
Por: Porfirio Martinez
El debate sobre el endurecimiento de las sanciones por difamación en el nuevo Código Penal ha generado inquietudes, particularmente en sectores vinculados a la comunicación. Sin embargo, esta discusión debe abordarse desde el equilibrio, la justicia y el compromiso con la verdad.
Si bien es cierto que las penas contempladas pueden parecer severas, también es cierto que severos son los daños que provoca la difamación irresponsable. Una acusación sin sustento no solo afecta a una persona; puede destruir reputaciones construidas durante años, afectar emocionalmente a familias enteras y lesionar profundamente el patrimonio moral y social de quienes son objeto de señalamientos infundados.
Como conocedor del derecho y ligado al ámbito de la comunicación, considero que no debe existir temor ante una legislación que busca responsabilidad y no censura. No estamos frente a una “ley mordaza”, sino ante un llamado al ejercicio ético de la libertad de expresión. Quien formula una acusación tiene el deber moral y legal de sustentarla con pruebas.
No debe sentirse amenazado quien comunica con objetividad, veracidad y ética. Esos principios constituyen la mayor garantía para ejercer una comunicación libre y responsable, sin temor a consecuencias jurídicas.
Hemos avanzado institucionalmente y también corresponde a la comunicación fortalecer su credibilidad. No confundamos responsabilidad con censura ni presentemos como limitación lo que procura proteger la dignidad y el honor de las personas.
Apostemos por una comunicación justa, ética y objetiva, porque la libertad de expresión jamás debe convertirse en licencia para dañar sin pruebas el buen nombre de otro.


