Defensa de José Ramón Peralta denuncia uso de “testigo utility” en caso de corrupción

El sistema judicial dominicano enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre la legitimidad de sus métodos de persecución penal.

La dimensión ética de la persecución penal en la República Dominicana se encuentra bajo el escrutinio público tras las recientes declaraciones del doctor Pedro Balbuena, representante legal del exministro administrativa de la Presidencia, José Ramón Peralta. Balbuena denunció que el Ministerio Público está utilizando a Bolívar Ventura como un “testigo utility”, una figura que, según el jurista, pone en tela de juicio la integridad del proceso. La defensa sostiene que Ventura, a pesar de haber confesado crímenes millonarios contra el Estado, goza de una extraña inmunidad al no haber sido procesado ni sometido a medidas alternativas formales.

El núcleo de la queja radica en la supuesta manipulación de elementos probatorios que constituyen la base de la acusación contra Peralta. Según Balbuena, la estructura del caso descansa casi exclusivamente en la declaración de Ventura, quien admitió haber manejado dinero ilícito. El abogado enfatiza que resulta irrazonable que la autoridad interrogue a una misma persona en dos ocasiones distintas (2021 y 2022) y acepte narraciones contradictorias sin cuestionar el cambio de versión, lo que sugiere una construcción artificial de la culpabilidad de su defendido.

Inconsistencias en los testimonios y la “prueba blindada”

La defensa técnica detalló que en el año 2021, Bolívar Ventura ofreció una declaración inicial donde involucraba a un grupo de personas, incluyendo a Mimilo Jiménez y Fernando Crisosto, detallando incluso el cambio de cheques en diversos puntos de la capital. Sin embargo, en un giro sorprendente ocurrido un año después, Ventura repitió la misma historia pero sustituyó a los responsables, señalando esta vez que el dinero sería entregado a José Ramón Peralta a través de Francisco Pagán. Para el doctor Balbuena, este cambio de sujetos responsables no solo es falso, sino que debería “llamar poderosamente la atención del sistema de justicia”.

Otro punto de fricción es la disparidad entre la narrativa de “caso blindado” presentada por el Ministerio Público ante las cámaras y la realidad de las pruebas depositadas en el tribunal. Balbuena criticó el uso mediático de las famosas “cajas amarillas”, alegando que, al llegar a la audiencia preliminar, el contenido suele carecer de relevancia penal. Según el abogado, el expediente está lleno de documentos personales y corporativos irrelevantes, como actas de nacimiento de hijos y papeles de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de empresas que ni siquiera están imputadas en el proceso.

El jurista subrayó que, a diferencia de otros involucrados como Francisco Pagán (quien fue a procedimiento abreviado) o Mimilo Jiménez (a quien se le aplicó un criterio de oportunidad), en el caso de Bolívar Ventura simplemente se optó por no acusarlo. Esta omisión procesal, según la defensa, es lo que permite que ahora se pretenda introducir a Ventura como un testigo fundamental, a pesar de ser un confeso partícipe de las infracciones que se le pretenden imputar a Peralta.

Finalmente, el equipo legal de José Ramón Peralta advirtió que pretender avanzar a la etapa de juicio con este tipo de evidencias constituye un precedente peligroso para el Estado de Derecho. La defensa insiste en que una persecución penal legítima no puede sostenerse sobre la base de testimonios mutantes y documentación que no guarda relación con los cargos presentados. El caso continúa generando un intenso debate sobre si el Ministerio Público está priorizando los resultados mediáticos por encima del rigor procesal y la coherencia ética.