Cerco policial por supuesta amenaza de bomba impidió sesión de la Asamblea Nacional venezolana

Cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos tomaron la mañana de este martes el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, ante una presunta amenaza de bomba en el edificio, donde también sesiona la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Hasta ahora no ha habido una versión oficial sobre el operativo de seguridad, pero los medios han registrado la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los diputados de la AN, de mayoría opositora y cuyos actos carecen de validez legal por estar en desacato al Tribunal Supremo de Justica (TSJ), han denunciado que no pueden ingresar al ‘Hemiciclo de Sesiones’, por lo que aseguran que se trata de un supuesto “secuestro” y de una medida para “impedir” su actividad parlamentaria.

Según el orden del día, publicado en la cuenta de Twitter del Parlamento, en esta oportunidad, los diputados abordarían temas como la detención del diputado Edgar Zambrano, arrestado la semana pasada por su vinculación con el fallido golpe de Estado dirigido por su homólogo Juan Guaidó, junto a un grupo de militares y policías insurrectos.

Hasta ahora, hay 15 personas relacionadas con los hechos del pasado 30 de abril, (14 diputados y un exparlamentario) que fueron encontrados en flagrancia en las cercanías del Distribuidor Altamira, en Caracas, donde se ubicó Guaidó para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a que se sublevara, tras haber dirigido una operación ilegal que sacó al dirigente político Leopoldo López de su arresto domiciliario.

De los 14 diputados, la ANC ya les allanó la inmunidad a siete. Actualmente, solo Zambrano se encuentra detenido.

Otro de los puntos que tratarían en esta sesión, que ha sido pospuesta, era el ‘Proyecto de Acuerdo del restablecimiento de la vigencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH)’.

En septiembre de 2012, durante el Gobierno de Hugo Chávez, Venezuela denunció a la CADH, también conocida como ‘Pacto de San José’, ante su organismo rector, la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que perteneció el país suramericano hasta el pasado abril. Luego de un año de hecha la denuncia, según el reglamento del bloque regional, la nación pudo retirarse formalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 2013, aduciendo que era un “mecanismo” usado por EE.UU. para interferir en los asuntos internos venezolanos.

Guaidó, el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, escribió en su cuenta de Twitter que el cerco policial en la sede parlamentaria era una demostración de “miedo” a la “legitimidad” de la AN.

Previamente, el Parlamento había publicado la petición de Guaidó a su enviado en EE.UU., Carlos Vecchio, para que sostuviera una reunión con el jefe del Comando Sur, Craig S. Faller, con la finalidad de “comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida” al líder opositor.

El lunes pasado, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la petición como un “adefesio” de “uno de los golpistas que se alberga en Washington”, que pide “la intervención militar de Venezuela” para “crear zozobra y desestabilización” y “coordinar acciones para bloqueo financiero, económico y comercial”.

Entre los tópicos tratados en la AN días atrás, se discutió además la “reincorporación” de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), para “resguar la seguridad del país frente a la penetración de asesores militares y de inteligencia extranjera” que, según el diputado opositor William Dávila, la oposición ha atribuido a Cuba y a Rusia.

RT Actualidad

Fuente