Por: J. Luis Rojas
A juzgar por la realidad de los hechos, podría afirmarse que los contenidos de la narrativa que han logrado construir, difundir y posicionar los grupos corporativos de República Dominicana, no siempre lucen ser coherentes y consistentes con respecto a la conducta que exhiben en sus actividades y acciones ordinarias y extraordinarias. Sin duda, detrás de la praxis y el discurso del sector corporativo dominicano se ocultan diferentes tipos de malas prácticas. ¿Por qué los directivos, los CEO y el talento humano de marketing y comunicación de los grupos corporativos dominicanos, suelen invertir tanto tiempo y dinero tratando de convencer a la opinión pública de que ellos son entes éticos y socialmente responsables?
Más allá del continuo, ruidoso y molestoso bulto, allante y movimiento (BAM), que desarrollan los grupos corporativos de RD, buscando con ello que los ciudadanos crean que alrededor de su conducta pública subyacen determinados valores y principios éticos. La conducta corporativa creíble y socialmente responsable, es la que se construye y practica de manera sincera, según los factores esenciales que plantea la Organización Internacional de Normalización (ISO), en su norma ISO 26000: “La Responsabilidad Social es el compromiso de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético”.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por más mojigangas mediáticas que desarrollen los responsables de gestionar el marketing y las comunicaciones de los grupos corporativos dominicanos, tratando de persuadir a los ciudadanos con respecto a su frágil y dudosa reputación, la verdad es que, en el terreno de los hechos, sus conductas económica y social difieren bastante de lo que aluden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La conducta que rodea el quehacer cotidiano de los grupos corporativos dominicanos está mayormente sustentada en la renta y en los conflictos de intereses, que en la ética y la prosperidad socioeconómica colectiva.
Como se sabe, el 25 de septiembre de 2015, líderes de corporaciones globales, jefes de gobiernos y figuras mundiales de organizaciones sociales, decidieron adoptar los referidos objetivos, con la finalidad de proteger el planeta, luchar contra la pobreza y tratar de erradicarla, buscando con ello construir un mundo más próspero, justo y sostenible para las generaciones futuras. En pocas palabras, dichos objetivos fueron ratificados y asumidos por la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. En la modalidad de conducta ética y socialmente responsable que predican muchos de los grupos corporativos dominicanos, las pretensiones de los ODS solo existen como parte de los contenidos de sus respectivas narrativas. Es decir, existen brechas enormes entre lo que predican y hacen las empresas de RD.
Genera preocupación el hecho de que directivos, CEO y ejecutivos de los principales grupos corporativos dominicanos, ignoren que la erradicación de la pobreza es uno de los grandes retos marcados por la ONU para el 2030. Además, llama la atención que, en sus modelos de producción y comercialización, obvien otros temas que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como: hambre cero, salud y bienestar, calidad de la educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, así como reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr dichos objetivos.
Más allá del ámbito de República Dominicana, una conducta corporativa creíble y socialmente responsable, debería enfocarse en cumplir con los siete principios fundamentales de la Norma ISO 26000: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto por los intereses de las partes interesadas, respeto por el Estado de Derecho, respeto por las normas internacionales de conducta y respeto por los derechos humanos. Los líderes del sector corporativo dominicano, igual que los políticos, no siempre hablan con la verdad. Ellos, los empresarios, han aprendido a desarrollar habilidades y experiencias para incrementar sus riquezas materiales alrededor del patrimonio público, para lo cual establecen distintos atajos y mecanismos ilícitos. Las malas prácticas no se corrigen con estrategias comunicacionales.
La profunda e inocultable crisis de credibilidad que sufren muchos de los grupos corporativos dominicanos actuales, es tan solo uno de los múltiples indicadores que han estado incidiendo para que los estrategas de marketing y los DIRCOM del sector corporativo, se empeñen 24/7 a planificar, ejecutar y controlar estrategias y actividades, que les permitan recuperar activos intangibles de alto valor agregado, tales como la reputación, la confianza, el capital relacional, la credibilidad social, entre otros. En ninguna parte del mundo es posible construir, difundir y posicionar un perfil robusto de conducta corporativa, a través de la manipulación y la posverdad. Falta sinergia entre las palabras y las acciones del sector corporativo de RD.
La conducta rentista, insaciable y devoradora que exhibe un segmento importante del sector corporativo dominicano, son señales fehacientes de su descalabro ético, social y reputacional. Por ejemplo: pago de sobornos para ser favorecidos con concursos y licitaciones gubernamentales, evasión fiscal, negación de derechos laborales adquiridos (cesantía), excusa para no pagar seguridad social, presión mediática para obtener subsidios gubernamentales, contratación de lobby para que los políticos, jueces, diputados, senadores, así como otros incumbentes decidan, actúen y hablen a favor de sus intereses (Leyes 87-0, 16-92 (SDSS, Código de Trabajo).
Los grupos corporativos dominicanos tienen que ser prudentes y sensatos, no pueden pretender ganárselo todo. Eliminar el derecho a la cesantía, tal y como lo propone la presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, es la vía más corta y segura para atentar contra la paz laboral y social de la República Dominicana. La creación de organizaciones de presión, así como comprar la opinión de opinadores públicos y de influencers, son acciones adversas a la conducta socialmente responsable de aquellos grupos corporativos que dicen tener valores y principios éticos.
Además, otros indicios de la conducta irresponsable de algunos grupos corporativos de RD son sus actuaciones en determinados órganos tripartito. Por ejemplo: (Consejo Nacional de Seguridad Social, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Competitividad, Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Comité Nacional de Salarios, Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otros importantes de toma de decisiones. ¿Por qué tanto afán por ser miembro de tantos organismos? No es ético y profesional que los mercadólogos y Dircom que protegen los intereses de los grupos corporativos dominicanos construyan y difundan historias falsas a partir de los supuestos valores y principios que dicen tener dichos grupos.
La presencia y participación de los grupos corporativos dominicanos en organismos tripartitos, solo ha servido para establecer un modelo de desarrollo que opera al margen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los siete principios fundamentales de la Norma ISO 26000. En este ámbito, podría decirse que en la sociedad dominicana se ha instaurado un paradigma de desarrollo, en el que la generación de riqueza produce grandes desigualdades socioeconómicas, una limitada movilidad social y enormes brechas entre pobres y ricos. Los aportes que han hecho a la educación, a la seguridad social, a la calidad del empleo y a la erradicación de la pobreza, organizaciones privadas de presión, tales como el CONEP, COPARDOM, EDUCA, Inicia Educación, FINJUS, ADAFP, ADARS, AIRD), no han sido significativos. Su activismo en dichos espacios solo ha servido para blindar sus propios intereses y facilitar la negación de derechos fundamentales, adquiridos y laborales.
Los grupos corporativos dominicanos, en complicidad con el liderazgo político, sindical y académico, lo han corrompido todo: la justicia, el sistema de seguridad social, los medios de comunicación, las organizaciones laborales, el diálogo tripartito y hasta la forma de decidir de los ciudadanos. En cualquier parte del mundo, se supone que los grupos corporativos tienen dos tipos sustanciales de responsabilidad: una de índole económica y otra de carácter social. En este orden, ambas deben gestionarse de manera integral para lograr instaurar la inclusión y reducir la pobreza. En cambio, en RD pesa más la generación de utilidades, que la prosperidad colectiva.
Ojalá que llegue el momento en el que los grupos corporativos dominicanos sean coherentes y consistes con lo que predican y hacen. En este sentido, harían muy bien si actuaran como ha dicho el presidente del Salvador, señor Nayib Bukele: “Un adulto mayor que ya no puede trabajar y que no goza de pensión o que su pensión es muy pequeña, no es una carga. Ellos ya nos dieron demasiado. Es hora de que nosotros les devolvamos un poquito de todo lo que ellos nos dieron. Estamos en la obligación de cuidar de ellos, si queremos llamarnos seres humanos y si queremos llamarnos hijos de Dios”. En el pensamiento y la conducta de los empresarios dominicanos, subyace el ADN de los colonizadores esclavistas de siglos pasados.
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