Por. Andrés Bonilla
Rep. Dom.- El pasado domingo diez del presente mes de junio se publicó una información, tanto en el portal digital minutoaminuto.com.do como en otros medios electrónicos e impresos, sobre el apresamiento de un hombre identificado como José Almanzar López, el cual fue acusado del robo de un racimo no plátanos del patio de una vivienda ubicada en la calle principal del paraje Caneta, del municipio de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal.
López, un hombre de 27 años de edad y sin ningún tipo de formación económica, académica, política y social habría cometido el hurto en la vivienda propiedad del nombrado Víctor Manuel Martínez, por no tener dinero para comprar la cena de su familia la noche anterior a su detención. Tan pronto se produjo el apresamiento la policía anunció el envío a la justicia del acusado para que responda a las imputaciones formuladas en su contra.
El Código Penal Dominicano es muy claro y preciso, en su artículo 379, el cual establece que el que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece se hace reo de robo. El robo en nuestra normativa se define como la sustracción de la cosa agenda sin el consentimiento de su propietario. Ciertamente quien infringe la ley debe responder por sus hechos ante la autoridad judicial competente.
Si bien es cierto que el apresamiento José Almanzar López se enmarca dentro del marco legal, también es cierto que el detenido no tuvo la suerte de ser miembro, o de ser hijo de uno de los miembros del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quienes gozan de fortunas que les permiten superar todas las dificultades que se presentan en el diario vivir. Ellos además en nuestro país tienen licencia para convertir el patrimonio nacional en bienes de su propiedad.
López tampoco tuvo la suerte de ser incluido en la distribución de los 92 millones de dólares entregados por la constructora brasileña Odebrecht a un grupo de legisladores, funcionarios del gobierno y dirigentes políticos de la oposición, para lograr la aprobación de una serie de contratos a su favor para la construcción de obras en distintas comunidades del país.
Al acusado del presunto robo de un racimo de plátanos tampoco se le incluyó en la comisión que negoció la compra de la flotilla de aviones Super-tucanos para combatir el narcotráfico. Probablemente este hombre ni siquiera sepa donde queda la sede central de la Oficina Metropolitana del Servicios de Autobuses (OMSA). Nuestra imaginación nos hace pensar que él nunca ha tenido la facilidad de entrar al Palacio Nacional.
De igual modo, podríamos anticipar que el imputado por la sustracción de los plátanos nunca ha estrechado, entre sus manos, las manos del empresario Ángel Rondón, del ex ministro de Industria y Comercio Juan Temistocles Montás, del senador Tommy Galán o la del ex vice-presidente de Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Radhamés Segura, para sólo mencionar cuatro figuras.
A López en ningún momento el gobierno de Estados Unidos le ha notificado la cancelación de la visa norteamericana por estar implicado en actos de corrupción, pues él ni siquiera a tenido pasaporte, y por consiguiente, mucho menos ha tenido visa. El ciudadano, nativo del municipio de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal, tampoco ha tenido, y probablemente nunca llegue a tener capacidad económica para comprar una villa o un yate por el precio de cinco millones de dólares.
De igual manera, realizamos una minuciosa revisión, letra por letra, de la lista de funcionarios, de ex funcionarios, de legisladores y otras figuras que el empresario Rondón solicita que participen como testigos en la audiencia en su contra por el caso Odebrecht, y sin embargo no encontramos el hombre de José Almanzar López.
El imputado nunca ha formado parte de los equipos de asesores políticos nacionales y extranjeros del presidente Danilo Medina, ni de los ex-presidentes Leonel Fernadez e Hipólito Mejia. El no pertenece a ese estructura, y quizás por esa razón próximamente será llevado a una sala de audiencias para que un juez o una jueza dicte sentencia en su contra.
La práctica política en la República Dominicana, al igual que el accionar de la Justicia, nos ha enseñado que todo aquel que roba por debajo de los 100 millones de pesos corre el riesgo de ser procesado y las posibilidades de ser enviado a Najayo, a la Victoria o a la cárcel Rafey por un largo tiempo son sumamente amplias.
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