Cuatro puntos para entender el escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina

La constructora de origen brasileño Odebrecht es una de las más grandes del mundo y opera en 27 países de América y África. Sin embargo, tras el escándalo de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato —que puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a la petrolera estatal Petrobras como a algunos políticos para conseguir licitaciones—, su imagen mundial fue en caída.

De hecho, en junio de 2015 su presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido en el marco de esa causa judicial, una suerte que corrieron otros directivos de su compañía.

Sin embargo, el régimen de ‘delación premiada’ que rige en Brasil —donde los acusados pueden reconocer su culpa y denunciar a otros implicados a cambio de reducir sus penas— abrió una caja de Pandora que involucró a políticos de todos los partidos brasileños, incluido el actual presidente del país, Michel Temer, y ahora ha cruzado las fronteras del país más grande de Sudamérica.

1. La denuncia del Departamento de Justicia de EE.UU.

El escándalo de Odebrecht ha cobrado nuevas dimensiones a partir de una denuncia realizada por el Gobierno de Estados Unidos. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de ese país estableció una multa de 3.500 millones de dólares a la empresa por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos.

Como explican Silvina Romano y Javier Calderón en la web del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el caso Odebrecht “incumbe a la justicia estadounidense” porque se enmarca “en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, de 1977. Esa disposición estableció que “pudieran investigarse y sancionarse” a “empresas y personas extranjeras que causaran, directamente o a través de otros agentes, actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense”. La constructora ha realizado obras en los estados de Luisiana, Texas y Florida.

Sin embargo, los periodistas plantean sus dudas respecto a la forma de proceder de Washington, ya que “ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas”, a la vez que “exige ‘colaboración’ con la Justicia estadounidense para resolver el caso”.

2. Países involucrados

Además de Brasil, la nueva denuncia involucra a otros nueve países latinoamericanos: México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia.

EE.UU. estima que allí hay empresarios y políticos acusados de recibir sobornos de la constructora para facilitar la realización de las obras y que, durante más de 15 años, la empresa obtuvo beneficios por más de 3.000 millones de dólares.

La lista de beneficiados la encabeza Brasil, con 349 millones de dólares; y le siguen Venezuela (98 millones); República Dominicana (92 ); Panamá (59); Argentina (35); Ecuador (33,5); Perú (29); Guatemala (18); Colombia (11); y México (10,5).

3. ¿Quiénes colaboran?

Ante la solicitud de información de las autoridades estadounidenses, las reacciones fueron variadas. Así, los gobiernos más afines a Washington, como Panamá, Colombia y Perú, rápidamente se mostraron dispuestos a colaborar. Incluso, el Gobierno panameño anunció que enviará fiscales a EE.UU. para seguir el caso desde allí.

Perú es uno de los países más afectados políticamente por este escándalo. Las denuncias de corrupción involucran a tres ex presidentes: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), pero también al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el mandato de Toledo. Este lunes 23 de enero, de hecho, se le retiró la concesión del Gasoducto Sur Peruano a Odebrecht. Al mismo tiempo, el viernes 20 fue detenido el ex funcionario Edwin Luyo, acusado haber recibido dinero para favorecer a la empresa en la licitación para la construcción de la línea 1 del metro en Lima, en el año 2009. Se trata del primer imputado peruano apresado en esta causa.

Por su parte, Ecuador rechazó las denuncias de parte de los directivos de Odebrecht, que aseguraron pagar coimas en ese país. La Secretaría de Comunicación ecuatoriana difundió un texto donde sostiene que no aceptarán “sin pruebas ni beneficio de inventario las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción” y que, con el objetivo de “atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la Justicia estadounidense con millonarias multas de por medio”.

De hecho, este 23 de enero a Odebrecht se le retiró la concesión del Gasoducto Sur Peruano. El 20 de este mes, detuvieron al antiguo miembro del comité de licitaciones del metro de Lima, Edwin Luyo, acusado de haber recibido dinero para favorecer a la empresa en la licitación para la construcción de la línea 1 en 2009. Se trata del primer imputado peruano apresado en esta causa.

4. El posible ‘impeachment’ a Temer

Uno de los efectos que más turbulencia podría provocar esta causa es el ‘impeachment’ contra Michel Temer, debido a que su salida del poder implicaría que Brasil atravesara una nueva crisis política y obligaría a realizar reajustes regionales.

La posición del actual presidente brasileño —que llegó al poder tras la polémica destitución de su predecesora, Dilma Rousseff— es cada vez más débil, tanto por las denuncias de corrupción como por su falta de legitimidad ante la población: en diciembre, una encuesta indicaba que su imagen negativa era del 55 %.

El cientista político y expresidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), Roberto Amaral, considera que tanto estas denuncias como la decisión del Tribunal Superior electoral de Brasil “son dos espadas de Damocles” para Temer, cuyo Gobierno es “débil”, con lo cual espera “una crisis más profunda en 2017”.

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