Producir con costos competitivos ya no es suficiente, resulta igualmente indispensable cumplir de manera permanente con los estándares fitosanitarios
No se hizo realidad la esperanza que expresamos en estas páginas en enero de 2024: que el país no volviera a tropezar con la misma piedra. Esa aspiración surgía de la experiencia vivida tras haber tenido que aplicar durante dos años rigurosos controles fitosanitarios para lograr el levantamiento de la veda impuesta por Estados Unidos en 2015 a las exportaciones dominicanas de frutas y vegetales. Aquella restricción provocó pérdidas estimadas en 40 millones de dólares y puso en riesgo alrededor de 30 mil empleos.
La normalización se produjo luego de que el Ministerio de Agricultura, mediante la Resolución 2017-11 del 5 de julio de 2017, declarara al territorio nacional libre de la mosca de la fruta. Esa certificación permitió la reapertura del mercado estadounidense y marcó un importante logro para el sector agroexportador.
Sin embargo, a principios de 2024 se confirmó nuevamente la presencia de la mosca de la fruta en el territorio nacional. Fue entonces cuando advertimos, desde estas mismas páginas, sobre la necesidad de cumplir estrictamente los protocolos fitosanitarios para evitar una nueva pérdida de mercados. Lamentablemente, esa advertencia no fue atendida con la diligencia requerida.
Más preocupante aún es que, desde 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) había recomendado a las autoridades dominicanas corregir diversas debilidades del sistema fitosanitario para preservar el acceso del mango dominicano al mercado estadounidense.
El problema no radica en la complejidad de las medidas exigidas, sino en su ejecución. El sistema de control —basado en una red de trampas con atrayentes, monitoreo permanente y vigilancia sistemática antes de la cosecha— es de bajo costo, técnicamente probado y ampliamente estandarizado. Su incumplimiento pone de manifiesto deficiencias en la supervisión técnica, la trazabilidad y la disciplina en el cumplimiento de los protocolos por parte de todos los actores involucrados.
La situación actual evidencia una ruptura en la sostenibilidad de los avances alcanzados. La reincidencia debilita la credibilidad del sistema fitosanitario nacional y afecta a un sector cuyas exportaciones han crecido en la última década, acercándose a los 50 millones de dólares y los 34 millones de kilogramos anuales hacia diferentes mercados, principalmente Europa y Estados Unidos.
Dado que Estados Unidos constituye el principal destino del mango dominicano, las restricciones impuestas tienen consecuencias directas sobre los ingresos de exportación, el empleo rural y la competitividad del país frente a proveedores consolidados, como México. Además, generan un riesgo reputacional que puede extenderse a otros productos agroexportables sometidos a exigentes controles fitosanitarios.
Desde el punto de vista técnico, el desafío consiste en restablecer el cumplimiento efectivo de los protocolos: garantizar la densidad y georreferenciación adecuadas de las trampas, mantener un monitoreo continuo, disponer de registros verificables y asegurar un control riguroso antes de la cosecha. Desde la perspectiva institucional, el reto es fortalecer la capacidad de supervisión del Estado y consolidar una verdadera corresponsabilidad entre productores y autoridades. En el comercio agroalimentario actual, producir con costos competitivos ya no es suficiente; resulta igualmente indispensable, o incluso más importante, cumplir de manera estricta y permanente con los estándares fitosanitarios y zoosanitarios que exigen los mercados internacionales.
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