La República Dominicana continúa figurando entre los países con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en la región. Cada año fallecen miles de personas y decenas de miles resultan heridas en las vías públicas. A ello se suma un enorme impacto económico para el sistema de salud, las familias y el aparato productivo, que debe asumir los costos de hospitalizaciones, rehabilitación, incapacidades permanentes y pérdidas de vidas en plena edad laboral.
Uno de los factores que más preocupa es la conducta de una parte de los motociclistas. El uso inadecuado o la ausencia del casco protector, el desplazamiento en vía contraria, el exceso de velocidad, transportar hasta tres personas en una motocicleta y la falta de documentación continúan siendo escenas cotidianas. Muchos consideran estas prácticas normales, cuando en realidad representan un riesgo permanente tanto para ellos como para los demás usuarios de las vías.
A esto se suma el comportamiento de algunos conductores del transporte público, especialmente guagueros, quienes en ocasiones compiten por pasajeros, realizan paradas en lugares no autorizados, invaden carriles, irrespetan los semáforos y conducen bajo una peligrosa presión por generar mayores ingresos. Esa realidad no solo pone en riesgo a los pasajeros que transportan, sino también a peatones y demás conductores.
Es cierto que el estado debe fortalecer la fiscalización, mejorar las carreteras y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, ninguna medida será suficiente si como ciudadanos no entendemos que el respeto por las normas de tránsito es, ante todo, un acto de respeto por la vida.
Las autoridades competentes tienen la obligación de pasar de las campañas de concienciación a acciones permanentes y contundentes. Se requiere una mayor presencia de agentes de tránsito en los puntos críticos, controles efectivos de velocidad mediante radares, pruebas aleatorias para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, fiscalización rigurosa del uso del casco y del cinturón de seguridad, además de sanciones que realmente desincentiven la reincidencia.
Asimismo, resulta indispensable fortalecer la educación vial desde las escuelas, exigir procesos más rigurosos para la obtención y renovación de las licencias de conducir, supervisar con mayor frecuencia las condiciones mecánicas de los vehículos de transporte público y desarrollar programas obligatorios de capacitación para los choferes del transporte de pasajeros.
La magnitud del problema queda reflejada en las cifras oficiales. De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, dependencia del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, durante 2025 cientos de dominicanos perdieron la vida en accidentes de tránsito solo en el primer semestre, mientras que en 2024 el país registró cerca de 3,000 fallecidos por esta causa. A pesar de una reducción reportada en 2025, la siniestralidad vial continúa siendo una de las principales causas de muerte violenta en la República Dominicana.
La seguridad vial no debe verse como un problema exclusivo del Gobierno ni como una responsabilidad exclusiva de los conductores. Es un compromiso colectivo que exige voluntad política, aplicación estricta de la ley y una ciudadanía consciente de que conducir con prudencia salva vidas.
La verdadera pregunta no es cuántas campañas más hacen falta, sino cuándo decidiremos cambiar nuestra manera de conducir. Porque las leyes pueden imponer sanciones, pero solo la conciencia, acompañada de una autoridad firme y constante, puede evitar que las carreteras dominicanas sigan convirtiéndose en escenarios de dolor. Cada accidente que se previene representa una vida que continúa, una familia que no se destruye y un país que avanza hacia una cultura de respeto y responsabilidad.
Mientras no exista autoridad para hacer cumplir la ley y ciudadanía para respetarla, la República Dominicana seguirá sumando nombres a una lista de víctimas que nunca debió existir. La seguridad vial no puede seguir siendo una promesa de campaña ni un discurso institucional; debe convertirse en una prioridad nacional que salve vidas todos los días.
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