Rep. Dom.-Esta semana cierra con dos decisiones judiciales internacionales de suma trascendencia, que se interpretan como maniobras y al mismo tiempo como realidades del acontecer políticos jurídico en la mayoría de los países de América latina, las cuales deberían servir de ejemplo a la clase gobernante dominicana.
Se trata de la condena a nueve años y seis meses de prisión contra el ex presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva, y de 18 meses prision preventiva al pasado gobernante de Perú Ollanta Humala, ambos encontrados culpables de la presunta comisión actos de corrupción, del lavado de activos y de otros delitos.
A decir de las autoridades judiciales brasileñas y peruanas, tanto Lula Da Silva como Humala, entre otros delitos, habrían recibido recursos de manera irregular de parte de la controversial constructora Odebrecht, siendo ésta una de las razones que dieron origen a las sentencias que los tienen en la cárcel.
Las imputaciones formuladas en contra de los pasados gobernantes de Brasil y de Perú, tienen caracteristicas similares a las formulas por dirigentes politicos de la oposicion y de la sociedad civil de Republica Dominicana contra una parte importante de la cúpula política nacional.
El doctor Guillermo Moreno, fundador y presidente del Partido Alianza País, ha sido reiterativo a solicitar que se investigue a los ex presidentes Leonel Fernández y a Hipolito Mejía, al igual que al actual mandatario Danilo Medina, sobre el soborno de 92 millones de dólares entregados por la firma brasileña para la aprobación de obras a su favor.
Pero la solicitud en tal sentido no es exclusiva del doctor Moreno, ya que el Movimiento Verde e integrantes de la sociedad civil tienen argumentos concordantes con él, y aseguran que en el caso Odebrecht no son todos los que están ni están todos los que son.
No obstante, una gran parte de la sociedad dominicana, quizás la mayor parte, duda que el Ministerio Público ponga en movimiento la acción publica contra Fernández, Mejía y Medina, pero sobre todo que un juez pueda emitir una sentencia condenatoria a los intocables, partiendo de la fragilidad institucional del pais.
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