Por: Nicolas Arias
Una de las principales preocupaciones de la población dominicana, según las investigaciones con rigor científico realizadas en nuestro país, es la inseguridad ciudadana, esto incluye a las personas al transitar por nuestras calles e incluso la integridad de las empresas y nuestros hogares.
Durante años el Estado ha diseñado e implementado múltiples programas en busca de recuperar el ambiente de sosiego, entre la que podemos mencionar Barrio Seguro y acciones temporales de patrullaje mixtos, entre otros, todos con pobres resultados, situación que empuja a la población a la auto protección.
A esas iniciativas oficiales también se le suman programas de oportunidades para la educación, generación de empleos, los cuales de manera tangibles no se han medido y el panorama en esta materia parece cada vez peor.
La verdad que en los procesos electorales de las últimas décadas este ha sido uno de los discursos y temas de campaña presidenciales, e incluso en contiendas municipales, sin que esta sea una función directa de los alcaldes. De una u otra forma todo se queda en promesas.
No obstante, ante la debilidad gubernamental para dar respuesta a la nación, y como una alternativa con resultados muy positivos, el empresariado se auxilia en más de doscientas compañías de seguridad privadas.
En nuestra nación los Ministerios de Defensa e Interior y Policía, el primero a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) regula estas instituciones, en su mayoría agrupadas en la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) y el Consejo Nacional de Empresas de Seguridad (CONADES).
Según la SVSP en su página web, registra 202 compañías, de las cuales están operando 184, han pausados en sus funciones 16 y otras 2 han sido canceladas. Sin embargo, no existe un verdadero reconocimiento e inclusión de estas a la hora de realizar los planes que buscan reducir la delincuencia en República Dominicana.
Cabe reconocer la labor titánica que realizan los agentes de seguridad física privados, los cuales se limitan a un perímetro de acción, pero con el elemento multiplicador de un radio que termina protegido por estos, sin que sea su responsabilidad.
Los malhechores cuando saben que en un área determinada hay vigilancia, regularmente no se aventuran a delinquir, y esto se puede extender hasta una cuadra en ocasiones, por el elemento disuasivo que provocan estos agentes.
No cabe duda que la fragilidad institucional ha elevado el costo de la seguridad ciudadana y de los bienes materiales, en ocasiones de forma inaguantable hasta para la clase más acomodada, ya que además del pago de los impuestos al gobierno, paga la garantía de su integridad física y de sus bienes. Este sector se ven en la obligación de asumir el costo de la seguridad personal, pagar un precio para evitar el saqueo de sus negocios, el robo en su vivienda, la violación de vehículo y hasta por la protección de sus hijos camino al colegio u otros lugares sin que nadie remunere esa inversión.
Las recién posesionadas autoridades han anunciado que implementarán nuevos planes en ese sentido, esperamos que se pondere y valore el verdadero aporte de la seguridad privada en nuestra nación y que no siga siendo una cenicienta.
Ahora surge la siguiente pregunta y la inmediata respuesta, ¿Cómo integrarlos? Es tan fácil como llevarlos a la mesa de las discusiones y escuchar sus experiencias, para que las autoridades puedan aprovechar estos aportes, claro está, guardando distancia en los roles, pero que la seguridad privada y pública sean verdaderos aliados en favor de la ciudadanía.
De la mano con esa integración, restablecer los planes de capacitación, es decir, la SVSP conjuntamente con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) crear una escuela de formación para guardianes, Componentes VIP, entre otros. Es cuestión de aunar esfuerzos entre el sector público y privado, para realizar un trabajo preventivo en conjunto y lograr que retorne la confianza en la población.
El momento es idóneo para que las nuevas autoridades asuman este tema, al igual que replantear el proyecto de ley de Seguridad Privada que reposa en el Congreso Nacional.
La Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), presenta una discriminación con relación a otros sectores de la economía dominicana, al emitir las facturas a los clientes, el itbis, es retenido el 100%, provocando una injusta compensación entre las ventas y las compras, al momento de declarar dicho impuesto cada mes ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
También las altas e insoportables cargas impositivas, los altos costos del personal y la prohibición de la importación de armas, están generando beneficios muy bajos y otras dificultades que enfrenta la seguridad privada, las cuales deben ser escuchadas.
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