CODUE solicita al presidente Abinader convocar con urgencia al Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, reunir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), debido al vencimiento de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluyendo a su presidente, Luis Henry Molina.

El presidente de CODUE, Feliciano Lacen Custodio, afirmó que pasaron casi tres meses desde que terminó el período de los magistrados de la presente corte y el Poder Ejecutivo no ha convocado al organismo que se encarga de seleccionar sus sustitutos.

El dirigente puntualizó que, desde los inicios de su gestión en 2020, el mandatario solo ha citado al consejo en cuatro ocasiones, para seleccionar a los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Custodio explicó que, el proceso más reciente se realizó entre el 10 de octubre y el 22 de diciembre, para escoger cinco togados del Tribunal Constitucional y las demás en mayo de 2021 para designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y en diciembre de 2025 para establecer cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

Lacen declaró que la convocatoria es necesaria para garantizar un adecuado funcionamiento en el sistema judicial, como lo establece la Constitución y las leyes de la República.

Modificación del reglamento del CNM

El pastor informó que CODUE respalda la solicitud de la Asociación Dominicana de Jueces Cristianos (ASODOJUCRI) y la propuesta del jurista Julio Cury para modificar el Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura.

Feliciano dijo que esta iniciativa mejorará el proceso de evaluación de los aspirantes al Poder Judicial, para evitar someter a los recién evaluados en vistas públicas, si no existen cambios que lo ameriten.

Según CODUE, la modificación simplificará y modernizará el procedimiento de selección, reducirá cargas administrativas innecesarias y volverá más eficiente el tiempo y los recursos institucionales, sin perjudicar la transparencia ni el rigor de las evaluaciones.

 

 

FUENTE