Posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sobre el proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólido

 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirma su compromiso con el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la importancia de revisar periódicamente el marco legal para responder a nuevos desafíos. Sin embargo, reitera su preocupación por la forma en que se procura conocer una reforma de esta trascendencia, mediante un procedimiento legislativo que reduce significativamente los espacios de análisis y deliberación técnica que una iniciativa de este alcance demanda.

La facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su utilización para reformas que modifican de manera sustancial obligaciones económicas y reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional. La legitimidad y calidad de las leyes depende de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados. La estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio constituyen, además, activos esenciales para preservar la confianza y promover la inversión.

El CONEP considera igualmente preocupante que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta y que sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país.  Estas empresas, en adición, asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan.

Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo tejido productivo y todas son indispensables para el desarrollo nacional. Las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada. La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar.

En adición, existen distorsiones pendientes de corregir como el desequilibrio en su gobernanza al introducir a beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el proceso de toma de decisión del mismo.

Una vez más manifestamos que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante procesos participativos, sustentados y suficientemente deliberados.

El CONEP hace un llamado al Congreso Nacional a garantizar que esos criterios orienten el proceso legislativo, convencido de que las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica, fortaleciendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión del país.