La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) planteó hoy su preocupación por el contenido del informe de la comisión legislativa bicameral para la revisión de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Según el gremio, este “plantea una propuesta radical que elimina el actual sistema de ahorro individual y lo cambia por uno de reparto estatal en el que los afiliados no tendrían propiedad de sus fondos para el retiro y que, además, tendría una alta carga fiscal para el presupuesto nacional”.
Considera que la propuesta “no plantea soluciones para los principales desafíos del sistema de pensiones en el país, ya que no establece cómo proteger a los trabajadores independientes o cuentapropistas y a los informales, de manera que se pueda lograr una mayor cobertura y protección en seguridad social”.
La comisión bicameral a cargo de revisar la Ley 87-01 recomendó reformar 45 artículos en los que plantea importantes cambios a la legislación, con la inclusión de penalidades y diferentes opciones para la jubilación y del retiro de los fondos de pensiones.
El informe, que fue aprobado por la comisión integrada por diputados y senadores, está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados.
“En términos económicos sería un retroceso para el país por la destrucción del ahorro nacional que se ha logrado en los 20 años del sistema; además atentaría contra la estabilidad económica, y afectaría de forma negativa el mercado de valores y de capitales, lo que podría incidir de igual manera en el sistema financiero”, dice la Adafp en un comunicado.
Indica que, de acuerdo con la estructura del sistema y la asignación obligatoria de los afiliados que plantea la propuesta de la Comisión Bicameral, se dispone que quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos del sector público, así como los empleados públicos, pasarían al sistema de reparto, con lo que pone a cargo del Ministerio de Hacienda el pago de las pensiones de alrededor del 90 % de los trabajadores del país.
“Esto implicaría un aumento significativo de la carga fiscal, ya que tendrían que pagarse con presupuesto público”, observa.
Para la Adafp, la propuesta no focaliza el presupuesto público para garantizar pensiones mínimas solidarias a la población más vulnerable y no explica qué ocurriría con los afiliados que no alcancen al menos 20 años de cotización en el sistema público de reparto, pues en ese sistema no existe propiedad individual de los fondos de pensiones.
“Este es un punto sensible porque la informalidad del mercado laboral en el país supera el 55 % y, por tanto, la densidad de cotización de muchos afiliados -especialmente de ingresos bajos- no es idónea, pues fluctúan constantemente entre el sector formal y el informal. Y la propuesta de la Comisión Bicameral no contempla la solución de esta situación”, dice.
