Contrataciones Públicas ha suspendido cerca de 1,000 proveedores del Estado

Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, dijo hoy que la institución no ha optado por el silencio administrativo. En su lugar, ha enviado al Ministerio Público más de 10 casos y ha suspendido a cerca de 1,000 proveedores del Estado debido a diversas violaciones de las normas.

Indicó que, como institución, tienen el deber de agotar un proceso, y cuando se detecta algún nivel de incumplimiento, de confirmarse, la Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgccp) tiene la potestad de inhabilitar al proveedor de manera permanente o de manera temporal.

“Actualmente, casi 1,000 proveedores han sido inhabilitados, suspendidos o cancelados. La inhabilitación por distintas razones, entre ellas el incumplimiento contractual”, indicó Pimentel.

• Agregó que cerca de 200 proveedores del Estado están inhabilitados de manera permanente.

“Ahora dicen que la inhabilitación permanente es un exceso de la ley y eso me ha llevado a -creo que van como nueve- demandas de responsabilidad patrimonial porque me he excedido, pero es un mecanismo de intimidación y no prosperan, porque actuamos apegados al derecho, cumpliendo el debido proceso y de acuerdo al mandato de la ley”, agregó.

Cumplimiento regulatorio

Destacó que en el sistema de contrataciones se está desarrollando un programa de cumplimiento regulatorio.

“No hay forma de continuar con un sistema de contrataciones que solamente evalúe la oferta técnica y oferta económica, y no verifica la veracidad de la documentación que aportan los proveedores. Cientos de documentos falsos en los procesos de contrataciones. Falsifican todo”, resaltó el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Precisó que falsifican el registro de proveedor. “El que hace eso no puede estar bien de la cabeza”. También, dijo que falsifican las declaraciones de impuestos, títulos universitarios y las garantías.

Sobre las garantías contractuales, Pimentel dijo que la normativa de contratación pública en la República Dominicana prevé la obligación que tienen todos los oferentes, adjudicatarios y contratistas de constituir garantías con el objetivo de asegurar ante la administración el cumplimiento de sus obligaciones.

Además, subrayó que, aunque la corrupción está siendo reducida y controlada, es fundamental eliminar la impunidad. “En la República Dominicana, vivíamos en un régimen de corrupción, impunidad y complicidad”, afirmó.

Pimentel también comentó que, en el pasado, los organismos responsables de investigar la corrupción, como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, formaban parte de este régimen de impunidad.

El funcionario hizo estas declaraciones durante el congreso de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) “Desafíos y Transformación del Seguro para 2034: Perspectiva Global y Estrategias para la República Dominicana”.

Durante su intervención, titulada “La importancia de las garantías para asegurar el cumplimiento de los contratos públicos: perspectiva actual y proyección futura”, Pimentel subrayó que la administración tiene la obligación de celebrar contratos públicos para adquirir bienes, servicios y obras necesarios, con el fin de ofrecer a los ciudadanos programas, proyectos y políticas sociales que satisfagan sus necesidades básicas.

“Esto es esencial para preservar la dignidad humana, la cual solo puede ser garantizada si existen condiciones que permitan a las personas desarrollarse en un entorno equitativo”, concluyó.

El Congreso de Cadoar

En este congreso participan representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme); de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose); y de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), entre otros.