La nueva crisis que afecta al PartIdo de la Liberación Dominicana, la cual se manifiesta de manera directa en el gobierno tocó fondo en los últimos días con nuevas descalificaciones, acusaciones y contra-acusaciones entre seguidores del presidente de la República Danilo Medina y del ex presidente Leonel Fernández, quienes se disputan la candidatura presidencial de esa entidad de cara a las elecciones del 2020.
La gota que rebosó la copa la puso el vocero y director de Comunicaciones del Gobierno, Roberto Rodiguez de Marchena, quién en el marco del enfrentamiento con Franklin Almeyda Rancier, acusó al miembro del Comité Político del PLD cobrar 250 mil pesos mensual sin trabajar.
La revelación hecha en tal sentido por el funcionario palaciego pone de manifiesto que en esta gestión la corrupción, el tráfico de influencia y el clientelismo político es más grande y más profundo de lo que la mayor parte de la población dominicana puede imaginar.
Es preciso aclarar que para Almeyda Rancier tener un salario de esa magnitud como Secretario de Estado sin Cartera alguien tuvo que nombrarlo en el cargo, y según la normativa vigente en nuestro país el presidente de la República es el único facultado para hacer ese tipo de designación.
Si bien es cierto que la Constitución faculta al titular del Poder Ejecutivo para nombrar a los funcionarios, no menos cierto es que la misma Cúspide Normativa le otorga el gobernante el derecho de destituir a los servidores públicos cuando lo considere pertinente, sobre todo si estos son de poco rendimiento o si están implicados en acciones indebidas.
El decreto mediante el cual el primer mandatario nombró a Franklin en cargo fue emitido hace unos seis años, y sin embargo hasta la fecha en el gobierno o fuera del gobierno nadie pudo descubrir esa «botella». Este caso nos pone frente a una realidad y es que, hoy sobradas razones para pensar que otros dirigentes del PLD también cobran sin trabajar.
A la caldeado situación en el oficializado por el tema de la reelección se han sumado nueva a figuras entre las cuales se encuentran Roberto Rosario, ex presidente de la Junta Central Electoral y Lucía Medina, esta última ex presidenta de la Cámara de Diputados y hermana del presidente Danilo Medina.
En lo que se interpreta como un desafío al leonelismo, a la oposición, a la sociedad civil y a otros sectores, la legisladora por la provincia de San Juan de la Maguana se destapa diciendo que su hermano no tiene ningún impedimento constitucional para ser el candidato peledeista en la venidera contienda electoral.
Cabe recordar que cada comandante orienta su tropa, la instruye y la dirige hacia un fin determinado, y todo da a entender que estratégicamente ese es el ambiente que predomina entre los dos principales grupos que hacen vida a lo interno del martido morado.
Las cabezas del Partido de la Liberación Dominicana con el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y de la mayoría de las alcaldías actúan sin tomar en cuenta que la población tiene la suficiente capacidad de reflexión, y esa capacidad le permite determinar la diferencia de quien es payaso y quien es el dueño del circo.
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