Boicot contra lo mal hecho

Por: J. Luis Rojas

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Según la Real Academia Española, el boicot es “la acción destinada a entorpecer o impedir que una persona o empresa desarrolle normalmente su actividad, a menudo como medida de presión”. Históricamente, el boicot ha facilitado que gobiernos, grupos corporativos, marcas nacionales y globales, así como líderes políticos, sociales, religiosos, académicos y profesionales, los que de manera conscientes o inconscientes incurren en malas prácticas, se detengan a reflexionar y reconsiderar sus acciones negativas.

Además, en términos pragmáticos, el boicoteo es un medio que usan mayormente los ciudadanos de aquellas sociedades desarrolladas, las cuales se han ocupado de establecer y mantener sistemas educativos que desarrollan pensamiento crítico entre sus habitantes. En este orden, el boicot podría considerarse como un recurso válido para reclamar y captar la atención de las audiencias locales, nacionales y globales, con relación a las malas prácticas que tienen lugar en los entornos políticos, gubernamentales, corporativos, sociales, económicos, académicos, productivos, laborales, entre otros.

Desde el ámbito de la sociología, podría afirmarse que los que acuden al boicot como medio de protesta social representan una proporción poblacional de aquellas sociedades más desarrolladas del mundo, incidiendo para que un fenómeno concreto tenga lugar y adquiera una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Por lo general, en las sociedades con sistemas educativos ineficientes es casi imposible desarrollar la cultura del boicot en contra de quienes hacen lo incorrecto. El empoderamiento ciudadano es uno de los factores esenciales para concretizar el boicot.

En ocasiones, el boicoteo consiste en no comprar los bienes, productos y servicios que producen y ofertan las empresas y marcas que han incurrido en actividades ilícitas y en prácticas inadecuadas. Otras veces, consiste en imposibilitar que una persona, empresa o institución realicen de manera normal sus operaciones. En RD, la Plaza de la Bandera, la intervención de las fuerzas militares estadounidenses el 24 de abril de 1965, entre otros eventos, han sido escenarios donde el boicot en contra de malas acciones ha estado presente. La falta de educación formal y cívica, sin duda, son las circunstancias que más inciden para que las personas no acudan al boicot como mecanismo preventivo de malas prácticas.

Tanto en República Dominicana como en otros países del mundo existen grupos corporativos, marcas comerciales, organizaciones políticas, agencias gubernamentales, etcétera, que, a juzgar por sus malas prácticas, son merecedores de que los ciudadanos organicen y ejecuten boicots en contra de ellos. En el contexto dominicano son muchas las entidades que raras veces hacen lo correcto, motivando con sus respectivos comportamientos negativos a que los dominicanos boicoteen sus actividades ordinarias y extraordinarias. Por ejemplo, merecen boicots:

• Los bancos múltiples y sus filiales Administradoras de Fondos de Pensiones: AFP Popular (Banco Popular Dominicano), AFP Reservas (Banreservas), AFP Siembra (BHD), AFP Crecer (Scotiabank); así como AFP Romana y AFP JMMB BDI S.A., por las continuas y absurdas mentiras que les hablan a los afiliados;

 

• Las empresas que contratan a inmigrantes ilegales para que realicen tareas agrícolas, domésticas, construcción, etcétera, buscando con ello pagarles salarios más bajos y evadir el pago de la seguridad social;

 

• Los grupos corporativos que pagan sobornos para supuestamente ganar concursos y licitaciones en el ámbito gubernamental;

 

• Las empresas que no invierten en programas de educación vial, facilitando que sus conductores violen las leyes y normas de tránsito vigentes;

 

• Las organizaciones que todavía en el siglo XXI mantienen modelos, sistemas y procesos de producción no amigables con el medioambiente, echando al zafacón el concepto de producción limpia o verde;

 

• Las grandes corporaciones y los países desarrollados que patrocinan conflictos bélicos entre países hermanos, con lo cual incrementan sus riquezas materiales y la hegemonía política;

 

• Las universidades dominicanas que piensan, deciden, actúan y hablan como si fuesen empresas lucrativas, no academias que tienen como misión facilitar el aprendizaje y el conocimiento profundos y significativos;

 

• Las empresas responsables de la producción y distribución de electricidad, por el pésimo servicio que ofrecen a los ciudadanos/clientes;

 

• La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, por declarar que ya la cesantía no tiene tanta razón de ser debido a las pensiones que reciben los trabajadores a través del Sistema de Cuentas de Capitalización Individual (SCCI/AFP), lo cual anda muy lejos de la realidad;

 

• Al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a las Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y a la de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), por negar derechos y no defender los intereses de los afiliados, ya que actúan como socios estratégicos de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (ADARS y ADAFP);

 

• Al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por la falta de creatividad, competencia y entereza para eliminar las fuerzas restrictivas que limitan la posibilidad de adecentar el tránsito de RD;

 

• A los políticos corruptos y desvergonzados que han hecho fortuna al amparo de los recursos del Estado, quedando impunes frente al peso de la ley;

 

• A los que gestionan los medios análogos y digitales de comunicación masiva, por producir y difundir, generalmente, contenidos tóxicos que idiotizan a las audiencias, olvidando sus funciones sustanciales: educar, informar y entretener;

 

• A las grandes cadenas de supermercados y tiendas de electrodomésticos por ofertarles a los ciudadanos bienes y productos defectuosos, para lo que emplean estrategias y actividades engañosas de marketing;

 

• A las instituciones del Estado dominicano que han logrado establecer y mantener sistemas privilegiados de pensiones, en franca violación al principio rector de universalidad de la Ley 87-01. Hay que boicotear la aciaga intensión de los integrantes del nuevo Congreso, concerniente a una ley para privilegiar a los alcaldes con pensiones especiales, sustentado en los años (un solo período de gestión) y cotizaciones de los síndicos.

 

Ojalá que los dominicanos pudiesen asumir la conciencia y el empoderamiento ciudadano como factores intrínsecos del boicot. Cuando los habitantes de un país conocen sus derechos y deberes, es casi imposible que los gobiernos, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, las marcas, puedan manipularlos y engañarlos. El boicot es un medio confiable para contrarrestar las acciones ilícitas en las que incurren los que no hacen lo correcto. En resumidas cuentas, en RD existen muchas personas, grupos corporativos, organizaciones políticas, agencias públicas y entidades del sector empresarial, que merecen boicoteos por parte de los ciudadanos. Los boicots ciudadanos impulsan la mejora continua en todos los ámbitos.