Por Roberto Valenzuela
Un hombre mató a otro porque lo miró mal; uno mató a otro por la mitad de un pan
Los datos ofrecidos por la procuradora Yeni Berenice Reynoso en el foro organizado por el Listín Diario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo producen escalofríos. Se podía presumir que la situación era grave, pero no en la dimensión expuesta. La Procuraduría tuvo la particularidad de presentar el problema en toda su extensión: causas, consecuencias y, sobre todo, posibles soluciones a un fenómeno que se reproduce de manera sostenida.
Entre esas soluciones, se plantea un pacto entre todas las fuerzas vivas de la Nación. Un acuerdo que, según expresó textualmente, debe realizarse sin importar quién ocupe la Presidencia de la República —«aunque sea Pedro Picapiedra»—. Es decir, una visión de Estado que trascienda el gobierno de turno y coloque por encima de todo una agenda país, dejando de lado intereses particulares por el bien común. De lo contrario, la delincuencia terminará frenando el desarrollo nacional, afectando incluso sectores clave como el turismo.
A partir de ahí, comenzó el desglose de los datos. Históricamente, se ha cometido el error de concentrar la seguridad en fiscales, jueces, abogados, militares y policías. Sin embargo, la procuradora explicó que sus conclusiones no solo se basan en estudios, indicadores, investigaciones y encuestas, sino también en su experiencia personal, iniciada a los 17 años como paralegal en Santiago de los Caballeros.
La delincuencia y la violencia han mutado en el país. Hoy, la violencia está insertada en el tejido social. Solo en 2025, el Ministerio Público recibió más de 273 mil casos, de los cuales cerca de 26 mil correspondieron a conflictos originados en la convivencia cotidiana.
El 90 % de estos casos no responde a criminalidad estructurada, sino a conflictos sociales. Ahí entra el rol de las academias: formar no solo profesionales, sino ciudadanos con valores, capaces de cumplir el contrato social que garantiza la convivencia y el respeto a los derechos ajenos, sin legitimar la violencia.
Más del 80 % de las personas involucradas en hechos violentos tiene menos de 35 años. No se trata, por tanto, de una generación de salida, sino de una que impacta el presente y el futuro del país. De ahí la urgencia de intervenir en los factores que generan esa violencia.
El enfoque, según Yeni Berenice, debe centrarse en la prevención. El sistema punitivo actúa cuando el hecho ya ha ocurrido, cuando el contrato social se ha roto. Por eso, el mejor sistema de seguridad es el preventivo, complementado —no sustituido— por un régimen de consecuencias. Como advierte Zaffaroni, muchas personas no delinquen por temor a las sanciones.
En 2025, de los más de 273 mil casos recibidos, unos 76 mil correspondieron a violencia de género, intrafamiliar y sexual. El 34 % ocurre en el seno familiar. Es imposible que altos niveles de violencia en la familia no se reflejen en la sociedad. La familia es el primer núcleo de formación, seguida del sistema educativo y el entorno social.
Desde 2004-2006 hasta la fecha, el uso de armas de fuego ha aumentado, evidenciando un cambio de patrón. A esto se suma una alta incidencia de armas blancas en hechos criminales. El tipo de arma revela el grado de violencia: múltiples heridas con machetes o cuchillos reflejan niveles extremos de agresividad.
De cada diez homicidios, cinco son causados por conflictos sociales. Situaciones aparentemente triviales —música alta, discusiones deportivas, roces vehiculares, disputas por parqueos o problemas entre vecinos— pueden escalar hasta consecuencias fatales.
Casos absurdos lo confirman: un hombre mató a otro porque dejó una mitad de un pan en un locker y fue a comprar un refresco; al cruzar la calle, al regresar, la otra persona se había comido el pan y se originó una discusión que tuvo como consecuencia un muerto y un herido. En otro caso, un hombre gritó: «¡Lo maté porque me miró mal!». En Santiago, una discusión por un parqueo terminó con tres muertos y cuatro heridos. La pregunta de fondo es qué ocurre en la anatomía social para que un simple roce desemboque en tal nivel de violencia.
Las motocicletas: este vehículo incide en tres variables críticas: el 73 % de las muertes por accidentes de tránsito involucra motocicletas; más del 80 % de los atracos se comete utilizándolas; y más del 92 % de los vehículos robados son motocicletas. Se trata de mercados criminales estructurados, con destinos definidos y beneficios económicos.
El teléfono celular es el bien más sustraído en la República Dominicana. El 98 % de las estafas se realiza con teléfonos robados, que también se utilizan para narcotráfico y ciberdelincuencia. De ahí el llamado a que el Indotel inhabilite estos dispositivos, atacando la demanda que alimenta este mercado.
Aunque el país no lidera en robos de celulares, sí presenta altos niveles de violencia asociada a estos delitos. La desproporción en el uso de la fuerza es evidente: en muchos casos, se mata por un teléfono.
El robo de metales es otro problema crítico. Un contador eléctrico puede costar al Estado 400 dólares y ser vendido como chatarra por apenas 75 pesos. Más que perseguir al ladrón, el enfoque debe dirigirse a las estructuras que compran y exportan estos materiales, desarticulando el mercado criminal.
En el ámbito del narcotráfico, el 98 % de los involucrados son hombres, con edades entre 18 y 44 años. En los feminicidios, las víctimas suelen tener entre 18 y 29 años, mientras que los agresores se ubican entre 30 y 44 años. Nuevamente, se trata de una población joven.
El domingo es el día con mayor conflictividad social y también con mayor incidencia de feminicidios, generalmente asociados al consumo de alcohol y a espacios conocidos como «teteos».
Finalmente, el narcotráfico ha cambiado su geografía. Hace una década se concentraba en grandes ciudades como Santiago y Santo Domingo; hoy se ha desplazado hacia provincias y zonas costeras como Pedernales, Baní y Bayahíbe, donde se registran importantes decomisos. Esto obliga a analizar su relación con la conflictividad social, el tráfico de armas, el mercado negro y la corrupción en puntos de entrada como las aduanas.
El diagnóstico está sobre la mesa. La pregunta es si el país está dispuesto a asumirlo con la seriedad que exige.
🎥 Para ampliar este análisis:
Quienes deseen profundizar en el diagnóstico presentado por la procuradora, con todas sus cifras y detalles, pueden ver la exposición completa en el canal Casos Sin Resolver con El Fiero.
👉 Si le interesa escuchar la intervención íntegra en el foro, aquí puede acceder al video:
https://youtu.be/izyg8QVJQC4
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