¿Con derecho a la reforma?

Por Francis Ortega.

 

 

Pagar más impuestos no resulta atractivo para nadie, especialmente para quienes tratamos de ascender de la clase baja y establecernos en la llamada clase media. Sin embargo, las finanzas públicas son simples: los gobiernos solo pueden obtener ingresos significativos a través de los impuestos que recaudan y los préstamos que el congreso de la República aprueba a solicitud del poder ejecutivo. Otras fuentes de ingresos, como donaciones y ventas de activos, tienen una participación mínima en los presupuestos anuales.

 

En la República Dominicana, los impuestos solo pueden financiar alrededor del 84% de los presupuestos anuales (excepto en el año de la pandemia), por lo que aproximadamente el 16% del presupuesto debe ser financiado mediante préstamos cada año. Esto genera un déficit fiscal que, en los últimos 10 años, sin contar 2020, ha oscilado entre el 2.2% y el 2.9% del producto interno bruto (PIB). A raíz de la pandemia, fue necesario aumentar la proporción del presupuesto financiado con deuda, un fenómeno que registró prácticamente a nivel mundial. En consecuencia, el déficit fiscal se ha incrementado, aunque las proyecciones indican que en 2024 será muy similar al de 2014 y menor que el de los años 2021-2023.

 

El gobierno dominicano podría haber continuado aumentando el déficit y la deuda después de la pandemia, como ha ocurrido en muchos países en desarrollo. Sin embargo, optó por reducir la deuda del 56.6% del PIB en 2020 al 45.1% en 2023. Además, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno estableció límites tanto al déficit como al crecimiento interanual del gasto. Esto demuestra una gestión responsable de la deuda pública, lo cual ha sido reconocido por agencias calificadoras como Moody’s y Fitch Ratings, que han mejorado la perspectiva de la calificación soberana del país.

 

Ahora bien, ¿es realmente preocupante la deuda como para justificar una reforma fiscal? Al igual que en las finanzas personales, endeudarse no es necesariamente negativo; depende de los ingresos y del propósito de la deuda. En este sentido, la mayoría de la población desconoce que la República Dominicana tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, con un 15.1%. Es decir, es uno de los países donde el Gobierno recauda menos impuestos en relación con el PIB.

 

Dado que las recaudaciones son tan bajas, el gasto destinado al pago de la deuda pública representa una carga considerable en el presupuesto anual. Para este año, el 20.8% del presupuesto está destinado al pago de los intereses de la deuda. Si sumamos el 21.1% destinado a la educación, vemos que el 42% del presupuesto total está comprometido en solo dos áreas. Esto pone de manifiesto que los ingresos son insuficientes para el nivel de endeudamiento del país, lo que refuerza la necesidad de aumentar las recaudaciones.

 

Por otro lado, algunos economistas afirman que el gasto en inversión pública durante este gobierno ha sido el más bajo de la historia. Es cierto que el gasto de capital entre los años anteriores a la pandemia promedió un 2.7%, y desde 2021 hasta la fecha, el promedio ha sido de 2.3%. No obstante, el presupuesto para gasto de capital ha crecido un 70% entre 2019 y 2024, un aumento mayor al crecimiento relativo del PIB en ese mismo período. En términos absolutos, el gasto de capital ejecutado entre 2021 y 2024 asciende a 599.4 mil millones de pesos, superando los 589.9 mil millones ejecutados entre 2014 y 2019, un período de seis años. Si bien es cierto que la inversión pública relativa debería ser mayor, no es del todo realista la afirmación de que ha caído drásticamente.

 

La percepción de la rapidez en la ejecución de los proyectos de inversión pública puede ser negativa para algunos críticos. Sin embargo, no debemos olvidar que la ejecución presupuestaria está influenciada por dos factores clave: la curva de aprendizaje del personal técnico implicado en los procesos del sistema administrativo-financiero del Estado y el cumplimiento de las normativas que amparan dicho sistema. Este Gobierno ha asumido este cumplimiento normativo con una seriedad sin precedentes. En otras palabras, quien ejecuta el presupuesto sin seguir todas las normas puede hacerlo más rápido que quien las observa rigurosamente. Dos indicadores respaldan esta afirmación: la cantidad de procedimientos de compra publicados en el sistema de contrataciones públicas y los proyectos aprobados en el sistema de inversión pública. En ambos casos, las estadísticas favorecen a la gestión actual de forma abrumadora.

 

En conclusión, el análisis de los datos sugiere que la reforma fiscal es pertinente. Sin embargo, otro debate se centra en la confianza de la población sobre si el Gobierno gestionará adecuadamente los recursos recaudados, una cuestión permeada por factores políticos. No obstante, el presidente puede argumentar que, bajo su gestión, la percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, ha mejorado cada año, revertiendo la tendencia negativa previa a la pandemia y atrayendo niveles récord de inversión extranjera directa. En otras palabras, el Gobierno parece tener tanto la confianza como la justificación para llevar a cabo una reforma fiscal con éxito.