La alcaldía de Santiago pasó de las amenazas a los hechos, y sin medir las consecuencias en el plano política y económico, publicó los nombres de las empresas que alegadamente sus propietarios están evadiendo el pago de los impuestos correspondientes al municipio.
Las empresas, generadoras de miles empleos directos e indirectos «mala paga» son Orange Dominicana, Coca Cola, McDonald’s, Plaza Internacional y el Provom entre otras, a decir de las autoridades municipales del Partido de la Liberación Dominicicana, encabezadas por el licenciado Abel Martínez.
De igual modo, la gestión local, que para ningún conflicto busca la conciliación, advirtió que seguirá colocando letreros en puntos estratégicos de Santiago con los nombres de otras empresas que supuestamente incumplen con sus responsabilidades financieras con el ayuntamiento, sin tomar en cuenta que pueda provocar una gran fuga de capitales.
La decisión cayó como una bomba de tiempo entre los directivos de la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago y del Consejo Estratégico de esta ciudad, los cuales argumentan que las autoridades violaron el debido proceso, ya lo primero debieron demostrar que las empresas se niegan a pagar arbitrarios y segundo la legalidad de esos arbitrarios.
Caber recordar que desde tiempos muy remotos se ha establecido que todo el que exige debe responder a sus exigencias, y que por consiguiente el que no paga no tiene calidad moral para reclamar el pago de una deuda. De igual modo, las normativas jurídicas dominicanas precisan que todo aquel que en justicia alega un hecho debe demostrarlo.
En los actuales momentos miles de obreros que fueron cancelados por el propio alcalde Abel Martínez del ayuntamiento, desde el mismo 16 de agosto del 2016 cuando asumió el control del gobierno local, en medio de la penuria, el endeudamirnto y otros males, continúan pidiendo al ejecutivo municipal el pago de sus prestaciones laborales.
El día que los obreros enviados a su casa o a vagar por calles y parques tienen protestas en la parte frontal del ayuntamiento para demandar sus derechos, las situación es tensa en los alrededores del cabildo y el licenciado Martínez no se aproxima a su despacho, por no tener calidad moral para responder a su obligación.
Nada justifica que una empresa se coloque al margen de sus responsabilidades tributarias con un gobierno local, como nada justifica que un alcalde, sea del partido oficial o de la oposición, someta a miles de obreros al sufrimiento, por el hecho de negarles sus derechos.
Por tratarse de padres y madres de familia de escasos recursos económicos, estos no tienen capacidad para para diseñar y colocar vallas gigantes en algunos lugares de Santiago, donde acusen al alcalde Martínez de «mala paga», por negarles el dinero que les corresponde por concepto de sus prestaciones laborales.
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