Bancos advierten que la nueva ley de alquileres les asigna funciones que no les corresponden

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió al Congreso Nacional sobre los riesgos legales y operativos que implicaría aprobar sin modificaciones el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

En una carta dirigida al diputado Amado Díaz Jiménez, presidente de la Comisión Especial que analiza la iniciativa, la ABA plantea la afectación a principios fundamentales del derecho privado y económico y el depósito obligatorio de la garantía en entidades bancarias.

Asimismo hace consideraciones sobre la recepción de los contratos de alquiler y su posterior notificación al regular/supervisor bancario.

La ABA manifestó su preocupación por las disposiciones que obligan a las entidades bancarias a recibir y gestionar las garantías de los contratos de alquiler.

“Estas obligaciones introducirían cargas significativas de cumplimiento, incluyendo el desarrollo de funcionalidades tecnológicas específicas, la segmentación de productos, la capacitación especializada del personal y la creación de mecanismos diferenciados” que identifiquen los depósitos clasificados como garantías de alquiler.

“Transformar dicha garantía en un instrumento bancario obligatorio no solo distorsiona su finalidad original, sino que además introduce un tercer actor -la entidad financiera- en una relación que no tiene atribuciones legales claras”, indica el documento.

La comunicación fue entregada formalmente el 3 de julio de 2025 y remitida con copia al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.

“La imposición de esta obligación desborda la función financiera y convierte a los bancos en un actor involuntario en una relación jurídica privada entre arrendador e inquilino”, señala el documento firmado por Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA.

Según la asociación, el mandato contenido en los artículos 15 y 16 del proyecto obligaría a las entidades financieras a recibir las garantías de alquiler y a notificar los contratos al regulador bancario, lo que representaría una distorsión de su rol institucional y un riesgo operativo sin precedentes.

 

 

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