Asonahores rechaza reforma a ley de residuos y alerta sobre impacto ambiental, económico y turístico
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó este jueves su rechazo al proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado ayer por la Cámara de Diputados, advirtiendo que la iniciativa fue aprobada sin un análisis técnico a profundidad y representa un riesgo para la sostenibilidad ambiental, la competitividad turística y la autonomía municipal.
A traves de un comunicado de prensa, el gremio hotelero advirtió que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.
“Este proyecto, tal como ha sido aprobado, debilita la gobernanza en materia de residuos, desconoce operaciones de valorización de complejos turísticos, pone en riesgo certificaciones internacionales de sostenibilidad y crea escenarios de descoordinación institucional que impactarían negativamente la competitividad turística del país, además de pignorar el presupuesto del estado sin un análisis previo del impacto económico en la economía nacional”, señala el documento.
El gremio advierte sobre “riesgos de concentración de mercado y violaciones al principio constitucional de libertad de empresa, promoviendo prácticas monopólicas, al incluir limitaciones a la operación de múltiples gestores y restricciones para nuevas infraestructuras de valorización, colocando en riesgo las iniciativas del sector turismo de innovación a través de la valorización de residuos”.
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Manifestó su “sorpresa ante la inacción del Congreso frente a los efectos adversos del sargazo y su impacto sobre el turismo, al no declarar a esta macroalga como residuo y no establecer la posibilidad de valorizarlo”.
Apuntó que las inversiones turísticas y hoteleras destinan recursos millonarios para mantener y preservar la costa frente a la llegada de toneladas de sargazo y que la normativa vigente, al no disponer al sargazo como residuo, no permite mecanismos para su disposición final.
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