Por Nicolás Arias.
Durante el último año, dirigentes y sectores vinculados al partido Fuerza del Pueblo han sostenido reiteradamente, en distintos medios comunicación, que las obras que ejecuta el Gobierno del presidente Luis Abinader en la provincia de Santiago no fueron solicitadas por la ciudadanía. Este planteamiento se ha convertido en uno de los principales argumentos de su discurso opositor y ha sido utilizado incluso por supuestos dirigentes comunitarios para cuestionar las inversiones que se realizan en la provincia.
Sin embargo, una reciente declaración de su propio líder político, Leonel Fernández, durante una visita a Santiago, introduce una contradicción que merece ser analizada. Al presentar como una de sus propuestas la extensión del monorriel hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, Fernández reconoce implícitamente la importancia de esta infraestructura para la movilidad urbana y el desarrollo de la ciudad.
Ante esta posición, cabe plantear una pregunta a quienes han cuestionado reiteradamente estas inversiones: ¿el monorriel y el teleférico responden a necesidades reales de Santiago, colectivizan y tecnifican el transporte o no, como se han querido presentar desde algunos sectores, obras concebidas por capricho del actual Gobierno? Si ahora se propone ampliar el monorriel, resulta necesario revisar el discurso que durante meses ha intentado descalificar su construcción.
La discusión, sin embargo, va más allá de una contradicción política. Santiago ha reclamado durante años inversiones públicas acordes con su peso económico y su contribución al desarrollo nacional. En ese contexto, iniciativas del conglomerado Compromiso Santiago, compuesta por más de 50 organizaciones, han desempeñado un papel importante al articular las demandas de distintos sectores. Desde 2010, esta plataforma ha reunido a organizaciones empresariales, sociales y profesionales para impulsar una agenda de desarrollo y reclamar que las necesidades de la provincia sean incorporadas en los planes de los distintos gobiernos. Lo que ha venido pasando desde el Consejo de Gobierno del 2020 realizado en Apedi en Santiago por el presidente Luis Abinader.
Representantes del sector productivo han reiterado que importantes proyectos de saneamiento e infraestructura que actualmente se ejecutan fueron discutidos y consensuados con sectores organizados de Santiago. Entre las voces que han abordado este proceso figuran Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES); Saúl Abreu, director ejecutivo de Apedi, y Sandy Filpo, expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), entre otros representantes empresariales.
También desde otros sectores políticos se han escuchado reconocimientos a las inversiones y transformaciones que experimenta la ciudad, aunque con distintos niveles de énfasis. Este escenario obliga a la oposición a revisar sus planteamientos y a formular cuestionamientos sustentados en propuestas concretas, más allá de la descalificación generalizada de las obras públicas.
Durante su visita a Santiago, Fernández también cuestionó los anuncios sobre los plazos de conclusión del monorriel. Ese señalamiento abre un debate legítimo sobre el cronograma, la ejecución de la obra. No obstante, resulta significativo que, al mismo tiempo, su propuesta contemple extender el propio sistema de transporte que ha sido objeto de críticas desde sectores de su organización.
En política, las contradicciones no pasan inadvertidas. Si una obra no responde a ninguna necesidad, ¿por qué proponer su ampliación? Y si se reconoce que Santiago necesita ese sistema de transporte, corresponde debatir con seriedad sus alcances, costos, plazos y beneficios, en lugar de reducir la discusión a consignas partidarias.
La oposición tiene el legítimo deber de fiscalizar y cuestionar la gestión gubernamental. Pero también tiene la responsabilidad de hacerlo con coherencia. Santiago necesita menos discursos contradictorios y más propuestas que respondan a sus necesidades. Porque, al final, las obras públicas no deben medirse por quién las anuncia o quién las ejecuta, sino por su capacidad de mejorar la vida de la gente.
Y cuando el propio discurso termina contradiciendo los argumentos que durante meses se han repetido, la pregunta es inevitable: ¿quién se quedó sin argumentos?
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