Algunas reacciones a la posición de FINJUS sobre la sentencia del TSA

Por Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo, Consultor en Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Activista Social

 

 

La FINJUS ha presentado, en una página de espacio pagado el 19 de septiembre del 2022, su posición frente a la sentencia del TSA Núm. 030-02-2022-SSEN-00327 que ordena a las AFP a devolver los valores descontados a las cuentas personales de los afiliados demandantes.

Deseo referirme al último párrafo de su comunicado, donde dice que “Costó tiempo y mucha madurez lograr el establecimiento de un sistema de pensiones como el que actualmente rige en el país.  Costó tanto, precisamente, porque la intención fue pasar del anterior sistema de reparto, primo hermano de la desigualdad social, a un sistema de acceso universal, estable y garantista, que es el que favorece la Ley 87-01.  Podrá requerir mejoras, pero es un producto acabado que ha reportado incontables beneficios a los trabajadores dominicanos.  La sentencia del TSA amenaza gravemente todos estos avances de nuestro sistema previsional y pone en peligro su estabilidad.”

Consideramos que ciertamente, el costo de “el establecimiento de un sistema de pensiones como el que actualmente rige en el país” ha sido mucho, yo diría excesivamente alto, pero no sólo de tiempo y madurez, sino más bien de salud de miles de afiliados que padecen enfermedades y que no han podido recibir las atenciones necesarias, o los millones de pesos que han tenido que pagar como “copagos” o “gastos de bolsillo”.  Ha sido muy alto el costo que han tenido que pagar los afiliados por los derechos que les niegan o conculcan las autoridades a los servidores públicos, pese a que los mismos son derechos adquiridos, al amparo de la Ley 379-81 y que son reconocidos por la propia Ley 87-01, como por ejemplo el derecho de los servidores públicos amparados por la Ley 379-81 a permanecer en el sistema de reparto, sin importar su edad.

Cuando uno lee en la referida publicación que “la intención fue pasar del anterior sistema de reparto, primo hermano de la desigualdad social, a un sistema de acceso universal, estable y garantista”, debe concluir que ciertamente la oferta con la que se vendió el sistema de seguridad social instituido con la Ley 87-01, hacía ofrecimientos con los que aparentemente se dignificaría a la población del país. Lamentablemente, el resultado alcanzado con la aprobación y promulgación de la Ley 87-01, logrado con la participación de muchos intelectuales y profesionales que continúan defendiendo el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), pero la realidad es que hoy se ha evidenciado que lo que ellos llaman “acceso universal” en realidad se ha cumplido para los negocios insertados parasitariamente en la seguridad social, pero no para la población que estaba llamada a ser beneficiaria del SDSS.  Basta pensar en todos los excluidos de la seguridad social, aquellos a quienes sus empleadores les pagan menos que el sueldo mínimo, a quienes se les niegan sus pensiones, los que trabajan por cuenta propia, los que ganan menos del sueldo mínimo, por sólo mencionar algunos.

Cuando hablan de “estable” para los afiliados es una afirmación que resulta inaplicable, ya que el actual sistema de seguridad social no les genera ninguna estabilidad, todo lo contrario, lo que tienen como permanente es la INCERTIDUMBRE.  Los negocios insertados en la seguridad social son los únicos para el cual el SDSS es estable.

La burla más grande que encontramos en la referida publicación es cuando habla de que el actual sistema es “garantista”. Todo el mundo sabe que los únicos que tienen garantizadas sus ganancias en el actual SDSS son las ARS y las AFP, las personas afiliadas no tienen garantía de nada, ni siquiera de sus derechos adquiridos, derechos fundamentales, ni siquiera aquellos beneficios instituidos por la propia Ley 87-01.

En la publicación se afirma que “la intención fue pasar del anterior sistema de reparto, primo hermano de la desigualdad social…” aunque esta pudo ser la intención de algunas de las personas que participaron en las discusiones que dieron origen a la Ley 87-01, hoy tenemos que aceptar que el resultado no ha representado ninguna mejora sustancial en cuanto a la desigualdad social, por lo cual es común que las personas afiliadas afirmen que la Seguridad Social no es Segura, ni es Social.

FINJUS plantea que el actual SDSS “Podrá requerir mejoras, pero es un producto acabado que ha reportado incontables beneficios a los trabajadores dominicanos.”  La verdad es que a quienes este sistema les ha reportado incontables beneficios, en todo el sentido de la palabra, es a las AFP y a las ARS.  Para las personas afiliadas lo que les ha reportado son incontables costos, incontables problemas e incontables pérdidas, así como una incontable incertidumbre.

“La sentencia del TSA amenaza gravemente todos estos avances de nuestro sistema previsional y pone en peligro su estabilidad.”  En esto estamos de acuerdo. Consideramos que esta y otras Sentencias no publicitadas, porque favorecen a las personas afiliadas, ayudan a que el pueblo siga tomando consciencia de sus derechos conculcados y vaya empoderándose para asumir con responsabilidad las demandas por sus derechos.

Esta Sentencia del TSA amenaza gravemente la estabilidad en la que los negocios insertados en la seguridad social han funcionado en el marco de la Ley 87-01 y las modificaciones que se han agenciado, así como los Reglamentos y Resoluciones complacientes que les han definido paraísos normativos en los cuales garantizan sus grandes ganancias, con la complicidad de legisladores, autoridades y representantes sectoriales que participan o han participado en los distintos órganos del SDSS