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Cámara de Cuentas valida la compra de equipos por parte de la JCE

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Rep. Dom.- La Cámara de Cuentas validó el proceso de la compra de los equipos informáticos utilizados en las elecciones de 2016, tras determinar en su auditoria que los pasados miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) actuaron dentro de los parámetros constitucionales y legales al contratar a la empresa Indra Sistemas para suplir esos equipos, y recomendó al órgano comicial pagar a la empresa de capital español la deuda pendiente.

“Los principales funcionarios de la entidad auditada, en ocasión del ejercicio de sus atribuciones y funciones, actuaron dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos; motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”.

El informe legal agrega también que se determinó “el cumplimiento de principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la función pública”.

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La auditoría remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, al expresidente del órgano Roberto Rosario Márquez y a la empresa Indra Sistemas, fue publicada el sábado en la página web de la Cámara de Cuentas.

Informe de la auditoría

La Cámara de Cuentas en su informe sobre la auditoría recomendó a la JCE cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas para saldar la deuda de US$13,927,931, que mantiene con esa empresa.

El monto contratado con la empresa para suplir los escáneres utilizados en los comicios pasados ascendió a US$35,266,003, de los cuales la pasada administración pagó US$21,338,072.

En ese sentido, el informe establece que “al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) le corresponderá realizar las gestiones de recursos necesarias para que se efectúe el cumplimiento del cronograma de pagos del contrato”.

En el informe también se establece que a la JCE “le corresponde disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones” que le hace el organismo de control y fiscalización.

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