Por Darío Nin.
El Comité Político Latinoamericano COPOLA, ha sugerido pública e institucionalmente al Defensor del Pueblo y a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, la conformación de una comisión Institucional, una por cada órgano Constitucional , para recibir las quejas y denuncias que pudieren formular las personas sobre los atropellos y abusos cometidos por la fuerza del orden o particulares, durante el periodo de Emergencia Nacional (estado de excepción) como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid 19.
Al igual que COPOLA, entendemos y compartimos en un cien por ciento, que existen documentadas, acciones u omisiones, cometidas por las fuerzas del orden que atentan contra los derechos humanos y más allá, contra la dignidad humana, que es la base del Estado Dominicano, conforme los disponen los artículos 5 y 7 de nuestra Constitución; por lo que, jamás pudiere consentirse una acción que atente contra ésta.
Esas violaciones y abusos desproporcionados, desmedidos e innecesarios, necesitan que sobre los mismos se lleven a cabo investigaciones minuciosas y que, por estar las fuerzas del orden involucradas, es conveniente y necesario que sean investigadas por órganos constitucionales como la Cámara de Diputados y el Defensor del Pueblo quienes tienen facultades constitucionales para hacerlo.
Si en las investigaciones que generen dichas denuncias se encontraren indicios contundentes que ameriten sometimientos a la justicia; al igual que lo ha requerido COPOLA, exigimos que se canalicen a los autores, cómplices y responsables a los tribunales de la República, ya sea mediante apoderamientos directos o a través del Ministerio Público. Todo según convenga y permita la ley.
Los crímenes y delitos cometidos durante el periodo de excepción jamás han de quedar impune, para que sirva de lección a posibles futuras actuaciones, además de hacer justicia a los hechos presentes.
Estas comisiones deben dar pie a la gran comisión de la verdad que investigaran los megas actos de corrupción que algunos alegan se cometieron en las compras de los equipos e insumos que debían utilizarse en la prevención y tratamiento del Covid 19. Un crimen agravado de haberse cometido.
Si, los funcionarios actuaron con transparencia y apegado a la ley, deben ser los primeros interesados en que esto sea esclarecido por una comisión institucional creíble, antes que el tema sea tomado por políticos para hacer campañas mediáticas.
¡Quien nada ha hecho, nada tiene que temer! pero si alguien se ha extra limitado en uno u otro sentido, que lo pague como ha de ser.
Hasta la próxima.
Darío Nin
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