Santo Domingo, Rep. Dom.– Son altas las posibilidades de que en el fin de semana, partiendo de este mismo viernes, comiencen a producirse las acciones judiciales en contra de los imputados en los sobornos por 92 millones de dólares que pagó Odebrecht en la República Dominicana, con lo cual logró contratos fabulosos para la construcción de importantes obras de infraestructura.
En estrechos círculos políticos y judiciales, que disponen de informaciones fidedignas, corría de boca en boca la noche de este jueves la noticia de que a partir de las próximas horas inmediatas comenzarían a ser emitidas las órdenes de arrestos contra las personas que han sido señaladas en este renombrado caso de corrupción.
En el escándalo están involucrados, conforme a datos que ha suministrado la propia multinacional constructora, funcionarios y ex funcionarios de gobierno que abarca varios períodos hacia atrás así como distintas administraciones políticas.
Los datos ofrecidos por Odebrecht han sido complementados por numerosos documentos que entregó a las autoridades dominicanas el Ministerio Público de Brasil, país sede de la firma constructora que admitió públicamente el pago de los sobornos en varias naciones.
Informaciones que se han filtrado de la investigación dan cuenta de que la Procuraduría General de la República ha concluido con la fase que trabajaba respecto a la documentación que envió Brasil, y que en un tiempo muy breve procederá a materializar las acciones judiciales concretas.
Estas consisten en apoderar a los tribunales correspondientes de los expedientes y solicitar medidas de coerción contra los principales inculpados.
Ya se ha dicho que los casos de los legisladores involucrados, por conservar inmunidad parlamentaria, serían derivados a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Mientras, el resto de los inculpados, entre funcionarios, ex funcionarios, empresarios y otros, irán a los tribunales ordinarios.
Pese a transcurrir los días sin novedades sobre el particular, las expectativas de la población han sido consistentes, en espera de que haya consecuencias penales en este caso de corrupción que ocupa la atención de todo el país.
Como contraste, la Procuraduría General de la República ha marcado con un “silencio sepulcral” un caso sobre el cual en semanas anteriores mantenía un flujo constante y hasta inusual de informaciones.