SANTO DOMINGO. – El presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, señaló que lo revelado en el informe de la comisión de notables que investigó la licitación y adjudicación del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina obliga al Ministerio Público a incriminar y someter a la justicia al señor Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE.
A juicio del dirigente político el informe de la comisión detalla un conjunto de acciones delictivas que hacen pasible de encausamiento al acto funcionario gubernamental.
Puig refiere que la firma Stanley Consultants fue contratada ilegalmente por Bichara, quien designó un Comité de Licitaciones en violación a la ley cuyos integrantes eran subordinados de Bichara o de Stanley Consultants, lo que le permitió manejar a su antojo la licitación.
Señala el presidente de la APD que el informe explica en detalle las manipulaciones que se produjeron en el proceso de licitación. Cita entre estas el no suministro de información adecuada a los dos miembros independientes del comité de licitación, que se vieron obligados a renunciar de éste.
Refiere igualmente la invención de un concursante virtual o fantasma, ideado con el propósito de comparar sus supuestos precios por los ofertados por la firma Odebrecht.
A juicio de Puig, las acciones ilegales destinadas a manipular la licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina son más que suficientes para someter a la justicia a Jiménez Bichara.
La comisión que investigó la licitación expresó que la misma fue “mayormente legal”, lo que a juicio de Puig evidencia que la adjudicación del contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina se realizó “violando la Ley”. “La ley se cumple o no se cumple, no se cumple a medias o más o menos”, dijo.
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