Contrataciones Públicas seguirá suspendiendo registros de proveedores del Estado a funcionarios

Agregó que está pendiente hacer un cruce de la nómina de los fiscales con registros de proveedores para suspender a todo aquel que se encuentre en el régimen de incompatibilidad.

El funcionario habló al participar en el Desayuno Conversatorio: Aplicación del nuevo Reglamento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que organizó la Unión Nacional de Empresarios (UNE).

En este escenario, Pimentel reiteró que la República Dominicana necesita una nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Dijo que en el Congreso descansa un proyecto de ley y, de aprobarse como está, el país tendría el marco normativo más moderno de la región.

“Al día de hoy, nosotros podemos decir, después de 17 años de implementación de la Ley (340-06), que tenemos una ley insuficiente, contradictoria, ineficaz. Una ley que se agotó, una ley que no permite generar mayores niveles de eficiencia en las contrataciones”, manifestó.

Señaló que la Ley 340-06 agotó un ciclo, por lo que se elaboró el proyecto de ley para reformar todo el sistema de contrataciones del país.

“Lo más importante es devolverle el sistema de consecuencia, porque los que dirigieron este país en el año 2006, cuando aprobaron la ley de compras, la modificaron a los seis meses y la modificaron para quitarle el sistema de consecuencia”, señaló el funcionario.

El sistema de consecuencias sugerido en el proyecto de ley comprende sanciones administrativas, disciplinarias y de tipo penal “para extirpar lo que reinó y lo que se sembró, que fue un régimen de impunidad y de complicidad alrededor de las contrataciones”.

Espera que el proyecto de ley sea puesto en agenda en el Senado de la República y aprobado lo antes posible para que vaya a la Cámara de Diputados y el país pueda contar con un nuevo marco normativo en las contrataciones.

“Anhelo una nueva ley de compras y contrataciones que le devuelva ese sistema de consecuencia y que fortalezca el órgano rector”, indicó.

Nuevo reglamento

El Reglamento de Aplicación 416-23 de la ley de contrataciones actual, vigente desde marzo del 2024, tiene aspectos que lo integran como:

• Uso de las herramientas tecnológicas.

• Criterios de sostenibilidad, valor por dinero.

• Inclusión de sectores productivos.

• Régimen de contratación por excepción.

• Administración y ejecución de los contratos.

• Desarrollo de las disposiciones sobre el ciclo de la compra y contratación en cada etapa.

• Las medidas cautelares.

• Procedimientos disciplinarios.

• Los recursos administrativos.

Figuras que introduce el nuevo reglamento

1. Procedimiento de Excepción Emergencia nacional directa, cuando exista peligro y amenaza evidente de vidas humanas.

2.  Subsanación de la garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta.

3. Procedimiento de Equilibrio económico y financiero para bienes, servicios y obras.

4. Extinción de la contratación, causales. Cumplimiento, Mutuo acuerdo o por Resolución

El presidente de la UNE reafirmó su apoyo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, y exhortó al Congreso a convocar a vistas públicas para considerar las observaciones hechas por los distintos sectores económicos del país, y acelerar la aprobación del proyecto de ley que se encuentra en el Senado.

Leonel Castellanos Duarte, titular de UNE, planteó, además, la posibilidad de que la ordenanza establezca que las empresas oferentes posean una experiencia probada, así como una marcada trayectoria en el área licitada para evitar la inserción improvisada.

“De lo que se trata es evitar que empresas oferentes sin experiencia, pero con disponibilidad de recursos, atraídas por el capital, participen sin las prácticas adecuadas e incurran en muchos errores con el producto o servicio a ofrecer, lo que en ocasiones termina empañando la gestión de la institución”, enfatizó Castellanos.

Afirmó que este Reglamento, acompañado del proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, será una herramienta útil para combatir prácticas desleales que se puedan ejercer en las compras estatales y van en detrimento de una competencia justa y sana en el mercado corporativo.