la dignidad humana. Los jubilados dominicanos no piden privilegios; piden justicia. Piden respeto. Piden vivir sus últimos años con la misma dignidad con la que trabajaron toda su vida.