
Por: Leydi Vásquez.-
En República Dominicana, cada feminicidio representa mucho más que una cifra en las estadísticas. Es una vida arrebatada, una familia destrozada, hijos condenados a crecer sin el abrazo de su madre y una sociedad que, por momentos, parece acostumbrarse a una tragedia que jamás debería ser normal.
Lo más preocupante no es solo que las mujeres sigan siendo asesinadas por sus parejas o exparejas. Lo verdaderamente alarmante es que, después de cada crimen, el país vuelve a recorrer el mismo camino: indignación, promesas de acciones, minutos de silencio y, con el paso de los días, el olvido. Mientras tanto, otra mujer pasa a formar parte de una lista que nunca debió existir.
Es evidente que las leyes, por sí solas, no están resolviendo el problema. La violencia contra la mujer no comienza con un disparo, una puñalada o un golpe mortal. Empieza con los celos enfermizos, el control, las amenazas, el aislamiento, la humillación y la creencia de que una persona puede ejercer poder sobre la vida de otra. Cuando estas señales son ignoradas o minimizadas, el desenlace puede ser irreversible.
El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar respuestas oportunas a las denuncias y proteger a quienes viven bajo amenaza. Sin embargo, la responsabilidad no termina en las instituciones. Como sociedad también debemos dejar de justificar conductas violentas con frases como “eso es un problema de pareja” o “él actuó por amor”. El amor jamás puede confundirse con el control, la agresión o la muerte.
Cada vez que una mujer denuncia violencia y no recibe la protección necesaria, el sistema pierde una oportunidad para salvar una vida. Cada vez que un agresor reincide sin consecuencias, el mensaje que recibe es de impunidad. Y cada vez que la sociedad guarda silencio frente a las señales de abuso, todos contribuimos, aunque sea indirectamente, a que el problema continúe.
No basta con endurecer las penas cuando el feminicidio ya ocurrió. La verdadera justicia consiste en evitar que una mujer tenga que ser asesinada para que las autoridades actúen. La prevención debe dejar de ser un discurso para convertirse en una política permanente, con recursos suficientes, personal capacitado y una respuesta rápida que priorice la protección de las víctimas.
Los feminicidios no distinguen edad, condición económica ni nivel educativo. Son el reflejo de una violencia que exige un cambio profundo en la forma en que educamos, prevenimos y actuamos. La indiferencia también mata cuando convierte la violencia en un hecho cotidiano.
República Dominicana no puede resignarse a contar víctimas mes tras mes. Cada mujer asesinada representa una derrota para el país entero. El verdadero desafío no es reaccionar después del crimen, sino impedir que ocurra.
Porque la verdadera pregunta ya no es cuántos feminicidios se han registrado este año. La interrogante que debería sacudir la conciencia de toda la sociedad es otra: ¿cuántas mujeres más tendrán que perder la vida para que comprendamos que este problema exige acciones concretas y sostenidas, no solo discursos ni promesas que se olvidan con el paso de los días?


