Por Luis Córdova.
Y resulta que en el momento justo en que las autoridades comiciales comunicaron oficialmente la suspensión, en ese mismo instante, les estaba “yendo bien”, a todos los candidatos. Se le impidió al país tener uno de los resultados electorales más espectaculares de la historia universal de la democracia: declarar a todos ganadores, como indicaron las encuestas a boca de urna.
Pero al margen de los políticos los apasionados del tema municipal esperaban con ansias la fecha en que las autoridades de ayuntamientos y distritos fueran votadas de manera independiente, lejos de la influencia ejercida por los demás niveles de elección.
La independencia había sido una conquista de la reforma constitucional del 2010, que establece en su artículo 209 que las asambleas electorales serán abiertas cada cuatro años y funcionarán en colegios electorales organizados conforme a la ley, en elecciones celebradas de modo separado e independiente donde las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales serán celebradas el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero.
A pesar de esto la convocatoria para elegir los alcaldes, vicealcaldes, regidores o concejales, y los directores y vocales de juntas de distritos, debió esperar hasta 2020 dada la disposición transitoria decimocuarta.
Pasábamos la página a las elecciones de “medio término” y aunque los presidenciables no guardaron la forma y se dedicaron a “acompañar” a los candidatos locales, celebramos las primeras votaciones con un nuevo marco legal para el ejercicio político: la Ley 15-19, la Ley Orgánica de Régimen Electoral y la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El domingo 16 de febrero amanecimos con la convocatoria en pie. Los dominicanos y las dominicanas, que sumamos más de siete millones hábiles para votar, estábamos llamados a ejercer el sufragio en dos sistemas, el manual y el automatizado, desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Al mejor estilo dominicano se eligieron las demarcaciones con mayor cantidad de votantes y candidatos, con la de selección más compleja, para realizar el piloto de prueba. Contrario a toda lógica que incluso establece la ley: hacer la implementación de manera progresiva. El formato de voto automatizado fue aplicado en 18 municipios, el equivalente a 9,757 colegios electorales, es decir, el 62% de los electores.
Los mortales de a pies ignoraban que, ya en la madrugada de ese mismo día, se había detectado inconsistencia en el sistema para la carga de la boleta electrónica y que entre las posibles salidas barajaban la suspensión.
Eran muchas primicias para un solo pueblo. Cuatro horas después de la apertura de un proceso que algunos casos nunca inició, en rueda de prensa desde su sede en Santo Domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, informó que luego de detectarse fallas en el sistema de voto automatizado, las elecciones no se podían realizar porque la boleta electoral no se cargó de manera completa. La suspensión incluía los 140 municipios, que conforman el otro 38% de electores, y que estaban utilizando el formato manual. Se comunicó también que a partir de ese momento quedaba abierta una “profunda investigación” con el objetivo de saber qué ocurrió en el proceso y establecer responsabilidades.
¿Sabotaje? ¿Un plan perfecto y macabro de atentar contra la democracia? ¿Teorías de la conspiración que nos solazan en la confirmación de que dormimos con el enemigo? ¿Fallas técnicas previsibles que debieron tener rápidas soluciones? ¿Incapacidad de los responsables?…
Las respuestas no aparecen ni el órgano responsable, ni en las investigaciones judiciales, llena de “caricias” como dijo uno de los investigados al salir lesionado del interrogatorio. Tampoco aparece en las pancartas de los jóvenes que se congregan en Plaza de la Bandera, con sus camisetas negras en un irreverente luto que ha venido a resucitar el espíritu de lucha.
El calendario avanza y tenemos cita con las urnas en poco más de quince días, para elegir los responsables de la administración local, sin enterarnos de si los candidatos retomaron o no las calles búsqueda del voto, por cierto ahora manual. Pero ¿volvieron hacer campaña?
La importancia de mantener las elecciones municipales de manera separada otorga un espacio importante no solo para la consolidación democrática y el reconocimiento de los actores políticos que están llamados a trabajar más de cerca con la gente, sino que aporta autonomía municipal, fortalece la fiscalización de la administración y otorga un nivel importante en el rol del control ciudadano.
La necesidad de saber qué pasó y por quién pasó, la merece la sociedad toda. Entre sombras no se avanza cuando de libertades estamos hablando. Establecer responsabilidades es lo que merecemos todos: los que marchan, los que se quedan estacionados, los que hacen cacerolazos, los que hacen silencio y los que escriben en sus muros y redes sociales el desahogo de otras indignaciones que vienen a salir ahora.
Todos son temas delicados por las respuestas sensibles que no deben ser relajadas y que merecen atención, no importa de cual lado de la Avenida Luperón o la 27 de Febrero esté nuestro corazón.
Volveremos a las casetas de votación o las calles, pero a partir del 16 de febrero la democracia parece ser diferente.
Ante unas elecciones suspendidas, en las que perdieron todos, no porque nadie ha capitalizado la indignación sino porque los actores políticos prefirieron engordar su ego con medias mentiras y medias verdades.
¡Qué Dios proteja esta democracia de nuevas suspensiones y que nos libre de que, como pasó con las elecciones, también nos suspendan la libertad!
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